Bruselas amenaza con multas a Polonia si en un mes no acata las ¨®rdenes del Tribunal de la UE
La Comisi¨®n exige por escrito a Varsovia que acepte paralizar su pol¨¦mica reforma judicial
La Comisi¨®n Europea ha exigido este martes por escrito a Polonia que acate las ¨®rdenes del Tribunal de Justicia de la UE despu¨¦s de que el Constitucional polaco rechazase aplicar unas medidas cautelares de los jueces comunitarios. El organismo presidido por Ursula von der Leyen concede solo un mes a las autoridades polacas para que expresen sin ambages su voluntad de respetar las decisiones de la justicia europea. En caso contrario, la Comisi¨®n denunciar¨¢ de nuevo a Polonia ante el Tribunal y pedir¨¢ que se impongan al pa¨ªs sanciones potencialmente multimillonarias.
El cuadro de multas por incumplimiento de decisiones del tribunal europeo, que Bruselas actualiza regularmente, prev¨¦ una sanci¨®n m¨ªnima de tres millones de euros para Polonia, una cantidad fijada en funci¨®n de la envergadura econ¨®mica del pa¨ªs y de su peso en las instituciones de la UE. El castigo puede llegar acompa?ado, adem¨¢s, de multas peri¨®dicas hasta que concluya el desacato.
La amenaza de sanciones es el en¨¦simo latigazo de la pugna entre Bruselas y Varsovia por la reforma judicial puesta en marcha por el Gobierno del PiS, el partido ultraconservador dominado por Jaroslaw Kaczynski. Las denuncias de la Comisi¨®n Europea por la presunta erosi¨®n de la independencia judicial se suceden desde hace a?os. Y Bruselas ha recurrido ya hasta tres veces a la petici¨®n de medidas cautelares para frenar cambios que, a su juicio, podr¨ªan causar da?os irreversibles al sistema judicial polaco y poner en peligro la cooperaci¨®n entre los tribunales polacos y los del resto de Europa.
El tribunal europeo ha concedido siempre la suspensi¨®n cautelar. Y las autoridades polacas hab¨ªan acatado hasta ahora las ¨®rdenes. Pero el pasado 14 de julio, el Constitucional polaco dict¨® un auto en el que considera las medidas cautelares del Tribunal de Justicia de la UE en el ¨¢rea de justicia incompatibles con el orden constitucional del pa¨ªs y, por tanto, inaplicables. Bruselas ha reaccionado con celeridad ante una decisi¨®n que quiebra el orden judicial de la UE, basado en el respeto a las sentencias y autos del Tribunal de Justicia europeo con sede en Luxemburgo.
M¨¢s multas
Bruselas ha lanzado adem¨¢s una advertencia preventiva hacia Varsovia ante el caso pendiente en el Constitucional polaco sobre la primac¨ªa de la ley europea sobre la nacional. Los jueces polacos tienen previsto pronunciarse a primeros de agosto sobre una consulta del primer ministro, Mateusz Morawiecki, que parece poner en duda la prevalencia del derecho europeo.
La vicepresidenta de la Comisi¨®n Europea, Vera Jourov¨¢, ha advertido que en caso de que los jueces polacos otorguen prioridad al derecho nacional se abrir¨¢ un nuevo expediente de infracci¨®n contra Polonia. Y la Comisi¨®n avisa que no dudar¨¢ en pedir al tribunal sanciones financieras en caso de que Varsovia se enrocase en su posici¨®n. ¡°Y las multas pueden incrementarse¡±, se?alaba Jourov¨¢ durante un encuentro con EL PA?S y un grupo de medios europeos. ¡°Veremos el precio que un Estado miembro est¨¢ dispuesto a pagar¡±, desafiaba la vicepresidenta.
Las amenazas de la Comisi¨®n llegan el mismo d¨ªa que se publica el informe anual sobre la situaci¨®n del Estado de derecho en los 27 pa¨ªses de la UE. La evaluaci¨®n, que se inici¨® el a?o pasado, detecta problemas en numerosos socios, incluida Espa?a. Pero se?ala de nuevo a Polonia y Hungr¨ªa como los dos pa¨ªses donde la vulneraci¨®n de derechos fundamentales, los ataques a la independencia judicial y los l¨ªmites a la libertad de expresi¨®n alcanzan el nivel m¨¢s preocupante.
El informe sobre Polonia se?ala, adem¨¢s, la continua erosi¨®n de la independencia del poder judicial, la ¡°preocupaci¨®n por la independencia de las principales instituciones encargadas de prevenir y luchar contra la corrupci¨®n¡±. Bruselas tambi¨¦n ve peligrar la diversidad del mercado audiovisual tras la reciente adquisici¨®n de uno de los canales de televisi¨®n por la empresa p¨²blica Olsen. La compra fue aprobada por la autoridad polaca de competencia. Pero el defensor del pueblo cuestion¨® ese visto bueno y acus¨® a las autoridades de no haber comprobado el impacto de la operaci¨®n en la libertad de expresi¨®n.
El informe destaca que la figura del defensor del pueblo polaco ha jugado un papel esencial en la lucha por preservar el imperio de la ley. Quiz¨¢ demasiado para el gusto de otras autoridades. El Tribunal Constitucional del pa¨ªs puso fin a sus atribuciones en una decisi¨®n que ha entrado en vigor este mes.
La Comisi¨®n tambi¨¦n constata que Varsovia ha utilizado los poderes de emergencia esgrimidos frente a la covid-19 para adoptar medidas que nada ten¨ªan que ver con la pandemia. A pesar de todo, el informe apunta a la existencia de ¡°una sociedad civil todav¨ªa vibrante, pero que se ha visto afectada por los problemas generales que afectan a los derechos de las mujeres y por los ataques a los grupos LGTBI¡±.
En el caso de Hungr¨ªa, el informe anual de la Comisi¨®n tambi¨¦n aprecia un deterioro en la independencia judicial, sobre todo, tras la introducci¨®n de un sistema para elegir a los miembros del Tribunal Supremo al margen de los procedimientos habituales.
Tambi¨¦n se alude a las sospechas de la formaci¨®n de una cleptocracia en torno al primer ministro Viktor Orb¨¢n y sus aliados. El documento apunta ¡°riesgos de clientelismo, favoritismo y nepotismo en los niveles altos de la Administraci¨®n p¨²blica y siguen sin resolverse los riesgos derivados de los v¨ªnculos entre empresas y actores pol¨ªticos¡±.
La Comisi¨®n aprecia de igual manera la amenaza sobre la libertad de prensa. El informe recoge la inquietud por el cierre de una estaci¨®n de radio y por el uso de las ¡°cantidades significativas¡± de la inversi¨®n publicitaria de la Administraci¨®n ¡°para ejercer una influencia indirecta sobre los medios¡±. Bruselas tambi¨¦n menciona la preocupaci¨®n por la presi¨®n sobre las organizaciones no gubernamentales y por inyecci¨®n de importantes recursos p¨²blicos en entidades privadas ¡°cuyos miembros del consejo de administraci¨®n son cercanos al gobierno¡±.
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