La UE se enfrenta al triple desaf¨ªo de Elon Musk: activista ultra, propietario de X y mano derecha de Trump

El choque entre Elon Musk y varios l¨ªderes pol¨ªticos de la UE tiene mucho de in¨¦dito. El enfrentamiento con el mayor multimillonario del planeta supone todo un desaf¨ªo para la propia legislaci¨®n europea. El empresario tecnol¨®gico est¨¢ amparado por la libertad de expresi¨®n. Nadie duda que pueda opinar y decir lo que piensa en p¨²blico. La propia Comisi¨®n Europea lo dej¨® claro este lunes. Pero la red social X, de la que es propietario, est¨¢ sujeta al reglamento de servicios digitales. Y, por ¨²ltimo, el agitador de ultraderecha y empresario es al mismo tiempo un hombre a punto de entrar en el Gobierno de la primera potencia mundial. Esta mezcla de funciones de Musk, unida a su respaldo a las fuerzas ultras en media Europa, ha servido para que l¨ªderes como el alem¨¢n Olaf Scholz, el franc¨¦s Emmanuel Macron o el brit¨¢nico Keir Starmer carguen contra ¨¦l por injerencia extranjera.

En teor¨ªa, la separaci¨®n jur¨ªdica entre todos estos roles del hombre que se ha convertido en el principal apoyo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, parece clara. Pero la situaci¨®n se complica cuando se observa con m¨¢s detenimiento. Ricard Mart¨ªnez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Val¨¨ncia, recuerda que el reglamento (DSA, por sus siglas europeas) exige a las empresas que superan los 45 millones de usuarios ¡°obligaciones de diligencia¡±. Entre ellas, la principal es la transparencia de sus algoritmos, el an¨¢lisis de los riesgos sociales y c¨ªvicos, tambi¨¦n electorales, de las decisiones que adoptan sus directivos. Adem¨¢s, tiene que haber una moderaci¨®n objetiva de sus contenidos. Y aqu¨ª es donde comienza a complicarse la situaci¨®n: el principal accionista de la red social, de nuevo Musk, es a su vez ¡°un usuario cualificado de gran capilaridad¡±, con 212 millones de seguidores, y la propia empresa debe cumplir sus obligaciones respecto a ese usuario, que en los ¨²ltimos tiempos se ha dedicado a publicar tuits de forma compulsiva, muchas veces esparciendo mentiras f¨¢cilmente desmontables.

Otro elemento al que apunta Mart¨ªnez, antiguo miembro de la Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos, es que, con sus pronunciamientos tan claros, el accionista mayoritario de X ¡°se define con un posicionamiento editorial, lo que le hace abandonar por completo cualquier escenario de neutralidad¡±.

Tampoco es medir hasta qu¨¦ punto se puede hablar de injerencia extranjera, como han hecho varios pol¨ªticos europeos. La ¨²ltima en hacerlo ha sido la presidenta del grupo liberal en el Parlamento Europeo, Valerie Hayer. ¡°La UE no puede permanecer ingenua o ciega ante la determinaci¨®n de Musk de usar X para interferir en los asuntos democr¨¢ticos de los Estados miembros, respaldando a la ultraderecha¡±, ha se?alado la pol¨ªtica francesa. Hay expertos que no tienen tan claro que se pueda hablar de injerencia. ¡°En principio, dir¨ªa que no se puede, porque las redes sociales per se no tienen fronteras. El tema es tambi¨¦n d¨®nde est¨¢ el l¨ªmite¡±, apunta Cecilia Danesi, directora del m¨¢ster en gobernanza ¨¦tica de inteligencia artificial de Universidad Pontificia de Salamanca, sin acabar de dar una opini¨®n contundente.

No es que las redes sociales se hayan caracterizado hasta ahora por su neutralidad. Lo subraya la propia Danesi: ¡°Siempre han tenido ideolog¨ªa¡±. Lo nuevo ¡ªy el agravante, a?ade¡ª ¡°es la figura intervencionista¡± de Musk en este caso, quien adem¨¢s destaca que el empresario de origen sudafricano suele ¡°duplicar la apuesta¡± en sus respuestas.

Tampoco es que las plataformas digitales sean especialmente diligentes con la ley. Redes como TikTok, Temu, Meta o Instagram ya tienen procedimientos abiertos. Pero, como se?alan fuentes europeas, no hay precedentes de propietarios de redes sociales con posiciones tan definidas y con tantos roles mezclados, y de las implicaciones legales que esto puede tener. Esto supone de alguna forma entrar en terreno ¡°inexplorado¡±.

Y no porque Bruselas no haya abierto expedientes contra X hasta ahora. De hecho, la Comisi¨®n Europea ya ha concluido que X incumple las normas europeas que ordenan el tr¨¢fico en el universo digital, recuerda el propio Ejecutivo comunitario, ¡°incluyendo c¨®mo la plataforma maneja los riesgos para el discurso c¨ªvico y los procesos electorales¡±.

Pero esas son unas conclusiones preliminares, no definitivas, y no est¨¢n vinculadas a los ¨²ltimos movimientos de su propietario. La empresa ya ha presentado sus alegaciones, aunque los portavoces oficiales de la Comisi¨®n apunten a la v¨ªa electoral. Los hechos concretos que se se?alan en el pliego apuntan a tres elementos de incumplimiento.

El primero es la famosa etiqueta azul de la que disponen algunos usuarios de X. Los servicios t¨¦cnicos de la Comisi¨®n creen que induce a error al transmitir una se?al de credibilidad que, en realidad, se consigue pagando. Tampoco ser¨ªa transparente con la publicidad ni facilitar¨ªa a los investigadores el acceso a los datos, tal y como reclama la normativa europea.

Antes de lanzar esta acusaci¨®n, Bruselas hab¨ªa pedido explicaciones a la empresa tecnol¨®gica por haber prescindido de buena parte de sus verificadores de datos e informaci¨®n por haber eliminado este servicio de control de noticias falsas en cuatro lenguas europeas, reduci¨¦ndolo a siete.

No hay una decisi¨®n tomada sobre este asunto. La empresa ya present¨® sus alegaciones. Pero si no convencen a la Comisi¨®n Europea, la multa puede llegar hasta el 6% de su facturaci¨®n anual, es decir, unos 190 millones de euros, seg¨²n los ingresos que la empresa tuvo en 2023. Podr¨ªa llegar incluso a suspender su actividad, pero antes de llegar a este punto X deber¨ªa incumplir las ¨®rdenes previas de Bruselas y ser¨ªa necesaria una autorizaci¨®n judicial.

En cualquier caso, ese paso requerir¨ªa tiempo. Esto es lo que lleva al profesor de derecho constitucional a plantear que las normas deber¨ªan ser m¨¢s proactivas. Recuerda, por ejemplo, que hubo que ¡°redactar el reglamento de protecci¨®n de datos despu¨¦s de asuntos como el del derecho al olvido, el caso Cambridge Anal¨ªtica¡±. De alguna forma, Mart¨ªnez reclama que la UE ¡ªo los Estados miembros¡ª puedan actuar de forma m¨¢s diligente cuando se encuentren ¡°razones s¨®lidas y fundadas de interferencia en un proceso democr¨¢tico¡±.