La Corte Penal Internacional reanuda la investigaci¨®n sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela

Los defensores de derechos humanos esperaban desde hace semanas la respuesta de la Corte Penal Internacional (CPI). Despu¨¦s de varios vaivenes con el Gobierno de Venezuela y de que el fiscal Karim Khan visitara el pa¨ªs para instalar una oficina de cooperaci¨®n en Caracas, la CPI ha ordenado avanzar en la investigaci¨®n. La decisi¨®n es un rev¨¦s para Nicol¨¢s Maduro, que ha intentado con varios recursos disuadir el proceso que se le sigue en La Haya por denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que podr¨ªan constituir cr¨ªmenes de lesa humanidad.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI emiti¨® en un comunicado las conclusiones del an¨¢lisis de las reiteradas solicitudes de la Fiscal¨ªa de Venezuela de suspender el proceso bajo el argumento de que la justicia venezolana estar¨ªa haci¨¦ndose cargo. ¡°Venezuela no est¨¢ investigando (y no expresa ninguna intenci¨®n de investigar) las alegaciones de hecho que subyacen a los elementos contextuales de los cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±. Adem¨¢s, se?alan que hay periodos de inactividad de investigaci¨®n que consideran inexplicables y que las pesquisas solo se han centrado en oficiales de bajo rango y no en toda la cadena de mando, que es el objeto de esta instancia internacional de justicia.

¡°Nosotros tenemos clara intenci¨®n de hacer justicia en nuestro pa¨ªs, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando¡±, dijo hace menos de un mes el fiscal venezolano Tarek William Saab, durante la tercera visita de Khan al pa¨ªs, en la que se acord¨® la instalaci¨®n de una oficina de cooperaci¨®n t¨¦cnica. En respuesta al nuevo paso dado, la Canciller¨ªa venezolana ha respondido expresando su desacuerdo. Bajo el argumento del Gobierno, desde el inicio del proceso en 2018, la Corte alienta y contribuye a una estrategia con fines pol¨ªticos ¡°de cambio de r¨¦gimen¡± en Venezuela, supuestamente impulsada por Estados Unidos, considerado el enemigo n¨²mero para una parte del chavismo y con el que, sin embargo, ha retomado contactos en el ¨²ltimo a?o.

Los magistrados de la Sala, P¨¦ter Kov¨¢cs, Reine Ad¨¦la?de Sophie Alapini-Gansou y Mar¨ªa del Socorro Flores Liera, examinaron las observaciones de las autoridades venezolanas, as¨ª como 1.875 formularios recogidos por la Secci¨®n de Reparaci¨®n y Participaci¨®n de las V¨ªctimas que re¨²nen los testimonios de m¨¢s de 8.000 v¨ªctimas de torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2014 en el marco de manifestaciones antigubernamentales y como parte de una pol¨ªtica de persecuci¨®n por motivos pol¨ªticos.

A finales de 2021, la CPI anunci¨® la finalizaci¨®n del examen preliminar, una fase previa para determinar la apertura de una investigaci¨®n. El Gobierno de Maduro, a trav¨¦s de varias maniobras jur¨ªdicas, intent¨® poner freno al proceso pero solo logr¨® ponerlo en pausa unos meses. Las estrategias del chavismo parecen haber tocado un techo, aunque han anunciado que nuevamente apelar¨¢n esta decisi¨®n, con pocas posibilidades de que esta vez sea considerada, seg¨²n algunos analistas.

Maduro se enfrenta otra vez a este escrutinio, luego de haber retomado relaciones diplom¨¢ticas con gran parte del mundo y en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024 para las que el l¨ªder chavista intenta mejorar su imagen. Si bien este camino en la CPI que iniciaron expresidentes de varios pa¨ªses de la regi¨®n cr¨ªticos con el chavismo, como el colombiano Iv¨¢n Duque, el argentino Mauricio Macri, el chileno Sebasti¨¢n Pi?era o el paraguayo Mario Abdo Ben¨ªtez, las ONG han sido fundamentales para documentar el expediente.

El espectro pol¨ªtico latinoamericano ha vuelto a virar y los se?alamientos contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno han pasado a un segundo plano, al menos en las relaciones diplom¨¢ticas, mientras los defensores de derechos humanos en Venezuela han empujado la b¨²squeda de justicia en instancias internacionales. Es por ello que el Parlamento af¨ªn a Maduro se ha enfilado en contra de estas organizaciones y hace unos meses aprob¨® en primera discusi¨®n en una ley que restringe su funcionamiento y el acceso a financiamiento internacional.

ONGs como Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia han expresado que la decisi¨®n de la Sala es una victoria para las v¨ªctimas. Venezuela ratific¨® el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, en el a?o 2000. Este es la primera vez que se inicia una investigaci¨®n contra un Gobierno en ejercicio y tambi¨¦n la primera vez que se da apertura a una investigaci¨®n en un pa¨ªs latinoamericano en esta instancia. En este caso tambi¨¦n ha sido in¨¦dito que Estados parte -Colombia, Argentina, Chile, Per¨², Paraguay y Canad¨¢- invocaran el Estatuto de Roma contra otro miembro, como ocurri¨® en 2018 con la solicitud que dio inicio a este expediente. Con la decisi¨®n de este martes se da un paso m¨¢s en el largo camino para la comprobaci¨®n de la ocurrencia de cr¨ªmenes de lesa humanidad y la posible sanci¨®n de figuras del alto Gobierno como responsables.

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