El juez Pedraz apunta a la CIA como posible receptor del espionaje a Assange y sus abogados
La justicia brit¨¢nica bloquea la causa sobre las grabaciones ilegales de una empresa espa?ola al ciberactivista
Las conversaciones entre Julian Assange y sus abogados grabadas il¨ªcitamente por la empresa espa?ola de seguridad UC Global en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que se refugi¨® durante a?os el fundador de WikiLeaks, pudieron haberse entregado a agentes de los servicios secretos de Estados Unidos, seg¨²n se?ala una providencia de Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que investiga este caso de espionaje.
El env¨ªo a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o a las autoridades estadounidenses de los detalles sobre la estrategia de defensa del ciberactivista, para el que EE UU solicita al Reino Unido su extradici¨®n, aparece reflejado en una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso EL PA?S. En la misma, el juez argumenta a las autoridades brit¨¢nicas por qu¨¦ necesita tomar declaraci¨®n como testigos a los letrados brit¨¢nicos y a los m¨¦dicos de Assange que fueron espiados. Entre ellos a Gareth Peirce, de 82 a?os, la famosa abogada brit¨¢nica de la pel¨ªcula En el nombre del padre interpretada por Emma Thompson.
El juez remiti¨® hace m¨¢s de dos a?os una orden europea de investigaci¨®n (OEI) a la justicia brit¨¢nica, que se muestra remisa a colaborar, y ha pedido ampliaciones de informaci¨®n enviadas hace meses sin conseguir todav¨ªa una respuesta. La OEI es una herramienta de cooperaci¨®n judicial para agilizar la cooperaci¨®n entre jueces y superar las tediosas comisiones rogatorias. Pero en este caso no est¨¢ siendo as¨ª y la justicia brit¨¢nica est¨¢ bloqueando la investigaci¨®n.
Los abogados brit¨¢nicos espiados en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres por orden de David Morales, el exmilitar espa?ol due?o de UC Global, a los que Pedraz pide interrogar, son los mismos que ahora defienden a Assange en la petici¨®n de extradici¨®n a EE UU que una juez brit¨¢nica acaba de aprobar. La ministra del Interior, Priti Patel, una de las m¨¢s duras del Gobierno de Boris Johnson, tiene dos meses de plazo para tomar la decisi¨®n definitiva. Estados Unidos acusa a Assange de 18 presuntos delitos, que podr¨ªan elevar las penas a hasta 175 a?os de prisi¨®n, por las informaciones sobre operaciones militares secretas en Afganist¨¢n e Irak que desvel¨® su organizaci¨®n de material clasificado. Desde su expulsi¨®n en 2019 de la Embajada ecuatoriana, el australiano permanece preso en una c¨¢rcel londinense.
Extradici¨®n viciada
La demostraci¨®n de que los servicios de inteligencia estadounidenses conocieron la estrategia de defensa del ciberactivista australiano mediante el espionaje a sus abogados podr¨ªa anular la extradici¨®n al cuestionar los m¨¦todos ilegales utilizados por EE UU para conseguir juzgar a Assange en su pa¨ªs, seg¨²n se?alan fuentes jur¨ªdicas. Si se permite que Espa?a tome declaraci¨®n en un tribunal de Londres como v¨ªctimas de EE UU a los letrados y m¨¦dicos del fundador de WikiLeaks que ejercen la defensa en la causa de extradici¨®n, la justicia brit¨¢nica quedar¨ªa en una situaci¨®n embarazosa, seg¨²n las mismas fuentes. Se podr¨ªa alegar que el proceso estuvo viciado al haberse violado el derecho de defensa por el pa¨ªs que solicita la entrega.
En la exposici¨®n al Reino Unido de las presuntas actividades il¨ªcitas de David Morales, el juez de la Audiencia Nacional se?ala directamente a las agencias de inteligencia de EE UU o a las autoridades de ese pa¨ªs como receptoras de las conversaciones de los espiados, decenas de personas entre las que se encontraban los letrados, m¨¦dicos, periodistas, diplom¨¢ticos, familiares y amigos del activista.
¡°La informaci¨®n obtenida de forma il¨ªcita podr¨ªa haber sido entregada a terceras personas o instituciones, entre las que principalmente se encontrar¨ªan autoridades de la propia Rep¨²blica de Ecuador, intermediarios en Estados Unidos, y agentes de los servicios secretos y / o autoridades de Estados Unidos, Estado que solicita actualmente la extradici¨®n del querellante se?or Assange¡±, dice la providencia. ¡°La informaci¨®n habr¨ªa sido entregada, adem¨¢s de mediante viajes f¨ªsicos, tambi¨¦n a trav¨¦s de la creaci¨®n de un servidor FTP (en la sede de la empresa en Jerez de la Frontera), posterior portal web con acceso restringido a [direcciones] IP, principalmente ubicadas en Estados Unidos¡±, se?ala Pedraz.
Seg¨²n las pruebas aportadas por un exinform¨¢tico de esta compa?¨ªa, hoy testigo protegido, el ISP (el proveedor del servicio de internet) de una de las IP (direcci¨®n ¨²nica que identifica un dispositivo en la Red) que accedieron al servidor de la empresa espa?ola corresponde a la compa?¨ªa de seguridad estadounidense The Shadowserver Foundation. Esta entidad asiste a Gobiernos, fuerzas del orden y agencias de inteligencia de EE UU en seguridad y criminalidad en internet, seg¨²n su p¨¢gina web. Otras direcciones dirigen a direcciones IP de Texas, Arizona, Illinois y California.
La investigaci¨®n judicial sobre el director de UC Global y las actividades de su empresa fue ordenada por el juez Jos¨¦ de la Mata, al que sustituy¨® Pedraz, y se inici¨® semanas despu¨¦s de que EL PA?S desvelara los v¨ªdeos, audios e informes donde se demuestra que esta compa?¨ªa espi¨® las reuniones del ciberactivista con sus abogados y colaboradores. Morales supuestamente facilit¨® estas y otras conversaciones a servicios de inteligencia norteamericanos.
Tras la investigaci¨®n de este diario Assange present¨® una querella contra Morales, que fue detenido y al que se le acusa de delitos contra la intimidad, violaci¨®n del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente, cohecho y blanqueo de capitales. Varios testigos protegidos han declarado contra Morales y aseguran que EE UU ten¨ªa acceso a todo el material intervenido durante el espionaje a Assange y a sus abogados. El exmilitar, antiguo miembro de la Unidad de Operaciones Especiales de Infanter¨ªa de Marina, niega los hechos.
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