Brasil se olvida de la COP26 y abre la puerta a la miner¨ªa ilegal en la Amazonia

¡°Inaceptable¡±, afirm¨® el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Joaquim Leite, al comentar los datos sobre el 22% de aumento de la deforestaci¨®n en la Amazonia, el mayor en 15 a?os. A ra¨ªz de la COP26, la conferencia de prensa concedida por Leite junto al canciller Carlos Fran?a en la ¨²ltima semana de noviembre marc¨® un cambio en el discurso ambiental del Gobierno de Jair Bolsonaro, del que nunca hab¨ªa salido una sola queja acerca del tema. Sin embargo, semanas despu¨¦s de declararse ¡°sorprendidos¡± por los datos, los funcionarios del Gobierno siguen actuando de la misma manera que en los ¨²ltimos tres a?os. En este momento, una acci¨®n coordinada entre el Palacio del Planalto, sede de la presidencia, las bancadas ruralistas en el Congreso Nacional y las empresas mineras est¨¢ acelerando al m¨¢ximo cuatro proyectos de ley para cambiar las normas de protecci¨®n ambiental en el pa¨ªs.

Uno de los cambios pretende facilitar la explotaci¨®n de garimpos, como se conoce la miner¨ªa extractiva generalmente ilegal, y permitir la ocupaci¨®n ilegal de terrenos p¨²blicos. Al mismo tiempo, el brazo militar del Ejecutivo, esta vez reflejado en la figura del ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general Augusto Heleno, ha autorizado el inicio de proyectos de explotaci¨®n de oro en siete ¨¢reas de la regi¨®n forestal m¨¢s protegida de la Amazonia, conocida como ¡°cabeza de perro¡±, en el noroeste del Amazonas. Actualmente, no hay ninguna empresa minera en esta localidad, que es la zona con mayor densidad ind¨ªgena del pa¨ªs ¡ªel 76% de su poblaci¨®n est¨¢ compuesta por pueblos originarios¡ª y la deforestaci¨®n en un a?o creci¨® un 1%.

Organizaciones no gubernamentales y representantes de comunidades ind¨ªgenas han hecho varias advertencias sobre los ataques que se vienen desatando al final del tercer a?o del Gobierno de Bolsonaro. El m¨¢s reciente sali¨® a la luz despu¨¦s de que un informe del peri¨®dico Folha de S?o Paulo revelara que el general Heleno autoriz¨® siete proyectos de explotaci¨®n de oro en los alrededores de la ciudad de S?o Gabriel da Cachoeira. El permiso le compet¨ªa a Heleno en su condici¨®n de secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional, un ¨®rgano consultivo de la Presidencia de la Rep¨²blica que debe pronunciarse sobre la ocupaci¨®n de este territorio, situado a menos de 150 kil¨®metros de una frontera. S?o Gabriel da Cachoeira est¨¢ en las proximidades de Colombia y Venezuela. En la localidad se concentran cerca de 45.000 ind¨ªgenas de 23 pueblos.

Todav¨ªa hay que dar al menos otros dos pasos para que los garimpeiros se adentren en este territorio de 12.700 hect¨¢reas. La primera es una autorizaci¨®n de la Agencia Nacional de Miner¨ªa. La segunda ser¨ªa conseguir la licencia ambiental, que deber¨ªa conceder el Instituto de Protecci¨®n Ambiental do Amazonas (Ipaam), un organismo estatal, es decir, ni federal ni nacional. El Instituto Brasile?o de Medio Ambiente (Ibama) s¨®lo autoriza proyectos en tierras ind¨ªgenas, en unidades de conservaci¨®n ambiental o en terrenos que se dividen entre dos o m¨¢s estados, lo que no es el caso.

El movimiento realizado por Heleno pone de manifiesto c¨®mo act¨²an los militares en el Gobierno. Mientras el vicepresidente Hamilton Mour?o es designado para dirigir el Consejo Nacional de la Amazonia Legal, donde reitera el papel de la protecci¨®n del medio ambiente, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) act¨²a en una direcci¨®n diferente. Parece un juego acordado, a juicio de quienes conocen el funcionamiento de la instituci¨®n militar. En la pr¨¢ctica, ambos acaban actuando de forma similar. ¡°La mentalidad, la visi¨®n de los militares brasile?os sobre el uso de las tierras ind¨ªgenas y la protecci¨®n del medio ambiente es la misma. Entienden que es necesario ocupar las zonas, a cualquier precio. Y utilizan el falso argumento de la soberan¨ªa nacional¡±, considera el coronel de la reserva del ej¨¦rcito brasile?o Marcelo Pimentel, investigador del militarismo en Brasil.

Esta ocupaci¨®n del territorio, en la pr¨¢ctica, no tiene en cuenta el impacto social y medioambiental que las empresas mineras suponen para el entorno. Hay consenso entre los profesionales del sector en que la actividad minera, por muy cuidadosa y regulada que est¨¦, nunca dejar¨¢ el lugar como estaba antes. Siempre supone alg¨²n nivel de da?o, ya sea al suelo, a la vegetaci¨®n o a la poblaci¨®n circundante. Hay varios informes de pueblos ind¨ªgenas con exceso de mercurio ¡ªutilizado en la miner¨ªa¡ª en sus cuerpos en las zonas de explotaci¨®n. ¡°?Vale m¨¢s la pena extraer oro en S?o Gabriel da Cachoeira que mantener el bosque en pie? Desde luego que no. La miner¨ªa beneficia a personas que ni siquiera son de la Amazonia y crea una cultura que supone m¨¢s perjuicios que beneficios¡±, afirma la especialista en pol¨ªticas p¨²blicas del Observatorio del Clima y expresidenta del Ibama, Suely Ara¨²jo.

Las comunidades ind¨ªgenas que viven en la regi¨®n prometen resistir y buscar medios legales para impedir la explotaci¨®n minera. ¡°En los a?os 80 y 90 conseguimos sacar balsas de garimpeiros del R¨ªo Negro. Ahora vamos a luchar para que los garimpos no se instalen aqu¨ª¡±, dijo a EL PA?S Marivelton Bar¨¦, presidente de la Federaci¨®n de Organizaciones Ind¨ªgenas de R¨ªo Negro (FOIRN). Seg¨²n ¨¦l, al menos cuatro de las siete zonas autorizadas por el GSI lindan con tierras ind¨ªgenas. En la pr¨¢ctica, todas acabar¨ªan afectando a sus territorios, ya que, para la explotaci¨®n minera, es necesario deforestar y utilizar productos que degradan la fauna, la flora y los r¨ªos. ¡°No parece que tengamos un general-ministro, sino un general-garimpeiro¡±, ironiza Bar¨¦.

La FOIRN tambi¨¦n emiti¨® una nota en la que se quejaba del intento de explotaci¨®n minera en el ¨¢rea: ¡°Repudiamos las actitudes autoritarias apoyadas en ideales anticuados de desarrollo econ¨®mico, que s¨®lo han supuesto enfermedad, muerte y degradaci¨®n a la Amazonia y sus pueblos¡±. Requerido por EL PA?S, el Ministerio de Medio Ambiente no coment¨® el intento del Gobierno de establecer garimpos en la regi¨®n m¨¢s protegida de la Amazonia.

En las ¨²ltimas semanas, en territorio nacional o en eventos fuera del pa¨ªs, el Gobierno ha dado discursos en los que se garantiza el refuerzo del control de la deforestaci¨®n. En esa l¨ªnea abundaron el vicepresidente Mour?o y el ministro Joaquim Pereira Leite. La falta de poner en pr¨¢ctica el discurso ha llevado a resultados opuestos hasta ahora. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales ha registrado que la tasa de deforestaci¨®n en la Amazonia Legal brasile?a ha aumentado un 21,97 % en un a?o. Entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021 se tal¨® un total de 13.235 kil¨®metros cuadrados de bosque. Es la cifra m¨¢s alta de los ¨²ltimos 15 a?os. ¡°La actuaci¨®n del vicepresidente ha resultado desastrosa. Basta con ver los tres aumentos consecutivos de la deforestaci¨®n. El Gobierno llev¨® a la Cumbre del Clima de Glasgow un Brasil que no existe. Lo que hemos visto, en realidad, es que la ciencia no miente¡±, dice el portavoz de Greenpeace para la Amazonia, R?mulo Batista.

¡°Combo de la muerte¡± en el Congreso

Mientras el Gobierno hace poco para contener el avance de la destrucci¨®n ambiental, en el Legislativo hay un proceso de flexibilizaci¨®n de las normas de protecci¨®n de la naturaleza. Esta semana, la Comisi¨®n de Medio Ambiente del Senado intent¨® votar simb¨®licamente dos proyectos de ley que tratan de la ocupaci¨®n de tierras p¨²blicas y un tercero que flexibiliza las licencias ambientales, al permitir la autodeclaraci¨®n del interesado en la iniciativa (dentro del llamado proyecto de ley de grilagem, en alusi¨®n a la pr¨¢ctica picaresca de guardar las escrituras con grillos para darles aspecto antiguo y autenticar as¨ª apropiaciones ilegales de tierras p¨²blicas), en lugar de acometer una inspecci¨®n estricta. En este caso, convierte la concesi¨®n de licencias ambientales en la regla y no en la excepci¨®n. Es lo que las ONG han llamado el ¡°combo de la muerte¡±. El proyecto sobre la concesi¨®n de licencias se ha postergado hasta la pr¨®xima semana.

En el caso de las dos propuestas de ocupaci¨®n de zonas, permiten que las personas que hayan tomado posesi¨®n de terrenos p¨²blicos antes del a?o 2014 permanezcan en ellos, aunque los hayan deforestado de forma irregular. Otra es a¨²n m¨¢s amplia y estipula la regularizaci¨®n de las tierras ilegales hasta 2019. Como ha habido algunos cambios en la propuesta, todav¨ªa ser¨¢ revisada la semana que viene o a principios del a?o legislativo en febrero.

En la C¨¢mara, un grupo de trabajo est¨¢ estudiando el nuevo C¨®digo de Miner¨ªa, que se present¨® la semana pasada. El principal cambio con respecto a la legislaci¨®n actual es que convierte la miner¨ªa en una ¡°actividad de utilidad p¨²blica, de inter¨¦s nacional y esencial para la vida humana¡±. Si se aprueba, podr¨ªa dar al sector prerrogativas especiales. ¡°Ser¨ªa lo mismo que decir que un garimpo es m¨¢s importante que una tierra ind¨ªgena¡±, valora Batista, de Greenpeace.

Adem¨¢s, el proyecto de este nuevo c¨®digo prev¨¦ que los procesos parados durante m¨¢s de un a?o en la Agencia Nacional de Miner¨ªa sean aprobados autom¨¢ticamente. Si esto ocurre, 93.272 solicitudes de permisos de explotaci¨®n, miner¨ªa e investigaci¨®n ser¨ªan concedidas por la agencia, seg¨²n una encuesta publicada por el portal Infoamaz?nia.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S Am¨¦rica y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la regi¨®n