El conflicto mapuche por la tierra en la Patagonia argentina se cuela en la campa?a electoral

¡°Benetton. Lewis. Arabela. Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden¡±, se le¨ªa en uno de los folletos an¨®nimos encontrados tras el incendio del club andino de una ciudad de la Patagonia argentina diez d¨ªas atr¨¢s. Fue el tercer fuego intencional de los ¨²ltimos meses, que las autoridades provinciales de R¨ªo Negro atribuyen a extremistas mapuches y han denunciado ante la Justicia como delitos terroristas. Estos incendios y nuevas ocupaciones de terrenos estatales por parte de comunidades ind¨ªgenas han reavivado la tensi¨®n en la Patagonia argentina por los conflictos vinculados al acceso a la tierra y se han colado la campa?a electoral por las legislativas del pr¨®ximo 14 de noviembre.

¡°Mi m¨¢s en¨¦rgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitr¨®n de El Bols¨®n. No vamos a avalar ning¨²n tipo de violencia en R¨ªo Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones¡±, declar¨® la gobernadora de R¨ªo Negro, Arabela Carreras al d¨ªa siguiente del incendio. En lo que va de mes, tambi¨¦n han sido quemados el nuevo Centro de informes tur¨ªsticos de esta ciudad patag¨®nica y las instalaciones de Vialidad rionegrina en Bariloche.

La gobernadora ha denunciado tambi¨¦n de la ocupaci¨®n de tierras en una zona rural a las afueras de El Bols¨®n conocida como Cuesta del Ternero. A mitad de septiembre, la comunidad Quemquemtreu ocup¨® un terreno estatal cedido a manos privadas para la explotaci¨®n forestal. La polic¨ªa desaloj¨® a quienes se hab¨ªan instalado en el predio, pero un grupo volvi¨® a entrar.

Las autoridades optaron entonces por sitiarlos para forzarlos a retirarse, una estrategia que ha motivado la intervenci¨®n de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos a trav¨¦s de un pedido de informes al Estado argentino. ¡°Est¨¢n rodeados por polic¨ªa sin que puedan ingresar alimentos ni ropa de abrigo, supone una violaci¨®n de los derechos humanos¡±, denuncia Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en R¨ªo Negro.

Para Carriqueo, las autoridades criminalizan a las comunidades ind¨ªgenas por reclamar su derecho a habitar tierras reconocido desde 1994. ¡°Entran y se resisten a que los saquen de un territorio abandonado por una empresa forestal que tiene la concesi¨®n pero de ninguna manera es due?a de la tierra. ?De qu¨¦ violencia hablan? La mayor¨ªa de las comunidades ha sufrido violencia institucional. Han matado o enga?ado a gente para quedarse con sus campos, han vendido tierras con personas dentro y despu¨¦s los han corrido con la polic¨ªa¡±, subraya.

En la Patagonia, que abarca un ¨¢rea de m¨¢s de 930.000 kil¨®metros cuadrados (equivalente a diez veces el territorio de Portugal) en el sur del pa¨ªs, casi 150.000 personas se autorreconocieron como descendientes o pertenecientes a un pueblo originario en el ¨²ltimo censo, lo que representa el 6,9% de la poblaci¨®n patag¨®nica, casi el triple que el promedio nacional (2,4%). Esta minor¨ªa asegura que existe una doble vara. ¡°Mientras hay comunidades que reclaman por 30 hect¨¢reas y son cuestionadas, Joe Lewis tiene todo un lago y Benetton tiene un mill¨®n de hect¨¢reas, no hay una misma mirada sobre los territorios ni las personas¡±, agrega Carriqueo.

Con la reforma de la Constituci¨®n en 1994, Argentina reconoci¨® la preexistencia ¨¦tnica y cultural de los pueblos ind¨ªgenas, orden¨® garantizar el respeto a su identidad y regular la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano. ¡°Jam¨¢s pas¨® eso. ?Por qu¨¦ no? Porque hay un aparato judicial corrupto, parcial y racista¡±, asegura el lonko Mauro Mill¨¢n. ¡°Ante esta realidad salimos a hacer un proceso de recuperaci¨®n de tierras de hecho para las futuras generaciones¡±, contin¨²a. A su juicio, las tierras ocupadas por la comunidad de Quemquetreu ponen tambi¨¦n de relieve la depredaci¨®n ambiental del monocultivo de pino en el lugar porque ¡°afecta la fr¨¢gil biodiversidad de la Patagonia y seca las capas subterr¨¢neas de agua¡±.

La escalada del conflicto pone en una situaci¨®n inc¨®moda al Gobierno de Fern¨¢ndez, que quiere evitar desalojos violentos como los que en 2017 se cobraron las vidas de Santiago Maldonado, que se ahog¨® en un r¨ªo cuando era perseguido por polic¨ªas y permaneci¨® desaparecido 77 d¨ªas, y Rafael Nahuel, mapuche fallecido de un disparo por fuerzas de seguridad que entraron en tierras ocupadas a orillas del Lago Mascardi.

Para el Gobierno, la responsabilidad de la seguridad recae en manos de las autoridades provinciales y debe resolverse mediante el di¨¢logo y sin convertirse en una herramienta electoral. Sin embargo, el opositor Juntos por el Cambio, fortalecido por su victoria en varias de las provincias patag¨®nicas en las primarias del pasado 12 de septiembre, critica el ¡°abandono del Estado nacional¡± a los vecinos.

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