EE UU sanciona a dos expresidentes de El Salvador, la fiscal guatemalteca que persigue a periodistas y altos funcionarios sandinistas

Estados Unidos ha emitido este mi¨¦rcoles un paquete de sanciones contra 39 pol¨ªticos y altos funcionarios centroamericanos de El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Entre ellos se encuentran los expresidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador S¨¢nchez Cer¨¦n (2014-2019), se?alados de v¨ªnculos con tramas corruptas. En la mira del Departamento de Estado est¨¢n tambi¨¦n la fiscal guatemalteca Cinthia Monterroso, que acus¨® a Jos¨¦ Rub¨¦n Zamora, el exdirector de elPeri¨®dico condenado por un supuesto delito de lavado de dinero en un proceso tildado de persecuci¨®n pol¨ªtica y el juez Fredy Orellana, el operador que intenta torpedear la candidatura progresista de Bernardo Ar¨¦valo. Las sanciones incluyen dirigentes hondure?os y 13 funcionarios del r¨¦gimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes fueron los responsables de ejecutar el destierro, la confiscaci¨®n y el despojo de la nacionalidad a m¨¢s de 300 opositores nicarag¨¹enses en febrero pasado.

Washington incluy¨® este mi¨¦rcoles 19 de julio a estos operadores en la lista de Actores Corruptos y Antidemocr¨¢ticos, conocida como Lista Engel, y de acuerdo con las sanciones impuestas, las mismas se basan en informaci¨®n o acusaciones cre¨ªbles de la conducta en cuesti¨®n, procedentes de medios de comunicaci¨®n y otras fuentes. ¡°El Departamento continuar¨¢ revisando a las personas enumeradas en el informe y considerar¨¢ todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocr¨¢tica en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua¡±, se?ala el informe.

En el caso de Nicaragua, estas sanciones llegan cuando la pareja presidencial est¨¢ en plena celebraci¨®n de la fiesta culmen del sandinismo: el aniversario de la revoluci¨®n que en 1979 derroc¨® a la dictadura somocista. Se trata de un golpe pr¨¢ctico, pol¨ªtico y simb¨®lico para los sandinistas, que celebran el 44 aniversario de una revoluci¨®n convertida en un r¨¦gimen totalitario, acusado de cometer cr¨ªmenes de lesa humanidad, aislado internacionalmente y, seg¨²n la ¨²ltima encuesta de la firma encuestadora CID Gallup, con el grado de simpat¨ªa m¨¢s bajo de su historia. Apenas un 13% de los nicarag¨¹enses se declara simpatizante el Frente Sandinista. A la postre, la pareja presidencial enfrenta ¡°se?ales de inconformidad¡± en sus bases, ya que centenares de trabajadores p¨²blicos han desertado y han huido a Estados Unidos bajo la figura migratoria del Parole Humanitaria.

¡°Los nicarag¨¹enses que ejercen sus libertades b¨¢sicas enfrentan represi¨®n, prisi¨®n y destierro. Este hecho hace que los argumentos de prosperidad y paz del gobierno suenen vac¨ªos. El d¨ªa de hoy los Estados Unidos anuncian acciones para responsabilizar a los funcionarios nicarag¨¹enses que debilitan la democracia¡±, expres¨® Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Washington.

Los funcionarios sancionados son la Procuradora General de la Rep¨²blica, Wendy Carolina Morales Urbina; los diputados Arling Patricia Alonso G¨®mez, Gladis de los ?ngles Baez, Loria Raquel Dixon Brautigam y Alejandro Mej¨ªa Ferreti. En la lista tambi¨¦n se encuentran las magistradas Rosa Argentina Sol¨ªs D¨¢vila y ?ngela D¨¢vila Navarrete; el director de la Unidad de An¨¢lisis Financiero (UAF), Denis Membre?o Rivas, y el subdirector de esta entidad, Aldo Mart¨ªn S¨¢enz Ulloa.

Los 13 funcionarios son se?alados de socavar las instituciones en las que sirven para confiscar propiedades de opositores sin una base legal y de organizaciones no gubernamentales con una clara estrategia de suprimir la libertad de asociaci¨®n. Los operadores, adem¨¢s, socavan las instituciones para coordinar represalias para despojar de la nacionalidad a opositores, proporcionar informaci¨®n financiera de los disidentes pol¨ªticos en el exilio y ex prisioneros pol¨ªticos para incautar sus bienes y apoderarse de las pensiones de estos sin una base legal.

Tambi¨¦n se incluy¨® a la directora y el subdirector del Registro P¨²blico de la Propiedad, Valeria Maritza Halleslevens Centeno y Eduardo Celestino Ortega Roa, respectivamente. La sanci¨®n alcanz¨® a la actual Vicepresidenta de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Marta Mayela D¨ªaz Ortiz y la subdirectora del Instituto Nicarag¨¹ense de Seguridad Social (INSS), Sagrario de F¨¢tima Benavides Lanuza.

La lista Engel est¨¢ basada en la secci¨®n 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Tri¨¢ngulo Norte-Estados Unidos hace que las personas pierdan sus visas y tienen prohibido entrar a territorio estadounidense. Esta ser¨ªa la tercera ocasi¨®n que se utiliza en contra de funcionarios del r¨¦gimen Ortega-Murillo. La primera vez que se us¨® fue en marzo de este a?o, cuando incluyeron a nueve funcionarios nicarag¨¹enses. En total, han sido incluidos 45 funcionarios del r¨¦gimen sandinista desde el a?o pasado.

Inicialmente la Lista Engel solo afectaba a funcionarios del Tri¨¢ngulo Norte de Centroam¨¦rica: Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero a partir del a?o pasado ha sido aplicada a funcionarios nicarag¨¹enses. Las personas incluidas en la lista son las que, a juicio del presidente Joe Biden, han participado ¡°en acciones que socavan los procesos o instituciones dem¨®cratas, la corrupci¨®n significativa y obstrucci¨®n de investigaciones sobre tales actos de corrupci¨®n¡±.

Por cada funcionario sandinista sancionado, Estados Unidos agrega una argumentaci¨®n. Por ejemplo, en el caso de Wendy Carolina Morales Urbina, afirman que ¡°socav¨® los procesos o instituciones democr¨¢ticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campa?a coordinada para suprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores pol¨ªticos del gobierno sin una base legal. Urbina tambi¨¦n se ha apoderado de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes expl¨ªcitamente dise?adas para suprimir la libertad de asociaci¨®n¡±.

La fiscal guatemalteca Monterroso y el juez Orellana son sancionados concretamente por instruir investigaciones y juicios contra periodistas por ejercer su libertad de expresi¨®n. El Gobierno del actual presidente Alejandro Giammattei, protector de estos actores y acusado de alentar una deriva autoritaria, rechaz¨® las acusaciones y a trav¨¦s de un comunicado acus¨® a Estados Unidos de intentar ¡°imponer su jurisdicci¨®n a personas en el extranjero¡±.

Por ahora, la pareja presidencial de Nicaragua no se ha pronunciado sobre sus nuevos designados en la Lista Engel y se espera que Ortega y Murillo irrumpan en cadena nacional a lo largo de la tarde para presidir en un circuito cerrado y sin masas (como era habitual antes de 2018) el aniversario de la revoluci¨®n sandinista.

Mientras tanto, el Instituto Raza e Igualdad se?al¨® este 19 de julio que hasta mayo de 2023, 64 personas permanec¨ªan privadas de libertad por motivos pol¨ªticos en Nicaragua, seg¨²n la ¨²ltima actualizaci¨®n del Mecanismo para el reconocimiento de personas presas pol¨ªticas. De ese total, 10 son mujeres y 54 son hombres. ¡°En el mes de mayo 90 personas fueron detenidas arbitrariamente por el r¨¦gimen Ortega-Murillo, entre ellas personas percibidas como opositoras, periodistas y activistas de varios departamentos del pa¨ªs. Una nueva forma de represi¨®n utilizada por el r¨¦gimen es el imponer la medida alterna de presentaci¨®n peri¨®dica y medidas cautelares personales¡±, resume Raza e Igualdad. ¡°Al menos 81 personas fueron judicializadas ilegalmente en el periodo comprendido, as¨ª como un aumento en la cifra de personas ex-presas pol¨ªticas recapturadas y judicializadas nuevamente (14 personas) y destaca la cifra de personas en celdas de reclusi¨®n diferenciada (15 personas)¡±.

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