EE UU aporta garant¨ªas m¨ªnimas de que Assange no ser¨¢ condenado a muerte si es extraditado

Pocas horas antes de que culminara el plazo concedido por los magistrados brit¨¢nicos Victoria Sharp y Jeremy Johnson, este mismo martes, el Gobierno de Estados Unidos ha aportado ante el Tribunal Superior de Justicia garant¨ªas de que Julian Assange recibir¨¢ un juicio justo si finalmente abandona la prisi¨®n de m¨¢xima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, y es extraditado a ese pa¨ªs. Sin embargo, el equipo jur¨ªdico del cofundador de Wikileaks, y su propia esposa, Stella Assange, han expresado su frustraci¨®n y temor por la salud y la vida del exhacker ante el compromiso expresado por Washington, que consideran muy poco solvente.

El tribunal consider¨®, a finales de marzo, que Assange ten¨ªa base jur¨ªdica s¨®lida para recurrir su extradici¨®n en tres aspectos determinados. El Gobierno de Estados Unidos, dec¨ªa el fallo, deb¨ªa asegurar que la libertad de expresi¨®n contemplada en la Primera Enmienda de su propia Constituci¨®n ser¨ªa protegida; que el editor australiano no sufrir¨ªa un juicio injusto por no tener nacionalidad estadounidense; y que no se acabar¨ªa imponiendo la pena de muerte.

¡°Estados Unidos no ha entregado garant¨ªa alguna en relaci¨®n con la Primera Enmienda [la posibilidad de que Assange pudiera ampararse en la libertad de expresi¨®n que contempla la Constituci¨®n estadounidense], y solo una garant¨ªa m¨ªnima en relaci¨®n con la pena de muerte. No se compromete a retirar las afirmaciones previas llevadas a cabo por la Fiscal¨ªa de que Julian no puede gozar de los derechos contemplados en la Primera Enmienda porque no es un ciudadano estadounidense¡±, ha dicho Stella Assange en un comunicado hecho p¨²blico nada m¨¢s conocer el documento entregado a los magistrados por los representantes del Gobierno estadounidense. ¡°En vez de eso, Estados Unidos se ha limitado a ofrecer palabras de una vaguedad descarada en las que afirma que Julian puede ¡®intentar apelar¡¯ a la Primera Enmienda si es extraditado¡±, ha asegurado la abogada especializada en derechos humanos.

El equipo jur¨ªdico de Assange hab¨ªa depositado grandes esperanzas en las recientes palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el mi¨¦rcoles pasado reconoci¨® por primera vez en p¨²blico que se plantea aceptar una petici¨®n de Australia para poner fin al proceso legal contra Assange, por poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos con la filtraci¨®n en internet de miles de documentos clasificados hace 14 a?os.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, apoy¨® en febrero una moci¨®n en la C¨¢mara baja australiana que reclamaba el regreso de Assange a su pa¨ªs de origen.

¡°Lo estamos considerando¡±, se limit¨® Biden a responder, ante las preguntas de los periodistas. Fue suficiente para que surgiera la esperanza de que Washington recapacitara finalmente, y se olvidara de una persecuci¨®n judicial con tintes vengativos iniciada por el expresidente Donald Trump.

¡°La nota diplom¨¢tica [entregada a los magistrados] no hacer nada por aliviar la angustia extrema de nuestra familia sobre su futuro [de Assange], ni sobre la sombr¨ªa expectativa de tener que pasar el resto de su vida en aislamiento en una prisi¨®n estadounidense, por haber realizado un periodismo que fue merecedor de premios. La Administraci¨®n de Biden debe renunciar a este peligroso intento de procesamiento antes de que sea muy tarde¡±, ha a?adido la esposa del preso.

Sharp y Johnson hab¨ªan otorgado tres semanas, que conclu¨ªan este martes, a los abogados que representan al Gobierno estadounidense para ofrecer las garant¨ªas exigidas. La nueva vista fue fijada provisionalmente para el pr¨®ximo 20 de mayo, y ser¨¢ entonces cuando los magistrados vuelvan a escuchar a las partes y, analizados los nuevos compromisos aportados por Washington, decidan si conceden a Assange una ¨²ltima oportunidad de recurrir su extradici¨®n a Estados Unidos ante la justicia brit¨¢nica.

La decisi¨®n de dar luz verde a la entrega de Assange fue adoptada en 2022 por la entonces ministra brit¨¢nica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garant¨ªas ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptar¨ªan para impedir que pudiera acabar con su propia vida.

El Gobierno de EE UU acusa a Assange de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisi¨®n en un ordenador. El editor australiano se enfrentar¨ªa a 175 a?os de prisi¨®n por la filtraci¨®n de m¨¢s de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PA?S fue uno de los medios que particip¨® en ese esfuerzo concertado de publicaci¨®n de estos papeles.

El caso de Assange se ha convertido mundialmente en una causa a favor de la libertad de prensa. La presi¨®n de la campa?a a favor de su liberaci¨®n no estaba tanto dirigida hacia los jueces, que se han ido pasando entre ellos un hierro candente, sino hacia los gobiernos estadounidense y brit¨¢nico, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la persecuci¨®n.

El editor de Wikileaks permanece encarcelado desde hace casi cinco a?os. Su estado de salud se ha deteriorado dr¨¢sticamente, hasta el punto de que fue imposible que atendiera, ni siquiera a trav¨¦s de videoconferencia, las dos jornadas de la vista sobre su extradici¨®n que se celebraron en Londres a mediados de febrero. Cientos de activistas en apoyo del editor y de la libertad de prensa reclamaron frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia su puesta en libertad.

Los magistrados tienen ante s¨ª una decisi¨®n delicada, y sobre la que se ha enfocado la atenci¨®n de miles de ciudadanos de todo el mundo. Sin embargo, sus palabras, al exigir a Estados Unidos m¨¢s garant¨ªas, no suger¨ªan que estuvieran de acuerdo con la mayor¨ªa de las denuncias de activistas y medios de comunicaci¨®n. La sentencia rechazaba las supuestas ¡°motivaciones pol¨ªticas¡± detr¨¢s de la petici¨®n de extradici¨®n que hab¨ªan denunciado los abogados del preso. ¡°Podemos asumir que el recurrente actuara movido por sus convicciones pol¨ªticas, y que con sus actividades expusiera la implicaci¨®n de gobiernos en delitos graves¡±, escribi¨® la ponente, Victoria Sharp. ¡°Pero eso no implica que la petici¨®n de extradici¨®n se fundamente en sus opiniones pol¨ªticas¡±, a?adi¨®.

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