La ¡®ley mordaza¡¯

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han presentado una bater¨ªa de enmiendas para suavizar la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP con el rechazo de toda la oposici¨®n. Esa ley vigente en Espa?a fue redactada por la c¨²pula policial del Ministerio del Interior que dirig¨ªa Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz (hoy, en su mayor¨ªa, procesada por pr¨¢cticas delictivas y corruptas) con criterios fuertemente represivos y con rasgos de Estado policial. Naci¨® inspirada en la idea de considerar al manifestante un supuesto delincuente. Antes de su aprobaci¨®n definitiva, algunas de sus propuestas (como retener sin l¨ªmite temporal a un presunto delincuente) fueron consideradas sospechosas de inconstitucionalidad por la Fiscal¨ªa General del Estado, dirigida por una persona elegida por el PP.

Seis a?os despu¨¦s, el prop¨®sito del Gobierno de reformar esa ley ha conseguido unir en la calle contra el Ejecutivo a los sindicatos policiales, a la derecha y a la ultraderecha. Como ocurri¨® con la manifestaci¨®n que junt¨® al PP, Ciudadanos y Vox en la plaza de Col¨®n en protesta contra unas supuestas concesiones del Gobierno de Pedro S¨¢nchez al independentismo catal¨¢n que nunca existieron, aqu¨ª la manifestaci¨®n denuncia una presunta desprotecci¨®n del polic¨ªa ante el delincuente por la reforma legal que tampoco existe.

El argumentario de los sindicatos policiales se apoya en varias premisas falsas que asumen como v¨¢lidas la derecha y la ultraderecha. Contra lo que dicen los sindicatos policiales para descalificar este cambio, en la reforma las identificaciones de indocumentados tendr¨¢n un l¨ªmite de dos horas de duraci¨®n pero ¡°ampliables a seis¡±, o sea, como hasta ahora, siempre que se justifiquen las causas. Tampoco es verdad que los polic¨ªas tengan que devolver a la persona identificada desde la comisar¨ªa al lugar donde fue detenida porque eso solo suceder¨ªa cuando la comisar¨ªa est¨¦ en una ciudad distinta a la de la detenci¨®n, algo que ocurrir¨¢ en muy pocas ocasiones y que resulta perfectamente l¨®gico.

Tambi¨¦n aducen los sindicatos policiales que la reforma legal atenta contra ¡°la presunci¨®n de veracidad de los agentes¡±, pero tampoco eso es verdad. La reforma no solo no elimina la presunci¨®n de veracidad de los agentes sino que la mantiene, a la vez que exige que la exposici¨®n de hechos que el polic¨ªa realice en el acta para imponer la sanci¨®n administrativa resulte ¡°coherente, l¨®gica y razonable, salvo prueba en contrario¡±. Tampoco es verdad que se proh¨ªba el uso de determinado material, como las pelotas de goma. Lo que expone la reforma es la obligaci¨®n por parte de las autoridades competentes de elaborar ¡°protocolos espec¨ªficos¡± para valorar el uso de los ¡°medios menos lesivos para las personas¡± y evitar ¡°aquellos que causen lesiones irreparables¡±. Por ¨²ltimo, tampoco el texto propuesto por PSOE y Unidas Podemos elimina la consideraci¨®n como infracci¨®n leve de celebrar una manifestaci¨®n sin el tr¨¢mite previo de comunicaci¨®n. Tan solo se?ala que no ser¨¢ ese motivo suficiente para impedir el ejercicio de las libertades de reuni¨®n y manifestaci¨®n (como sucedi¨® con las movilizaciones espont¨¢neas contra la sentencia de La Manada que luego corregir¨ªa el Tribunal Supremo).

Ante semejante c¨²mulo de falsedades es dif¨ªcil entender el frenes¨ª de adhesi¨®n competitiva que exhiben Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox) para ocupar la primera l¨ªnea de una pancarta de protesta policial contra la reforma. La tergiversaci¨®n de los hechos para atacar al Gobierno es una de las principales fuentes de deterioro de la democracia y de su misma credibilidad ante la ciudadan¨ªa.