El tribunal de paz de Colombia imputa por secuestro a la c¨²pula de las extintas FARC

Colombia, una sociedad que busca doblar la p¨¢gina de la violencia sin esquivar la verdad, se acerca a las primeras decisiones judiciales de fondo sobre su conflicto armado de m¨¢s de medio siglo. En un paso in¨¦dito en los cuatro a?os que han transcurrido desde la firma del acuerdo de paz, el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves cometidos durante la guerra ha imputado a la c¨²pula de la extinta guerrilla de las FARC una serie de delitos asociados con el secuestro, una de sus pr¨¢cticas m¨¢s crueles y repudiadas. Los excombatientes no se enfrentan, sin embargo, a penas de prisi¨®n, ya que esta jurisdicci¨®n contempla castigos alternativos a cambio de aportaciones a la verdad.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) ha acusado de cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la privaci¨®n de la libertad de civiles y militares a ocho antiguos miembros del secretariado, como se conoc¨ªa a la m¨¢xima autoridad de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionar¨ªas de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido pol¨ªtico con representaci¨®n en el Congreso. Entre los imputados se encuentra Rodrigo Londo?o, ¡®Timochenko¡¯, presidente del partido recientemente rebautizado como Comunes, as¨ª como Julian Gallo ¨Cconocido como Carlos Antonio Lozada¨C y Pablo Catatumbo, quienes ocupan dos de los diez esca?os que tiene la organizaci¨®n en virtud de los acuerdos. Tambi¨¦n figuran Pastor Alape, Rodrigo Granda, Joaqu¨ªn G¨®mez, Jaime Alberto Parra ¨C'El m¨¦dico?¨C y Bertulfo ?lvarez ¨Cquien falleci¨® de c¨¢ncer este mi¨¦rcoles¨C.

¡°Esta calificaci¨®n jur¨ªdica es el m¨¢ximo reproche que este tribunal puede hacer¡±, destac¨® este jueves la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del caso. ¡°El acuerdo de paz supuso la entrega de las armas, pero igualmente obliga a la entrega de la verdad¡±, subray¨® por su parte el magistrado Eduardo Cifuentes, quien preside la JEP desde noviembre y se?al¨® que las graves infracciones al derecho internacional humanitario equivalen a cr¨ªmenes de guerra.

El sistema transicional surgido de los di¨¢logos de La Habana privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la c¨¢rcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus cr¨ªmenes y reparen a las v¨ªctimas. Los imputados tienen ahora 30 d¨ªas para aceptar o negar su responsabilidad. En caso de aceptar los cargos tendr¨¢n sanciones de entre 5 y 8 a?os consistentes en penas restaurativas que no incluyen c¨¢rcel; si no los aceptan, los tiempos se alargan, el caso pasa a la Unidad de Investigaci¨®n y Acusaci¨®n y pueden enfrentar hasta 20 a?os de prisi¨®n.

La demoledora imputaci¨®n de 322 p¨¢ginas ¨Cconocida en el sistema como auto de determinaci¨®n de hechos y conductas¨C documenta el sufrimiento de las v¨ªctimas de secuestro y se produce en el marco del caso 01, que aborda la Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP, el m¨¢s avanzado de los siete grandes procesos ¨Co ¡®macrocasos¡¯¨C que ha abierto hasta ahora el tribunal de paz. Es el resultado del an¨¢lisis de un inmenso material, que incluye la contrastaci¨®n de 17 extensos informes presentados por la Fiscal¨ªa y varias organizaciones con las versiones de m¨¢s de 200 excombatientes y los comentarios de m¨¢s de mil v¨ªctimas acreditadas.

El documento apunta a la pr¨¢ctica ¡°sistem¨¢tica y masiva¡± del secuestro por parte de la guerrilla durante al menos 30 a?os, entre 1982 y 2012, con un saldo de m¨¢s de 21.000 v¨ªctimas ¨Caunque reconoce un enorme subregistro¨C. Uno de cada diez de esos secuestrados nunca regres¨® a su hogar, el 2,9 % fue asesinado y el 8,7 % desapareci¨®. El auto califica esa pr¨¢ctica como ¡°una pol¨ªtica que convert¨ªa a los seres humanos en cosas cuyo valor no radicaba en la dignidad humana, sino en el valor de intercambio por el dinero que ten¨ªan y que pod¨ªan reportar a la organizaci¨®n armada¡±.

Tambi¨¦n se?ala, entre otras, que el trato que los rebeldes dieron a los militares y polic¨ªas retenidos para forzar un intercambio por guerrilleros presos con el Gobierno viol¨® la dignidad humana. Los excomandantes son acusados como coautores de toma de rehenes, privaciones de la libertad, desaparici¨®n forzada y homicidio, y tambi¨¦n de torturas, tratos crueles y violencia sexual, entre otros delitos, como parte de su responsabilidad de mando.

En medio de la pr¨¢ctica masiva del secuestro extorsivo, y en una sociedad asolada por todo tipo de violencias, los prolongados cautiverios tanto de uniformados como de pol¨ªticos ¨Ccomo el de Ingrid Betancourt¨C fueron uno de los cr¨ªmenes m¨¢s notorios y repudiados de las FARC. Esa estrategia se intensific¨® en el Gobierno de Andr¨¦s Pastrana (1998-2002), y durante los dos mandatos de ?lvaro Uribe (2002-2010) las familias de los secuestrados presionaron incansablemente al Ejecutivo para conseguir un acuerdo humanitario que nunca se concret¨®. ¡°Las condiciones eran absolutamente inhumanas¡±, e inclu¨ªan ¡°torturas f¨ªsicas y emocionales indescriptibles¡±, en palabras de Luis Eladio P¨¦rez, uno de los pol¨ªticos que pas¨® largos a?os en la selva y declar¨® ante la justicia transicional. Hubo militares que pasaron hasta 14 a?os en cautiverio.

Luego de varios momentos de fricci¨®n con las v¨ªctimas acreditadas en el proceso, el antiguo secretariado envi¨® el pasado septiembre una carta p¨²blica en la que ped¨ªa perd¨®n. ¡°El secuestro s¨®lo dej¨® una profunda herida en el alma de los afectados e hiri¨® de muerte nuestra legitimidad y credibilidad¡±, reconocieron. ¡°Hoy d¨ªa entendemos el dolor que les causamos a tantas familias, hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos¡±.

Es el primer gran resultado de la JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz. El tribunal se ha visto obligado a navegar en medio de la polarizaci¨®n que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde las negociaciones, y avanza a pesar de formidables obst¨¢culos, a los que se ha sumado la pandemia del coronavirus. El otro macrocaso m¨¢s adelantado es el de los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen miles de ejecuciones extrajudiciales o, como las define el caso 03, ¡°muertes ileg¨ªtimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado¡±.

Junto a la Comisi¨®n de la Verdad y la Unidad de B¨²squeda de Personas dadas por Desaparecidas, conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y No Repetici¨®n, que ha contado con un robusto respaldo de la comunidad internacional. El sistema, sin embargo, ha sido blanco de incesantes ataques por parte del expresidente ?lvaro Uribe, el mentor pol¨ªtico del presidente Iv¨¢n Duque, quien insiste en derogar la JEP y modificar los acuerdos. El propio Duque propuso sus reparos a la JEP en 2019 pero sufri¨® una estruendosa derrota en el Congreso. ¡°La JEP da un paso trascendental para consolidar la paz en Colombia. Sienta tambi¨¦n un precedente hist¨®rico para la justicia transicional y la resoluci¨®n de conflictos armados en el mundo¡±, reaccion¨® el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), el jefe de Estado que firm¨® el acuerdo de paz con Londo?o a finales de 2016.