Los laboristas brit¨¢nicos exigen que se revele la identidad del diputado conservador acusado de violaci¨®n

El grupo parlamentario conservador del Reino Unido quiso aparentar firmeza y tolerancia cero cuando decidi¨® prohibir al diputado acusado de violaci¨®n que pusiera un pie en el Palacio de Westminster. El resultado de la maniobra, por el contrario, ha derivado en un ambiente de caza de brujas y de acusaciones de hipocres¨ªa. La oposici¨®n del Partido Laborista ha exigido que no se oculte la identidad del pol¨ªtico investigado, de unos 50 a?os, al que la Polic¨ªa Metropolitana de Londres acusa de ¡°acoso y abuso sexual, violaci¨®n, abuso de poder y de confianza y malas pr¨¢cticas en un cargo p¨²blico¡±.

Este mi¨¦rcoles fue puesto en libertad despu¨¦s de depositar una fianza, y fueron pocos los diputados conservadores que osaron no dejarse ver por la C¨¢mara de los Comunes. Sus propios compa?eros y la prensa ya hab¨ªan comenzado a sumar, restar, y comprobar ausencias y presencias, en busca del diputado investigado. ¡°Si yo fuera un votante de la circunscripci¨®n que representa este diputado, sentir¨ªa que tengo derecho a ser informada¡±, ha dicho a la BBC Jess Phillips, portavoz laboralista sobre Violencia Dom¨¦stica y Protecci¨®n de las Mujeres. ¡°Nada puede evitar ahora que siga viendo a sus votantes en privado, sin vigilancia¡±, ha advertido.

La oposici¨®n laborista sabe que camina sobre un delgado alambre en un asunto que, legalmente, es complejo de gestionar. El jefe del grupo parlamentario conservador, Chris Heaton-Harris, ha suspendido de facto al diputado investigado al prohibirle que acuda al edificio de la C¨¢mara de los Comunes. Pero, como representante pol¨ªtico dotado de un mandato por los electores, podr¨ªa desafiar esa prohibici¨®n. Todo sugiere, sin embargo, que prefiere mantenerse alejado del radar.

Solo habr¨ªa dos modos de revelar su identidad. Antes de 2016, el speaker (presidente) del Parlamento estaba obligado a informar oralmente o por escrito a la C¨¢mara cuando uno de sus miembros se hallaba bajo investigaci¨®n policial. Con el argumento de proteger el derecho de intimidad del sospechoso, y de sus v¨ªctimas, ya no es necesario realizar una comunicaci¨®n que, inevitablemente, revelaba la identidad del investigado. Una segunda opci¨®n ser¨ªa expulsarle oficialmente del grupo parlamentario, bien de modo provisional o definitivo. Una decisi¨®n tan grave debe ser formalizada oficialmente, y a la fuerza supondr¨ªa hacer p¨²blico el nombre del expulsado. ¡°Dada la naturaleza de las acusaciones, la pertenencia del diputado al grupo parlamentario debe suspenderse. Obviamente, a partir de ese momento, su identidad ser¨ªa p¨²blica¡±, ha dicho un portavoz del l¨ªder de la oposici¨®n laborista, Keir Starmer.

Con la enorme discreci¨®n que le otorgan los usos de un Parlamento tan antiguo como el del Reino Unido, el speaker, Lindsay Hoyle, ha aceptado la decisi¨®n de los conservadores de prohibir al diputado en cuesti¨®n el acceso al edificio, pero ha advertido a la vez al resto de representantes que deben abstenerse de poner nombre al sospechoso, porque ser¨ªa ¡°algo completamente inapropiado¡±.

¡°Privilegio parlamentario¡±

Lo que el derecho llama ¡°privilegio parlamentario¡± ¡ªque en el caso espa?ol ser¨ªa la inmunidad parlamentaria¡ª protege a los diputados si deciden revelar asuntos o identidades bajo investigaci¨®n policial o judicial, si lo hacen bajo el techo de la C¨¢mara de los Comunes. Es un modo de reforzar el libre debate pol¨ªtico y la soberan¨ªa del Parlamento de todo tipo de presiones. El diputado laborista Chris Bryant ech¨® mano recientemente de esta prerrogativa para se?alar los trapicheos de algunos oligarcas rusos, como Rom¨¢n Abram¨®vich, cuando el Gobierno de Boris Johnson todav¨ªa manten¨ªa dudas legales sobre el modo de desplegar las sanciones econ¨®micas contra estos individuos por la invasi¨®n rusa de Ucrania.

El temor a ser el primero en desenmascarar al diputado investigado por violaci¨®n se retroalimenta entre pol¨ªticos y periodistas. Las leyes antidifamaci¨®n del Reino Unido son especialmente duras, y pocos medios se la juegan por un nombre concreto. En 2020, una sentencia del Tribunal de Apelaci¨®n ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo impidi¨® a la agencia de noticias Bloomberg desvelar la identidad de un empresario que figuraba en los documentos policiales de una investigaci¨®n sobre corrupci¨®n.

Los jueces pueden, adem¨¢s, imponer lo que se denomina una super injunction (superorden), que proh¨ªbe a los medios informar sobre determinados asuntos investigados, bajo amenaza de penas severas para los infractores. No ha ocurrido as¨ª, todav¨ªa, en el caso del diputado investigado por violaci¨®n, pero las super¨®rdenes han sido especialmente criticadas por las organizaciones feministas, que las consideran un modo de proteger a hombres poderosos de sus presuntas fechor¨ªas sexuales.

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