El director de la CIA rechaza dar datos sobre el espionaje a Assange de una empresa espa?ola porque causar¨ªa ¡°da?os a la seguridad de EE UU¡±

El director de la CIA, William J. Burns, se ha amparado en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1949 para no facilitar ninguna informaci¨®n a un juez del tribunal de Nueva York que investiga el espionaje al que fue sometido Julian Assange por una empresa espa?ola durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres ¡°porque podr¨ªa causar graves da?os a la seguridad de los Estados Unidos¡±.

El responsable del servicio de inteligencia ha remitido una declaraci¨®n de ocho folios al juez John G. Koeltl en la que pide se le reconozcan estos ¡°privilegios para proteger fuentes, m¨¦todos y actividades¡± de la CIA que tuvieran alguna relaci¨®n con este caso. El magistrado del tribunal de Nueva York resolvi¨® el pasado mes de diciembre que la empresa espa?ola UC Global S. L y la CIA violaron los derechos y la privacidad de los ciudadanos norteamericanos que visitaron al fundador de Wikileaks durante su estancia en la legaci¨®n diplom¨¢tica ecuatoriana, derechos que garantiza la cuarta enmienda de la Constituci¨®n.

Cuatro ciudadanos norteamericanos, dos abogados y dos periodistas demandaron a Mike Pompeo, exdirector de la CIA, a la agencia de inteligencia y a David Morales, exmilitar espa?ol y due?o de la compa?¨ªa con sede en Jerez de la Frontera que se ocupaba de la seguridad en la Embajada londinense durante el Gobierno de Rafael Correa.

Informe confidencial para el juez

La declaraci¨®n del actual director Williams J. Burns, a la que ha tenido acceso este diario, est¨¢ fechada el pasado 27 de marzo y pretende anticiparse a la siguiente fase de este procedimiento en el que los demandantes pedir¨¢n el discovery (la desclasificaci¨®n de la operaci¨®n de la CIA) y el juez podr¨ªa autorizarla, seg¨²n se?alan fuentes jur¨ªdicas. Una misi¨®n secreta cuyos detalles (audios, v¨ªdeos, correos y documentos) fueron desvelados por una investigaci¨®n de EL PA?S. Pruebas que han presentado en su demanda las cuatro v¨ªctimas del espionaje ante la justicia de Nueva York.

Burns, reconocido exdiplom¨¢tico y art¨ªfice del acuerdo nuclear con Ir¨¢n en 2015, argumenta que ¡°admitir o negar que la CIA tenga informaci¨®n implicada en las alegaciones de la demanda podr¨ªan causar serios, y en algunos casos, graves da?os a la seguridad nacional de los Estados Unidos¡±. El responsable del servicio de inteligencia m¨¢s poderoso de EE UU reitera que sus privilegios legales abarcan la negativa a la divulgaci¨®n de la actividad de la CIA en este caso y toda la informaci¨®n relativa a fuentes, m¨¦todos e intereses clasificados.

Adem¨¢s de esta declaraci¨®n, el responsable de la CIA ha entregado al juez un informe ex parte, de acceso exclusivo para el magistrado, donde explica con detalles que solo el instructor puede conocer por qu¨¦ desclasificar esta operaci¨®n de espionaje causar¨ªa un da?o grave a la seguridad nacional de EE UU. Burns no tiene reparo en pisar los escenarios en los que trabajan sus agentes y protagoniz¨® una ins¨®lita escena, en agosto de 2021, al reunirse en Kabul (Afganist¨¢n) con el l¨ªder de los talibanes durante la retirada del ej¨¦rcito estadounidense.

El juez John G. Koeltl reconoci¨® que se violaron los derechos de los demandantes cuando los empleados de UC Global S.L. se hicieron con sus tel¨¦fonos m¨®viles y fotografiaron sus claves y contenido, pr¨¢cticas que considera ilegales. Pero desestim¨® las grabaciones con micr¨®fonos de sus conversaciones con Assange en la Embajada y las fotograf¨ªas de sus pasaportes, se?alando en su resoluci¨®n que no son ilegales. Para el magistrado, estas ¨²ltimas actividades de los trabajadores de UC Global S.L. no constituyen delito ¡°por la no expectativa de privacidad [de los demandantes] en esa embajada¡±, al ser un lugar p¨²blico.

Para el instructor del caso, los demandantes han presentado pruebas suficientes de que Morales, el exmilitar espa?ol due?o de la empresa, actu¨® como agente o colaborador y siguiendo instrucciones de la CIA y de su director Pompeo, exsecretario de Estado durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).

La demanda contra Pompeo fue presentada en agosto de 2021 por las abogadas Margaret Ratner Kunstler y Deborah Hrbek, y los periodistas John Goetz y Charles Glass, ambos especialistas en seguridad nacional. Los cuatro visitaron al activista australiano, al igual que centenares de personas que tambi¨¦n fueron espiadas. Seg¨²n la demanda, un centenar de ciudadanos norteamericanos, incluyendo a los abogados y m¨¦dicos de Assange, corrieron la misma suerte.

El juez neoyorquino recogi¨® en su fallo que Pompeo se?al¨® al fundador de Wikileaks como ¡°objetivo¡± de la CIA y confes¨® que iniciar¨ªa una ¡°larga campa?a¡± contra su organizaci¨®n. La investigaci¨®n de este diario desvel¨® en 2019 que la compa?¨ªa UC Global S.L. espi¨® para EE UU las conversaciones del australiano con sus abogados y colaboradores cuando preparaba su estrategia de defensa frente a la petici¨®n de extradici¨®n de ese pa¨ªs por revelar informaci¨®n secreta de las guerras de Afganist¨¢n e Irak. Semanas despu¨¦s, la polic¨ªa detuvo a David Morales. El exmilitar est¨¢ en libertad provisional desde entonces y la Audiencia Nacional le investiga por presuntos delitos contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiaci¨®n indebida, cohecho y blanqueo de capitales.

Investigacion@elpais

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