Los c¨¢rteles criminales que mandan en la selva venezolana
Los m¨¢s de 3.000 sitios de miner¨ªa y las decenas de pistas clandestinas que los sat¨¦lites han identificado en la Guayana venezolana sirven a las actividades de bandas delictivas que imponen su ley casi sin oposici¨®n del Estado. Sus or¨ªgenes, historias e intereses ayudan a comprender la compleja din¨¢mica de la soberan¨ªa que ejercen en ese conf¨ªn selv¨¢tico del territorio venezolano
El contraste entre la realidad ¨¢spera y precaria de las principales urbes venezolanas y la exuberancia natural del territorio al sur del r¨ªo Orinoco (la Guayana m¨ªtica de Walter Raleigh, Jos¨¦ Gumilla y Alejandro de Humboldt) es enorme. Pero algo tienen en com¨²n: durante los ¨²ltimos a?os, el crimen organizado ha tomado el control de zonas cada vez m¨¢s amplias tanto de unas como del otro; solo que, hasta ahora, la atenci¨®n p¨²blica y la acci¨®n de los cuerpos de seguridad han estado m¨¢s concentradas en las ciudades.
La regi¨®n selv¨¢tica de Venezuela ha sido objeto de algunas medidas adoptadas por los gobiernos de la autodenominada Revoluci¨®n Bolivariana, ya sea con el pretexto de proteger un h¨¢bitat natural clave para la naci¨®n o de preservar para el Estado la explotaci¨®n de sus recursos. La miner¨ªa est¨¢ prohibida en el Estado de Amazonas desde 1989 por el decreto 269, emitido por el Gobierno que presid¨ªa entonces Carlos Andr¨¦s P¨¦rez. Pero dos d¨¦cadas despu¨¦s, en 2009, Hugo Ch¨¢vez tuvo que llegar a militarizar el Estado para expulsar a cientos de mineros. Otra iniciativa de Ch¨¢vez, la creaci¨®n del llamado Arco Minero del Orinoco, fue finalmente llevada a cabo en 2016 por su sucesor, Nicol¨¢s Maduro, en un ¨¢rea de 112.000 kil¨®metros cuadrados del estado Bol¨ªvar, con la intenci¨®n de promover una extracci¨®n de minerales al menos ordenada por parte de emprendimientos privados en alianza con el Estado.
El resultado, en cualquier caso, ha sido otro: guerrilla, garimpeiros y bandas delictivas que se autodenominan ¡°sindicatos¡± o ¡°sistemas¡± financian sus actividades con el control, pr¨¢cticamente sin resistencia, de las minas, del negocio de la extorsi¨®n y del tr¨¢fico de minerales, drogas y armas. La cofrad¨ªa delictiva se reparte ¡ªa veces con tensiones internas¡ª una superficie de 418.000 kil¨®metros cuadrados, donde caben los territorios de Alemania, Costa Rica y Chipre sumados.
Una base de datos construida para esta investigaci¨®n a partir de reportes militares y de prensa emitidos entre enero de 2018 y septiembre de 2021, permiti¨® identificar siete grupos armados que ejercen en la zona su actividad, que se traduce en al menos 21 tipos de delitos.
En el Estado de Bol¨ªvar, por ejemplo, predominan megabandas lideradas por cabecillas conocidos por sus apodos ¡ªToto, Fabio, Juancho, El Viejo y Run, entre otros¡ª, que se han hecho fuertes en los municipios Roscio, El Callao y Sifontes.
En el Estado de Amazonas, la porosidad de las fronteras con Colombia y Brasil resulta un factor fundamental. All¨ª impera la ley del Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) y de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero desmovilizado despu¨¦s del proceso de paz, pero del que una facci¨®n decidi¨® volver a las armas.
Presencia de grupos armados
FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia)
Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN)
Garimpeiros
Otros grupos
VENEZUELA
Ciudad
Piar
Ciudad
Guayana
Upata
Caicara del
Orinoco
Guasipati
Maripa
El Callao
Tumeremo
Pto. Ayacucho
S. J. de Manapiare
El Dorado
I. Rat¨®n
Las Claritas
S. F. de Atapabo
La Esmeralda
COLOMBIA
Maroa
S. C. de R¨ªo Negro
BRASIL
Fuente: elaboraci¨®n propia.
Presencia de grupos armados
FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia)
Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN)
Garimpeiros
Otros grupos
Oc¨¦ano
Atl¨¢ntico
Ciudad Piar
Ciudad Guayana
VENEZUELA
Upata
Maripa
Caicara del
Orinoco
Guasipati
R. Orinoco
El Callao
Puerto
Ayacucho
Tumeremo
San Juan de
Manapiare
R¨ªo Caron¨ª
El Dorado
Isla Rat¨®n
Las Claritas
San Fernando de Atapabo
GUYANA
COLOMBIA
La Esmeralda
Maroa
San Carlos de R¨ªo Negro
BRASIL
Fuente: elaboraci¨®n propia.
Presencia de grupos armados
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN)
Garimpeiros
Otros grupos (ver nota)
Caracas
Valencia
Matur¨ªn
Oc¨¦ano
Atl¨¢ntico
Ciudad Piar
Ciudad Guayana
3
4
5
6
7
Upata
10
Guasipati
Caicara del
Orinoco
Maripa
R. Orinoco
7
El Callao
Heres
8
9
S. J. de Manapiare
Piar
Cede?o
Tumeremo
Pto. Ayacucho
VENEZUELA
11
Sifontes
El Dorado
1
2
12
Atures
Sucre
Gran
Sabana
Isla Rat¨®n
Ra¨²l
Leon¨ª
Las Claritas
Manapiare
13
14
15
Autana
San Fernando de Atapabo
Alto
Orinoco
Atabapo
COLOMBIA
GUYANA
Boa Vista
La Esmeralda
Maroa
Maroa
San Carlos de R¨ªo Negro
R¨ªo Negro
BRASIL
200 km
Grupos armados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Puntilleros Liberadores del Vichada (PLV, Colombia)
Autodefensas Gaitistas de Colombia (AGC)
El Ciego
El Sapito
El Parcero
El Pel¨®n
Ronny Mat¨®n-Tren de Guayana
Banda de Nacupay
Banda de El Toto y Zacar¨ªas
El Manteco
El Run o 3R
Sindicato de Fabio
Sindicato de Juancho
Sindicato de Humbertito
Sindicato de El Viejo Darwin-Las Cristinas
Fuente: elaboraci¨®n propia.
Presencia de grupos armados
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN)
Garimpeiros
Otros grupos (ver nota)
Oc¨¦ano
Atl¨¢ntico
Ciudad Piar
Ciudad Guayana
VENEZUELA
3
4
5
6
7
Upata
10
Guasipati
Caicara del
Orinoco
Maripa
R. Orinoco
7
El Callao
Heres
8
9
Piar
Cede?o
Tumeremo
Puerto Ayacucho
11
Sifontes
San Juan de Manapiare
El Dorado
1
2
12
Atures
Sucre
Isla Rat¨®n
Gran
Sabana
Ra¨²l
Leon¨ª
Las Claritas
Manapiare
13
14
15
Autana
San Fernando de Atapabo
COLOMBIA
Alto
Orinoco
Atabapo
GUYANA
Boa Vista
La Esmeralda
Maroa
Maroa
San Carlos de R¨ªo Negro
R¨ªo Negro
BRASIL
200 km
Grupos armados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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15
Puntilleros Liberadores del Vichada (PLV, Colombia)
Autodefensas Gaitistas de Colombia (AGC)
El Ciego
El Sapito
El Parcero
El Pel¨®n
Ronny Mat¨®n-Tren de Guayana
Banda de Nacupay
Banda de El Toto y Zacar¨ªas
El Manteco
El Run o 3R
Sindicato de Fabio
Sindicato de Juancho
Sindicato de Humbertito
Sindicato de El Viejo Darwin-Las Cristinas
Fuente: elaboraci¨®n propia.
Hu¨¦spedes indeseables en la mansi¨®n verde
La pen¨²ltima vez que G.T. (su nombre se omite por cuestiones de seguridad), un ind¨ªgena de la etnia baniva ¡ªuna comunidad de poco m¨¢s de mil personas distribuidas entre Venezuela y Brasil¡ª, pis¨® su campamento de pesca deportiva en el municipio R¨ªo Negro, en el suroeste del Estado de Amazonas, algo hab¨ªa cambiado radicalmente. La zona est¨¢ a m¨¢s de cinco d¨ªas de navegaci¨®n fluvial desde la capital del estado, en un territorio casi virgen. G.T. manten¨ªa el puesto como un campamento de servicios y meca para pescadores, que acud¨ªan desde muy lejos para cobrar ejemplares del pav¨®n o tucunar¨¦ (Cichla ocellaris), una especie muy apreciada como trofeo de la pesca deportiva en aguas de la Orinoqu¨ªa.
Esa vez, en 2011, un grupo de hombres armados que se identificaron como miembros de las FARC, vestidos de civil, se acerc¨® a conversar. G.T., hoy de 47 a?os de edad, cuenta que el trato que le dieron fue ¡°respetuoso¡±, pero ¨¦l y su familia decidieron no volver al campamento. A fin de cuentas, los clientes tampoco iban a regresar en esas condiciones.
Atures, Autana, Atabapo, Maroa y R¨ªo Negro conforman una hilera de municipios fronterizos del Estado de Amazonas, en Venezuela, que est¨¢ frente a los departamentos de Guain¨ªa y Vichada en Colombia. Estos territorios del oriente colombiano eran baluartes tradicionales de las FARC. Los r¨ªos principales de la zona ¡ªIn¨ªrida, Guaviare, Vichada, Meta, Orinoco, Atabapo, Guain¨ªa y Negro¡ª, as¨ª como sus m¨²ltiples brazos y afluentes, donde el ind¨ªgena baniva sol¨ªa pescar pav¨®n, ofrecieron condiciones favorables para que la guerrilla colombiana migrara paulatinamente a Venezuela. El debilitamiento de los liderazgos locales y la baja presencia institucional del lado venezolano hicieron otro tanto. Los corredores fluviales fueron claves, en un primer momento, para la provisi¨®n de suministros y log¨ªstica que requer¨ªan las campa?as guerrilleras; luego ayudaron a crear en Venezuela una suerte de aliviadero; y, finalmente, les dieron la oportunidad de apoderarse de actividades il¨ªcitas que aportan financiamiento.
Las denuncias p¨²blicas de la presencia de las FARC en el Amazonas venezolano datan de, al menos, comienzos del siglo XXI. Pero con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016, se produjo un vac¨ªo que el ELN ¡ªque hasta entonces no hab¨ªa tenido mayor presencia en Guain¨ªa y Vichada¡ª, se apresur¨® a llenar. El ELN, tradicionalmente m¨¢s activo en la zona de Los Llanos, dio sus primeros pasos en el sur de Amazonas con el Frente Jos¨¦ Daniel P¨¦rez Carrero, seg¨²n coinciden las fuentes consultadas. M¨¢s tarde, ya no las FARC sino sus disidencias se establecieron en Venezuela bajo la franquicia del Frente Acacio Medina, creado en 2012, y la direcci¨®n de G¨¦ner Garc¨ªa Molina o Jhon 40.
Claramente, la expansi¨®n de la guerrilla colombiana en el extremo sur de Venezuela empez¨® por la zona m¨¢s despoblada. Pero hoy se despliega por los siete municipios del Estado de Amazonas.
Se trata de una zona que pr¨¢cticamente no tiene medios locales y su cobertura por parte de la prensa nacional es muy limitada. Por tanto, los reportes period¨ªsticos procedentes de Amazonas son escasos en la base de datos. A¨²n as¨ª, muestran un aumento de las denuncias contra el auge de la miner¨ªa, los abusos militares y la incursi¨®n de grupos armados a partir de 2016, el a?o de la firma del Acuerdo de Paz.
La expansi¨®n del ELN y las disidencias de las FARC no se relaciona solo con el inter¨¦s en la extracci¨®n de minerales, sino tambi¨¦n con el control de rutas para el tr¨¢fico de drogas proveniente de los departamentos colombianos Meta, Guaviare y del municipio de Cumaribo, en el Vichada, hacia territorio venezolano. Se lucran brindando servicios de seguridad o permitiendo el tr¨¢nsito y presencia en la zona, de acuerdo con un informe de marzo de 2021 de la Defensor¨ªa del Pueblo de Colombia.
En enero de 2021, por ejemplo, una embarcaci¨®n sumergida m¨¢s de la cuenta mientras se mov¨ªa por el r¨ªo In¨ªrida alert¨® a la Armada colombiana. Despu¨¦s de revisar v¨ªveres que tapaban el fondo, los militares encontraron una caleta con 600 kilos de marihuana que, presumen, ten¨ªa como destino Venezuela. En ¨¦poca lluviosa, aprovechan la crecida de los r¨ªos peque?os para movilizarse y evitar los controles militares, indican los reportes de la base de datos.
Las tensiones pol¨ªticas entre Caracas y Bogot¨¢, que desembocaron en la ruptura diplom¨¢tica de 2019, crearon un ¡°escenario propicio¡± para el ¡°posicionamiento t¨¢ctico¡± de los guerrilleros colombianos en la frontera a fin de aprovechar ¡°las condiciones geogr¨¢ficas y medioambientales del territorio en la explotaci¨®n de econom¨ªas ilegales y el uso de esta zona como refugio y retaguardia¡±, de acuerdo con el mismo informe.
El ELN y las disidencias buscan en el Amazonas venezolano coordinar sus acciones; entre ellas, un acercamiento a las comunidades ind¨ªgenas que suele ser pac¨ªfico. Ello no ha evitado, sin embargo, que la invasi¨®n de territorios, la construcci¨®n de ciertas infraestructuras ¡ªcomo campamentos o pistas a¨¦reas¡ª y el reclutamiento forzoso les enajene la amistad de los locales y haya obligado a los abor¨ªgenes a migrar a Colombia y Brasil.
Aunque la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela mantiene su presencia en la zona, no hay razones para pensar que sea para expulsar o siquiera contener a las guerrillas. Por el contrario, abundan los testimonios sobre su dedicaci¨®n a pr¨¢cticas irregulares o il¨ªcitas. Funcionarios militares han sido denunciados por despojar de sus pertenencias a quienes transitan a bordo de embarcaciones en aguas colombianas. A mediados de 2019, por ejemplo, siete uniformados venezolanos dispararon contra una embarcaci¨®n colombiana que luego interceptaron para robar a sus tripulantes.
En el norte del Estado de Amazonas, en donde convergen las fronteras de los Estados venezolanos de Apure y Bol¨ªvar con las del departamento colombiano de Vichada, la guerrilla ha ganado el control estrat¨¦gico de una importante encrucijada fluvial. En el municipio Atures ¡ªnombre de los c¨¦lebres r¨¢pidos del r¨ªo Orinoco¡ª, el ELN comparte terreno con el Frente D¨¦cimo de las disidencias de las FARC y se reparten tareas desde Puerto Carre?o ¡ªciudad que domina el cruce del Meta con el Orinoco¡ª con otros dos grupos armados, sucesores del paramilitarismo: Los Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
En la vertiente venezolana de la frontera ya se presentan las represalias violentas, aunque no sean todav¨ªa comunes. Dos hechos investigados por las autoridades colombianas lo sugieren: En junio de 2019 fueron encontrados dos cad¨¢veres de sexo masculino en Puerto Carre?o. Ambos eran j¨®venes venezolanos. Diez meses despu¨¦s, fueron encontrados los cuerpos de otros dos hombres, un colombiano y un venezolano, con un letrero adosado que dec¨ªa: ¡°Por traidores y sapos [delatores, en el castellano coloquial de Colombia y Venezuela]¡±. Ambos casos fueron atribuidos a las disidencias de las FARC.
Mineros contra ind¨ªgenas
Al sur de Amazonas, otro invasor va a cumplir 40 a?os de ocupaci¨®n. Son los garimpeiros, t¨¦rmino del portugu¨¦s brasile?o que denomina a los mineros ilegales. Suelen venir de Brasil y operan, sobre todo, en el territorio de los pueblos yanomami, que es binacional.
Han llegado por la fiebre del oro y se establecen a sangre y fuego cada vez que es necesario. Todav¨ªa se recuerda la masacre de Haxim¨², una comunidad yanomami cercana a las fuentes del r¨ªo Orinoco, en Venezuela: en 1993, 16 ind¨ªgenas fueron asesinados de forma brutal por garimpeiros. La comunidad fue incendiada. Y, como si nada, los garimpeiros siguieron operando all¨ª, entre otras razones, por la laxitud de la justicia brasile?a, que fue la encargada de examinar el caso teniendo en cuenta la nacionalidad de los acusados y su competencia para procesar delitos extraterritoriales: solo cinco de los 22 autores de la matanza fueron condenados.
De hecho, en la base de datos preparada para este reportaje se verifica que las denuncias de prensa y de las organizaciones ind¨ªgenas siguen ubicando el grueso de la actividad actual de los garimpeiros no lejos de Haxim¨², sobre el curso del r¨ªo Ocamo.
El corredor de entrada a Venezuela para los mineros pasa por el cerro Delgado Chalbaud, en la Sierra de Parima, a pesar de que all¨ª se encuentra un puesto avanzado de militares venezolanos. Desde ese punto, los expedicionarios est¨¢n a solo dos d¨ªas de caminata, o menos, de Haxim¨², seg¨²n relataba un comunicado que una representaci¨®n yanomami envi¨® en 2020 a Provea, la principal organizaci¨®n de Derechos Humanos en Venezuela: ¡°Las autoridades les permitieron instalar unas cuatro m¨¢quinas para sacar oro y minerales (...) est¨¢n en los mismos terrenos que circulaban cuando la masacre¡±.
Como los guerrilleros, los garimpeiros dijeron a los ind¨ªgenas que quer¨ªan hacer por las buenas un convenio con ellos. El temor ten¨ªa todas las de ganar, al igual que sucede con los guerrilleros. ¡°No nos queda m¨¢s remedio que estar callados porque est¨¢n armados y tenemos miedo¡±, indicaron en el comunicado.
Pero los garimpeiros se encuentran tambi¨¦n mucho m¨¢s al norte. Es el caso del municipio Manapiare, que limita con el Estado de Bol¨ªvar. Las organizaciones ind¨ªgenas Kuyunu del Alto y Medio r¨ªo Ventuari, Kuyujani del r¨ªo Caura y Kuyujani del Alto Orinoco, denunciaron en agosto de 2021 la presencia de 400 garimpeiros con 30 m¨¢quinas. ¡°Los pueblos ind¨ªgenas est¨¢n siendo sometidos a situaci¨®n de esclavitud en las comunidades m¨¢s alejadas y de dif¨ªcil acceso del municipio Manapiare¡±, denunci¨® p¨²blicamente el Defensor del Pueblo del Estado de Amazonas, Gumersindo Castro, sin encontrar eco.
A¨²n as¨ª, la actividad de los mineros ilegales en el Estado de Amazonas todav¨ªa se ve modesta frente al frenes¨ª del lado brasile?o. El reconocido l¨ªder yanomami brasile?o D¨¢rio Vit¨®rio Kopenawa, vicepresidente de la Asociaci¨®n Hutukara Yanomami, denunci¨® ¡ªv¨ªa telef¨®nica¡ª la presencia de 20.000 mineros en las tierras ancestrales del lado de Brasil. Tambi¨¦n asegura que entre los mineros est¨¢n infiltrados miembros del temible Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales m¨¢s poderosas y temibles de la regi¨®n, que controla el tr¨¢fico de drogas dentro del mercado nacional y hacia el internacional, as¨ª como de otros grupos armados. Como el trasvase ocurre en ambos sentidos a trav¨¦s de la porosa membrana fronteriza, las autoridades brasile?as comprueban que decenas de venezolanos con antecedentes penales, llegados al pa¨ªs en medio del flujo imparable de refugiados, se han sumado a las filas del PCC.
¡°Los invasores est¨¢n creciendo y los empresarios est¨¢n apoyando al garimpo ilegal con transporte a¨¦reo, aviones, helic¨®pteros, barcos¡±, dijo Kopenawa.
El pliego delictivo de los ¡®sindicatos¡¯
Los ind¨ªgenas del oeste del Estado de Bol¨ªvar, cerca de los linderos de Amazonas, tambi¨¦n sufren los desmanes de invasores armados. Entre ellos hay guerrilleros y tambi¨¦n otros actores nuevos: los sindicatos.
Al menos desde mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia, se reportaron siete eventos que ratifican la presencia tanto de grupos armados locales como de grupos guerrilleros for¨¢neos en el municipio Sucre del Estado de Bol¨ªvar, coraz¨®n del Parque Nacional Caura, creado por decreto del gobierno de Nicol¨¢s Maduro en marzo de 2017. El ¨¢rea protegida, que corresponde a las m¨¢rgenes y cuenca del r¨ªo Caura, abarca 7,5 millones de hect¨¢reas.
A mediados de julio de 2020, un pelot¨®n de 70 hombres con uniformes verde oliva tom¨® un campamento tur¨ªstico a las orillas del r¨ªo Caura. Estaban armados. Testigos de la incursi¨®n relataron que colgaron sus hamacas y permanecieron en la zona por al menos tres semanas. Se identificaron como disidencias de las FARC. Ese mismo mes, la comunidad ind¨ªgena de El Play¨®n, en el Bajo Caura, denunci¨® la llegada de ¡°grupos colombianos armados¡± y, tres meses despu¨¦s, en la comunidad Las Pavas, se repiti¨® el relato: un ¡°grupo irregular de Colombia¡± lleg¨® al territorio ind¨ªgena y se instal¨®. L¨ªderes comunitarios de las etnias ye¡¯kwana y sanem¨¢, que viven a orillas del Caura, denunciaron al Observatorio Ind¨ªgena Kap¨¦-Kap¨¦ que estos grupos armados intimidaron a la comunidad para tomar el control de las zonas mineras. Impusieron restricciones para la movilizaci¨®n. Los nativos ya no pod¨ªan ni pescar ni cazar libremente.
Durante cinco meses hubo relativa paz, pero en marzo de 2021 otros grupos irregulares realizaron un ataque en la mina El Kino del Bajo Caura. Una maestra y su esposo fueron asesinados. Las primeras versiones de los voceros ind¨ªgenas indicaron que el grupo armado, que no se identific¨®, les pidi¨® desalojar los terrenos aleda?os al yacimiento ilegal. Como la respuesta fue negativa, se desat¨® la violencia.
Apenas un mes despu¨¦s, otro ataque en la mina El Silencio termin¨® en el asesinato de cuatro personas, entre ellas el capit¨¢n ind¨ªgena ¡ªjefe o cacique¡ª de la comunidad La Felicidad, Nelson P¨¦rez, de 30 a?os. Tres a?os antes, un predecesor en la capitan¨ªa, Misael Ram¨ªrez, fue asesinado junto a su hijo de 18 a?os en el mismo sitio. La ejecuci¨®n fue atribuida a un grupo armado que se ali¨® con ind¨ªgenas sanem¨¢ para tomar el ¨¢rea. Tanto P¨¦rez como Ram¨ªrez eran de la etnia jivi, que con individuos ye¡¯kwana conforman la poblaci¨®n de La Felicidad.
Se trata de acciones de los llamados sindicatos: en realidad, pandillas o bandas de desclasados que se congregan en torno a pranes o l¨ªderes delictivos. La suma de numerosos testimonios permite afirmar que esos grupos dominaron los yacimientos en el Caura hasta julio de 2020. Pero despu¨¦s de esa fecha las cosas cambiaron. La toma del campamento tur¨ªstico en Las Trincheras, as¨ª como las incursiones en las comunidades de El Play¨®n y Las Pavas, eran en realidad avanzadillas de las disidencias de las FARC, que consiguieron desalojarlos. Las cuatro minas m¨¢s grandes del Caura ¡ªYuruani, La Bullita, Fijiri?a y San Pablo¡ª est¨¢n ahora en manos de las disidencias de las FARC y del ELN que, aseguran los l¨ªderes consultados, se benefician del pago en oro que deben entregar los due?os de m¨¢quinas usadas en la extracci¨®n de oro. ¡°Garantizan la seguridad de los mineros y los que circulan en la zona y cobran una vacuna a cada due?o de m¨¢quina¡±, explic¨® un dirigente ind¨ªgena.
Cuando el gobierno de Nicol¨¢s Maduro decret¨® la creaci¨®n del Parque Nacional Caura, el objetivo era ampliar la protecci¨®n del reservorio de biodiversidad y refugio de pueblos ind¨ªgenas. No obstante, el parque est¨¢ al costado del llamado bloque 2 del Arco Minero del Orinoco, lo que exacerba las presiones en un ¨¢rea ya afectada por la miner¨ªa.
¡°Estos grupos mantienen a la poblaci¨®n de la cuenca bajo amenazas sistem¨¢ticas y terror en toda el ¨¢rea. Hay una situaci¨®n estructural de violencia ejercida por estos irregulares en contra de las comunidades existentes en los r¨ªos Caura y Ventuari. Si contin¨²a el deterioro de los derechos, se profundizar¨¢n las consecuencias negativas impulsadas por las actividades extractivas¡±, alert¨® la ONG Wataniba en el pico de la violencia.
La ley de la jungla
Que los sindicatos sufrieran una derrota en la cuenca del Caura no quiere decir que se hayan extinguido. En otras zonas del Estado de Bol¨ªvar gozan de excelente salud.
Eso puede comprobarse, por ejemplo, en las calles polvorientas del pueblo de El Callao, capital del municipio hom¨®nimo. Fundado a mediados del siglo XIX a orillas del r¨ªo Yuruani, es la veta de oro con m¨¢s tradici¨®n en Venezuela. En alg¨²n momento atrajo capitales extranjeros y una riada de trabajadores del Caribe angloparlante, que tra¨ªan consigo todo su bagaje cultural. No en balde ha sido lugar de adaptaci¨®n y desarrollo para versiones locales de la lengua patois y del calipso, as¨ª como de sabores reminiscentes de las Antillas que se reconocen en platillos como el calal¨² (una sopa con hojas y jam¨®n), el dompl¨ªn (una especie de pan frito) y el yinyabi¨¦ (una bebida que lleva cerveza de jengibre y ginebra). En 2016, sus fiestas de Carnaval fueron reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
La violencia se ha sumado ahora a sus tradiciones.
Oriannys Y¨¢nez lo comprob¨® en la madrugada del 11 de noviembre, vio llegar a su beb¨¦ de un a?o, cubierto de sangre, a la emergencia del hospital Juan Germ¨¢n Roscio en El Callao.
Minutos antes, un tiroteo hab¨ªa levantado a los vecinos del centro del poblado. En ese sector la madre de Oriannys viv¨ªa con el beb¨¦, su nieto, luego de que Oriannys decidiera sacarlo del cercano sector El Per¨², en las afueras de El Callao, por la violencia.
Cuando el tiroteo se silenci¨®, la abuela abri¨® la puerta del cuarto donde duermen el beb¨¦ y su hermano de nueve a?os. Encontr¨® al mayorcito con el beb¨¦ en brazos: ¡°?Se va a morir mi hermano, se va a morir!¡±, gritaba. Una bala perdida perfor¨® parte de su abdomen y sali¨® sin causar da?os severos en los ¨®rganos.
No fue un incidente aislado. Desde hace m¨¢s de una d¨¦cada, la triada integrada por los municipios Roscio, El Callao y Sifontes, al sureste del Estado de Bol¨ªvar, cerca de la frontera con Guyana, es un tramo peligroso y bajo control de grupos armados. En 2016, 17 mineros fueron encontrados en una fosa com¨²n, luego de que familiares reportaran su desaparici¨®n, en la que se conoci¨® como la masacre de Tumeremo. En 2018, otros siete mineros fueron asesinados y dejados a los lados de una v¨ªa polvorienta que conduce a yacimientos aur¨ªferos. En los ¨²ltimos tres a?os han sido encontrados cuerpos desmembrados. El caso m¨¢s reciente ocurri¨® en septiembre de 2021, cuando transe¨²ntes de El Callao encontraron dos cabezas humanas dentro de un bolso en el centro del pueblo.
El balance de 2021 del Observatorio Venezolano de Violencia encontr¨® que la profundizaci¨®n de la crisis socioecon¨®mica en el pa¨ªs tuvo un efecto parad¨®jicamente positivo: el crimen violento descendi¨®. ¡°Un empobrecimiento masivo, penuria y p¨¦rdida del poder adquisitivo (¡) redujeron notablemente las oportunidades del crimen¡±. Pero, al enfocar el diagn¨®stico en esa zona del Estado de Bol¨ªvar, la tendencia es la opuesta. Los asesinatos y desapariciones aumentaron.
El Callao despunta con una tasa de 511 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es el municipio m¨¢s violento del pa¨ªs y registra una tasa 11 veces superior al promedio de muertes violentas de toda Venezuela.
A pesar de las cifras pavorosas de la violencia, esta no es siempre la herramienta preferida de los sindicatos, que derivan su nombre de la estructura propia de los trabajadores de la industria de la construcci¨®n, de donde muchos de sus l¨ªderes proven¨ªan al principio, as¨ª como de la cadena de mando informal que reina al interior de las c¨¢rceles venezolanas.
En los municipios de Bol¨ªvar donde act¨²an, los sindicatos imponen reglas claras de seguir y hasta se han vuelto benefactores a trav¨¦s de fundaciones. En situaciones espec¨ªficas en las que la persuasi¨®n no surte efecto, recurren al atropello, el amedrentamiento y el castigo.
La llegada de estos grupos a los yacimientos aur¨ªferos a partir de 2006 fue consecuencia directa de la estrategia de militarizaci¨®n implementada durante la llamada ¡°reconversi¨®n minera¡± del presidente Hugo Ch¨¢vez, que intentaba reemplazar la miner¨ªa artesanal il¨ªcita por el Estado. Pero esa pol¨ªtica naufrag¨® en septiembre de 2006 con la muerte a tiros de seis mineros a manos de militares en el sector de La Paragua, en el oeste del Estado de Bol¨ªvar. Cuatro de las v¨ªctimas mostraban disparos en la espalda. La masacre ocasion¨® una reacci¨®n fuerte y organizada de los mineros y un esc¨¢ndalo en la prensa internacional. La fuerza militar se repleg¨®, pero los poderes f¨¢cticos alentaron la instalaci¨®n de grupos armados que mantuvieran el control por la fuerza de zonas mineras estrat¨¦gicas.
En un extremo de El Callao, en el sector conocido como El Per¨², los vecinos coinciden en que hasta hace ocho a?os viv¨ªan con relativa tranquilidad. Todo cambi¨® cuando un hombre de la comunidad, apodado Toto, se ali¨® con otros para delinquir. Su familia se hab¨ªa mudado a El Callao durante una de las tantas explosiones de fiebre del oro. Empezaron con robos a mano armada y cobros extorsivos de vacunas a mineros. En 2013, sus acciones escalaron de nivel.
Hoy su grupo domina todas las minas de El Per¨², una zona extensa y rica en oro. Algunos de los yacimientos bajo su autoridad son Cuatro Esquinas, La Laguna, Panam¨¢ y La 45. Viven en las monta?as y bajan a las zonas mineras solo a cobrar sus diezmos: en realidad, 30% de lo producido por mineros, por molineros y por la compra de arenas aur¨ªferas procesadas por empresas formales.
Alejandro Rafael Ochoa Sequea, Toto, es uno de los diez delincuentes m¨¢s buscados por la Polic¨ªa Judicial en el Estado de Bol¨ªvar. Otros dos de la misma cartelera son miembros de su banda: Picoro, detenido en 2020 mientras se escond¨ªa en un b¨²nker; y Zacar¨ªas, uno de los tantos migrantes procedentes del otrora centro de la industria pesada venezolana, Ciudad Guayana, al norte del Estado, que se han reconvertido como delincuentes en las zonas mineras.
De acuerdo a lo que se verifica en los registros de la base de datos, entre junio de 2020 y junio de 2021 los cuerpos de seguridad estatales detuvieron a 72 supuestos miembros de la banda de Toto, mataron a otros 26 y retuvieron 28 armas y m¨¢s de 800 municiones de la banda, a la que tambi¨¦n incautaron drogas, oro, uniformes militares y hasta un cuaderno con el inventario de su arsenal y la ¡°contabilidad¡± de las extorsiones a mineros.
Llevar registro de sus armas debe ser fundamental para esta pandilla con pretensiones de milicia: por ejemplo, se le ha incautado un lanzacohetes AT4, de fabricaci¨®n sueca, una de las armas antitanque m¨¢s usadas en el mundo. En 2009, su fabricante, Saab Bofors Dynamics, pidi¨® explicaciones al gobierno venezolano, su cliente, por la confiscaci¨®n de tres armas de este tipo en poder de las FARC colombianas.
Con este arsenal, no ha habido incentivo alguno para la tregua. Con frecuencia, los delincuentes se sienten y est¨¢n mejor equipados que las fuerzas de seguridad. En el balance de muertes atribuidas a la banda de Toto se incluyen el asesinato de la exconcejala Mara Valdez, del cultor Carlos Clark y de uniformados de la polic¨ªa, de la inteligencia militar y de la Guardia Nacional. La violencia que emplean Toto y otras bandas locales, como las de El Chingo y Nacupay, ha ocasionado que muchos lugare?os prefieran vender sus casas y migrar.
¡°Ac¨¢ lo normal es anormal, la gente ha perdido el respeto a la vida¡±, dice un hombre de 61 a?os, que pidi¨® mantener su nombre en reserva por temor a represalias.
La influencia delictiva de Toto se extiende hasta el vecino municipio Roscio, en donde tambi¨¦n operan el Tren de Guayana y la banda de Ronny Colom¨¦ Cruz, alias Ronny Mat¨®n, un heredero de yacimientos controlados antes por dos delincuentes que fueron asesinados: Capit¨¢n y Gordo Bay¨®n. Este ¨²ltimo fue baleado en 2014 a su salida del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, sede del gobierno de Nicol¨¢s Maduro, tras participar en una discusi¨®n del contrato colectivo de la estatal Sider¨²rgica del Orinoco (Sidor).
La casa de papel
En Sifontes, uno de los 11 municipios del Estado de Bol¨ªvar, se reporta desde 2018 la aparici¨®n de otra banda delictiva. Es conocida como Run por su l¨ªder, Eduardo Jos¨¦ Natera, alias El Run o El Pel¨®n. Su ¨¢rea de dominio incluye a la capital municipal, Tumeremo, a la que tom¨® bajo su control luego de avanzar desde zonas m¨¢s rurales o selv¨¢ticas de la periferia. A su cuartel general le llaman La casa de papel, en alusi¨®n a la serie espa?ola de Netflix.
Se distingue por su arrojo y violencia. Se le atribuye el asesinato en abril de 2020 del comandante del cuartel del Ej¨¦rcito en Tumeremo, el teniente coronel Le¨®n Ernesto Sol¨ªs Mares. Pero su nivel de control sobre la zona le ha llevado a actuar tambi¨¦n a trav¨¦s de una organizaci¨®n filantr¨®pica ¡ªRRR o 3R¡ª, con la que adelanta actividades comunitarias que van desde la reparaci¨®n de v¨ªas e instalaciones el¨¦ctricas hasta la donaci¨®n de alimentos y medicinas. Los nombres RRR o 3R tambi¨¦n eran dados a la banda, pero ahora se acostumbra llamarla tambi¨¦n OR, para diferenciarla de la fundaci¨®n social que naci¨® bajo su cobijo.
En el ¨¢rea de acci¨®n de la organizaci¨®n criminal, muy cerca de la frontera con el Territorio Esequibo, tambi¨¦n se ha denunciado la presencia de la guerrilla desde 2018. Ese a?o, un enfrentamiento entre la banda de Josu¨¦ Zurita ¡ªEl Coporo¡ª, y supuestos guerrilleros del ELN, pareci¨® confirmar no solo esa versi¨®n, sino que hab¨ªa nuevas disputas por el dominio territorial.
M¨¢s al sur, los apodos de los l¨ªderes criminales se siguen sumando, como si fueran una reproducci¨®n caricaturesca de divisiones pol¨ªticas e instancias de gobierno, que en los hechos es lo que representan: en las localidades de Las Claritas y Kil¨®metro 88, a la entrada de la Gran Sabana y en ruta a Brasil, domina el clan de Juan Gabriel Rivas N¨²?ez, conocido como Juancho, quien opera junto a Humbertico, hijo del pran Humberto Martes (alias El Viejo), y Darwin Guevara, a quien se vincula con Johan Petrica, uno de los l¨ªderes del llamado Tren de Aragua, probablemente el gang m¨¢s poderoso de Venezuela, con conexiones internacionales. En la cercana poblaci¨®n de El Dorado es el sindicato de Fabio Enrique Gonz¨¢lez Isaza, Negro Fabio, el que manda.
Los criminales han pactado una suerte de gobernanza informal en la zona, que se financia con lo que recauda mediante extorsiones a mineros y a todo aquel que adelante alguna actividad productiva en los alrededores. ¡°Ejercen un rol de fuerza m¨¢s alto que las autoridades policiales y militares¡±, dice una habitante de Las Claritas, que considera que el poblado ¡°es como una c¨¢rcel abierta¡±.
En Las Claritas, tanto el mando como el negocio le quedan claros a quien busque prosperar o solo sobrevivir. Debajo del suelo est¨¢ la mayor reserva aur¨ªfera del pa¨ªs. All¨ª es precisamente donde el gobierno de Nicol¨¢s Maduro se ha empe?ado en impulsar un proyecto de industrializaci¨®n de la producci¨®n de oro, cobre y plata, junto con la canadiense Gold Reserve. Pero la fuerza del caos y del r¨¦gimen subyacente de los sindicatos ha impedido hasta ahora la construcci¨®n de las dos plantas proyectadas.
En la propia Gran Sabana, la miner¨ªa lleva un ritmo agitado en el Parque Nacional Canaima y en la comunidad de Ikabar¨². En esta ¨²ltima, el gobierno legaliz¨® un bloque de explotaci¨®n aur¨ªfera en el que participan comunidades ind¨ªgenas. Ello deber¨ªa funcionar como un disuasor para los sindicatos.
No obstante, en diciembre de 2019, la matanza de seis personas en Ikabar¨² encendi¨® las alarmas. Sujetos vestidos de negro entraron al pueblo y dispararon contra un grupo de hombres en el centro de la comunidad. Entre las v¨ªctimas se contaba un ind¨ªgena. Desde entonces, corren versiones cada vez m¨¢s insistentes sobre la incursi¨®n del sindicato de El Ciego, quien controla, junto a El Sapito, los yacimientos de La Paragua, mucho m¨¢s al oeste, en el municipio Angostura.
Otros tr¨¢ficos
Cuesta creer que en la carretera tortuosa, en su mayor parte de tierra, que conecta a Amazonas con Bol¨ªvar, pueda prosperar alg¨²n negocio. No hay servicios y el Estado est¨¢ ausente. Las casas en el trayecto son cascarones vac¨ªos y, en medio del calor, no hay ni un punto para refrescarse. Solo las enormes rocas, como puestas en la tierra por un gigante, distraen la vista.
Pero s¨ª, un negocio consigue prosperar en ese tramo yermo, aunque sea ilegal: la base de datos muestra un claro corredor de tr¨¢fico de drogas por esta v¨ªa terrestre. M¨¢s de la mitad de los procedimientos militares realizados en el municipio Cede?o, adyacente al estado Amazonas, est¨¢n vinculados con decomisos de drogas.
En abril de 2019, Elvin Bol¨ªvar y Marlon Yeison fueron detenidos en una alcabala militar de la Guardia Nacional, a cinco horas de la capital de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas. Viajaban en una furgoneta en la que ocultaban 19 kilogramos de marihuana del tipo crispy ¡ªcultivada en invernaderos y m¨¢s potente¡ª, en el interior de las puertas, en el tablero y en el techo, seg¨²n el parte militar. Uno de los hombres ten¨ªa documento de identidad colombiano. Las autoridades informaron que la droga proven¨ªa de Colombia.
En otros cuatro reportes militares de la base de datos, cuyas incautaciones suman 78 kilogramos de drogas, los detenidos viajaban desde Puerto Ayacucho hasta Ciudad Bol¨ªvar o Puerto Ordaz, ambas ciudades del estado Bol¨ªvar, a orillas del Orinoco. Escond¨ªan marihuana o coca¨ªna en distintos compartimentos. La ruta sigue luego a Tumeremo, Las Claritas y Santa Elena de Uair¨¦n, en la frontera con Brasil.
La movilizaci¨®n de grandes cantidades de dinero en efectivo es otro de los hallazgos que arroja la informaci¨®n y que muestra c¨®mo se sigue sacando provecho del bot¨ªn de oro en el sur venezolano. En 2021, a¨²n con el encierro por la pandemia, fueron incautados tres cuartos de mill¨®n de d¨®lares en efectivo.
El decomiso de mayor cuant¨ªa ocurri¨® en junio. Jos¨¦ Alberto Reyes Chueco fue detenido en San F¨¦lix, secci¨®n oriental de Ciudad Guayana, con 650.000 d¨®lares en efectivo. La Guardia Nacional inform¨® que Reyes Chueco formaba parte de la organizaci¨®n criminal El Dorado, dedicada a ¡°la comercializaci¨®n de armas de guerra en zonas mineras del estado¡±. De su tel¨¦fono se extrajeron capturas de conversaciones en WhatsApp con intercambio de im¨¢genes de armas y municiones.
El segundo mayor decomiso, por 74.550 d¨®lares, tambi¨¦n se conecta con El Dorado: la poblaci¨®n de ese nombre, en el municipio Sifontes, es una de las zonas mineras controladas por grupos armados. El bot¨ªn iba en manos de Yolbill Jos¨¦ G¨¢mez, oficial de la Polic¨ªa del Estado de Bol¨ªvar.
Oro, drogas, equipos y suministros mineros, armas, otros minerales, mercanc¨ªa de contrabando: la zona de Guayana, anta?o promesa de progreso y descubrimientos silvestres, es una autopista de los negocios il¨ªcitos del crimen organizado.
(*) Esta es la segunda entrega de una serie investigada y publicada en simult¨¢neo por Armando.info y El Pa¨ªs, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organizaci¨®n noruega EarthRise Media.
Cr¨¦ditos
Coordinaci¨®n: Javier Lafuente | Guiomar del Ser
Direcci¨®n de arte: Fernando Hern¨¢ndez
Dise?o: Ana Fern¨¢ndez
Edici¨®n: Eliezer Budasoff
Maquetaci¨®n: Alejandro Gallardo
Infograf¨ªa: Nacho Catal¨¢n | Jorge Moreno
Por Armando.info participaron: Joseph Poliszuk (coordinaci¨®n) | Jorge Luis Cort¨¦s y Cristian Hern¨¢ndez (dise?o, infograf¨ªa y montaje) | Ewald Scharfenberg (edici¨®n) | Vanessa Pan y Pablo Rodr¨ªguez (direcci¨®n de arte).
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