La muerte de una joven de la etnia jiwi en un ataque de la Fuerza Armada venezolana contra un campamento de las llamadas disidencias de las FARC en el Estado de Amazonas hace un a?o, en febrero de 2021, ofreci¨® un indicio claro de dos hechos: no solo de que los grupos armados colombianos se hab¨ªan desplazado al sur de Venezuela, sino que, adem¨¢s, contaban entre sus filas con abor¨ªgenes reclutados en el sitio.

La operaci¨®n, denominada precisamente Jiwi por el mando militar venezolano, fue parte de una ofensiva in¨¦dita de Caracas contra las guerrillas colombianas. Apenas un mes m¨¢s tarde, en marzo de 2021, hubo otro ataque de fuerzas a¨¦reas y terrestres combinadas contra posiciones del Frente D¨¦cimo de las disidencias de las FARC ¡ªcomandado por Miguel Botache, alias Gentil Duarte¡ª cerca de la poblaci¨®n de La Victoria, sobre la ribera norte del r¨ªo Arauca que hace frontera con Colombia, en el Estado de Apure.

La escalada puso en evidencia un nuevo elemento en la tensa situaci¨®n de la frontera sur de Venezuela, en particular en las regiones de Los Llanos y Guayana, donde por mucho tiempo el chavismo se ha mostrado indiferente ¡ªo bien dispuesto a la convivencia¡ª con la presencia cada vez m¨¢s patente de los grupos armados colombianos.

En cualquier caso, la campa?a militar coincidi¨® con las noticias de que las disputas internas entre las diferentes facciones guerrilleras por el control de negocios il¨ªcitos y territorios se hab¨ªan transformado en combates. Y la intervenci¨®n de las fuerzas armadas venezolanas ha sido, en el mejor de los casos, opaca. Al menos tres destacados l¨ªderes de las disidencias de las FARC ¡ªJes¨²s Santrich, El Paisa y Roma?a¡ª, fueron asesinados en menos de un a?o en Venezuela sin que Caracas difundiera una versi¨®n oficial sobre esos episodios.

El ataque de febrero de 2021 apunt¨® a un campamento de la guerrilla en las afueras de la comunidad de Santo Rosario de Agua Linda, una comunidad ind¨ªgena de 300 habitantes a unos 45 minutos al sur de Puerto Ayacucho, capital del Estado de Amazonas. Estuvo a cargo de tropas de la 52 Brigada de Infanter¨ªa de Selva del Ej¨¦rcito, con alrededor de 170 efectivos. Por parte de la Fuerza A¨¦rea tuvieron su bautismo de fuego los aviones de entrenamiento y de ataque t¨¢ctico Hongdu K-8W Karakorum adquiridos a China en 2010.

Seg¨²n el parte militar, en el asalto murieron seis personas del campamento, incluyendo a la joven jiwi oriunda de la comunidad Coromoto, ubicada en el eje carretero sur del Estado, una v¨ªa que desemboca en el puerto de Samariapo, punto de partida para el transporte fluvial hacia el interior del Amazonas. De acuerdo con la informaci¨®n oficial, la muchacha ind¨ªgena se hab¨ªa enrolado en las filas insurgentes.

La transformaci¨®n de la zona, por lo general un punto de inter¨¦s tur¨ªstico, en un teatro de operaciones de guerra, ha sido la culminaci¨®n de un proceso iniciado en 2016.

N.G., habitante de la comunidad vecina de Botell¨®n de Agua Linda, recuerda bien el d¨ªa del ataque. Fue un domingo a las diez de la ma?ana, en plena ceremonia religiosa en el sal¨®n comunal. Primero se escuch¨® el sobrevuelo de los aviones, ¡°luego vinieron los disparos y un estallido¡±, relata. Los bombardeos se prolongaron por tres d¨ªas.

Emiliano Mari?o es el capit¨¢n o cacique de Santo Rosario, la comunidad afectada por el operativo militar. La econom¨ªa local depende de la producci¨®n de casabe y ma?oco, dos preparaciones tradicionales de la yuca. Sus paisanos son jiwi, un pueblo tambi¨¦n conocido por los criollos como guahibos, cuyos dominios se extienden desde Los Llanos del oriente de Colombia hasta la margen derecha del Orinoco, en Venezuela.

Apoyado sobre el fog¨®n, mientras remueve los granos de la fibra que se extrae de la yuca amarga para convertirla en harina, Mari?o cuenta que los guerrilleros llegaron en 2016, instalaron un gran campamento en las faldas de la monta?a y all¨ª permanecieron durante cinco a?os.

¡°En un principio ve¨ªamos a hombres vestidos de militar caminando por las calles de la comunidad a la monta?a, pero asumimos que se trataba de militares venezolanos¡±, dice. La confusi¨®n suena veros¨ªmil: a escasos cuatro kil¨®metros del asentamiento ind¨ªgena, sobre la carretera principal que conecta con Puerto Ayacucho, se encuentra un comando de la Guardia Nacional Bolivariana.

Un d¨ªa, cuenta Mari?o, un uniformado que se identific¨® como miembro de las FARC lleg¨® a su casa. ¡°Nos dijo que necesitaban permanecer escondidos en la selva porque su gobierno los persigue para matarlos, que su presencia no iba a alterar la din¨¢mica de la comunidad y que, por el contrario, nos quer¨ªan apoyar con la seguridad y que pod¨ªamos confiar en que no se iban a meter o abusar de las mujeres, ni con los conucos¡±, refiri¨¦ndose a las parcelas de cultivo de supervivencia de los campesinos.

Y en efecto: transcurrieron cinco a?os de una convivencia pac¨ªfica que solo fue interrumpida por las bombas.

Alistamiento de j¨®venes

El reclutamiento forzoso de menores y de ind¨ªgenas no es noticia en el contexto de la guerra interna colombiana. Pero en Venezuela no se hab¨ªa reconocido nada semejante. Hasta ahora.

¡°Aqu¨ª hay chamos de hasta quince a?os que se han ido a trabajar con los guerrilleros¡±, dice A.Q., una madre de 23 a?os que trabaja en un comercio ubicado a las orillas del r¨ªo Orinoco, en el cruce de chalana que conecta Puerto Nuevo ¡ªsector del municipio de Atures tambi¨¦n conocido como El Burro¡ª con Puerto P¨¢ez, en el Estado de Apure.

Junto a su madre, A.Q. atiende un negocio que se dedicaba a la venta de v¨ªveres y alimentos, pero que a causa del aumento del precio de la gasolina subsidiada en Venezuela y las fallas en el suministro en los Estados al sur del pa¨ªs, debi¨® mutar a la venta clandestina de gasolina proveniente de Colombia. Una actividad que se ha convertido en fuente de sustento para muchos en la entidad.

¡°La mayor¨ªa de los comercios en El Burro trabajan con contrabando de gasolina. Por ah¨ª pasan los autobuses que vienen de Ciudad Bol¨ªvar y de Caicara cargados de vendedores bachaqueros que cruzan a Puerto Carre?o a comprar mercanc¨ªa colombiano al por mayor para luego venderla en Venezuela. Ayer llegaron tres autobuses¡±, detall¨®.

La joven madre asegura que en ese paso desde Los Llanos al Estado de Amazonas ¡°todos conocen qui¨¦n es qui¨¦n. Todos sabemos qui¨¦nes son la gente del monte¡±, se?ala, en referencia a los guerrilleros. ¡°Ellos tratan con uno, con la gente normal, no nos piden vacuna [o cobro extorsivo de protecci¨®n]. Ellos en su mundo. Pero s¨ª ayudan. Por ejemplo, si una mujer tiene un hijo enfermo y recurre a ellos, le ofrecen apoyo econ¨®mico¡±.

Una de sus hermanas tiene 16 a?os y est¨¢ embarazada de un muchacho venezolano que se sum¨® a las filas de la guerrilla, relata. Y una amiga de la infancia tambi¨¦n trabaja para ellos.

¡°A mi amiga se la llevaron a Cabruta [poblaci¨®n situada sobre la margen norte del Orinoco, en el estado Gu¨¢rico] All¨ª las mujeres hacen lo mismo que los hombres: cargan armas, montan guardia, lavan, cocinan. Yo no lo har¨ªa. En eso es f¨¢cil entrar, lo dif¨ªcil es salir¡±.

¡°La guerra vino por m¨ª¡±

A M.L. su mam¨¢ la fue a buscar al campamento guerrillero. Pidi¨® hablar con el comandante jefe para exigirle que su hija regresara a la comunidad. No fue f¨¢cil, relat¨® E.R., uno de los profesores de la joven, pero la madre se plant¨® en el campamento decidida a no abandonar el lugar sin su hija. Lo consigui¨®.

M.L. fue, junto con la joven muerta en el bombardeo y una tercera compa?era, una de tres mujeres ind¨ªgenas de la comunidad Coromoto que optaron por unirse a la guerrilla. E.R., que le dio clases, es un docente de una comunidad vecina, llamada Rueda.

E.R. relata que le pregunt¨® a M.L. por qu¨¦ hab¨ªa corrido el riesgo de irse con la guerrilla. La respuesta que qued¨® grabada en su memoria no parece sorprenderle: ¡°Cre¨ª que trabajando para ellos podr¨ªa ayudar a mi familia, estamos pasando mucha necesidad¡±, recuerda el docente que le dijo la muchacha.

Una encuesta socioecon¨®mica aplicada por la Delegaci¨®n de la Red de Defensores Ind¨ªgenas en esa comunidad de Rueda, as¨ª como en otra aldea cercana, Platanillal (a casi cinco kil¨®metros al oeste de Coromoto, la residencia de M.L.), revel¨® que 80 de las 286 personas que participaron en el estudio presentaban alg¨²n nivel de desnutrici¨®n.

A.S., un ind¨ªgena jiwi que vive en Platanillal y que forma parte de la Red de Defensores, explica que la ausencia del Estado y la crisis humanitaria que azota al pa¨ªs son las causas principales de la dram¨¢tica situaci¨®n que viven las comunidades ind¨ªgenas. Y no pueden paliar sus necesidades ni siquiera con la caza y pesca tradicionales porque la presencia de grupos irregulares en su territorio les ha vedado el acceso.

¡°Los ind¨ªgenas no quieren ir al conuco a pescar porque en el camino se encuentran con los guerrilleros, tienen miedo. La bolsa CLAP llega, con suerte, cada dos meses¡±, explica A.S. en referencia al programa gubernamental de distribuci¨®n de alimentos y productos de la canasta b¨¢sica a precios subvencionados.

Un informe presentado por el Grupo de Investigaciones sobre la Amazon¨ªa (Griam), en abril de 2021, alerta sobre el desplazamiento masivo de poblaciones ind¨ªgenas desde Venezuela a Colombia. Los ind¨ªgenas migran sobre todo a los departamentos fronterizos del Vichada y Guain¨ªa. ¡°De las 34 comunidades del eje carretero sur, seis fueron abandonadas completamente, todos se fueron¡±, detalla A.S.

¡°De las comunidades de Rueda, Coromoto, Platanillal y Brisas del Mar, sabemos que 350 ind¨ªgenas migraron a Puerto Carre?o, y 400 a Cumaribo [poblaciones del lado colombiano]. Solo entre octubre y noviembre del 2020, un estimado de 200 ind¨ªgenas, j¨®venes y adultos, han salido del Estado por v¨ªa fluvial¡±, explica el defensor ind¨ªgena.

Sentado en una min¨²scula oficina, Michelle Beath Zurfluh, secretario del despacho de la Gobernaci¨®n de Vichada, reconoce que la entidad enfrenta un problema con la migraci¨®n de ind¨ªgenas provenientes de Venezuela. Explica que los jiwi completan ahora un segundo ¨¦xodo, pues muchos hab¨ªan cruzado el Orinoco a?os antes rumbo a Venezuela.

Ahora, a la inversa, los hijos y nietos de esos migrantes est¨¢n regresando a Colombia. All¨ª ocupan asentamientos con precarias viviendas hechas de l¨¢minas de zinc, pl¨¢stico y telas que no cuentan con ning¨²n tipo de servicio p¨²blico. Seg¨²n datos recopilados por Griam, producidos por la Secretar¨ªa de Desarrollo Social y Asuntos Ind¨ªgenas de la Gobernaci¨®n de Vichada, existen 25 asentamientos jiwi en la capital de ese departamento colombiano.

Los hijos de la guerrilla

Desde que el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) instal¨® en 2017 tres campamentos cerca de Betania Topocho, una comunidad habitada por 1.200 ind¨ªgenas Piaroa al norte de Puerto Ayacucho, las cosas empezaron a cambiar de formas inesperadas.

Con el tiempo, los forasteros se fueron mezclando con la comunidad. Captaron a j¨®venes ind¨ªgenas para trabajos menores. Entre una cosa y otra, mientras entablaban relaciones con los muchachos locales, empezaron a conocer a las chicas solteras de la comunidad.

¡°Poco a poco los j¨®venes empezaron a hablar como los guerrilleros, se expresaban y comportaban como los guerrilleros¡±, cuenta J.S., un poblador.

De forma voluntaria, algunos se sumaron a sus ej¨¦rcitos: ¡°Se les ve¨ªa portando el uniforme y en muchas ocasiones iban armados¡±.

El v¨ªnculo entre los guerrilleros y los j¨®venes de la comunidad cobr¨® otra dimensi¨®n, y comenz¨® a normalizarse en cierta medida, con el nacimiento de los primeros ni?os producto de relaciones entre combatientes irregulares y las mujeres piaroa de Betania. Seg¨²n testimonios de los lugare?os, al menos siete hijos de miembros del ELN integran hoy la comunidad.

En una oportunidad se vio a un uniformado haciendo fila en un operativo especial llevado a la comunidad por la Alcald¨ªa del municipio de Atures venezolano para el registro de identidad de un hijo.

Dividida en dos polos ¡ªel de quienes apoyan la presencia de los irregulares y hasta trabajan para ellos, contra aquellos que la rechazan de plano¡ª, en Betania Topocho ya son varios los debates comunitarios que se han dado para sopesar y atenuar el impacto que est¨¢n teniendo los vecinos reci¨¦n llegados sobre sus formas tradicionales de vida.

En agosto de 2021 se dio una situaci¨®n as¨ª. Entonces se identific¨® a una muchacha de la comunidad que serv¨ªa de intermediaria para organizar citas amorosas y encuentros ¨ªntimos entre insurgentes y chicas piaroa. La asamblea exigi¨®, sin ¨¦xito, que los guerrilleros se quedaran en sus campamentos y no volvieran a poner pie en el caser¨ªo.

Para J.S. la precariedad de la vida cotidiana es solo la base an¨ªmica sobre la que la guerrilla encuentra sustento para seducir a los j¨®venes de la comunidad. ¡°Les prestan las armas, las gorras, les hablan de una nueva vida llena de aventuras, de dinero y de poder. Se aprovechan de la inmadurez de los menores¡±, lamenta.

La Fundaci¨®n Conflict Responses (Core) asegura que las narrativas simplistas seg¨²n las cuales estos grupos ¨²nicamente est¨¢n formados por quienes no dejaron las armas en Colombia no reflejan la realidad. En su informe Las caras de las disidencias: cinco a?os de incertidumbre y evoluci¨®n, publicado en marzo del 2021, Core afirma que los grupos disidentes se han nutrido, en gran medida, de nuevos reclutas. Esto ser¨ªa cierto a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.

En la Defensor¨ªa del Pueblo del Estado de Amazonas reposa una denuncia formal por el reclutamiento de siete ind¨ªgenas por parte de miembros de las FARC en el Municipio Maroa, en el suroeste del estado. En la denuncia, se?alan como responsables de la presunta esclavitud y extorsi¨®n ¡°a mineros extranjeros ilegales y grupos armados colombianos al margen de la ley (desertores de las FARC), quienes ejercen el control total de la zona minera del Rio Siapa¡±.

Familiares de los siete j¨®venes dijeron que estos ¡°fueron llevados con falsas promesas y no les permiten la salida de las zonas mineras¡±, seg¨²n se?ala el documento, registrado en marzo del 2021 en la ciudad de Puerto Ayacucho.

Los familiares acudieron a los puestos militares, pero no recibieron apoyo, relata la denuncia. Tuvieron por lo tanto que movilizarse al campamento guerrillero y solicitar que los adolescentes fueran liberados, sin obtener respuesta. ¡°Presumimos que estos adolescentes fueron captados para realizar trabajos en zonas mineras. Es un caso que apenas estamos iniciando las investigaciones por parte de la Defensor¨ªa del Pueblo¡±, detall¨® Gumercindo Castro, responsable de la Defensor¨ªa del Pueblo en el Estado de Amazonas, al momento de la denuncia.

(*) Esta es la cuarta entrega de una serie investigada y publicada en simult¨¢neo por Armando.info y El Pa¨ªs, en conjunto con el apoyo de la Red de Investigaciones de los Bosques Tropicales del Pulitzer Center y la organizaci¨®n noruega EarthRise Media.

(**) En este reportaje se citan testimonios de fuentes personales cuyos nombres se transcriben solo como iniciales, a¨²n si no solicitaron de manera expl¨ªcita la reserva de sus nombres. La redacci¨®n de Armando.info decidi¨® hacerlo as¨ª de modo de evitar posibles represalias de los grupos armados contra esas fuentes. Cuando no se presentan los nombres de esa manera, se trata de fuentes que ya aparecieron identificadas en anteriores publicaciones.

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