La CIDH, sobre las protestas en Per¨²: ¡°Podr¨ªan calificarse como una masacre¡±

El 15 de diciembre de 2022, en la sierra sur de Ayacucho, un adolescente de 15 a?os sali¨® de su casa a trabajar en el cementerio, al costado del aeropuerto de la ciudad. Al t¨¦rmino de la jornada se fue a comer con un amigo. Un impacto de bala le perfor¨® la espalda y no lleg¨® con vida al hospital. Ese mismo d¨ªa, Edgar Prado, un mec¨¢nico de 51 a?os, recibi¨® una r¨¢faga mientras ayudaba a unos manifestantes al frente de su casa. Jhon Mendoza Huarancca, de 34 a?os, tambi¨¦n fue impactado por una bala cuando se dirig¨ªa a casa de uno de sus socios con los que hab¨ªa montado una empresa de transportes. Ninguno particip¨® activamente de las marchas. Estos relatos forman parte de un informe que acaba de presentar la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de la crisis pol¨ªtica y social que padeci¨® Per¨² en los ¨²ltimos meses. ¡°Al tratarse de m¨²ltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podr¨ªan calificarse como una masacre¡±, sostiene.

El documento comprende los hechos sucedidos entre el 7 de diciembre ¡ªcuando Pedro Castillo rompi¨® el orden constitucional fugazmente al intentar disolver el Parlamento y tomar el Poder Judicial y el Ministerio P¨²blico¡ª y el 23 de enero, y se sostienen en dos visitas de trabajo de la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A lo largo de sus nueve cap¨ªtulos, el informe realiza un repaso por los antecedentes hist¨®ricos del conflicto como la desigualdad y la desconexi¨®n entre Lima y las regiones, pone en contexto que desde el 2016 el Per¨² ¡°atraviesa una crisis institucional que ha debilitado la confianza de la ciudadan¨ªa en sus instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad del pa¨ªs¡±, realiza una cronolog¨ªa minuciosa de los ataques de las fuerzas del orden hacia los manifestantes y de la quema de instituciones de parte de los civiles, deja en evidencia presuntas violaciones de derechos humanos y, finalmente, establece conclusiones y recomendaciones en busca de la justicia y la paz social.

¡°En las recientes protestas sociales se ha observado una fuerte estigmatizaci¨®n por factores ¨¦tnicos-raciales y regionales, particularmente en los mensajes que reproducen algunas autoridades, perpetuando la noci¨®n de que las personas campesinas e ind¨ªgenas que protestan tienen v¨ªnculos con actos de terrorismo y que incluyen la utilizaci¨®n de palabras como terroristas, terrucos, senderistas o indios¡±, dice el texto que lleva por nombre Informe sobre la situaci¨®n de derechos humanos en Per¨² en el contexto de las protestas sociales. Esta estigmatizaci¨®n, se?alan, ¡°crea un ambiente de permisividad y tolerancia de la violencia institucional y discriminaci¨®n hacia las comunidades campesinas y pueblos ind¨ªgenas originarios del Per¨²¡±.

La Comisi¨®n del CIDH sostuvo m¨¢s de 60 reuniones con v¨ªctimas y sus familiares, altas autoridades de los poderes p¨²blicos, as¨ª como organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y gremios sindicales y empresariales en seis ciudades: Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco. Producto ello, han podido establecer que un gran grupo de la poblaci¨®n tiene demandas pol¨ªticas expl¨ªcitas como el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Que en sus demandas hay justas reivindicaciones como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y mayor representaci¨®n pol¨ªtica. ¡°La vacancia presidencial fue interpretada por algunos sectores como un acto injusto en contra del expresidente Castillo, a quien, desde su perspectiva, no dejaron gobernar (¡­) el gobierno actual no representa el proyecto pol¨ªtico que gan¨® en las urnas en 2021; y la sucesi¨®n presidencial de Dina Boluarte fue recibida como una traici¨®n¡±, dicen en alusi¨®n a una declaraci¨®n p¨²blica en la Plaza de Armas de Juliaca, en el 2021, cuando la entonces vicepresidenta dijo: ¡°si al presidente lo vacan, yo me voy con ¨¦l¡±.

En el marco temporal del documento, 56 personas perdieron la vida, ocho de ellos adolescentes y un agente policial; y al menos 912 resultaron heridos. Pero lo cierto es que la Defensor¨ªa del Pueblo contabiliza 67 fallecidos (49 en enfrentamientos, once civiles por el bloqueo de carreteras y siete miembros de las fuerzas del orden en el contexto del conflicto), y 1.785 heridos entre civiles, polic¨ªas y militares. ¡°Hechos que, al ser perpetrados por agentes del Estado, podr¨ªan constituir ejecuciones extrajudiciales, extremos que deben ser investigados por fiscal¨ªas especializadas en derechos humanos. Adem¨¢s, al tratarse de m¨²ltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podr¨ªan calificarse como una masacre. La Comisi¨®n expresa su firme condena¡±, remarcan.

En una de las conclusiones principales se se?ala que ¡°la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto n¨²mero de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; as¨ª como la ubicaci¨®n de un n¨²mero importante de v¨ªctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta¡±. Asimismo, dicen, el Gobierno de Dina Boluarte no ha entregado ning¨²n medio probatorio que confirme su hip¨®tesis de una supuesta infiltraci¨®n en las protestas de grupos organizados al margen de la ley con el ¨²nico fin de desestabilizarlos.

La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos, finalmente, le recomienda al Estado peruano implementar una ¡°estrategia de di¨¢logo con enfoque ¨¦tnico y territorial; el dise?o de una pol¨ªtica p¨²blica con alcance nacional y con perspectiva de derechos humanos; un plan permanente y obligatorio de capacitaci¨®n y evaluaci¨®n para las fuerzas de seguridad con el prop¨®sito de que su actuaci¨®n priorice la defensa de la vida y la integridad de las personas; tomar las medidas normativas necesarias para que las armas de fuego est¨¦n excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales; y que la participaci¨®n de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las autoridades civiles¡±.

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