La justicia espa?ola no mantiene a ning¨²n gran medio en la diana por campa?as de desinformaci¨®n como la Fox en EE UU

El acuerdo de la cadena Fox con la empresa Dominion ¡ªa la que pagar¨¢ 787,5 millones de d¨®lares (m¨¢s de 700 millones de euros) para evitar un juicio por difamaci¨®n por las mentiras vertidas sobre las elecciones presidenciales de 2020 que perdi¨® Donald Trump¡ª supone un punto de inflexi¨®n en Estados Unidos en la ...

El acuerdo de la cadena Fox con la empresa Dominion ¡ªa la que pagar¨¢ 787,5 millones de d¨®lares (m¨¢s de 700 millones de euros) para evitar un juicio por difamaci¨®n por las mentiras vertidas sobre las elecciones presidenciales de 2020 que perdi¨® Donald Trump¡ª supone un punto de inflexi¨®n en Estados Unidos en la lucha contra las fake news (bulos) que tanto da?o infligen a las democracias y que han proliferado con la popularizaci¨®n de las redes sociales, donde encuentran una gran caja de resonancia. En Espa?a, aunque no se ha producido hasta ahora un caso de tal dimensi¨®n en los tribunales (Fox afronta nuevos pleitos), el fen¨®meno preocupa desde hace a?os.

Los tribunales espa?oles no mantienen en el punto de mira a ning¨²n medio de comunicaci¨®n relevante por campa?as de desinformaci¨®n de este calado. Aunque s¨ª ha habido casos de sentencias que obligan a medios a pagar por informaciones puntales inveraces, es decir, en las que adem¨¢s de que fueran mentira, se demostrara que el periodista no hab¨ªa sido diligente para comprobarlo.

La Estrategia de Seguridad Nacional incluye las ¡°campa?as de desinformaci¨®n¡± entre las principales amenazas, y la Fiscal¨ªa General del Estado las destaca en su memoria anual. Sin embargo, el problema radica en c¨®mo perseguirlas sin menoscabar derechos fundamentales, como la libertad de expresi¨®n o de prensa.

Durante la pandemia, cuando la preocupaci¨®n por las fake news se intensific¨® con millones de ciudadanos encerrados recibiendo informaci¨®n a trav¨¦s de sus dispositivos digitales, la Fiscal¨ªa ya alert¨® de que el C¨®digo Penal no contempla un ¡°delito de bulo¡±, pero s¨ª que ¡°algunas noticias falsas¡± acarrean ¡°una trascendencia penal¡±.

Es decir, que esas mentiras pueden llegar a constituir delitos de odio, injurias, calumnias, estafa, contra la integridad moral, contra el mercado y los consumidores, des¨®rdenes p¨²blicos... Pero habr¨¢ que analizar caso por caso. ¡°Las noticias falsas son de tan variado contenido que, dependiendo de a qu¨¦ se refieran y con qu¨¦ intenci¨®n sean difundidas, pueden llegar a integrar muy diferentes tipos penales¡±, subraya una circular interna elaborada entonces por el ministerio p¨²blico.

Por ejemplo, hace medio a?o, la Audiencia de Barcelona conden¨® a un guardia civil a 15 meses de c¨¢rcel por publicar en Twitter el v¨ªdeo de una agresi¨®n a una mujer ocurrida en China ¡ªque fue visualizado 21.900 veces¡ª y atribuirla a menores inmigrantes de un centro de Canet de Mar (Barcelona). En la sentencia, que castiga al agente por un delito de odio, el tribunal destaca que el fen¨®meno de ¡°las fake news tiene mucha presencia en internet¡± y que el agente pretend¨ªa ¡°difamar de forma global e injusta¡± a un colectivo vulnerable, con ¡°manifiesto desprecio a la verdad y de forma masiva¡± para ¡°despertar o aumentar entre la poblaci¨®n los prejuicios y estereotipos¡±, ¡°con el consiguiente riesgo de generar rechazo y hostilidad social contra ellos¡±.

En abril de 2020, la Fiscal¨ªa s¨ª abri¨® una investigaci¨®n para averiguar si un grupo criminal lanzaba sistem¨¢ticos bulos en las redes sobre la gesti¨®n de la pandemia para causar alarma social y debilitar a las instituciones; pero se archiv¨® al considerar que prevalec¨ªa la libertad de expresi¨®n y cr¨ªtica.

S¨ª se encuentra avanzada, en cambio, una instrucci¨®n de la Audiencia Nacional contra el exjuez Fernando Presencia, al que se sit¨²a en la cima de una supuesta ¡°organizaci¨®n criminal¡± dedicada a estafar con la presentaci¨®n de querellas por corrupci¨®n contra cargos p¨²blicos, basadas en pruebas falsas fabricadas ad hoc y que se difunden a trav¨¦s de las redes para recaudar fondos enga?ando a los ciudadanos ¡ªentre otros, se le imputa un delito contra altas instituciones del Estado, aunque ¨¦l niega las acusaciones¡ª.

Sobre este problema, una sentencia del Tribunal Constitucional de 2022 ya subraya que, con la proliferaci¨®n de los sistemas de comunicaci¨®n digital, se han difuminado los l¨ªmites y los usuarios de redes sociales ¡°pueden llegar a desempe?ar un papel muy cercano al que ven¨ªan desarrollando hasta ahora los periodistas en los medios de comunicaci¨®n tradicionales¡±. Con todos los riesgos que implica.

De hecho, al igual que Fox aliment¨® en EE UU el bulo del fraude electoral a sabiendas de su falsedad, en Espa?a ese fen¨®meno se replica en las redes en cada cita con las urnas. Aunque no encuentra mucho eco en la prensa m¨¢s consumida. Eso s¨ª, algunos pol¨ªticos les han dado bola para arremeter contra el adversario, como hizo Cuca Gamarra (PP) el pasado junio para cargar contra el presidente Pedro S¨¢nchez (PSOE). La dirigente popular sembr¨® dudas sobre futuros resultados electorales a ra¨ªz del cambio accionarial en Indra, la compa?¨ªa que centraliza los datos de la mayor¨ªa de escrutinios.

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