Un juez limita el contacto entre el Gobierno de Biden y las redes sociales

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos instaron a las redes sociales durante la pandemia a retirar mensajes de desinformaci¨®n en relaci¨®n con la covid o en contra de las vacunas. Ahora no podr¨ªan hacerlo. Un juez de distrito federal de Luisiana ha prohibido cautelarmente a buena parte de la Administraci¨®n Biden interactuar con las redes sociales y dirigirse a ellas, dando la raz¨®n parcialmente a una demanda republicana de 2022 en la que se alegaba que el Gobierno se hab¨ªa extralimitado. El juez lo justifica en la libertad de expresi¨®n y los republicanos lo celebran como ¡°un golpe a la censura¡±.

Entre los cargos y autoridades a los que se proh¨ªbe dirigirse a las redes sociales est¨¢n la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra; el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y muchos otros, adem¨¢s de agencias y departamentos completos de la Administraci¨®n como el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad nacional, el FBI, los Centros de Prevenci¨®n y Control de enfermedades (CDC) y varios m¨¢s.

A todos ellos, en una resoluci¨®n de 7 p¨¢ginas, cuya justificaci¨®n est¨¢ desarrollada en otra de 155 p¨¢ginas, les proh¨ªbe para empezar reunirse con empresas y plataformas de medios de comunicaci¨®n social ¡°con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a la retirada, eliminaci¨®n, supresi¨®n o reducci¨®n de contenidos¡± publicados en ejercicio de la libertad de expresi¨®n, seg¨²n el texto.

Tambi¨¦n les proh¨ªbe marcar espec¨ªficamente contenidos o publicaciones para que sean retirados o instar, alentar, presionar o inducir de cualquier modo a las redes sociales a que modifiquen sus directrices para eliminar, suprimir o reducir tales contenidos.

Aparte de no poder reunirse, esas personas y departamentos tampoco podr¨¢n enviar correos electr¨®nicos, llamar, enviar cartas, mensajes de texto o entablar cualquier tipo de comunicaci¨®n con las redes con esos prop¨®sitos ni realizar otro tipo de actividades indirectas que influyan en los contenidos.

Como excepciones, el juez permite informar a las empresas de redes sociales de publicaciones que impliquen actividades delictivas y conspiraciones, as¨ª como notificar amenazas contra la seguridad nacional y otras amenazas publicadas en las plataformas, denunciar irregularidades electorales y otros supuestos.

El juez Terry Doughty, de Luisiana, nombrado por Donald Trump, ha concedido la medida cautelar en respuesta a una demanda presentada en 2022 por los fiscales generales de Luisiana y Misuri y algunos particulares, incluidos negacionistas de las vacunas y comunicadores de extrema derecha. La demanda alegaba que el gobierno federal se hab¨ªa extralimitado en sus esfuerzos por convencer a las empresas de medios sociales de que abordaran las publicaciones que pudieran provocar dudas sobre las vacunas durante la pandemia covid-19 o afectar a las elecciones.

Doughty sostiene en sus resoluciones que hay ¡°pruebas sustanciales¡± de una campa?a de censura de gran alcance. Escribe que las ¡°pruebas presentadas hasta ahora describen un escenario casi dist¨®pico¡± en que el Gobierno habr¨ªa asumido un papel similar al de un orwelliano ¡°Ministerio de la Verdad¡±.

El senador republicano Eric Schmitt, que era fiscal general de Misuri cuando se present¨® la demanda, ha dicho en Twitter que el fallo es ¡°una gran victoria para la Primera Enmienda[que consagra la libertad de expresi¨®n] y un golpe a la censura¡±.

El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, ha dicho a trav¨¦s de un comunicado remitido a la agencia AP que la orden judicial impide que la Administraci¨®n ¡°censure el discurso pol¨ªtico fundamental de los estadounidenses de a pie¡± en las redes sociales. ¡°Las pruebas de nuestro caso son chocantes y ofensivas, ya que altos funcionarios federales decidieron que pod¨ªan dictar lo que los estadounidenses pueden y no pueden decir en Facebook, Twitter, YouTube y otras plataformas sobre la covid-19, las elecciones, las cr¨ªticas al Gobierno y mucho m¨¢s¡±, ha a?adido Landry.

El Gobierno de Biden no ha tenido poder para ordenar a las redes sociales la retirada de materiales, pero s¨ª ha tenido abiertos cauces de comunicaci¨®n para evitar contenido da?ino o peligroso. Elon Musk ha revelado despu¨¦s de comprar Twitter algunas comunicaciones que muestran que hab¨ªa contactos entre el Gobierno y los partidos pol¨ªticos y la red social a la hora de se?alar algunos contenidos como desinformaci¨®n. Muchos de los ejemplos del caso que est¨¢ ahora en los juzgados corresponden en realidad a la etapa en que Trump era presidente y eran las autoridades bajo su mando las que se dirig¨ªan a las redes.

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