Guatemala juzgar¨¢ a nueve militares acusados de cr¨ªmenes contra la humanidad por el caso Diario Militar

Guatemala ha dado este viernes un paso adelante en sus esfuerzos por arrojar luz a uno de los episodios m¨¢s oscuros de su historia reciente: los cr¨ªmenes cometidos contra la disidencia pol¨ªtica durante el r¨¦gimen del general ?scar Humberto Mej¨ªa V¨ªctores (1983-1986). Relatos de cuerpos lanzados al cr¨¢ter de un volc¨¢n, violencia sexual, torturas o asesinatos pol¨ªticos. En una decisi¨®n hist¨®rica, nueve militares y polic¨ªas acusados de cr¨ªmenes contra la humanidad, desaparici¨®n forzada, asesinato y tentativa de asesinato, ir¨¢n a juicio por su presunta implicaci¨®n en el Diario Militar, seg¨²n ha dictaminado el juez Miguel ?ngel G¨¢lvez.

El Diario Militar, tambi¨¦n conocido como Dosier de la Muerte, fue filtrado en 1999 por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es un informe realizado por el Ej¨¦rcito ¡ªcomo acredita una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¡ª que se?ala a 183 disidentes pol¨ªticos que fueron secuestrados, torturados, y en la mayor¨ªa de los casos asesinados y desaparecidos por militares, polic¨ªas y escuadrones de la muerte a sueldo del Estado guatemalteco.

El magistrado G¨¢lvez ha tardado tres d¨ªas en argumentar su resoluci¨®n, que tambi¨¦n ha supuesto aceptar la participaci¨®n definitiva de los querellantes: cinco familiares de v¨ªctimas, dos organizaciones de derechos humanos y la Procuradur¨ªa de DDHH. Durante el tiempo que ha durado la argumentaci¨®n, los damnificados han llevado a cabo varias protestas y homenajes. En una de ellas, han colocado decenas de sillas con las fotograf¨ªas de los desaparecidos en las escaleras del juzgado. Este viernes, han vuelto a mostrar los retratos en la audiencia mientras el juez daba a conocer la decisi¨®n.

Los nueve acusados fueron detenidos en mayo de 2021, cuando empez¨® el proceso legal. Todos forman o formaron parte del Ej¨¦rcito o la polic¨ªa. La mayor¨ªa han seguido ligados a las fuerzas armadas. El teniente coronel Marco Antonio Gonz¨¢lez Taracena; los sargentos mayores especialistas del Ej¨¦rcito Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa y Rone Ren¨¦ Lara; el capit¨¢n primero del Ej¨¦rcito Gustavo Adolfo Oliva Blanco; el sargento Jos¨¦ Daniel Monterroso Villagr¨¢n; el capit¨¢n segundo de artiller¨ªa Jacobo Esdras Sal¨¢n S¨¢nchez; el teniente coronel de polic¨ªa Juan Francisco Cifuentes Cano y el coronel de infanter¨ªa V¨ªctor Augusto V¨¢squez Echeverr¨ªa.

Casi todos est¨¢n acusados de varios cargos. Gonz¨¢lez Taracena es al que m¨¢s delitos se le imputan: desaparici¨®n forzada de 14 personas, delitos contra deberes de humanidad de 21 personas, asesinato de tres personas, y asesinato en grado de tentativa de una persona. A Ren¨¦ Lara se le acusa, en concreto, del intento de asesinato de ?lvaro Ren¨¦ Sosa Ramos, un miembro de las FAR [Fuerzas Armadas Rebeldes] secuestrado en 1984. Despu¨¦s de dos d¨ªas de torturas salvajes consigui¨® escapar, refugiarse en la embajada de B¨¦lgica y exiliarse en Canad¨¢. En entrevista con EL PA?S en marzo de este a?o, recordaba as¨ª la tortura con descargas el¨¦ctricas: ¡°No se puede describir c¨®mo se siente, lo ¨²nico que te puedo decir es que es como si te quedas sin cabeza. No ves, no hueles, no escuchas. Como una trituradora¡±. Monterroso Villagr¨¢n, por su parte, est¨¢ acusado de la desaparici¨®n forzada de Rub¨¦n Am¨ªlcar Farf¨¢n, el 15 de mayo de 1984.

Al conocerse la resoluci¨®n del juez, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala ha declarado: ¡°La persecuci¨®n y sanci¨®n de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la desaparici¨®n forzada, es una obligaci¨®n del Estado que fortalece la lucha contra la impunidad y contribuye a la no repetici¨®n de estos hechos¡±. Todav¨ªa est¨¢ pendiente la decisi¨®n de mandar a juicio a otros cinco sospechosos de haber participado en el caso: Edgar Virginio de Le¨®n Sig¨¹enza, Eliseo Barrios Soto, Mavilio Aurelio Casta?eda Betancourth, Malfred Orlando P¨¦rez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto.

El Diario Militar es una compilaci¨®n de horrores con eufemismos para identificar los asesinatos pol¨ªticos: el n¨²mero ¡°300¡å indica una ejecuci¨®n, pero tambi¨¦n las anotaciones ¡°Se lo llev¨® Pancho¡±, ¡°Se fue (+)¡± o ¡°120v¡±, que se?ala los casos en los que las v¨ªctimas murieron al recibir descargas el¨¦ctricas demasiado intensas. Las 183 personas que aparecen en el dosier pertenec¨ªan a partidos pol¨ªticos izquierdistas como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), organizaciones guerrilleras como las FAR o sindicatos de trabajadores.

A pesar de que el archivo fue filtrado en 1999, los familiares de las v¨ªctimas ¡ªy los pocos damnificados que sobrevivieron¡ªno pudieron llevar el caso a la justicia hasta varios a?os despu¨¦s. En 2004, 24 familias interpusieron una denuncia en la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, que sentenci¨® en 2012 que el Estado de Guatemala era responsable de al menos 26 desapariciones forzadas, una ejecuci¨®n extrajudicial y una tortura a una menor de edad, Wendy M¨¦ndez, hija de Luz Haydee M¨¦ndez, asesinada en 1984.

Preparar un caso judicial s¨®lido sobre un tema as¨ª en un pa¨ªs como Guatemala, cuyos jueces y fiscales se ven obligados a exiliarse por presiones pol¨ªticas, lleva tiempo. Ellos tardaron casi una d¨¦cada, y en 2021 presentaron la denuncia en los tribunales guatemaltecos. Francisco Vivar, uno de los abogados encargados del caso del Centro para la Acci¨®n Legal en Derechos Humanos (CALDH), declar¨® a EL PA?S que el objetivo es ¡°acreditar que las fuerzas de seguridad del Estado respond¨ªan a un plan com¨²n; a una pol¨ªtica de desaparici¨®n de personas catalogadas como enemigos internos: sindicalistas, estudiantes, pensadores...¡±.

Ahora, los supervivientes y familiares de las v¨ªctimas conf¨ªan en encontrar justicia para sus muertos, cuarenta a?os despu¨¦s. El Diario Militar es solo un ejemplo de la brutal represi¨®n pol¨ªtica desatada en Guatemala por varios reg¨ªmenes ultraderechistas entre 1960 y 1996, los a?os de la guerra civil. M¨¢s de 200.000 personas, especialmente ind¨ªgenas, fueron asesinadas y 45.000 desaparecidas, de acuerdo con el Informe de Esclarecimiento Hist¨®rico, que demostr¨® que un 93% de los cr¨ªmenes de guerra fueron cometidos por el Ej¨¦rcito.

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