Bachelet pide el levantamiento de sanciones a Venezuela porque ¡°profundizan la crisis¡±

La Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet ha alertado sobre los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de los funcionarios p¨²blicos en Venezuela, especialmente en el sector de la educaci¨®n y la salud. En su actualizaci¨®n sobre la situaci¨®n en el pa¨ªs ha hecho ¨¦nfasis en los derechos econ¨®micos y sociales, tras las evaluaciones que ha hecho su equipo, instalado en el pa¨ªs en 2019, cuando el chavismo autoriz¨® su acceso despu¨¦s de m¨¢s de una d¨¦cada de impedir la visita de misiones de monitoreo de las Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Bachelet ha exhortado, adem¨¢s, al levantamiento de las sanciones internacionales porque, asegura, contribuyen a profundizar la crisis en el pa¨ªs.

El informe presentado esta semana en Ginebra destaca la alta dependencia de la mayor¨ªa de los venezolanos del financiamiento estatal. Para 2020, seg¨²n cifras oficiales, el 56,1% de las personas con trabajo ten¨ªan un empleo formal, pero dos tercios trabajaban en el sector p¨²blico, donde el ingreso mensual medio oscil¨® entre los dos y los cinco d¨®lares y la remuneraci¨®n m¨ªnima y las pensiones no llegaba a dos d¨®lares mensuales, sin ser indexadas regularmente en un pa¨ªs en hiperinflaci¨®n.

El mayor n¨²mero de protestas que se producen en el pa¨ªs son por la exigencia de mejores salarios. El informe se?ala que en al menos ocho manifestaciones, del centenar que ocurren cada mes en el pa¨ªs por la exigencia de derechos econ¨®micos y sociales, se registraron detenciones arbitrarias, hubo uso de la violencia y una ejecuci¨®n extrajudicial. Este martes, trabajadores de la estatal PDVSA en diversas regiones se movilizaron hasta Caracas para reclamar deudas que mantiene la empresa con los jubilados, que se han quedado sin pensi¨®n de vejez. La manifestaci¨®n fue disuelta por la polic¨ªa sin que recibiera respuesta de las autoridades.

El Gobierno ha venido haciendo compensaciones en bonos hasta el punto de que el 80% de la poblaci¨®n depend¨ªa de ellas para vivir en 2019, pero tambi¨¦n era asignadas con criterios discriminatorios. ¡°Para hacer frente a estos desaf¨ªos en los ¨²ltimos a?os, el Gobierno ha aumentado el gasto social, sobre todo a trav¨¦s de transferencias monetarias directas. Informes indican que la pol¨ªtica salarial no era inclusiva, y que en ocasiones exclu¨ªa a miembros de sindicatos percibidos como cr¨ªticos al Gobierno¡±, refiere el informe.

Estas transferencias directas, sin embargo, no representaron ingresos superiores a los 20 d¨®lares al mes ¡°dram¨¢ticamente bajos e insuficientes para tener un nivel de vida adecuada¡± y costear los 300 d¨®lares que ronda la canasta alimentaria b¨¢sica, se?ala el informe. El documento denuncia tambi¨¦n la falta de cumplimiento de los convenios colectivos de los funcionarios p¨²blicos, as¨ª como disposiciones del Ministerio del Trabajo aprobadas en 2018 que permiten la revisi¨®n unilateral de salarios, beneficios y condiciones de trabajo.

¡°Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidaci¨®n y criminalizaci¨®n de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las l¨ªderes sindicales por sus actividades leg¨ªtimas¡±, dijo Bachelet durante la presentaci¨®n.

Bachelet destac¨® el crecimiento de inscritos ¡ªhasta 21 millones de venezolanos, seg¨²n el Gobierno¡ª en el llamado carnet de la patria, la plataforma digital a trav¨¦s del cual se reparten las bonificaciones y que tambi¨¦n se usa como mecanismo de control pol¨ªtico en elecciones. La Alta Comisionada destac¨® que el sistema resulta excluyente frente a la amplia brecha digital que hay en Venezuela, donde persisten los cortes de energ¨ªa y la cobertura de internet alcanza a menos de la mitad del pa¨ªs. ¡°El ACNUDH sigui¨® recibiendo informes de algunas personas a las que supuestamente se les deneg¨® la asistencia alimentaria por motivos pol¨ªticos, por criticar al Gobierno. El acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliaci¨®n pol¨ªtica real o percibida, y la transparencia en los criterios utilizados para determinar la elegibilidad para los programas de protecci¨®n social es esencial para evitar cualquier discriminaci¨®n en la pr¨¢ctica¡±.

Levantamiento de sanciones

La suspensi¨®n o el levantamiento de las sanciones internacionales es uno de los exhortos que Bachelet ha hecho en su informe a los pa¨ªses miembros. Una llamada reiterada que se suma a la agenda de las negociaciones en M¨¦xico y tambi¨¦n a los informes de la relatora especial de la ONU para analizar el tema, que visit¨® el pa¨ªs en febrero.

¡°Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones econ¨®micas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas m¨¢s vulnerables¡±, destaca el informe, que agrega que las organizaciones de la sociedad civil que distribuyen ayuda humanitaria y alimentos tienen una carga adicional para manejar donaciones por la excesiva informaci¨®n financiera que se exige para pasar el cumplimiento de los bancos con transacciones asociadas a Venezuela. Tambi¨¦n a?ade como dificultades la grave escasez de combustible que afecta el pa¨ªs desde hace m¨¢s de un a?o por la ca¨ªda de la producci¨®n nacional, tras el colapso de la industria petrolera por la corrupci¨®n y los malos manejos.

¡°El informe demuestra como la represi¨®n del Estado venezolano no se limita a los derechos pol¨ªticos y civiles, sino que tiene una terrible manifestaci¨®n en los derechos econ¨®micos, sociales, ambientales y culturales¡±, se?ala Al¨ª Daniel, de la ONG Acceso a la Justicia. ¡°La represi¨®n no est¨¢ limitada a los opositores al r¨¦gimen sino a todo el que exija servicios de calidad, salud y a quien defienda estos derechos¡±. El abogado destaca que en este informe se documentaron 17 casos de violaciones de derechos humanos relacionados con la defensa de estos derechos en los que hubo intimidaci¨®n y 12 detenciones arbitrarias.

Bachelet tambi¨¦n ha hecho una exigencia de transparencia al Gobierno y ha destacado las grandes dificultades que hay en Venezuela para acceder a informaci¨®n p¨²blica. Por ello, exige al Gobierno que publique el presupuesto nacional y las memorias y cuentas de los ministerios, as¨ª como el marco normativo de cada una de las entidades y pol¨ªticas p¨²blicas, datos sobre la ejecuci¨®n, compras y contrataciones, mecanismos de participaci¨®n ciudadana y rendici¨®n de cuentas, auditor¨ªas y procedimientos judiciales y administrativos iniciados. El informe recoge que al menos 60 peticiones de informaci¨®n de organizaciones de la sociedad civil han sido ignoradas por el Gobierno y que informaci¨®n estad¨ªstica fundamental para el manejo de epidemias, como el bolet¨ªn epidemiol¨®gico y el anuario de mortalidad, no se han publicado desde 2016 y 2014, respectivamente.

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