La ONU califica el sistema judicial venezolano como una pieza de represi¨®n del Gobierno de Maduro

El panorama del sistema judicial venezolano resulta desolador. El nuevo informe de la Misi¨®n Independiente de Determinaci¨®n de los Hechos ordenada por las Naciones Unidas para evaluar en terreno la crisis de Venezuela ha llegado a tres duras conclusiones sobre la justicia del pa¨ªs. En primer lugar, lo considera una pieza clave en la represi¨®n gubernamental contra opositores, que ha contribuido a la crisis actual que vive Venezuela. En segundo, considera probado que jueces y fiscales han participado activamente en detenciones arbitrarias. Y por ¨²ltimo, concluye que los cr¨ªmenes de lesa humanidad que varios organismos han confirmado quedar¨¢n impunes si no se buscan alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones del Estado.

A los reveladores testimonios de tortura y violaciones por parte de cuerpos de seguridad ocurridas desde 2014 en adelante, contenidas en el primer informe de los investigadores, se suma ahora la evaluaci¨®n del sistema judicial, cuya capacidad para proteger los derechos humanos, reconoce la misi¨®n, se viene erosionando mucho antes del lapso de tiempo examinado en el informe, con medidas tomadas durante el gobierno de Hugo Ch¨¢vez, como la reestructuraci¨®n del Supremo y la suspensi¨®n de los concursos y la carrera judicial, algo que ha sometido a los jueces a la incertidumbre que supone la provisionalidad de sus cargos, cuya estabilidad depende as¨ª de la coacci¨®n pol¨ªtica.

¡°La misi¨®n tiene motivos razonables para creer que en los casos analizados las juezas, jueces y fiscales, en lugar de haber garantizado, han denegado el goce de derechos a personas opositoras al Gobierno, por haber sufrido injerencia desde dentro de la jerarqu¨ªa del Poder Judicial o del Ministerio P¨²blico¡±, denuncia el informe. Son los juzgados y tribunales con competencia en terrorismo los principales actores en lo que en las 212 p¨¢ginas del informe se describe como una maquinaria que trabaja para violar los derechos humanos y perpetuar la impunidad.

Detenciones sin ¨®rdenes judiciales, uso de pruebas manipuladas, fabricaci¨®n de expedientes y la intervenci¨®n rutinaria de altos funcionarios con declaraciones anticipadas o posteriores a las detenciones para imponer conclusiones sobre la culpabilidad son parte de los patrones detectados por la misi¨®n.

Los investigadores evaluaron 183 expedientes de detenciones arbitrarias y muertes de opositores en el contexto de protestas y en prisi¨®n. ¡°En medio de la profunda crisis de Derechos Humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su funci¨®n de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales¡±, dijo Marta Vali?as, presidenta de la Misi¨®n durante la presentaci¨®n.

El informe concluye que el Estado tampoco ha cumplido con las recomendaciones y compromisos adquiridos luego del primer informe, como el traslado a c¨¢rceles de los presos comunes recluidos en calabozos militares y del servicio de inteligencia, lugares donde se han denunciado torturas y malos tratos. En uno de los testimonios recogidos en el documento, uno de los acusados de la llamada Operaci¨®n Gede¨®n ¡ªuno de los intentos de insurrecciones militares contra Maduro ocurrido en 2020¡ª, denunci¨® que lo interrogaron bajo tortura y lo asfixiaron con una bolsa hasta el punto de que fue necesario llevarlo a un hospital para reanimarlo.

El mismo acusado declar¨® ante el tribunal que funcionarios de inteligencia militar le dijeron que aplicar¨ªan el Sippenhaft, ¡°una t¨¢ctica de castigo colectivo utilizada por los nazis, que consist¨ªa en encarcelar a sus familiares como forma de presi¨®n¡±, detalla el informe. En este mismo caso, los funcionarios arrestaron a las dos hermanas y el cu?ado del detenido y los mantuvieron presos durante m¨¢s de un mes. ¡°En el acta de la audiencia de presentaci¨®n, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida tras recibir esta informaci¨®n¡±, denunci¨® la misi¨®n de la ONU.

El informe recibi¨® una r¨¢pida reacci¨®n del fiscal Tarek William Saab, severamente cuestionado por la misi¨®n. ¡°Rechazamos el supuesto informe de una comisi¨®n ad hoc pagada por el Grupo de Lima que ataca al sistema de justicia venezolano y los fiscales; quienes afrontamos a diario el asedio y exponemos nuestra integridad por mostrar c¨®mo se deben hacer las cosas¡±. El funcionario designado por la Asamblea Nacional Constituyente ¡ªel parlamento paralelo totalmente af¨ªn a Maduro que funcion¨® entre 2017 y 2020¡ª se?al¨® que en Venezuela hay 150 agentes del Estado procesados por violaciones de derechos humanos como una garant¨ªa de su trabajo en la lucha por defender esos derechos.

La nueva evaluaci¨®n de la misi¨®n supone un golpe para Saab, que ha intentado ante de la fiscal¨ªa del Tribunal Penal Internacional (TPI) demostrar que el Estado venezolano s¨ª ha actuado para evitar y sancionar los probables cr¨ªmenes de lesa humanidad de los que se acusa a Nicol¨¢s Maduro, con el objetivo de paralizar ese proceso. El expediente de Venezuela est¨¢ a¨²n en examen preliminar por el nuevo fiscal del TPI, Karim Khan, designado en junio. El caso est¨¢ a punto de pasar a la etapa de investigaci¨®n, luego de la cual, el tribunal podr¨ªa incoar cargos contra altos funcionarios venezolanos, incluido el l¨ªder chavista. Esta es la mayor encrucijada a la que se enfrenta el Gobierno, en la que dif¨ªcilmente tiene posibilidades de maniobra y que escapa a los acuerdos que puedan surgir de las negociaciones que ha entablado con la oposici¨®n en M¨¦xico.

La directora para las Am¨¦ricas de Amnist¨ªa Internacional, Erika Guevara Rosas, se?al¨® que el informe ¡°respalda a las miles de v¨ªctimas en su reclamo por una justicia que no llega en su pa¨ªs¡±.

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