La denuncia contra Pedro Castillo profundiza la confrontaci¨®n pol¨ªtica y abre un cap¨ªtulo in¨¦dito en Per¨²
En el pa¨ªs no existen antecedentes de que la Fiscal¨ªa haya denunciado constitucionalmente a un presidente en funciones
El art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n pol¨ªtica del Per¨² se?ala que el presidente de la Rep¨²blica solo puede ser destituido de su cargo si comete cuatro delitos: traici¨®n a la patria, cerrar el Congreso sin estar autorizado por la Constituci¨®n, no convocar a elecciones o impedir la reuni¨®n de los organismos electorales. Sin embargo, el martes la fiscal de la Naci¨®n, Patricia Benavides, denunci¨® constitucionalmente al Jefe de Estado, Pedro Castillo, por delitos de corrupci¨®n (organizaci¨®n criminal, tr¨¢fico de influencias y colusi¨®n) que no se enmarcan en la ley fundamental.
Se trata de un caso in¨¦dito en la pol¨ªtica peruana. Por estas horas, llueven las interpretaciones de los juristas en los medios de comunicaci¨®n y las redes sociales. Para un sector, el suceso ha puesto en jaque al actual Gobierno y simboliza el inicio de su fin mientras que para otro bando la acusaci¨®n no se ajusta a los principios constitucionales del pa¨ªs.
Seg¨²n el abogado Omar Cairo, el ¨²nico mecanismo v¨¢lido para destronar al presidente es el juicio pol¨ªtico por infracciones constitucionales. No obstante, la fiscal de la Naci¨®n ha elevado su denuncia bajo una figura contrapuesta denominada antejuicio que tiene como fin habilitar al Poder Judicial para que procese penalmente al presidente Castillo, pero por delitos que no est¨¢n incluidos en el art¨ªculo 117. ¡±Se tendr¨ªa que reformar la constituci¨®n para que proceda. Tal y como est¨¢, no se puede. Por cualquier otro delito no se puede procesar penalmente al presidente durante su mandato. Hay que esperar hasta el 28 de julio de 2026¡å, explica el jurista.
La fiscal Patricia Benavides ampara su imputaci¨®n en la Convenci¨®n de la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n que establece que la inmunidad presidencial no limite la investigaci¨®n, enjuiciamiento y sanci¨®n. Benavides alega que dicha convenci¨®n tiene rango constitucional por ser un tratado de derechos humanos. ¡±Eso no es cierto. Porque dicha Convenci¨®n sostiene que los Estados parte deben adoptar medidas para evitar la impunidad de los funcionarios s¨ª, pero conforme a sus ordenamientos jur¨ªdicos. Y dentro de ese marco est¨¢ el art¨ªculo 117. Es decir, la Convenci¨®n de la ONU remite al art¨ªculo 117¡å, anota Omar Cairo.
Un escenario legal que s¨ª podr¨ªa aplicarse a la figura presidencial es la incapacidad moral. Recurso constitucional que destituy¨® al expresidente Mart¨ªn Vizcarra a inicios de noviembre de 2020 por presuntos cobros il¨ªcitos durante sus gestiones como gobernador regional de Moquegua y ministro de Transportes y Comunicaciones.
En ese sentido, las causales que podr¨ªan vacar al presidente son muerte, renuncia, salida del pa¨ªs sin regreso, condena por alg¨²n delito del art¨ªculo 117, incapacidad f¨ªsica y a su vez incapacidad moral, una zona gris pues carece de interpretaci¨®n ¨²nica. ¡°El problema es que la moralidad es un concepto subjetivo, porque no hay ninguna moral obligatoria en el pa¨ªs. Hay libertad de creencias. Dejar¨ªa otra vez a la subjetividad del Congreso la estabilidad de los presidentes¡±, remarca Omar Cairo, experto en derecho constitucional.
El curso de la acusaci¨®n
La denuncia contra Pedro Castillo ya se encuentra en manos de la Subcomisi¨®n de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Lady Camones, presidenta de dicha comisi¨®n parlamentaria, ha informado que su grupo de trabajo analizar¨¢ el caso en una sesi¨®n ordinaria este viernes 14 de octubre. Luego de ello tendr¨¢n diez d¨ªas h¨¢biles para dar un fallo.
Como parte de la evaluaci¨®n pasar¨¢ a la Comisi¨®n Permanente del Congreso. A la par se recabar¨¢n testimonios y pruebas que sustenten la denuncia de la Fiscal de la Naci¨®n. En caso se proceder se elevar¨¢ al Pleno del Congreso, donde se someter¨¢ a votaci¨®n. El proceso podr¨ªa tardar dos meses. En tanto, jefe del Gabinete Ministerial, An¨ªbal Torres, sostiene que la fiscal Patricia Benavides estar¨ªa infringiendo la constituci¨®n por no respetar los escenarios del art¨ªculo 117. ¡°No se trata de aplicar la Convenci¨®n, sino de discutir un caso nacional en curso de acuerdo a la legislaci¨®n nacional. Voy a solicitar a Naciones Unidas que emita una opini¨®n al respecto¡±, anot¨®.
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