Miguel ?ngel G¨¢lvez: ¡°Los militares quieren imponer el terror en Guatemala¡±
El juez guatemalteco, que sent¨® en el banquillo a militares que cometieron violaciones a los derechos humanos, denuncia persecuci¨®n y amenazas debido a su trabajo
La cacer¨ªa contra jueces y fiscales que luchan contra la corrupci¨®n y la impunidad se recrudece en Guatemala. El juez guatemalteco Miguel ?ngel G¨¢lvez denuncia una intensificaci¨®n del acoso y amenazas en su contra por haber sentado en el banquillo de los acusados a militares que violaron derechos humanos durante el conflicto militar interno de los a?os ochenta. Es el en¨¦simo juez del pa¨ªs centroamericano que alerta de una persecuci¨®n por hacer su trabajo, en una naci¨®n donde desde el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei se ha desatado una brutal batida contra letrados y fiscales independientes. G¨¢lvez asegura que tiene miedo y sopesa con sus abogados sus opciones, incluida la posibilidad de dejar su pa¨ªs, tal y como lo han hecho hasta ahora 28 jueces y fiscales, que han hallado refugio en Washington, M¨¦xico o Suecia. ¡°Este es un juicio pol¨ªtico en mi contra¡±, dice el juez. ¡°Todo el que opine en contra del Gobierno se convierte en su enemigo¡±, asegura.
Es la misma justicia guatemalteca a la que pertenece G¨¢lvez la que ha decidido enjuiciarlo por su trabajo, alegando errores de procedimientos del juez. Se trata de una figura que ha generado muchas simpat¨ªas en Guatemala, pero tambi¨¦n ha despertado muchos odios, por su tozudez de sentar en el banquillo a militares que forman parte del caso conocido como Diario militar: al menos 18 exintegrantes del Ej¨¦rcito se?alados de dar seguimiento a estudiantes y profesionales disidentes, militantes de izquierda, sindicalistas a quienes consideraban ¡°un peligro¡± y cuyos nombres formaban parte de una lista en la que, adem¨¢s, se inclu¨ªa informaci¨®n de inteligencia. Los hechos ocurrieron a inicios de los ochenta y seg¨²n las pesquisas de G¨¢lvez, estos militares secuestraron, torturaron y asesinaron a los integrantes de esa lista, y en muchos casos hasta a sus familiares. ¡°Est¨¢ relacionada la c¨²pula militar del Ej¨¦rcito y las agencias de seguridad¡±, asegura el juez.
G¨¢lvez asistir¨¢ el viernes a una audiencia preliminar frente al antejuicio que se le ha abierto por hacer su trabajo. Un antejuicio es un procedimiento legal que en Guatemala se usa para determinar si se puede perseguir criminalmente a altos funcionarios del Estado, jueces y magistrados se?alados de cometer faltas relacionadas con sus cargos. Es el mismo procedimiento que la justicia guatemalteca impuso a jueces y fiscales que han llevado importantes casos relacionados a la corrupci¨®n, narcotr¨¢fico e impunidad. Se trata de personalidades como el exjefe de la Fiscal¨ªa Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, o la jueza Erika Afi¨¢n, quien estuvo en el ojo del hurac¨¢n por haber llevado algunos de los casos m¨¢s sonados de corrupci¨®n, que la convirtieron en objetivo de quienes no quieren ver una justicia independiente en el pa¨ªs centroamericano.
G¨¢lvez reafirma que se trata de ¡°un juicio pol¨ªtico¡± en su contra y culpa directamente de esta persecuci¨®n al presidente Alejandro Giammattei y a quien es considerada su principal operadora en el sistema de justicia, la fiscal general Consuelo Porras, un controvertido personaje, quien ya hab¨ªa sido se?alada por otros jueces y fiscales por obstaculizar su trabajo. ¡°Ella est¨¢ detr¨¢s de esta cacer¨ªa¡±, afirma G¨¢lvez. ¡°En todas las acciones que he planteado frente a esta persecuci¨®n, el Ministerio P¨²blico se ha encargado de que se declaren sin lugar y que contin¨²e el antejuicio. La fiscal tiene una gran influencia en este proceso¡±, explica el juez, quien afirma que Porras ha sido elegida ¡°en un procedimiento bastante oscuro¡±, gracias a la venia del presidente, quien decidi¨® en mayo mantenerla en su cargo. ¡°Ha quedado claro que la fiscal general ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera perseguir. Desde el inicio de su mandato complic¨® la funci¨®n de fiscales comprometidos e independientes¡±, hab¨ªa denunciado en febrero Carlos Antonio Videz, exfiscal especial contra la impunidad, quien tambi¨¦n dej¨® Guatemala.
¡°Estoy preocupado¡±, concede G¨¢lvez. ¡°Lamentablemente no hay nada de legalidad en este proceso¡±, dice el letrado, quien acusa al juez pesquisidor en su caso, Roaldo Isa¨ªas Ch¨¢vez, de tener v¨ªnculos cercanos con la Fundaci¨®n contra el Terrorismo, un organismo oscuro, de extrema derecha, formado por exmilitares y financiado por los grandes capitales, que ha mostrado mucha beligerancia en los juicios contra los jueces y fiscales anticorrupci¨®n. En Guatemala genera asombro que este organismo privado participe en los procesos. ¡°Los militares quieren imponer un estado de terror en Guatemala¡±, asegura G¨¢lvez. ¡°Quieren poner un manto de impunidad en los cr¨ªmenes cometidos por altos mandos y someter a la gente que trabaja honestamente. El ingrediente militar es importante, porque ellos [el Ej¨¦rcito] cuentan con la inteligencia militar para seguir a las personas que consideran sus enemigas¡±, denuncia el juez.
Es ese poder de los militares el que tambi¨¦n genera miedo al juez G¨¢lvez. En entrevista telef¨®nica desde Guatemala el letrado afirma que lo siguen constantemente, le toman fotos, lo injurian en redes sociales y asegura que ¡°no descarto la posibilidad de que se d¨¦ un atentado en mi contra¡±. Es por eso que analiza con sus abogados sus posibilidades, que incluyen salir de Guatemala. ¡°Somos espectadores pasivos de c¨®mo un pa¨ªs se viene a pique, especialmente con el Estado de Derecho y rompiendo la legalidad¡±, alerta G¨¢lvez.
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