Trump, contra la Constituci¨®n de EE UU: del fin de la ciudadan¨ªa por nacimiento a los indultos por el asalto al Capitolio

La avalancha de ¨®rdenes ejecutivas de un Donald Trump impaciente por cumplir sus promesas electorales y cambiar cuanto antes el rostro de la sociedad estadounidense no se hizo esperar. En su primera jornada como presidente ¨Duna jornada en la que, prometi¨® en campa?a, estaba listo para ser ¡°dictador por un d¨ªa¡±¨D prob¨® no solo que tiene prisa, sino tambi¨¦n que esta vez conoce los resortes de Washington y que no piensa aceptar un no por respuesta, incluso aunque eso suponga atacar frontalmente el sacrosanto texto de la Constituci¨®n estadounidense.

En sus primeras horas en el Despacho Oval (y antes, en un estadio abarrotado de miles de simpatizantes sedientos de espect¨¢culo), Trump estamp¨® su firma picuda en 41 documentos con un amplio abanico de consecuencias: desde cerrar la frontera con M¨¦xico y acabar con la principal v¨ªa legal para solicitar asilo a indultar a unos 1.500 procesados y condenados por el asalto al Capitolio; y desde prorrogar el permiso a TikTok para operar en el pa¨ªs a sacar a la primera potencia mundial del acuerdo clim¨¢tico de Par¨ªs o renombrar el golfo de M¨¦xico (de Am¨¦rica, desde este lunes).

Cabe cuestionar desde el punto de vista de su desprecio por las reglas de la democracia algunas de esas medidas, como la de ordenar al Departamento de Justicia que no cumpla una ley, en el caso de TikTok, o la de perdonar los delitos m¨¢s graves del 6 de enero, que incluyeron acciones violentas contra los agentes como parte de un ataque premeditado al principio de la transferencia pac¨ªfica del poder contemplado en la Constituci¨®n de Estados Unidos. Pero ninguna de esas ¨®rdenes ejecutivas firmadas por Trump ofrece tan serias dudas jur¨ªdicas como la que acaba con la ciudadan¨ªa por nacimiento (birthright).

Se trata de un derecho garantizado por la Decimocuarta Enmienda del texto fundamental. Aprobada en 1868, tres a?os despu¨¦s del final de la Guerra de la Secesi¨®n, garantiz¨®, abolida la esclavitud, la igualdad de todos ante la ley. Est¨¢, por tanto, arraigado en las costumbres desde hace m¨¢s de 150 a?os. Y establece que cualquier persona nacida en Estados Unidos es autom¨¢ticamente ciudadano del pa¨ªs. Trump no aspira a eliminarlo con car¨¢cter retroactivo, pero la considera un arma esencial en su ofensiva contra la inmigraci¨®n irregular, porque otorga la nacionalidad a los hijos de los sin papeles por el hecho de haber venido al mundo en esta tierra de oportunidades.

En un gesto que tambi¨¦n record¨® a los rituales de su primera Administraci¨®n, la oposici¨®n en los tribunales a esa medida, cuya entrada en vigor est¨¢ prevista en 30 d¨ªas, tampoco se hizo esperar. Antes del final del d¨ªa, la veterana Asociaci¨®n en Defensa de las Libertades Civiles (ACLU son sus siglas en ingl¨¦s) la impugn¨® en un juzgado de New Hampshire. Despu¨¦s, se sum¨® con otra querella Abogados por los Derechos Civiles. Ambas lo hicieron en nombre de parejas a punto de ser padres.

Por ¨²ltimo, una coalici¨®n de 18 Estados, al que luego se a?adieron otros cuatro, curs¨® este martes otra demanda que alega que la orden, titulada Protegiendo el significado y el valor de la ciudadan¨ªa estadounidense, viola los derechos constitucionales de miles de ni?os y acarrea costos indebidos a las autoridades locales, dado que perder¨¢n la financiaci¨®n federal vinculada a Medicaid (algo as¨ª como la Seguridad Social) y al seguro m¨¦dico infantil. El Distrito de Columbia (Washington) y la ciudad de San Francisco ¨Dcomo el resto de demandantes, bajo control dem¨®crata¨D tambi¨¦n se adhirieron.

A Trump no parecen importarle estos desaf¨ªos, que cab¨ªa prever, ni que la nacionalidad por nacimiento est¨¦ ¨ªntimamente entrelazada con la historia de la construcci¨®n de Estados Unidos como naci¨®n y sea un elemento indispensable de esa entelequia llamada ¡°sue?o americano¡±. Tampoco, que la Decimocuarta Enmienda arranque con una de las frases m¨¢s famosas de la Constituci¨®n: ¡°Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicci¨®n, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen¡±.

Esa provisi¨®n fue ratificada en 1898 por el Tribunal Supremo, cuando a Wong Kim Ark, un joven nacido en San Francisco de padres inmigrantes, le denegaron la entrada al pa¨ªs despu¨¦s de ir a ver a China para ver a su familia en un periodo en el que la furia contra la inmigraci¨®n ¨Despecialmente, la asi¨¢tica¨D arreciaba en Estados Unidos. Wong recurri¨® la decisi¨®n y el Supremo le dio la raz¨®n. En 1924, el birthright se extendi¨® a los nativos estadounidenses.

Cuando Trump estaba firmando la orden ejecutiva, dijo, una vez m¨¢s, faltando a la verdad: ¡°Tenemos que acabar con esto. Somos el ¨²nico pa¨ªs que lo tiene¡±. En realidad, decenas de ordenamientos jur¨ªdicos cuentan con versiones parecidas a la naturalizaci¨®n por nacimiento estadounidense (no es el caso de Espa?a, pero s¨ª el de M¨¦xico o Canad¨¢).

Gui?o a su base electoral

En un correo electr¨®nico, el profesor de Derecho y Ciencia Pol¨ªtica de la Universidad de Massachusetts Amherst Paul Collins, autor de varios libros sobre la politizaci¨®n del alto tribunal, explic¨® este martes que considera esa orden ejecutiva como ¡°un gui?o de Trump a su base electoral¡±. ¡°La idea de que un presidente est¨¢ autorizado a reinterpretar unilateralmente una enmienda es una teor¨ªa jur¨ªdica alocada. Me parece que los tribunales finalmente la rechazar¨¢n, pero no me sorprender¨ªa que algunos de los magistrados nombrados por Trump en su primer mandato la apoyen¡±, asegura. Collins tambi¨¦n advierte de que esa orden ejecutiva hay que verla como ¡°un ejemplo de la clase de pol¨ªticas que va a sacar adelante [el nuevo presidente] y que generar¨¢n tensi¨®n en los sistemas jur¨ªdico y pol¨ªtico estadounidenses¡±. ¡°A falta de una oposici¨®n m¨¢s fuerte, me preocupa la capacidad del sistema para soportar esa presi¨®n¡±, concluy¨® Collins.

Otra de las ¨®rdenes ejecutivas que caus¨® mayor conmoci¨®n en el primer d¨ªa de Trump 2.0 es la que pone en libertad a unos 1.572 encausados y condenados por el asalto al Capitolio. En este caso, la indignaci¨®n que ha causado en Estados Unidos es sobre todo moral, por lo que tiene de reescribir la historia de un grave ataque a la sede del poder legislativo y a uno de los pilares de la democracia estadounidense.

Con todo, est¨¢ en la mano del presidente administrar perdones como esos. No solo eso: es una costumbre habitual en los periodos de transici¨®n en la Casa Blanca, de la que su predecesor, Joe Biden, ha hecho un amplio uso estos meses. Biden ha indultado, por ejemplo, a 37 de los 40 presos que aguardaban su suerte en el corredor de la muerte federal, en la prisi¨®n de Terre Haute (Indiana). En su ¨²ltimo d¨ªa en el cargo, orden¨® la puesta en libertad de Leonard Peltier, activista ind¨ªgena acusado del asesinato hace medio siglo de dos agentes federales en un caso lleno de interrogantes e impugnado durante d¨¦cadas por asociaciones como Amnist¨ªa Internacional.

En una serie de decisiones m¨¢s objetables, Biden concedi¨® indultos preventivos a quienes considera que podr¨ªan ser v¨ªctimas de persecuci¨®n injusta por parte de Trump, y eso incluye a la excongresista republicana Liz Cheney, que fue miembro del comit¨¦ de la C¨¢mara de Representantes que investig¨® el asalto al Capitolio; al general retirado Mark Milley, que se neg¨® a sacar las tropas para sofocar las protestas del movimiento Black Lives Matter de 2020; y al doctor Anthony Fauci, director desde la Casa Blanca de los esfuerzos para detener la extensi¨®n de la pandemia del coronavirus. Tambi¨¦n, en una decisi¨®n posterior, indult¨® a miembros de su familia, como hab¨ªa indultado en diciembre a su hijo, Hunter, tanto por sus delitos pasados como los futuros, pese a que hab¨ªa prometido reiteradamente que no lo har¨ªa.

¡°En los ¨²ltimos a?os, se ha producido un aumento en el uso de ¨®rdenes ejecutivas. Con todo, entra dentro de lo normal que haya una gran oleada de actividad con el comienzo de una nueva Administraci¨®n¡±, explic¨® este martes por e-mail el historiador presidencial Russell Riley, de la Universidad de Virginia. ¡°Suele haber un elemento teatral en eso. El presidente A emite cien ¨®rdenes ejecutivas durante su mandato, de modo que el presidente B llega y el primer d¨ªa emite otras cien que deshacen lo hecho por su predecesor y a continuaci¨®n emite las suyas propias, que pronto ser¨¢n revocadas por el siguiente. Al principio de un mandato, la mejor manera de sumar puntos pol¨ªticos es actuar unilateralmente de esta manera. Demuestra tanto energ¨ªa como un cambio de direcci¨®n¡±.

En el caso de Biden, el uso extensivo de la gracia presidencial ha recibido tambi¨¦n cr¨ªticas de su propio partido por parte de congresistas que se preguntan si ese aluvi¨®n de perdones no habr¨¢ dado alas a Trump para que hiciera lo propio con los condenados por el 6 de enero, a los que considera ¡°rehenes¡± y ¡°presos pol¨ªticos¡±. Algunos de ellos, como Enrique Tarrio, l¨ªder de la milicia extremista Proud Boys, saldr¨¢n a la calle tras ser hallados culpables por un juez de delitos extraordinariamente graves. Tarrio cumpl¨ªa 22 a?os por, entre otros cargos, uno escasamente invocado desde la Guerra Civil: conspiraci¨®n sediciosa.

Riley considera que el perd¨®n de Trump a los insurrectos es ¡°un abuso flagrante y sin precedentes de los poderes presidenciales¡±. ¡°Los redactores de la Constituci¨®n se estar¨¢n revolcando en sus tumbas. El indulto deber¨ªa estar reservado para impartir justicia en los casos excepcionales en que el sistema jur¨ªdico ha fallado, como una ¨²ltima oportunidad para corregir errores mediante actos de clemencia ejecutiva. Nunca se pretendi¨® que se utilizara para revocar sentencias judiciales acertadas o para recompensar a aliados pol¨ªticos, y ciertamente no se pretend¨ªa que se utilizara en ning¨²n caso como arma pol¨ªtica para beneficiar a amigos o castigar a oponentes pol¨ªticos. En un sistema pol¨ªtico que funcionara adecuadamente, esto se responder¨ªa con un impeachment¡±, a?ade el experto.

Sobre la decisi¨®n de Biden de utilizar su perd¨®n para proteger a quienes Trump hab¨ªa puesto en el punto de mira, como Liz Cheney, la ¡°primera reacci¨®n¡± de Riley fue pensar que ¡°se hab¨ªa equivocado¡±. ¡°[Cheney y el resto] No hab¨ªan hecho nada malo y, por lo tanto, no merec¨ªan tal protecci¨®n. Mi sensaci¨®n era que, al actuar de esta manera, Biden devalu¨® la moneda de los indultos, exponi¨¦ndose a la acusaci¨®n de haber abusado de sus propios poderes. Pero confesar¨¦ que cambi¨¦ de idea al ver lo que Trump ha hecho con los infractores del 6 de enero. Es posible que el presidente Biden haya tenido informaci¨®n sobre lo que planeaba contra sus oponentes, en cuyo caso, estaba justificado que tratara de evitarlo. Es solo una conjetura; habr¨¢ que examinar los documentos presidenciales antes de saberlo con certeza¡±.

En cuanto a TikTok, la orden ejecutiva ataca una ley aprobada por las dos c¨¢maras y ratificada por Biden, que permit¨ªa la concesi¨®n a ByteDance, propietaria china de la red social, de una pr¨®rroga en su aplicaci¨®n siempre que tuviera en marcha una opci¨®n de venta de la empresa a una compa?¨ªa estadounidense. Lo firmado por Trump pide expresamente a la fiscal general, Pam Bondi, a¨²n pendiente de ratificaci¨®n por parte del Senado, y al Departamento de Justicia que olvide durante 75 d¨ªas que esa norma existe y que, por tanto, se abstengan de hacerla cumplir. ¡°Durante este periodo¡±, dice el texto aprobado este lunes, ¡°no se tomar¨¢ ninguna medida para hacer cumplir la ley o imponer sanciones contra cualquier entidad por cualquier incumplimiento de la ley¡±.