M¨¦xico redobla su batalla legal para frenar el tr¨¢fico de armas desde Estados Unidos

Como era altamente probable, el Gobierno mexicano se top¨® contra un muro cuando intento hacer responsables de la violencia armada que sufre el pa¨ªs a los 11 principales fabricantes de armamento en Estados Unidos. Estos gozan desde hace a?os de un blindaje que los hace intocables de litigios civiles y penales relacionados con tiroteos masivos, suicidios o asesinatos como los que cometen d¨ªa a d¨ªa los c¨¢rteles del narcotr¨¢fico. La canciller¨ªa mexicana sab¨ªa de la inmunidad, pero plante¨® una estrategia legar para cuestionarla en los tribunales. El 30 de septiembre un juez desech¨® la demanda mexicana, presentada en las cortes de Boston, Massachusetts. Los abogados han apelado la decisi¨®n y, para redoblar la apuesta, han presentado una nueva demanda en contra de cinco armer¨ªas del estado de Arizona, una de las entidades fronterizas con M¨¦xico.

¡°Los demandados saben, o deber¨ªan saber, que sus temerarias e ilegales pr¨¢cticas comerciales ¡ªincluidas las ventas a prestanombres de rifles de uso militar al mayoreo¡ª abastecen con armas a peligrosos criminales en M¨¦xico¡±, indica la demanda, que fue presentada este lunes con la esperanza de hallar respuestas. El pa¨ªs tiene una tasa de homicidios de 28 por cada 100.000 habitantes desde hace cuatro a?os. Casi seis de cada diez se cometen con un arma de fuego. En 2019 era m¨¢s probable que un mexicano muriera a manos de una pistola fabricada en EE UU que un estadounidense.

Menos del 10% de los comercios que hay en Estados Unidos venden el 90% de las armas ilegales. El Departamento de Justicia identific¨® que estas armer¨ªas utilizan el corredor que conecta a Tucson, en Arizona, con Nogales, M¨¦xico. Ese es el camino de decenas de miles de armas. Y es el que el litigio pretende atacar, demandando a cinco armer¨ªas de aquel estado: Diamondback Shooting Sports, Inc., SNG Tactical, The Hub Target Sports, ubicadas en Tucson; Ammo A-Z, en la ciudad de Phoenix y Sprague¡¯s Sports, en Yuma. Estas tres ciudades est¨¢n a menos de 100 kil¨®metros de la frontera con M¨¦xico.

¡°Las demandadas han convertido a Arizona en el epicentro del tr¨¢fico de armas ilegal¡±, indica el documento. El a?o pasado, la agencia de Alcohol, Tabaco y Armas, asever¨® que de 26.860 armas recuperadas en escenas del crimen en M¨¦xico entre 2014 y 2018, el 16% (unas 4.400) pudieron ser conectadas a tiendas de Arizona. ¡°Es por mucho el mayor n¨²mero per c¨¢pita de los tres principales estados, el doble de Texas y cuatro veces m¨¢s que California¡±, asegura la demanda. Esta es solo una muestra del problema, pues la mayor parte de las armas no se recuperan.

Un par de aquellas armas se logr¨® recuperar en agosto de 2018 en un supuesto operativo de militares para capturar a Nemesio Oseguera, El Mencho, el l¨ªder del sangriento Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG), quien sigue a salto de mata. Tras un tiroteo que dej¨® dos muertos y tres soldados heridos, las autoridades se hicieron con dos rifles AK-47. Estos fueron comprados por Jos¨¦ Montoya, quien adquiri¨® un peque?o arsenal de 10 armas en pocos d¨ªas de enero. Montoya compr¨® los rifles que acabaron en manos del CJNG a Ammo A-Z y SNG Tactical.

La demanda tambi¨¦n cita una incautaci¨®n hecha por las autoridades estadounidenses en septiembre de 2019, de 40 armas y 25.000 municiones, en manos de dos detenidos, Francisco Dario Mora y Pedro Adan Sevilla, ciudadanos estadounidenses. Quince pistolas fueron vendidas por Ammo A-Z, mientras que Diamondback Shooting Sports hab¨ªa traspasado a los compradores tres armas, un rifle de asalto AK-47 y 60 cargadores para estas armas de uso militar. SNG Tactical tambi¨¦n proporcion¨® a los detenidos de armamentos.

Alejandro Celorio, quien coordina la estrategia legal para la Canciller¨ªa, explica que atacar a la distribuci¨®n era un paso natural en el proceso judicial comenzado en agosto de 2021. ¡°Desde el origen de la demanda decidimos ir primero al origen y ahora estamos yendo a la desembocadura de este r¨ªo. La de Boston habla de la negligencia de las empresas y el mensaje central de la demanda en Arizona es que las empresas que demandamos saben que sus compradores son prestanombres o que realizan ventas, compras m¨²ltiples o repetidas y que esas armas caen en manos de criminales¡±, indica el asesor jur¨ªdico en una conversaci¨®n por Zoom.

Celorio explica que un par de cambios legislativos aprobados en Arizona recientemente podr¨ªan ayudar al caso promovido por los mexicanos. Los republicanos y dem¨®cratas apoyaron una ley de seguridad que tipifica como delito grave el tr¨¢fico il¨ªcito de armas en una entidad de siete millones de personas que tiene 1.500 armer¨ªas. La norma considera una violaci¨®n a los estatutos contra la delincuencia organizada que se utilice a un prestanombre para hacer la compra de un arma.

¡°Esta ley bipartidista nos da un argumento adicional para resaltar que las empresas a las que demandamos est¨¢n violando una ley federal y, por tanto, se activa una de las excepciones del Protection of Lawful Commerce in Arms Act [la ley que blinda de juicios a los fabricantes de armas], por lo que nuestro litigio tendr¨ªa que continuar¡±, afirma Celorio, quien prev¨¦ una f¨¦rrea defensa de las demandadas. Esta, supone el abogado, copiar¨¢ en la estrategia a la que usaron los gigantes de las armas en el juicio interpuesto en Boston y se resume en el argumento de que el Gobierno de M¨¦xico no tiene facultades para demandar en territorio estadounidense.

Esta lucha judicial tambi¨¦n pretende arrojar algo de luz a los opacos procesos con los que opera el lobby de las armas en Estados Unidos. El n¨²mero de armas ilegales se ha multiplicado r¨¢pidamente desde 2014, cuando fueron rastreadas 170.300 a casi 270.000 cinco a?os despu¨¦s. Esto es solo una muestra de un problema mayor, pues es dif¨ªcil seguir la pista a este tipo de armas.

Un informe efectuado el a?o pasado por la Comisi¨®n Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos explica que gracias a una enmienda aprobada por el Congreso en 2004, el Gobierno de EE UU tiene prohibido retener los datos de un comprador por m¨¢s de 24 horas tras la b¨²squeda de antecedentes. ¡°La destrucci¨®n de estos datos significa que las polic¨ªas son privadas de una oportunidad para reconocer los patrones de aparentes compras legales de armas que podr¨ªan ocultar prestanombres o tr¨¢fico de armamento¡±, indica el Center for American Progress. Las autoridades tambi¨¦n son impedidas por ley de elaborar un registro de armas en manos de privados. California es el ¨²nico estado que tiene una base de datos con las transacciones de armas.

¡°Nosotros podemos afirmar, pero es preferible que el juez le pida a las empresas que den su informaci¨®n de trazabilidad. Esta cuesti¨®n es el componente m¨¢s complejo de este asunto, porque no es informaci¨®n p¨²blica. Cada rastreo que se realiza lo mantienen reservado las agencias de seguridad y no se comparte¡±, asegura Celorio sobre otro de los objetivos que busca la larga lucha que ha emprendido recientemente.

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