Bolivia, arrepentida de la elecci¨®n por voto de los magistrados del Poder Judicial
El Gobierno de Luis Arce debate la idoneidad de la medida, implantada en 2011 y que no ha logrado aumentar la legitimidad de los magistrados
La propuesta de Morena de elegir por voto a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano se ha planteado cuando Bolivia, el ¨²nico pa¨ªs del mundo que aplica este m¨¦todo desde 2011, discute c¨®mo dar marcha atr¨¢s. Hace un mes, el ministro de Justicia boliviano, Iv¨¢n Lima, declar¨®: ¡°Definitivamente, una gran pregunta que hay es si es necesaria una elecci¨®n judicial¡±. Antes de ser ministro de la administraci¨®n de Luis Arce, Lima ejerci¨® como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tras postular en las primeras elecciones para llenar este cargo.
Este a?o, un grupo de abogados llamado Juristas Independientes organiz¨® una recolecci¨®n de firmas para pedir un referendo constitucional que, aunque no iba a eliminar el ejercicio del voto, s¨ª pretend¨ªa cambiar el m¨¦todo de selecci¨®n de los candidatos, con el objetivo de devolverle un car¨¢cter t¨¦cnico. La iniciativa solo logr¨® 800.000 firmas del mill¨®n y medio que necesitaba, pero este fracaso se atribuye a la falta de recursos log¨ªsticos de sus impulsores antes que a la existencia de un fuerte apoyo ciudadano a la elecci¨®n por voto del Poder Judicial.
En las dos elecciones que ha habido hasta ahora (2011 y 2017), los votos nulos y blancos han sido m¨¢s numerosos que los efectivamente entregados a los candidatos. En la primera ocasi¨®n, ascendieron a casi el 60% y en la segunda, al 66% de los votos emitidos. Esto ha impedido que se cumpliera la principal raz¨®n por la que este m¨¦todo se adopt¨®, que era aumentar la legitimidad y, por tanto, la independencia de las autoridades judiciales. La elevada anulaci¨®n de votos se debi¨® al desconocimiento de los candidatos por parte del electorado y tambi¨¦n a los llamados de la oposici¨®n a boicotear los comicios y as¨ª bloquear lo que consideraban era una ¡°captura¡± pol¨ªtica de los tribunales: ¡°un camino con un resultado predeterminado, la instalaci¨®n de una mayor¨ªa de ciudadanos afines o militantes del Movimiento al Socialismo en la c¨²pula de nuestro sistema judicial¡±, rezaba un comunicado publicado en 2017 por la alianza de los principales partidos opositores.
Bolivia no elige por voto a los jueces, solo a los 26 principales cargos judiciales, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Los candidatos deben ser mujeres en un 50% y tener identidad ind¨ªgena ¡ªal menos uno en cada instituci¨®n¡ª. Son seleccionados por la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento que cambi¨® entre 2011 y 2017 para evitar que fuera puramente pol¨ªtico. La segunda vez intervinieron las facultades de Derecho y examinaron por escrito a los aspirantes. La innovaci¨®n sirvi¨® de poco, porque algunas universidades boicotearon la medida, mientras que las que participaron eran tan numerosas que no lograron elaborar un cuestionario bien fundamentado.
Adem¨¢s, los parlamentarios, que estaban encargados de entrevistar oralmente a los postulantes, inflaron las calificaciones de algunos en esta fase para compensar sus bajos resultados en el examen escrito. Al final, en las dos ocasiones, el Movimiento al Socialismo (MAS) impuso a la mayor¨ªa de los candidatos. Para el proceso electoral que est¨¢ previsto para este a?o (el mandato de los magistrados dura seis a?os), la divisi¨®n del MAS en dos alas, la de los seguidores de Arce y la de los incondicionales del expresidente Evo Morales, junto con la polarizaci¨®n pol¨ªtica que hace dif¨ªcil que haya acuerdos entre estos dos grupos y las oposiciones de centro y de derecha, han complicado las cosas. La Asamblea no ha podido aprobar la convocatoria electoral hasta ahora.
La mayor recriminaci¨®n contra el m¨¦todo electoral introducido por la Constituci¨®n de 2009 es por no haber logrado un cambio en la administraci¨®n de la justicia, que sigue siendo cuestionada por organismos nacionales e internacionales especializados a causa de su politizaci¨®n y su alta corrupci¨®n.
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