Francia restringir¨¢ a¨²n m¨¢s su ley migratoria solo un a?o despu¨¦s de la ¨²ltima reforma

El debate pol¨ªtico en Francia bascula estos d¨ªas entre dos centros de gravedad constantes que, en realidad, no van tan desligados: la econom¨ªa y la inmigraci¨®n. Para el primer asunto, el Parlamento debate ya los recortes que contempla el Presupuesto presentado la semana pasada por el primer ministro, Michel Barnier. Para el segundo, el m¨¢s complicado, porque enfrenta directamente a los extremos ideol¨®gicos que deben mantener con vida al fr¨¢gil Ejecutivo, el Gobierno ha anunciado que trabaja ya en una nueva ley de inmigraci¨®n que ver¨¢ la luz el a?o que viene, pese a que el ministro de Justicia, el socialista Didier Migaud, no parec¨ªa estar al corriente. El proyecto, del que a¨²n hay pocos detalles, contempla ampliar el periodo de detenci¨®n de los migrantes irregulares.

La portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, comunic¨® la decisi¨®n en una entrevista televisada. Lo sorprendente, sin embargo, es que esta llega solo justo un a?o despu¨¦s del ¨²ltimo proyecto de ley de inmigraci¨®n, que se enfrent¨® a fuertes divisiones en el Parlamento y dentro de la coalici¨®n del presidente Macron. La norma supuso la ruptura definitiva del presidente de la Rep¨²blica con un cierto espectro ideol¨®gico de centroizquierda que hasta entonces le hab¨ªa apoyado ¡ªprovoc¨® la dimisi¨®n del ministro de Sanidad, Aur¨¦lien Rousseau¡ª y el comienzo de la promiscuidad actual con la ultraderecha.

La ley Darmanin [por G¨¦rald Darmanin, anterior ministro del Interior] fue aprobada, de hecho, con el apoyo de la derecha y del Reagrupamiento Nacional (RN) y abri¨® una de las mayores crisis en las filas del presidente desde que lleg¨® al poder en 2017. Entonces, varios destacados diputados del bloque presidencial votaron en contra de la versi¨®n final de la norma por considerarla demasiado derechizada y varios ministros amenazaron con dimitir.

El Constitucional franc¨¦s anul¨® 35 art¨ªculos, sobre todo las medidas m¨¢s discriminatorias de la pol¨¦mica ley de inmigraci¨®n adoptada en diciembre. Entre otros art¨ªculos, los llamados sabios declararon contrarias a la ley fundamental las restricciones para los extranjeros del acceso a las prestaciones sociales, pues esas prohibiciones pod¨ªan entenderse como una forma de ¡°preferencia nacional¡±, hist¨®rico eslogan de la extrema derecha. El art¨ªculo anulado, que ahora podr¨ªa volver a plantearse en otros t¨¦rminos, exig¨ªa a los extranjeros llevar dos a?os y medio trabajando en Francia, o cinco a?os en caso de no trabajar, para poder acceder a algunas ayudas sociales.

En manos de Le Pen

La restricci¨®n de los derechos que conten¨ªa aquella ley, sin embargo, no contenta ya ni al ala m¨¢s conservadora de este Gobierno y, sobre todo, al Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, de cuyos votos depende en gran medida la continuidad del Ejecutivo. Este reconsiderar¨¢ los art¨ªculos rechazados anteriormente por el Consejo Constitucional para alinear m¨¢s la norma ya existente con las propuestas de la derecha.

El nuevo proyecto de ley, anunci¨® Bregeon, incluir¨¢ medidas para ampliar el per¨ªodo de detenci¨®n de los inmigrantes irregulares de 90 d¨ªas a 210 d¨ªas. ¡°No descartamos otras disposiciones¡±, dijo. ¡°Debemos adaptarnos a la evoluci¨®n de los retos de seguridad¡±.

El lunes pasado, cuando se conoci¨® la noticia, varios medios franceses aseguraron que el ministro de Justicia hab¨ªa amenazado con dimitir si sal¨ªa adelante dicho proyecto. El problema sustancial, sin embargo, es que Francia no ha logrado jam¨¢s atajar con sus leyes una preocupaci¨®n que la ha acompa?ado desde comienzos de la V Rep¨²blica. De hecho, el pa¨ªs ha reformado los textos que se ocupan del fen¨®meno migratorio 118 veces desde 1945. Y ha votado una nueva ley cada dos a?os.

Consciente de que la inmigraci¨®n ser¨ªa un caballo de batalla clave en los siguientes meses, Barnier nombr¨® a su llegada a Bruno Retailleau como ministro de Interior. Un perfil duro de ley y orden que nada m¨¢s tomar posesi¨®n anunci¨® severidad y mayores controles en las fronteras francesas. Las cr¨ªticas a sus posicionamientos, que a menudo chocan contra los del ministro de Justicia, el ¨²nico perfil de izquierdas del Ejecutivo, tambi¨¦n fueron rechazadas por la portavoz. ¡°Bruno Retailleau, cuya misi¨®n es garantizar la seguridad de los franceses, no va a tener que disculparse por tener ideas¡±. Bregeon afirm¨® que ¡°no debe haber tab¨²es¡± cuando se trata de proteger al p¨²blico.

No hay datos claros sobre el endurecimiento evidente que sufrir¨¢ la ley. Pero el Gobierno tambi¨¦n pretende restringir las normas de regularizaci¨®n, limitando la elegibilidad de los inmigrantes sin papeles con derecho a la residencia, especialmente en los casos familiares. Tambi¨¦n, probablemente, de los servicios sociales y sanitarios a los que tendr¨¢n acceso. La atenci¨®n sanitaria ofrecida a los inmigrantes sin papeles ya hab¨ªa sido reducida.

Hasta 1993, de hecho, todos los extranjeros ten¨ªan acceso a la misma cobertura sanitaria que los franceses, independientemente de su estatus: la Seguridad Social si estaban afiliados, o la asistencia m¨¦dica para los m¨¢s precarios. En 2020, el Gobierno de ?douard Philippe restringi¨® la cobertura sanitaria para las personas en situaci¨®n irregular, tanto ¡°para desalentar a los extranjeros que vendr¨ªan a Francia para beneficiarse del ventajoso sistema de salud que constituir¨ªa la AME (ayuda m¨¦dica estatal)¡±, como para disuadir el ¡°turismo m¨¦dico¡±. La ley Darmanin preve¨ªa ir m¨¢s all¨¢, condicionando la nueva ¡°ayuda m¨¦dica de urgencia¡± al pago de una tarifa anual. Esta modificaci¨®n fue censurada por el Consejo Constitucional, y el Gobierno hab¨ªa prometido aprobarla por v¨ªa reglamentaria.

A pesar de la mayor¨ªa parlamentaria, la portavoz del Ejecutivo dijo que el Gobierno no buscar¨¢ activamente el apoyo del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen, cuya posici¨®n de l¨ªnea dura sobre la inmigraci¨®n no es negociable. En su lugar, asegur¨® que el Ejecutivo se comprometer¨¢ con todos los grupos parlamentarios para lograr un amplio consenso sobre el nuevo proyecto de ley. Algo imposible si en ese espectro se incluye al Nuevo Frente Popular, la alianza de partidos de izquierdas que gan¨® las elecciones y que se opone frontalmente a este tipo de medidas.