Bruselas abre un nuevo expediente a Hungr¨ªa por su ley de defensa de la soberan¨ªa

La Comisi¨®n Europea ha abierto este mi¨¦rcoles un nuevo expediente a Hungr¨ªa por su deriva autoritaria. En esta ocasi¨®n, a Bruselas, que todav¨ªa mantiene congelados 21.000 millones de euros del pa¨ªs centroeuropeo por repetidas vulneraciones del Estado de derecho, le preocupa el nuevo paquete legislativo de defensa de la soberan¨ªa nacional aprobado en diciembre y que, entre otros, reforma el c¨®digo penal para castigar con hasta tres a?os de prisi¨®n la financiaci¨®n extranjera de actividades pol¨ªticas y crea una oficina para la defensa de la soberan¨ªa con amplias competencias de investigaci¨®n.

La decisi¨®n de enviar a Budapest una carta de emplazamiento es el primer paso de un procedimiento de infracci¨®n que, en ¨²ltima instancia, puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de Luxemburgo. La apertura de este nuevo expediente se une a los diversos contenciosos que tiene abiertos Orb¨¢n con las instituciones europeas por sus constantes ataques al Estado de derecho, que han llevado al Parlamento Europeo a declarar que Hungr¨ªa no es una democracia, sino un ¡°r¨¦gimen h¨ªbrido de autocracia electoral¡±. En 2018, los eurodiputados activaron adem¨¢s el arma m¨¢s potente de los tratados europeos, el art¨ªculo 7, que puede acabar con la suspensi¨®n del derecho de voto en el Consejo de la UE.

La lista de potenciales violaciones de la legislaci¨®n europea que Bruselas ve en esta nueva normativa denunciada por la oposici¨®n h¨²ngara y ONG por su inspiraci¨®n, dicen, en las t¨¢cticas rusas de acoso a la disidencia, es muy larga. Seg¨²n ha explicado la Comisi¨®n en un comunicado, el paquete legislativo que entr¨® en vigor a finales del a?o pasado, vulnera varios ¡°valores democr¨¢ticos¡± y libertades garantizadas en la UE. Entre otros, se?ala, va en contra del principio de democracia y de los derechos electorales de los ciudadanos europeos. Y viola adem¨¢s ¡°varios derechos fundamentales consagrados en la Carta Europea de Derechos fundamentales¡±, como el derecho a la vida privada, a la protecci¨®n de datos personales, la libertad de expresi¨®n e informaci¨®n, la libertad de asociaci¨®n o el derecho a un juicio justo.

El de infracci¨®n es un procedimiento que Hungr¨ªa, muy cuestionada por sus reiterados ataques a la independencia judicial o minor¨ªas como el colectivo LGTBI, conoce bien. La Comisi¨®n sigue reteniendo m¨¢s de 21.000 millones de euros de los fondos de cohesi¨®n a la espera de que realice reformas que garanticen el Estado de derecho. El pasado diciembre, justo cuando en Budapest se estaba aprobando el nuevo paquete legislativo que amenaza con provocar un nuevo choque con el Ejecutivo europeo liderado por la alemana Ursula von der Leyen, este liber¨® una parte de los fondos retenidos, 10.200 millones de euros. Aunque Bruselas afirma que lo hizo tras considerar que el Gobierno de Orb¨¢n ha cumplido parte de los pasos que le requer¨ªa Bruselas para proteger la independencia del poder judicial, la decisi¨®n fue muy criticada al ser anunciada justo antes del Consejo Europeo en el que Hungr¨ªa amenazaba con vetar la ayuda financiera europea a Ucrania si no se descongelaban sus fondos. Finalmente, Orb¨¢n cedi¨® en esa cita y permiti¨® que los dem¨¢s jefes de Estado y de Gobierno europeos tomaran la decisi¨®n pol¨ªtica de abrir con Kiev negociaciones de adhesi¨®n a la UE. Mantuvo, sin embargo, su veto a los 50.000 millones de euros programados para ayudar al pa¨ªs invadido por Rusia, lo que oblig¨® a los Veintisiete a celebrar una cumbre extraordinaria el pasado 1 de febrero para aprobar por fin los fondos sin veto h¨²ngaro. La aprobaci¨®n de la ayuda sali¨® adelante, aunque la posici¨®n de Orb¨¢n amenaza con seguir planteando trabas a la UE para el desembolso de dinero a Kiev.

El Gobierno de Orb¨¢n ha respondido que Bruselas y lo que denomina ¡°la izquierda del d¨®lar¡± ¡ªcon lo que se refiere a partidos y sociedad civil cr¨ªtica¡ª ataca esta ley porque ¡°est¨¢ dise?ada para impedir la influencia extranjera mediante el dinero de [George] Soros¡±, el multimillonario de origen h¨²ngaro contra el que Budapest ha dirigido buena parte de sus ataques los ¨²ltimos a?os. El TJUE, de hecho, declar¨® en 2020 ilegal una ley de Orb¨¢n dise?ada para cerrar las universidades de Soros en el pa¨ªs.

La nueva normativa crea una oficina de defensa de la soberan¨ªa nacional dedicada a ¡°detectar e investigar¡± actividades extranjeras o del interior que ¡°podr¨ªan poner en peligro la soberan¨ªa¡± h¨²ngara, ¡°influir en los resultados de las elecciones¡± o en la ¡°voluntad electoral¡±. Adem¨¢s, incluye unas enmiendas que endurecen la legislaci¨®n electoral y el c¨®digo penal al introducir el delito de ¡°influir il¨ªcitamente en la voluntad electoral¡±, castigado con hasta tres a?os de c¨¢rcel.

La ley h¨²ngara ha sido denunciada por m¨¢s de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, que acusan a Orb¨¢n de querer ¡°intimidar, disuadir y silenciar¡± a las voces cr¨ªticas de cara a las elecciones europeas y municipales de este a?o. ¡°Un pa¨ªs donde se intimida a la gente para que no represente sus propios intereses no es una democracia¡±, afirmaron las ONG en un comunicado conjunto en diciembre. ¡°Al insinuar que detr¨¢s de cada posici¨®n cr¨ªtica hay intereses extranjeros, las autoridades desprecian a sus propios ciudadanos cuando pretenden intimidar, disuadir y silenciar a quienes participan activamente en la vida p¨²blica¡±, advirtieron.

Ahora, Budapest tiene un plazo m¨¢ximo de dos meses para replicar a la carta de Bruselas. Si el Ejecutivo europeo considera que la respuesta no atiende las preocupaciones expresadas, evaluar¨¢ enviar un dictamen motivado, es decir una solicitud formal para hacer cumplir el derecho de la UE, que es el ¨²ltimo paso previo a elevar el asunto ante el TJUE, al que puede pedirle que imponga sanciones al pa¨ªs infractor.

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