Los ¨²ltimos d¨ªas del corredor de la muerte en California: ¡°Aqu¨ª no nos permiten ser humanos¡±

Un d¨ªa de mayo de 1985, Kevin Cooper pis¨® por primera vez el corredor de la muerte de la prisi¨®n estatal de San Quint¨ªn, en la bah¨ªa de San Francisco. Hace tres semanas, 39 a?os despu¨¦s, dej¨® atr¨¢s una de las c¨¢rceles m¨¢s antiguas, famosas y temibles de Estados Unidos durante otro d¨ªa de mayo rumbo a su nuevo hogar: el Centro de Atenci¨®n M¨¦dica de Stockton, que tiene nombre de hospital, pero es una penitenciar¨ªa en mitad de la nada. A¨²n pesa sobre ¨¦l la pena capital, pero el cambio, dice, ¡°ha sido como pasar del infierno a una especie de cielo¡±. Ya no est¨¢ obligado a ir esposado y con escolta siempre que est¨¢ fuera de la celda en la que cumple condena por un crimen que asegura que no cometi¨®. Tiene el doble de espacio y una ventana por la que ve el cielo. Le ha bajado la presi¨®n arterial, pero lo mejor, cuenta en una llamada telef¨®nica que a cada rato interrumpe una voz que advierte de que la conversaci¨®n est¨¢ siendo grabada, es que en la nueva prisi¨®n le dan hielo.

Cooper es uno de los 636 presos en el corredor de la muerte en California, 20 de los cuales son mujeres. De los 27 Estados en los que la pena capital est¨¢ en vigor en el pa¨ªs, es el que cuenta con un mayor n¨²mero de condenados. No tanto porque sea el m¨¢s poblado de la Uni¨®n, sino porque sus jueces siguen condenando a morir, pero el sistema no los mata. Desde la ¨²ltima ejecuci¨®n en 2006, no ha habido ninguna otra. Y despu¨¦s de que en 1976 el Supremo reintrodujera la pena capital en Estados Unidos, solo 13 personas han sido ajusticiadas en California.

La l¨®gica dictar¨ªa que un Estado como este, de mayor¨ªa liberal, deber¨ªa haber abolido la pena de muerte. Lo cierto es que su final se someti¨® en 2016 a referendo, y un 53,9% de los californianos vot¨® en contra. En la misma papeleta, se decid¨ªa sobre otra iniciativa, la propuesta 66, que s¨ª sali¨® adelante y que se redact¨®, a instancias de los familiares de las v¨ªctimas, para ¡°acelerar el sistema de apelaciones¡± de los que aguardan su suerte durante d¨¦cadas. En la pr¨¢ctica ha desembocado en la decisi¨®n del gobernador dem¨®crata Gavin Newsom, tal vez el pr¨®ximo candidato de su partido a la Casa Blanca, de desmantelar el corredor de la muerte en San Quint¨ªn, el m¨¢s grande de Estados Unidos, y de repartir a los internos por c¨¢rceles de menor seguridad, ¡°m¨¢s humanitarias¡±, por todo el Estado.

El programa comenz¨® en 2020 con unos 100 reos que aceptaron ser los primeros en probar. Hace cuatro meses empez¨® el traslado del resto, un proceso que est¨¢ a punto de concluir. Este viernes a¨²n quedaban 38 presos por mover, seg¨²n los registros oficiales. La siguiente fase del plan pasa por convertir San Quint¨ªn, una instituci¨®n famosa en la cultura pop por aquel concierto de Johnny Cash y porque fue hogar durante d¨¦cadas del asesino Charles Manson, en un centro de rehabilitaci¨®n de ¡°inspiraci¨®n n¨®rdica¡±.

Los condenados ten¨ªan que fijar sus tres destinos preferidos, que el departamento de prisiones californiano pod¨ªa tomar en consideraci¨®n o no en funci¨®n de un sistema de puntos que ten¨ªa en cuenta, entre otras cosas, el comportamiento. A Cooper le concedieron el deseo de ir a Stockton: est¨¢ a unas dos horas de San Francisco, si el tr¨¢fico no se pone feo, y eso disuadir¨¢ a algunos de los que lo visitaban de hacerlo tan a menudo. Pero podr¨ªa haber sido peor, podr¨ªan haberlo enviado al extremo sur de California. Su predilecci¨®n por ese lugar, algo as¨ª como una c¨¢rcel medicalizada, lo explican sus problemas de espalda tras tantos a?os de jugar a baloncesto en el patio de la c¨¢rcel, as¨ª como la artritis de la rodilla derecha, que espera que le puedan tratar.

Un mes antes de su traslado, Cooper recibi¨® en el corredor de la muerte a EL PA?S mientras afuera un sol radiante de abril ba?aba uno de los enclaves m¨¢s hermosos de la bah¨ªa. ¡°Bienvenido a la infame prisi¨®n de San Quint¨ªn¡±, dijo, ¡°aqu¨ª dentro no nos permiten ser humanos; somos v¨ªctimas de un moderno linchamiento¡±.

La zona de visitas de la c¨¢rcel est¨¢ dividida en una docena de jaulas con barrotes, que dan al lugar el aire de una granja industrial. A la entrada, hay un pu?ado de m¨¢quinas de comida que solo admite cuartos y billetes de un d¨®lar y un microondas en el que las visitas calientan las raciones reci¨¦n compradas para sus seres queridos. Aquel d¨ªa el lugar estaba lleno, y todas eran mujeres. Una madre cont¨® que llevaba 29 a?os yendo cada semana a ver a su hijo. Hab¨ªa activistas, esposas y una muchacha enamorada que hab¨ªa venido de Europa.

La incertidumbre sobre esos traslados, el cu¨¢ndo, pero sobre todo el d¨®nde, hizo cundir en esas semanas entre los presos una mezcla de ansiedad ante la perspectiva de cambiar a?os de rutinas, terribles, pero rutinas al fin y al cabo, y la esperanza de que ese cambio fuera para mejor. Todo indica que uno de ellos, Daniel Jenkins, no pudo soportarlo. Lo encontraron muerto en su celda de San Quint¨ªn poco despu¨¦s. Aparentemente, se suicid¨®.

En la ma?ana de nuestra visita, el hombre que m¨¢s tiempo lleva en California en el corredor de la muerte, un nativo americano llamado Douglas Chief Stankewitz, de 66 a?os, resumi¨® bien esa paradoja tras los barrotes de la jaula en la que charlaba con su amiga, Colleen Hicks: ¡°Me preocupa c¨®mo nos van a recibir los otros presos; qu¨¦ cosas les habr¨¢n contado de nosotros. Tambi¨¦n me preocupa c¨®mo se portar¨¢ la administraci¨®n; su capacidad para castigarnos no conoce l¨ªmites¡±, dijo a EL PA?S. ¡°Por otro lado, estoy ilusionado. Me han dicho que podr¨¦ acariciar a los perros y, qui¨¦n sabe, aprender inform¨¢tica¡±. La pena de muerte de Stankewitz, que lleva 46 a?os entre rejas por el asesinato de una mujer, fue conmutada en 2019 por cadena perpetua sin posibilidad de revisi¨®n, en vista de las irregularidades que plagaron sus dos juicios. Est¨¢ pendiente de que un juez decida sobre una petici¨®n de habeas corpus que podr¨ªa significar su puesta en libertad.

Keith Doolin es otro de los internos transferidos. Lleva 28 de sus 51 a?os en el corredor de la muerte ¨D¡°encarcelado ilegalmente¡±, aclara¨D tras ser condenado por el asesinato de dos prostitutas cuando era camionero de largas distancias. Lo que m¨¢s le preocupaba de la mudanza era que le perdieran su bien m¨¢s preciado, la m¨¢quina de escribir, con la que trabaja en su caso. Tambi¨¦n que lo mandaran a¨²n m¨¢s lejos de su madre, Donna Larsen.

La m¨¢quina y todo lo dem¨¢s lleg¨® bien: ¡°Ahora veo monta?as, ¨¢rboles y animales desde mi celda: ciervos, gansos y una familia de colibr¨ªes que ha construido su nido en mi ventana¡±, cuenta desde su nuevo destino, la prisi¨®n de New Folsom, cerca de Sacramento. En cuanto a la madre, ha ganado m¨¢s o menos una hora de trayecto cuando va a verlo. En una conversaci¨®n telef¨®nica, Larsen, que se apunt¨® a la escuela de Derecho cuando condenaron a su hijo para poder probar que es ¡°inocente como un reci¨¦n nacido¡±, explic¨® que hab¨ªa seguido muy de cerca todos los traslados, no solo el de Doolin, y que, tras hablar con muchos de los reos, cre¨ªa que ¡°en general el balance hab¨ªa sido bueno¡±. Larsen es toda una instituci¨®n entre los familiares de los presos del corredor de la muerte de California. Muchos, a?adi¨® esta mujer octogenaria, la llaman ¡°abuelita¡±.

El d¨ªa de la entrevista en San Quint¨ªn, Kevin Cooper dijo que su traslado no le inquietaba. ¡°Soy demasiado viejo ya para preocuparme por nada. Si sobreviv¨ª en este infierno, podr¨¦ con cualquier cosa. Una prisi¨®n es siempre una prisi¨®n¡±. Un guarda lo hab¨ªa tra¨ªdo esposado desde el Bloque Este, la mole de color amarillo de cinco pisos que albergaba el corredor de la muerte. All¨ª viv¨ªa en un ¡°agujero¡± de 4,5 metros cuadrados sin ventanas, con fregadero, retrete y una cama met¨¢lica a la que retiraba el colch¨®n para poder escribir sobre la estructura.

Entr¨® ¨¦l primero en el habit¨¢culo designado para la visita. Desde fuera, le quitaron las esposas, y por el otro lado, abrieron la puerta al visitante. Una vez dentro, echaron la llave a la jaula. Para poder acceder a San Quint¨ªn no est¨¢ permitida la ropa de ciertos colores, ni llevar m¨®vil, c¨¢mara de fotos o grabadora. As¨ª que a mitad de la conversaci¨®n, de algo m¨¢s de dos horas, un funcionario de prisiones tom¨® un retrato del preso.

Cooper habl¨® de muchas cosas mientras com¨ªa unas alitas de pollo picante recalentadas: del consuelo que hab¨ªa encontrado en los libros y en el arte (sus cuadros son alegatos contra la pena de muerte y el racismo, pero en la nueva prisi¨®n de momento le han quitado sus pinceles); de las corazas que desarroll¨® en estos a?os (¡°no tengo amigos aqu¨ª dentro: la soledad es mi m¨¢s vieja compa?era¡±); y de lo primero que har¨ªa si alg¨²n d¨ªa lo sueltan: ¡°Como alguien oprimido, me unir¨ªa a una manifestaci¨®n. Por ejemplo, en favor del pueblo palestino¡±.

Pero, sobre todo, Cooper, de 66 a?os, repas¨® su vida, partida en dos por aquella noche de junio de 1983 del asesinato a cuchilladas, hachazos y golpes de picahielo del joven matrimonio formado por Doug y Peggy Ryen, de la hija de estos, Jessica, de 10 a?os, y de un amiguito al que hab¨ªan invitado a pasar la noche en su casa de una urbanizaci¨®n acomodada de Chino Hills, cerca de Los ?ngeles. Josh, el hijo peque?o, sobrevivi¨® a su degollamiento gracias a que pas¨® por muerto. En su primera declaraci¨®n, se?al¨® a ¡°tres tipos blancos¡± como los culpables de la matanza. Luego los defini¨® como ¡°tres latinos¡±. Un mes despu¨¦s neg¨® espec¨ªficamente que hubiera sido cosa de un hombre negro. M¨¢s tarde, se desdijo.

Cooper, un joven afroamericano de 25 a?os con un nutrido historial criminal, se hab¨ªa escondido en una casa vac¨ªa a poco m¨¢s de 100 metros de la de los Ryen despu¨¦s de escaparse por un agujero en la cerca de la prisi¨®n de m¨ªnima seguridad en la que cumpl¨ªa condena por robo. ¡°Aquella fue la peor decisi¨®n de mi vida¡±, recuerda.

En esa casa abandonada pas¨® dos noches, y desde all¨ª llam¨® sin ¨¦xito a un par de amigas para que le prestaran dinero. ?l asegura que sigui¨® camino a M¨¦xico antes de los asesinatos. Cuando supieron que un fugado andaba suelto por la zona, la polic¨ªa, apremiada por resolver un caso que horroriz¨® al pa¨ªs, abandon¨® el resto de hip¨®tesis y decidi¨® que Cooper era el culpable. Ese a?o, el sheriff encargado del caso se presentaba a la reelecci¨®n. Tard¨® cuatro d¨ªas en dar por resuelto el problema.

El sospechoso estaba para entonces fugado en Tijuana. ¡°Cuando vi en la tele que me buscaban, me asust¨® el modo en el que hablaban de m¨ª¡±, recuerda. Cooper y los defensores de su causa, entre ellos, los activistas de Amnist¨ªa Internacional, llevan cuatro d¨¦cadas denunciando la investigaci¨®n. En un primer registro, la polic¨ªa no encontr¨® ninguna prueba incriminatoria en la casa vac¨ªa, pero al d¨ªa siguiente, s¨ª: un bot¨®n verde de un uniforme de presidiario (despu¨¦s se supo que el sospechoso vest¨ªa una chaqueta marr¨®n), as¨ª como la vaina de un hacha.

Sangre y colillas

La furgoneta de los Ryen, hallada a unos 50 kil¨®metros del lugar del crimen, ten¨ªa restos de sangre en tres de sus cuatro asientos, pero el jurado que hall¨® culpable a Cooper no consider¨® la improbabilidad de que una sola persona hubiera manchado por tres, ni se pregunt¨® c¨®mo esta fue capaz de infligir a las v¨ªctimas 140 heridas de arma blanca sin ayuda de nadie. En un primer registro, tampoco encontraron huellas del sospechoso en el veh¨ªculo, pero, de nuevo, en una segunda pasada, aparecieron los indicios: tres colillas de la misma marca que Cooper fum¨® en la casa abandonada. En el sumario hay constancia de un fen¨®meno asombroso: esas colillas fueron cambiando de tama?o con el pasar de los a?os.

Otra cosa que llama la atenci¨®n de un caso plagado de sombras es el hecho de que una mujer llam¨® a la polic¨ªa diciendo que su novio, un hombre blanco, hab¨ªa aparecido la noche de autos con el mono de trabajo lleno de sangre. Entreg¨® la prenda al sheriff de San Bernardino, Floyd Tidwell, pero este decidi¨® destruir esa prueba. En 2004, Tidwell, sospechoso de haber tejido una red de corrupci¨®n mientras era jefe de la polic¨ªa del condado, se declar¨® culpable de haberse quedado a lo largo de los a?os m¨¢s de 530 armas confiscadas por sus agentes.

El juicio a Cooper se celebr¨® en San Diego con manifestantes con carteles racistas a la puerta y un gorila de peluche con el nombre de Kevin. ?l se queja de que su abogado de oficio ¡°no hizo lo suficiente¡±, y de que ¡°no estaba preparado para un caso tan complejo¡±. El jurado, formado por 11 ciudadanos blancos y uno negro, lo hall¨® culpable y recomend¨® su condena a muerte. Desde entonces, ha agotado todas las apelaciones posibles, y en todas confirmaron la sentencia.

En 2004, estuvo a punto de ser ajusticiado. Cuando faltaban tres horas y 42 minutos para la inyecci¨®n letal lleg¨® la orden del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, con jurisdicci¨®n sobre el Oeste del pa¨ªs, de parar la ejecuci¨®n. ¡°El d¨ªa en el que casi me matan fue uno de los m¨¢s irreales de mi vida; como ver una pel¨ªcula protagonizada por otro¡±, recuerda Cooper. ¡°Me preguntaron cu¨¢l quer¨ªa que fuera mi ¨²ltima cena, pero me negu¨¦ a escoger. Es cruel: ?c¨®mo le haces comer a alguien a quien vas a asesinar? Yo miraba al reloj, y tambi¨¦n a los ojos de mis verdugos. Cuando supieron que se aplazaba, sent¨ª el enfado en sus caras¡±, recuerda.

Poco antes de aquello, un poderoso bufete llamado Orrick, Herrington & Sutcliffe entr¨® a trabajar desinteresadamente en el caso. Es una constante en la pena capital en Estados Unidos. En los juicios en los que realmente est¨¢ en juego que el acusado quede atrapado en un sistema judicial del que es casi imposible zafarse despu¨¦s, la defensa suele ser defectuosa. Cuando se agotan las alternativas, entran los letrados brillantes a trabajar pro bono. Ren¨¦ Kathawala, abogado de la firma, explica en una entrevista telef¨®nica desde Nueva York que llevan desde entonces pidiendo sin ¨¦xito que les entreguen los archivos policiales de San Bernardino. ¡°Arrojar¨ªa luz, por ejemplo, sobre por qu¨¦ se desecharon las dem¨¢s pistas. O sobre d¨®nde fueron a parar las pruebas recabadas en la casa de los Ryen. O sobre la hip¨®tesis de que todo se debiera a un ajuste de cuentas por un negocio de venta de caballos. Kevin carec¨ªa de motivo para matar a esa familia¡±, aclara.

La visita de Kardashian

En este tiempo, la causa de Cooper ha ido sumando adeptos de renombre, como William A. Fletcher, juez del Noveno Distrito, que escribi¨® en 2009 una opini¨®n disidente de 100 p¨¢ginas titulada El Estado de California podr¨ªa estar a punto de ejecutar a un hombre inocente; Kim Kardashian, que lo visit¨® en San Quint¨ªn; o el influyente columnista de The New York Times Nicholas Kristof, autor de un detallado art¨ªculo sobre el caso como ejemplo de un ¡°sistema judicial roto¡±. En ¨¦l, hablaba con los padres del amigo muerto, que no albergan dudas sobre la culpabilidad de Cooper, y ped¨ªa que se practicaran nuevas pruebas de ADN.

Estas se autorizaron finalmente, pero los resultados no sirvieron de mucho. Volvi¨® a quedar probado que los pelos encontrados en las manos de las v¨ªctimas no eran del condenado, pero no hubo manera de relacionarlos con ning¨²n otro sospechoso. Una toalla naranja arroj¨® un perfil de ADN completo, aunque no dieron con la persona a la que pertenece. Y no fue posible extraer de una camiseta color canela suficiente material gen¨¦tico, porque estaba degradado despu¨¦s de tanto tiempo. Un examen anterior identific¨® gotas de sangre de Cooper en esa prenda y tambi¨¦n trazas de un conservante qu¨ªmico llamado EDTA que se usa para que no se echen a perder las muestras en los tubos de ensayo. Para quienes defienden la inocencia de Cooper, eso solo puede significar que el sheriff puso esos restos all¨ª.

En 2019, Newsom, reci¨¦n elegido gobernador, decret¨® una moratoria para todas las condenas a muerte. Tambi¨¦n mand¨® desmontar la c¨¢mara de ejecuciones de San Quint¨ªn, la infame ¡°habitaci¨®n verde¡±. (Doolin, el camionero condenado por dos asesinatos, recuerda que vio la noticia por televisi¨®n en su celda de la c¨¢rcel, y que los presos de su bloque aplaudieron espont¨¢neamente). El pol¨ªtico dem¨®crata orden¨® adem¨¢s una ¡°investigaci¨®n de inocencia¡± para el caso de Cooper a la firma a Morrison & Foerster, cuyos resultados se publicaron en enero de 2023. El informe conclu¨ªa que las pruebas de su culpabilidad eran ¡°extensas y concluyentes¡±. El texto, de 243 p¨¢ginas, tambi¨¦n dec¨ªa que no hab¨ªa ninguna evidencia de ADN que ¡°se?ale a nadie m¨¢s como culpable¡±. ¡°Aquello supuso uno de los peores reveses de mi vida¡±, recuerda Cooper.

¡°Fue un trabajo superficial y absurdo, de una incompetencia deliberada¡±, considera Kathawala. ¡°Pareci¨® como si le quisieran tender una emboscada. Nos cogi¨® a todos por sorpresa, y no solo por el contenido. Lo publicaron un viernes antes de un lunes festivo, y nos lo pasaron 20 minutos antes de envi¨¢rselo a los medios. As¨ª que la primera cobertura, muy abundante, fue muy perjudicial para Kevin. [Morrison & Foerster] Se basaron solo en los documentos de los distintos juicios, y ni siquiera citaron a declarar a quienes participaron en la investigaci¨®n¡±.

Desde la publicaci¨®n del informe, el bufete se ha negado a comentar p¨²blicamente sus conclusiones o la metodolog¨ªa que condujo a ellas.

Despu¨¦s de eso, solo quedan dos ¨²ltimos recursos para Cooper: que Newsom decida exonerarlo mediante una orden ejecutiva (¡°cosa poco probable¡±, opina Kathawala) y la recientemente aprobada Ley de Justicia Racial que, con efecto retroactivo, permite recurrir cualquier condena si se demuestra que en ella concurs¨® alg¨²n tipo de prejuicio racial.

Un sistema racista

Para tratar de demostrar que eso fue lo que sucedi¨® con ¨¦l, Cooper cuenta desde hace unos meses con la ayuda de la profesora y autora Lara Bazelon, que dirige un departamento en la Universidad de San Francisco especializado en reclamaciones de justicia racial. ¡°Creo que Kevin encaja limpiamente con lo que prev¨¦ esa ley. Hubo muchas irregularidades; la principal es que siempre se negaran a compartir los papeles de la investigaci¨®n. As¨ª no hay manera de saber cu¨¢ntas violaciones Brady se cometieron, y est¨¢ claro que fueron muchas¡±, aclara Bazelon en su despacho en San Francisco. La doctrina Brady emana de una hist¨®rica sentencia del Supremo que en los sesenta oblig¨® a la fiscal¨ªa a compartir con la defensa cualquier informaci¨®n exculpatoria.

Las estad¨ªsticas confirman que la industria de la pena capital en California, que se calcula que ha costado a los contribuyentes 4.000 millones de d¨®lares desde su reintroducci¨®n en 1976, afecta desproporcionadamente a las minor¨ªas. El Estado cuenta con un 6,5% de poblaci¨®n negra, pero m¨¢s de una tercera parte de los condenados a muerte son afroamericanos. Estos tienen, seg¨²n explica Morgan Zamora en las oficinas de Oakland de la ONG Ella Baker Center for Human Rights, entre cinco y nueve veces m¨¢s posibilidades que el resto de correr esa suerte. En el caso de los latinos, entre tres y seis veces m¨¢s. El a?o pasado, California fue el segundo Estado, tras Florida, en n¨²mero de sentencias de muerte, y todas afectaron a acusados negros y latinos.

La toma de conciencia sobre ese ¡°racismo sist¨¦mico¡± llev¨® a principios de abril a Jeff Rosen, fiscal del distrito de Santa Clara, a cambiar las penas a los 15 sentenciados a muerte de su condado, en el coraz¨®n de Silicon Valley, por condenas a cadena perpetua sin posibilidad de revisi¨®n. ¡°Me parece que ya es un castigo lo suficientemente duro: pasar toda tu vida entre rejas y morir ah¨ª dentro. Y, por favor, no me tome por alguien blando con el crimen¡±, explic¨® Rosen en su despacho en la ciudad de Santa Clara, ¡°pero tras el asesinato de George Floyd [afroamericano muerto en 2020 a manos de un polic¨ªa blanco] me di cuenta de que eso no estaba bien¡±.

En ese cambio de idea influy¨® tambi¨¦n una visita que hizo al Memorial del Linchamiento en Alabama y que le abri¨® los ojos, dice, a ¡°la certeza del encarcelamiento masivo como una continuaci¨®n de la esclavitud y la segregaci¨®n¡±, as¨ª como la sospecha de que el propio sistema, que retrasa durante d¨¦cadas las ejecuciones para agotar todos los recursos, tiene algo perverso: ¡°Si alguien coment¨® un crimen horrible a los 25 a?os y no lo ajusticias hasta los 65. ?Sigue siendo la misma persona? Yo creo que no¡±. Rosen tambi¨¦n recuerda que la obligaci¨®n de que los juicios por pena capital se resuelvan con jurado contribuye involuntariamente al racismo. ¡°Para ser aceptados, los candidatos tienen que asegurar que se sienten moralmente capaces de aplicarla. ?Y qui¨¦n suele decir abrumadoramente que s¨ª?: los hombres conservadores blancos¡±, explica.

Rosen no es el ¨²nico fiscal de distrito en tomar ¨²ltimamente la senda abolicionista en California. El d¨ªa anterior, Pamela Price, la del condado de Alameda, hab¨ªa recibido una orden judicial de revisar las 35 condenas a la pena capital de su jurisdicci¨®n por sospechas de malas pr¨¢cticas de la fiscal¨ªa, acusada de excluir sistem¨¢ticamente a afroamericanos y jud¨ªos en la selecci¨®n de los jurados. Y en abril, varias destacadas organizaciones legales y en defensa de los derechos civiles presentaron una demanda ante el Supremo estatal para lograr la abolici¨®n de la pena capital bas¨¢ndose en esos prejuicios raciales. Adem¨¢s, en enero entr¨® en vigor la ley SB97, redactada para simplificar y acelerar el proceso de revisi¨®n de las condenas injustas por la v¨ªa de un habeas corpus urgente. Tanto Doolin como su madre tienen sus esperanzas depositadas en esa opci¨®n. ¡°Conf¨ªo en que al revisar el caso el juez determine que soy inocente y que merezco ser puesto en libertad¡±, dice ¨¦l.

La suma de todas esas noticias invita a la abogada y consultora en temas de reforma del sistema de justicia penal Natasha Minsker a pensar en un cambio de paradigma. ?Est¨¢ California asistiendo a la lenta muerte de la pena de muerte? ¡°Creo que s¨ª. Aunque tambi¨¦n es cierto que esa agon¨ªa lleva demasiado tiempo, unos 10 a?os¡±, argumenta en una entrevista telef¨®nica desde Sacramento, la capital del Estado, donde trabaja influyendo en los legisladores y con la oficina del gobernador.

Newsom podr¨ªa conceder un indulto universal antes de dejar el cargo (su segundo y ¨²ltimo mandato terminar¨¢ en 2027), y la comunidad de activistas contra la pena de muerte en el Estado fantasea con esa posibilidad, aunque tal vez esa no sea una buena idea para sus ¡°aspiraciones presidenciales¡±. Eso significar¨ªa que todos los condenados a muerte dejar¨ªan de estarlo, pero no supondr¨ªa la abolici¨®n de la pena capital, porque la ley dicta que algo as¨ª solo puede salir de un referendo popular. ¡°No pierdo la esperanza¡±, dice Minsker. ¡°S¨¦ que el gobernador est¨¢ muy comprometido con la idea de poner fin a la pena de muerte en California, y conf¨ªo en que haga todo lo posible antes de dejar el puesto¡±.

El desmantelamiento del corredor de San Quint¨ªn prueba, seg¨²n esta abogada, ese compromiso de Newsom. Y si es verdad que la pena de muerte est¨¢ muriendo en California, el Bloque Este, con sus celdas diminutas y su aspecto sacado de la peor pesadilla de Gotham, la ciudad de Batman, tal vez pueda en el futuro servir como el escalofriante recuerdo de un tiempo pasado. La memoria de que hubo un lugar en un precioso rinc¨®n de la bah¨ªa de San Francisco en el que a algunos hombres no les permit¨ªan ¡°ser humanos¡±.