El Supremo de Estados Unidos se inclina por rechazar la demanda de M¨¦xico contra los fabricantes de armas

Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinan por rechazar la demanda de M¨¦xico contra los fabricantes de armas de fuego, a tenor de la vista oral celebrada este martes en Washington. Deducir las posiciones de los magistrados a partir de sus intervenciones en una vista oral es arriesgado, pero una mayor¨ªa de jueces no parece ver una relaci¨®n suficientemente pr¨®xima entre las pol¨ªticas de comercializaci¨®n de los fabricantes y los cr¨ªmenes cometidos en M¨¦xico por los c¨¢rteles de la droga. Es uno de los casos estrella de este curso judicial. La sentencia se conocer¨¢ previsiblemente en junio.

Los recursos ante el Supremo de Estados Unidos se presentan en forma de preguntas. Y en este caso los magistrados deb¨ªan dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producci¨®n y venta de armas de fuego en EE UU es la ¡°causa inmediata¡± de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano derivadas de la violencia cometida por los c¨¢rteles de la droga en M¨¦xico. Segundo, si la producci¨®n y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivale a ¡°ayudar e instigar¡± el tr¨¢fico ilegal de las mismas porque las empresas que las fabrican y comercializan supuestamente saben que algunos de sus productos son objeto de tr¨¢fico ilegal.

¡°Si M¨¦xico tiene raz¨®n, entonces todas las organizaciones policiales de Estados Unidos han pasado por alto la mayor conspiraci¨®n criminal de la historia que opera justo delante de sus narices, y Budweiser es responsable de todos los accidentes causados por bebedores menores de edad, ya que sabe que los adolescentes comprar¨¢n cerveza, conducir¨¢n borrachos y tendr¨¢n accidentes¡±, dijo Noel Francisco, el abogado que defiende a las empresas de armas, a los jueces.

Algunos jueces se hicieron eco de esta preocupaci¨®n. ¡°Muchos vendedores y fabricantes de productos comunes saben que van a ser mal utilizados por un subconjunto de personas¡±, argument¨® el juez conservador Brett Kavanaugh. ¡°As¨ª que esa es una preocupaci¨®n real, creo, sobre aceptar su teor¨ªa de la responsabilidad por complicidad¡±, a?adi¨®.

La tarea del Tribunal Supremo es simplemente decidir si el caso puede seguir adelante, argument¨® Catherine Stetson, la abogada que defiende a M¨¦xico. ¡°Estamos aqu¨ª en el principio del principio. (...) Se debe dar a M¨¦xico la oportunidad de presentar su caso¡±.

El Gobierno mexicano demand¨® a Smith & Wesson Brands, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Glock, Colt y otros fabricantes y distribuidores para hacerlos responsables de los da?os infligidos por los c¨¢rteles de la droga mexicanos. Seg¨²n M¨¦xico, las empresas estadounidenses de armas de fuego han llevado a cabo una serie de pr¨¢cticas comerciales durante d¨¦cadas ¡ªdesde la venta de rifles semiautom¨¢ticos hasta la fabricaci¨®n de cargadores con capacidad para m¨¢s de diez cartuchos, pasando por la no imposici¨®n de diversas restricciones de venta¡ª que han creado una oferta de armas de fuego que posteriormente se introducen de contrabando a trav¨¦s de la frontera y que, en ¨²ltima instancia, son utilizadas por los c¨¢rteles para cometer delitos. M¨¦xico pide miles de millones de d¨®lares en da?os y perjuicios, adem¨¢s de una amplia medida cautelar que imponga nuevas medidas de control de armas en Estados Unidos.

El tribunal de distrito hab¨ªa desestimado el caso en virtud de la Ley de Protecci¨®n del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que generalmente proh¨ªbe las demandas contra empresas de armas de fuego basadas en el uso indebido de sus productos por parte de delincuentes. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito revoc¨® esa decisi¨®n con una sentencia que permitir¨ªa que el caso siguiese adelante. Los fabricantes de armas recurrieron al Supremo, que admiti¨® el caso a tr¨¢mite y ahora deber¨¢ pronunciarse sobre si el caso puede ir a juicio o debe desestimarse de ra¨ªz.

Aunque durante la vista celebrada este martes durante unas dos horas en Washington ha habido momentos en que los jueces han parecido entender algunos de los argumentos de M¨¦xico, por lo general han parecido esc¨¦pticos sobre las posibilidades de que el caso prospere. La jueza conservadora Amy Coney Barrett se pregunt¨® por qu¨¦ M¨¦xico no demand¨® a determinadas armer¨ªas cuando esos minoristas eran ¡°la causa m¨¢s inmediata del da?o¡±.

La progresista Elena Kagan tampoco pareci¨® convencida por el argumento de la complicidad de los fabricantes por distribuir las armas a trav¨¦s de minoristas que las vender¨ªan a compradores que planeasen traficar con ellas. ¡°Lo que no tienen son distribuidores concretos, ?verdad?¡±, dijo.

La progresista Ketanji Brown Jackson expres¨® su preocupaci¨®n por el hecho de que M¨¦xico est¨¦ buscando una reparaci¨®n que los tribunales estadounidenses no pueden autorizar, pues los cambios en las pr¨¢cticas de distribuci¨®n y comercializaci¨®n que exigir¨ªa M¨¦xico no han sido aprobados por el Congreso. ¡°Supongo que me pregunto si la propia PLCCA nos est¨¢ diciendo que no queremos que los tribunales sean los que elaboren soluciones que equivalgan a una regulaci¨®n de este sector¡±, dijo.

El juez conservador Samuel Alito presion¨® a la abogada de M¨¦xico para saber si la teor¨ªa jur¨ªdica podr¨ªa utilizarse realmente en su contra. ¡°Hay estadounidenses que piensan que los funcionarios del Gobierno mexicano est¨¢n contribuyendo a muchas conductas ilegales aqu¨ª. As¨ª que supongamos que uno de los 50 estados demandara al Gobierno de M¨¦xico por ayudar e instigar conductas ilegales dentro de las fronteras del estado que hacen que el estado incurra en costes de aplicaci¨®n de la ley, costes de bienestar social y otros costes¡±, indic¨®.

Los caprichos del calendario han querido que la vista haya coincidido con el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y M¨¦xico en la que el Gobierno de Donald Trump alega que su vecino del sur no hace lo suficiente por combatir el tr¨¢fico de drogas. El Gobierno mexicano, mientras, se queja de que los c¨¢rteles se hacen con un arsenal de armas compradas en Estados Unidos.