Los activistas contra la pena de muerte piden a Biden que ampl¨ªe su clemencia antes de que Trump ejecute ¡°con vigor¡±

Las organizaciones contra la pena de muerte en Estados Unidos recibieron el lunes pasado un regalo presidencial sin precedentes a tiempo para celebrar la Navidad. En una de sus ¨²ltimas decisiones como inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden anunci¨® que conmutaba la pena capital a 37 de los 40 presos condenados por delitos federales. Esos 37 hombres, sobre los que pesan asesinatos cometidos entre 1993 y 2019, pasan a cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional (LWOPP son sus siglas en ingl¨¦s). Es decir: seguir¨¢n muriendo entre rejas, pero no ejecutados por las autoridades, como hac¨ªa prever la llegada al Despacho Oval de Donald Trump. Durante su campa?a, Trump prometi¨® agilizar la aplicaci¨®n de la pena de muerte y ampliarla a los traficantes de drogas y de personas y a los delitos de abuso de menores.

El movimiento abolicionista sigue presionando para que la clemencia alcance a los tres reos cuyas penas no conmut¨® Biden, en virtud de la gravedad de sus cr¨ªmenes. Se trata de Robert D. Bowers, de 52 a?os, que en 2018 asesin¨® a 11 miembros en una sinagoga en Pittsburgh; Dzhokhar Trarnaev, de 31, uno de los dos hermanos responsables de un atentado en el Marat¨®n de Boston de 2013 (tres muertos); y Dylan Roof, de 30, supremacista blanco que acab¨® en 2015 con la vida de nueve personas en una iglesia afroamericana en Carolina del Sur. La reverenda Sharon Risher, cuya madre y dos primos murieron a manos de Roof, lamenta que la pena de este no haya sido conmutada. ¡°Necesito que el presidente entienda que cuando se pone a un asesino en el corredor de la muerte, tambi¨¦n se arroja a las familias de sus v¨ªctimas a un limbo, con la falsa promesa de que debemos esperar hasta que haya una ejecuci¨®n antes de que podamos comenzar a sanar¡±.

Adem¨¢s de esos tres casos, el objetivo es ahora lograr que Biden haga algo por ¡°los de los cuatro condenados en el corredor de la muerte militar¡±, explic¨® este mi¨¦rcoles en una entrevista por correo electr¨®nico Abe Bonowitz, codirector del grupo abolicionista Death Penalty Action y una de las voces m¨¢s destacadas del movimiento. ¡°Nos oponemos a la pena capital en todos los supuestos, porque es una pol¨ªtica p¨²blica fallida desde cualquier punto de vista¡±, a?adi¨®. Adem¨¢s de los condenados por delitos federales, se calcula que hay al menos 2.180 reos esperando su ejecuci¨®n en los 27 de los 50 Estados en los que la pena de muerte es legal.

Bonowitz, que llevaba meses trabajando para forzar la clemencia de Biden en previsi¨®n de la victoria electoral de Trump, exige al presidente saliente que no d¨¦ a su sucesor, alguien que ¡°idolatra a los dictadores y disfruta con esa clase de poder¡±, ¡°la capacidad de ejecutar a nadie¡±. El martes, este dijo que perseguir¨¢ su aplicaci¨®n ¡°con vigor¡±. Al final de su primera presidencia, hizo uso de ese poder, cuando orden¨® el ajusticiamiento de 13 internos de la prisi¨®n de Terre Haute (Indiana), que alberga el corredor de la muerte federal. Desde 1976, solo con otro presidente, George Bush hijo (2001-2009), se produjeron ejecuciones en ese lugar: tres en total.

La pena de muerte es uno de los puntos que trata el voluminoso documento Project 2025. Escrito por unos 400 expertos conservadores, en ¨¦l se detalla una posible bit¨¢cora para la segunda presidencia de Trump, quien, durante la campa?a, trat¨® de desvincularse de esas ideas, pese a las abundantes evidencias de su conexi¨®n ideol¨®gica y org¨¢nica con el proyecto. En la p¨¢gina 554, se recoge el mandato de ¡°hacer todo lo posible para ejecutar los 44 presos que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte federal¡±.

Varias personas implicadas en el movimiento abolicionista consultadas esta semana tambi¨¦n lamentaron la decisi¨®n de Biden de conmutar las penas por cadenas perpetuas sin posibilidad de revisi¨®n. Esos activistas se refieren a la LWOPP como una ¡°sentencia a morir por encarcelamiento¡±, algo que, en el castellano popular cuenta con su propia y gr¨¢fica expresi¨®n: pudrirse en la c¨¢rcel. Se calcula que hay unas 5.000 personas en esa situaci¨®n en las prisiones de Estados Unidos, cuyo sistema penal prima el castigo sobre la rehabilitaci¨®n.

Los condenados a la pena capital que defienden su inocencia prefieren que sus penas no se conmuten por cadena perpetua sin libertad condicional. Al menos, el largo y tortuoso proceso que separa a un condenado a muerte de su ejecuci¨®n contempla a?os, casi siempre d¨¦cadas, de revisiones de sus casos en las diferentes instancias judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo.

200 indultos

La pen¨²ltima demostraci¨®n de por qu¨¦ son importantes esas segundas oportunidades lleg¨® en junio pasado, cuando Estados Unidos bati¨® una sombr¨ªa marca con el indulto a Larry Roberts. Roberts estaba en el corredor de la muerte por el asesinato a cuchilladas en 1983 de otro preso y de un guardia de una prisi¨®n de California, cr¨ªmenes, que, al fin qued¨® demostrado, nunca cometi¨®. Su perd¨®n lo convirti¨® en el condenado a muerte n¨²mero 200 al que las autoridades han exonerado desde que el Tribunal Supremo reinstaur¨® la pena capital con una pol¨¦mica sentencia de 1972. Desde entonces, se calcula que al menos 1.605 personas han sido ejecutadas en el pa¨ªs, toda una rareza en Occidente.

En el lote de 37 indultados por Biden, hay muertes relacionadas con el tr¨¢fico de drogas, nueve condenados por matar a otros presos, un marine acusado de acabar con la vida de un compa?ero de filas y asesinos que cometieron sus delitos en territorio propiedad del Gobierno federal. Tambi¨¦n hay, indica Bonowitz, ¡°varios [reos] con cre¨ªbles reivindicaciones de inocencia, incluida la de Billie Allen¡±. Amnist¨ªa internacional (AI) recolect¨® 100.000 firmas para la conmutaci¨®n de la pena por un crimen que niega haber cometido. ¡°Su caso¡±, seg¨²n AI, ¡°plantea serias preocupaciones sobre prejuicios raciales [en la composici¨®n del jurado], su corta edad en ese momento [ten¨ªa 18 a?os] y la falta de pruebas que lo vinculan con el delito¡±. Allen est¨¢ acusado de haber participado junto a Norris Holder, otro preso cuya pena ha sido conmutada, en un atraco a un banco de San Luis (Misuri) durante el que un guarda muri¨® a balazos. Holder lo plane¨® para conseguir dinero para comprar una pr¨®tesis para su pierna, que perdi¨® en un accidente de tren.

La decisi¨®n de esta semana, fruto de la presi¨®n de organizaciones en defensa de los derechos civiles y de diversos l¨ªderes y congregaciones religiosas, con el papa Francisco a la cabeza, se?ala tambi¨¦n la evoluci¨®n con respecto a la pena capital de Biden, que en enero pone fin a m¨¢s de medio siglo de carrera pol¨ªtica en Washington. Durante una buena parte de su trayectoria, fue un ac¨¦rrimo ¡°defensor de la pena de muerte¡±, y firm¨® una ley que aumentaba los supuestos a los que aplicarla. En un v¨ªdeo de 1994 que ha resurgido estos d¨ªas, se lo puede ver en el Senado definirse como tal y defender con una energ¨ªa de otra ¨¦poca la mano dura contra el crimen. En 2020, hizo campa?a con la promesa de acabar con la pena capital durante su presidencia. No la cumpli¨®, pero s¨ª orden¨® al Departamento de Justicia una moratoria en las ejecuciones en el ¨¢mbito federal.

En 2024, los Estados ejecutaron a 25 presos, uno m¨¢s que en 2023. Se trata del d¨¦cimo a?o consecutivo en el que el n¨²mero baja de los 30, y son cifras que est¨¢n muy lejos de la ¨¦poca dorada de la pena capital en Estados Unidos, que coincidieron con el cambio de siglo: el r¨¦cord se bati¨® en 1999, con 98 ejecuciones. Bonowitz se?ala, sin embargo, una tendencia ¡°preocupante¡±: ¡°Hemos visto Estados que han reanudado la pr¨¢ctica con prisioneros que agotaron todas sus apelaciones¡±. Es el caso de Indiana, que mat¨® este mes por primera vez en 15 a?os. Tambi¨¦n se han ensayado nuevos m¨¦todos, como la asfixia por nitr¨®geno, un invento de Alabama, y se han resucitado otros, como el pelot¨®n de fusilamiento, para sortear las dificultades de las autoridades para aprovisionarse de los f¨¢rmacos necesarios para la inyecci¨®n letal. La silla el¨¦ctrica, cuya popularidad decay¨® en los noventa por motivos humanitarios, sigue siendo una opci¨®n en siete Estados.

¡°A¨²n queda mucho por hacer, incluso cuando la opini¨®n p¨²blica sobre este tema est¨¢ en su punto m¨¢s bajo¡±, advierte Bonowitz. Seg¨²n la encuestadora Gallup, el apoyo a la pena capital es, con un 53%, el m¨¢s moderado en cinco d¨¦cadas. Ese reparto proporcional se invierte entre los ciudadanos entre 18 y 43 a?os, franja en la que m¨¢s de la mitad se opone a ella. El apoyo a la pena de muerte alcanz¨® su tope en 1994, cuando el 80% de los estadounidenses se expresaban a favor de su aplicaci¨®n.