La ley de Meloni contra las ¡®raves¡¯ abre las primeras fisuras en el Gobierno italiano

El Gobierno de Giorgia Meloni se estren¨® la semana pasada con el primer Consejo de Ministros, la primera rueda de prensa y el primer decreto urgente. Pero tambi¨¦n fue el debut de la pol¨¦mica. Italia hab¨ªa amanecido dos d¨ªas antes, el 29 de octubre, con el sonido atronador de la m¨²sica techno de una megafiesta rave ¡ªdelirante, en ingl¨¦s¡ª en M¨®dena que hab¨ªa congregado a m¨¢s de 3.000 personas llegadas de toda Europa. Es este un tipo de fiestas habitual contra las que la polic¨ªa tiene muy poco margen de actuaci¨®n una vez han empezado. De modo que el Consejo de Ministros, aprovechando tambi¨¦n el ruido medi¨¢tico, decidi¨® aprobar un decreto para que las fuerzas del orden puedan intervenir en estos casos y para que exista un nuevo delito espec¨ªfico en el C¨®digo Penal. El problema es que las prisas y/o un cierto populismo judicial que entra?aba la decisi¨®n la han convertido en un arma de doble filo para el nuevo Ejecutivo, que anoche se mostr¨® abierto a revisarla.

El decreto rave, fabricado pr¨¢cticamente mientras todav¨ªa sonaba la m¨²sica en la fiesta de M¨®dena, es una suerte de ley mordaza ¡ªla ley de seguridad ciudadana aprobada en Espa?a en 2015 por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy¡ª con distintas vertientes. La norma contempla desde penas que alcanzan los seis a?os de c¨¢rcel, hasta la posibilidad de intervenir los tel¨¦fonos de las personas sobre las que recae la sospecha de organizar una concentraci¨®n de este tipo. Medidas desproporcionadas, creen muchos constitucionalistas y tambi¨¦n parte de la coalici¨®n de Gobierno ¨Dliderada por Hermanos de Italia, con Forza Italia y la Liga¨D. El propio Antonio Tajani, vicepresidente y ministro de Exteriores, se?al¨® en la reuni¨®n del Consejo de Ministros que no estaba de acuerdo con el apartado de intervenir los tel¨¦fonos. Este es uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos y contestados dentro de la propia mayor¨ªa de Gobierno.

El decreto tiene efecto inmediato, pero el Parlamento dispondr¨¢ ahora de dos meses para introducir modificaciones. La redacci¨®n del nuevo delito que se introducir¨¢ en el C¨®digo Penal, sin embargo, genera ya muchas dudas sobre el radio de aplicaci¨®n que tendr¨¢, m¨¢s all¨¢ de las propias rave. La norma se?ala que se castigar¨¢ ¡°la invasi¨®n de terrenos o edificios para reuniones de m¨¢s de 50 personas que sean peligrosas para el orden p¨²blico, la seguridad p¨²blica o la salud p¨²blica¡±. Una ambig¨¹edad o falta de precisi¨®n que preocupa, ya que podr¨ªa aplicarse a otros tipos de concentraciones de protesta o manifestaciones pol¨ªticas.

Meloni compareci¨® el viernes por la noche en rueda de prensa y se mostr¨® dispuesta a revisarla en el Parlamento y a debatir con los sindicatos algunos aspectos. Sin embargo, volvi¨® a confirmar la oportunidad de la medida. ¡°No trata de impedir que la gente se divierta, sino que se haga de forma ilegal¡±, se?al¨®.

Una norma ¡°mal escrita¡±

La norma, sin embargo, no especifica de qu¨¦ tipo de concentraciones se trata ni qu¨¦ se entiende por una fiesta rave. De modo que la polic¨ªa podr¨ªa intervenir, se?alan las fuentes jur¨ªdicas consultadas, en la ocupaci¨®n de una escuela o un centro sanitario por una protesta sindical, o pinchar los tel¨¦fonos de los supuestos organizadores. ¡°La norma tiene buenas intenciones¡±, asegur¨® un ministro a La Repubblica, ¡°pero est¨¢ muy mal escrita¡±. Una idea que, de alg¨²n modo, tambi¨¦n comparte el ministro de Justicia de Meloni, Carlo Nordio, a quien no entusiasma la falta de garant¨ªas que ofrece la norma.

Stefano Ceccanti, experto constitucionalista, cree que la ley tiene dos problemas principales: ¡°La definici¨®n de lo que es una rave y la desproporcionalidad de las penas. Tal y como est¨¢ escrita, sirve tambi¨¦n para todo tipo de manifestaciones pol¨ªticas. Es suficiente para intervenir que haya 50 personas en un terreno no propio. Y las penas son tan altas, que se puede intervenir el tel¨¦fono de mucha gente de forma injustificada y que esas escuchas terminen en documentos p¨²blicos¡±. El problema es que en Italia la posibilidad de intervenir los tel¨¦fonos est¨¢ ligada a la gravedad del posible delito cometido. Si el Parlamento modifica la norma y rebaja las condenas, podr¨ªa dejar tambi¨¦n sin efecto la posibilidad de intervenir las comunicaciones que quiere el Gobierno.

Los partidos que no conforman el Ejecutivo ya han anunciado que combatir¨¢n el decreto en el Parlamento. El l¨ªder de la oposici¨®n, el secretario del Partido Democr¨¢tico, Enrico Letta, advirti¨® de que es ¡°un grav¨ªsimo error¡±, porque nada tiene que ver con las raves, sino que ¡°se cuestiona la libertad de los ciudadanos¡±. Giuseppe Conte, l¨ªder del Movimiento 5 Estrellas, lamenta la ¡°discrecionalidad¡± del asunto ¨Dtodo depender¨¢ de los delegados del Gobierno, es decir, del Ejecutivo¨D, mientras Riccardo Magi, exponente del peque?o partido +Europa, habla de un ¡°sabor putiniano¡°.

El decreto choc¨® nada m¨¢s estrenarse con sus propias contradicciones pol¨ªticas e ideol¨®gicas. Paralelamente a la rave de M¨®dena, se celebr¨® en Predappio ¡ªlugar donde se encuentra enterrado Benito Mussolini¡ªuna concentraci¨®n de 2.000 nost¨¢lgicos del fascismo para conmemorar el centenario de la Marcha sobre Roma. Una manifestaci¨®n fascista, sin permiso e invadiendo un terreno p¨²blico. Pero Piantedosi consider¨® en una entrevista con el Corriere della Sera que, en ese caso, solo se trataba de una ¡°payasada¡± que ¡°se lleva a cabo desde hace a?os, sin incidentes y bajo el control de las fuerzas policiales¡±.

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