Ecuador responde al a?o m¨¢s sangriento contra las mujeres con un presupuesto m¨ªnimo

Las cifras oficiales est¨¢n en contra de las mujeres ecuatorianas. El n¨²mero de asesinatos y el dinero utilizado para los programas de lucha contra la violencia de g¨¦nero resultan en una dualidad fatal. Los femincidios y muertes violentas por raz¨®n de g¨¦nero son los m¨¢s altos desde que Ecuador empez¨® a contarlos oficialmente en 2014 y llegaron a 245 en agosto. Es una realidad que desborda ya a la de 2021, que era hasta ahora el a?o m¨¢s sangriento para ellas con 227 mujeres muertas. Pese al aumento de la violencia machista, el Gobierno ecuatoriano solo ha ejecutado un 5% de los fondos presupuestados para este a?o para la erradicaci¨®n y prevenci¨®n de este problema enraizado en la cultura y la educaci¨®n.

De los tres millones de d¨®lares disponibles, solo se han usado 124.269. Esos fondos forman parte de los 13 millones de d¨®lares asignados a la Secretar¨ªa de Derechos Humanos, que lidera la pol¨ªtica contra la violencia contra las mujeres y financia los llamados centros violeta. Esa cartera ministerial solo ha ejecutado 1,13 millones de d¨®lares en lo que va de a?o, o sea, un 15% de lo que podr¨ªa haber hecho con ese presupuesto. Y, en paralelo, el Consejo Nacional de Igualdad lleva en su registro contable de septiembre 780.000 d¨®lares en circulaci¨®n. EL PA?S solicit¨® sin ¨¦xito una entrevista con la ministra responsable, Paola Flores, para conocer las razones de la lentitud de ejecuci¨®n de los planes contra la violencia machista.

La directora de la Red Nacional de Casas de Acogida, Geraldina Guerra, achaca esta doble realidad -el aumento de muertes y el recorte de fondos- a la falta de implicaci¨®n gubernamental en el problema. ¡°No se trata solo de anunciar una pol¨ªtica p¨²blica, sino de ponerla en operaci¨®n¡±, reprocha. ¡°Hacen falta fondos suficientes, pero tambi¨¦n eficientes. No basta con firmar un decreto y listo. ?Qui¨¦n vigila que se cumpla lo prometido?¡±, a?ade con indignaci¨®n. El resultado, razona Guerra, es que ¡°queda un mensaje permanente de impunidad en la sociedad¡± y ese es el trasfondo para que las cifras de muertes y de agresiones a mujeres siga en ascenso en lugar de retroceder.

La directora de la red, que est¨¢ integrada por una decena de casas de acogida, recuerda que ONU Mujeres ha reconocido que estos centros deben ser considerados un servicio esencial por los pa¨ªses. ¡°Aqu¨ª nos han reducido los fondos al retirarnos a personal: ya no hay educadora y solo han dejado una facilitadora, que es la persona que est¨¢ en el centro todo el d¨ªa con las mujeres y con sus hijos¡±, precisa Guerra. Las casas de acogida se financian con fondos p¨²blicos, que cubren principalmente los salarios de las que hasta ahora eran siete personas encargadas de la alimentaci¨®n, educaci¨®n, coordinaci¨®n, atenci¨®n psicol¨®gica y jur¨ªdica, y con fondos de organizaciones civiles que sustentan los dem¨¢s gastos. Ya en diciembre de 2021 se lanz¨® una alerta por los recortes a los algo m¨¢s de 125.000 d¨®lares que pone el Estado anualmente.

¡°Ecuador es un pa¨ªs altamente violento para las mujeres¡±, remata la representante, ¡°en el que la pol¨ªtica p¨²blica desoye sus propios datos de muertes¡±. Ya en el Gobierno de Len¨ªn Moreno, predecesor del actual, la asignaci¨®n presupuestaria redujo casi hasta la desaparici¨®n los fondos contra violencia machista, pese a que lanz¨® una campa?a bajo el eslogan de ¡°ni una menos¡± que reconoc¨ªa el asesinato de una mujer cada tres d¨ªas y pese a que envi¨® a la Asamblea una ley de lucha contra la violencia. El Ejecutivo de Guillermo Lasso, que gobierna desde mayo del a?o pasado, ha continuado esa estela de prometer contundencia con la palabra, pero perder esa convicci¨®n en la asignaci¨®n de recursos.

El presidente ofreci¨® en marzo agilizar el tr¨¢mite para repartir bonos a los ni?os que hayan quedado hu¨¦rfanos como consecuencia de los asesinatos de sus madres. En ese momento, se requer¨ªa que hubiera sentencia condenatoria para que los menores accedieran a la ayuda, pero con el decreto presidencial bastaba con que haya una investigaci¨®n fiscal. Lo que hoy denuncian las organizaciones de mujeres es que los requerimientos de informaci¨®n y documentaci¨®n a las familias ya de por s¨ª afectadas por la p¨¦rdida de la mujer siguen obstaculizando el reparto de ayudas. De las 1.539 mujeres asesinadas desde 2014, 821 ten¨ªan hijos y 37 estaban embarazadas. En 145 casos, el agresor termin¨® suicid¨¢ndose y en otros 135, se dio a la fuga.

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