Pena de muerte, pornograf¨ªa, armas de fuego y derechos trans: gu¨ªa del nuevo curso del Tribunal Supremo de EE UU

El Tribunal Supremo inicia este lunes las vistas orales del nuevo curso judicial. Con una supermayor¨ªa de seis jueces conservadores frente a tres magistradas progresistas, el int¨¦rprete de la Constituci¨®n estadounidense examinar¨¢ casos de todo tipo. Los ya admitidos van desde las armas de fuego a los derechos trans, pasando por el acceso a la pornograf¨ªa, la pena de muerte, asuntos relacionados con el mercado de valores, la basura nuclear, los cigarrillos electr¨®nicos y la prueba de discriminaci¨®n a heterosexuales en el trabajo. A esos asuntos se pueden ir sumando otros durante el a?o, incluida alguna de las causas penales contra Donald Trump. Hipot¨¦ticamente, el Alto Tribunal tambi¨¦n podr¨ªa tener que decidir sobre las disputas que surjan en las elecciones presidenciales del pr¨®ximo 5 de noviembre. A la espera de nuevos casos, estos son algunos de los m¨¢s destacados. La mayor¨ªa de las sentencias se dictar¨¢n en junio, al final del a?o judicial, aunque algunas pueden adelantarse.

1. Armas de fuego caseras

Garland v. VanDerStok, vista oral el 8 de octubre

El primer plato fuerte llega este martes. Se trata de la regulaci¨®n del Gobierno de Joe Biden que clasific¨® en 2022 como armas de fuego los kits de piezas y las plantillas para armas de fabricaci¨®n casera, conocidas como armas fantasma, muy dif¨ªciles de rastrear y cuyo uso ha aumentado notablemente. Un tribunal de primera instancia consider¨® que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos se extralimit¨® en sus competencias al promulgar la norma y el Gobierno recurri¨®. El Supremo debe decidir si el Gobierno puede exigir l¨ªmites de edad para la compra, controles de antecedentes, serializaci¨®n y registro de los kits de armas de autoensamblaje que se comercializan y difunden en Internet como los que se exigen para la compra de armas ya fabricadas.

2. Pena de muerte

Glossip v. Oklahoma, vista oral el 9 de octubre

El Tribunal escuchar¨¢ este mi¨¦rcoles los argumentos sobre el caso de Richard Glossip, condenado a muerte en 2004, cuya ejecuci¨®n ha estado programada ya ocho veces. En tres de ellas, pas¨® el ritual de la ¨²ltima comida en el corredor de la muerte antes de que fuera suspendida. Ya perdi¨® un primer caso ante el Supremo en 2015 tras recurrir contra el m¨¦todo de la inyecci¨®n letal. Glossip mantiene su inocencia, el propio Estado de Oklahoma admite que los fiscales suprimieron pruebas clave que podr¨ªan haber socavado su defensa y que podr¨ªa merecer un nuevo juicio. Se le relacion¨® con el crimen ¨²nicamente por el testimonio del asesino confeso, que posteriormente se retract¨® y, sin que el jurado lo supiera, estaba diagnosticado de trastorno bipolar y tomaba medicaci¨®n psiqui¨¢trica. El Tribunal Supremo de Oklahoma, sin embargo, dict¨® que la ejecuci¨®n deb¨ªa seguir adelante y Glossip recurri¨® ante el Supremo de Estados Unidos.

3. Visas para inmigrantes

Bouarfa v. Mayorkas, vista oral el 15 de octubre

La semana pr¨®xima los jueces escuchar¨¢n los argumentos del caso de Amina Bouarfa, una mujer estadounidense que lucha por mantener a su marido palestino, Ala¡¯a Hamayel, en Estados Unidos, con el que tiene tres hijos, en un enrevesado caso de visas migratorias que puede resultar aplicable en muchos otros casos. La cuesti¨®n para los jueces es si un beneficiario de un visado puede solicitar una revisi¨®n judicial de la decisi¨®n del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar el visado alegando que nunca debi¨® conced¨¦rsele. Dos a?os despu¨¦s de aprobar su visa como familiar directo de Bouarfa, el Gobierno revoc¨® el visado alegando que deber¨ªa hab¨¦rsele denegado en virtud de la prohibici¨®n de matrimonio simulado de la ley de inmigraci¨®n por un matrimonio anterior. Bouarfa afirma que el anterior matrimonio de su marido era ¡°leg¨ªtimo¡± y no un intento de eludir las leyes de inmigraci¨®n. Si la petici¨®n de visado hubiera sido denegada inicialmente, podr¨ªa haber recurrido, pero como el DHS determin¨® m¨¢s tarde que hab¨ªa aplicado err¨®neamente los criterios de visado, los tribunales inferiores sostuvieron que la revocaci¨®n era una decisi¨®n discrecional que no pod¨ªa ser impugnada, lo que la demandante considera una distinci¨®n arbitraria y sin sentido.

4. Vertidos contaminantes

San Francisco v. EPA, vista oral el 16 de octubre

Los jueces analizar¨¢n tambi¨¦n la semana pr¨®xima si las agencias federales y estatales deben definir claramente los l¨ªmites de contaminaci¨®n de las aguas residuales al expedir permisos de vertido, en un caso relacionado con el sistema de alcantarillado de San Francisco. La ciudad recurri¨® una decisi¨®n de 2023 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito judicial, con sede en San Francisco, que confirm¨® un permiso expedido en virtud de la Ley de Aguas Limpias por la Agencia de Protecci¨®n Ambiental de Estados Unidos (la EPA, por sus siglas en ingl¨¦s) y una agencia estatal. La ciudad alega que las disposiciones del permiso son vagas y que los umbrales de contaminaci¨®n no est¨¢n definidos expl¨ªcitamente. Las disposiciones en cuesti¨®n proh¨ªben en general que el sistema de alcantarillado de la ciudad vierta aguas residuales de forma que ¡°provoque o contribuya¡± a incumplir las normas generales de calidad del agua de la bah¨ªa de San Francisco y el oc¨¦ano Pac¨ªfico.

5. Horas extra

E.M.D. Sales, Inc. v. Carrera, vista oral el 5 de noviembre

La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) cubre a m¨¢s de 140 millones de trabajadores y garantiza a los trabajadores que re¨²nen los requisitos un salario m¨ªnimo y el pago de horas extraordinarias. Pero la FLSA tambi¨¦n contiene 34 exenciones de esos requisitos. Los empresarios no tienen que pagar horas extraordinarias a, por ejemplo, ejecutivos de buena fe, trabajadores agr¨ªcolas y vendedores externos. Una sentencia del Tribunal de Apelaciones del 4? Circuito, con sede en Virginia, impuso al distribuidor de comestibles EMD Sales un list¨®n m¨¢s alto que otros tribunales similares para demostrar que estaba exenta del pago de horas extraordinarias a los representantes de ventas. Los jueces sentenciaron que demostrar que los trabajadores est¨¢n exentos de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) requiere ¡°pruebas claras y convincentes¡±. Los otros seis tribunales que se han pronunciado sobre la cuesti¨®n s¨®lo han exigido ¡°una mera preponderancia de las pruebas¡±, un requisito menor. El Tribuinal Supremo debe decidir cu¨¢l de las dos varas de medir es la correcta para que las empresas queden exentas del pago de horas extraordinarias y otras protecciones legales otorgadas por las leyes salariales estadounidenses.

6. Riesgos de las empresas

Facebook, Inc. v. Amalgamated Bank, vista oral el 6 de noviembre

Un tribunal inferior admiti¨® a tr¨¢mite una demanda contra Facebook, del grupo Meta, presentada en California por accionistas y liderada por Amalgamated Bank relacionada con las advertencias sobre los factores de riesgos que las empresas incluyen en sus informes anuales y sus folletos de emisi¨®n. La demanda acusa a la empresa due?a de la red social de enga?ar a los inversores sobre los riesgos asociados al uso indebido de los datos de usuario por la empresa y terceros. Ante un recurso de Facebook, el Tribunal debe decidir si las advertencias de riesgos son falsas o enga?osas cuando no revelan que un riesgo se ha materializado en el pasado, incluso si ese acontecimiento pasado no presenta ning¨²n riesgo conocido de da?o empresarial actual o futuro.

7. Demandas colectivas

NVIDIA Corp. v. E. Ohman J:or Fonder AB, vista oral el 13 de noviembre

Los jueces escuchar¨¢n el mes pr¨®ximo los argumentos orales de otro caso relacionado con el mercado de valores y con un coloso tecnol¨®gico. Examinar¨¢n el recurso del gigante de los microprocesadores Nvidia, que trata de que se desestime una demanda por fraude de valores que acusa a la firma de chips de enga?ar a los inversores sobre la cantidad de sus ventas destinadas al vol¨¢til sector de las criptomonedas. Un tribunal inferior revivi¨® una propuesta de demanda colectiva presentada por accionistas de California contra la empresa y su consejero delegado y Nvidia recurri¨® ante el Supremo. Los jueces deben decidir si los demandantes que pretenden demostrar intencionalidad bas¨¢ndose en alegaciones sobre documentos internos de la empresa deben alegar con concreci¨®n el contenido de dichos documentos y si los demandantes pueden satisfacer el requisito de falsedad que exige la Ley bas¨¢ndose en la opini¨®n de un experto en sustituci¨®n de alegaciones de hecho concretas.

8. Cigarrillos electr¨®nicos de sabores

FDA v. Wages and White Lion Investments, vista oral el 2 de diciembre

La Administraci¨®n de alimentaci¨®n y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingl¨¦s) ha rechazado m¨²ltiples solicitudes de comercializaci¨®n de cigarrillos electr¨®nicos y vaporizadores de sabores en aplicaci¨®n de una ley que exige a las empresas probar que sus productos promover¨ªan la salud p¨²blica y que, en conjunto, los beneficios para los fumadores adultos superar¨ªan los riesgos de adicci¨®n de los j¨®venes. Las empresas presentaron una demanda y un Tribunal de Apelaciones concluy¨® que la negativa de la FDA a aprobar nuevos productos de nicotina aromatizados era ¡°arbitraria y caprichosa¡±, ante lo que la FDA ha recurrido al Supremo.

9. Menores transexuales

United States v. Skrmetti, vista oral el 4 de diciembre

El Gobierno de Biden alega que una ley de Tennessee, que proh¨ªbe todos los tratamientos m¨¦dicos destinados a permitir ¡°a un menor identificarse con, o vivir como, una supuesta identidad incompatible con el sexo del menor¡± o a tratar ¡°una supuesta incomodidad o angustia derivada de una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada¡±, viola la cl¨¢usula de igualdad de la 14? Enmienda de la Constituci¨®n. Los tribunales inferiores hab¨ªan suspendido la aplicaci¨®n de esa ley, pero el Tribunal de Apelacciones del Sexto Circuito judicial de Estados Unidos, con sede en Cincinnati (Ohio), permiti¨® que se siguiera aplicando, as¨ª que el Gobierno federal recurri¨®. La ley en cuesti¨®n restringe los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transexuales. Numerosos Estados republicanos han aprobado leyes similares en contra de la terapia de ¡°afirmaci¨®n de g¨¦nero¡±, con lo que la trascendencia del caso es enorme.

10. Pornograf¨ªa

Free Speech Coalition, Inc. v. Paxton, vista oral el 15 de enero

Una nueva ley de Texas exige a los adultos presentar informaci¨®n personal, incluida una copia de un documento de identidad, para obtener acceso a sitios web con contenido sexual expl¨ªcito y obliga a mostrar advertencias de que el porno es potencialmente adictivo, con el objetivo de proteger a los menores. Los defensores de la libertad de expresi¨®n critican que la ley se aplica no solo a los sitios pornogr¨¢ficos, sino tambi¨¦n a pel¨ªculas de clasificaci¨®n restringida para adultos y otros contenidos y que priva a la gente del derecho al anonimato. Texas defiende que sus restricciones son similares a las que se aplican a los menores para consumir alcohol o acudir a clubes de striptease. El Tribunal Supremo decidir¨¢ si obligar a los adultos a demostrar su edad vulnera su derecho a ver material protegido por la Constituci¨®n, aunque el objetivo sea proteger a los menores. La sentencia puede tener amplias repercusiones en todo el pa¨ªs porque 19 Estados han establecido requisitos de verificaci¨®n de la edad para sitios web con material pornogr¨¢fico.

11. Violencia policial

Barnes v. Felix, vista oral el 22 de enero

Los jueces decidir¨¢n si los tribunales deben aplicar la doctrina del ¡°momento de la amenaza¡±, que solo tiene en cuenta el estrecho margen en el que la seguridad de un agente de polic¨ªa se vio amenazada para determinar si sus acciones fueron razonables, a la hora de evaluar las denuncias de que los agentes de polic¨ªa hicieron un uso excesivo de la fuerza. La madre de Ashtian Barnes, un joven negro de 24 a?os, considera que el polic¨ªa Roberto Felix Jr hizo un uso excesivo de la fuerza cuando le dispar¨® y le mat¨® en una parada de tr¨¢fico a las afueras de Houston. Se trataba de un coche de alquiler con varias infracciones por peaje sin pagar. El agente encendi¨® las luces de su coche patrulla y Barnes detuvo el coche y abri¨® el maletero, pero luego empez¨® a alejarse. El agente le apunt¨® con su arma mientras el coche se pon¨ªa en marcha, se subi¨® al estribo del coche y le dispar¨®, mat¨¢ndole. Las im¨¢genes quedaron registradas por la c¨¢mara del coche policial. Los jueces de tribunales inferiores determinaron que el polic¨ªa temi¨® razonablemente por su vida y la madre recurri¨® al Supremo.

12. Pruebas de ADN

Guti¨¦rrez v Saenz, vista oral el 24 de febrero

Rub¨¦n Guti¨¦rrez fue condenado a muerte por participar en 1998 en un robo con dos c¨®mplices que termin¨® con la v¨ªctima de 85 a?os, Escol¨¢stica Harrison, apu?alada hasta la muerte con un destornillador. Guti¨¦rrez ha mantenido que no debe enfrentarse a la pena de muerte porque no apu?al¨® a Harrison ni previ¨® que la matar¨ªan en el robo, y ha argumentado que las pruebas de ADN ayudar¨ªan a demostrar que no entr¨® en su casa. Estaba previsto que Guti¨¦rrez fuera ejecutado en 2020, pero obtuvo una suspensi¨®n del Tribunal Supremo tras impugnar la negativa del Estado a permitir la presencia de un sacerdote. Ahora, alega que que la ley de Texas que limita las pruebas de ADN despu¨¦s de que una persona haya sido condenada por un delito viola su derecho constitucional al debido proceso. Los fiscales de Texas sostienen que la ley solo permite las pruebas de ADN posteriores a la condena para demostrar la inocencia de un delito, no para impugnar una condena a muerte y que aunque las pruebas respaldaran las afirmaciones de Guti¨¦rrez, ¨¦ste seguir¨ªa siendo culpable de un delito castigado con pena de muerte.

13. Discriminaci¨®n a heterosexuales

Ames v. Ohio Department of Youth Services, vista oral el 26 de febrero

El Tribunal Supremo admiti¨® la semana pasada un caso en que debe decidir si debe ser m¨¢s dif¨ªcil para los trabajadores de grupos mayoritarios, como blancos o heterosexuales, probar las demandas por discriminaci¨®n en el lugar de trabajo. Los jueces estudiar¨¢n un recurso de Marlean Ames, una mujer heterosexual, que pretende revivir su demanda contra el Departamento de Servicios a la Juventud de Ohio, en la que afirmaba que hab¨ªa perdido su puesto de trabajo en favor de un hombre homosexual y que no se le hab¨ªa concedido un ascenso en favor de una mujer homosexual, en violaci¨®n de la legislaci¨®n federal sobre derechos civiles. Los recursos ante el Supremo se presentan en forma de preguntas y la que deben contestar los jueces en este caso es ¡°si, adem¨¢s de alegar los dem¨¢s elementos del T¨ªtulo VII [de la ley de Derechos Civiles], un demandante perteneciente a un grupo mayoritario debe demostrar ¡®circunstancias de fondo que apoyen la sospecha de que el demandado es ese empleador inusual que discrimina a la mayor¨ªa¡±, como han sentenciado tribunales inferiores en varios casos, incluido el de Ames. Esos tribunales han dicho que el list¨®n m¨¢s alto est¨¢ justificado porque la discriminaci¨®n contra esos trabajadores es relativamente infrecuente.

14. Fabricantes de armas y carteles de la droga

Smith & Wesson Brands v. M¨¦xico, vista oral el 4 de marzo

El fabricante estadounidense de armas Smith & Wesson y el mayorista de armas de fuego Interstate Arms tratan de bloquear una demanda de M¨¦xico que les acusa de mantener a sabiendas un sistema de distribuci¨®n que conduce al tr¨¢fico ilegal de armas a los c¨¢rteles de la droga mexicanos. Las armer¨ªas recurren la negativa de un tribunal inferior a desestimar la demanda de M¨¦xico en virtud de la Ley de Protecci¨®n al Comercio Legal de Armas (PLCAA), una norma de 2005 impulsada durante la Administraci¨®n de George W. Bush que exime ampliamente a las empresas de armas de la responsabilidad por delitos cometidos con sus productos.

15. Basura nuclear

Nuclear Regulatory Commission v. Texas, vista oral el 5 de marzo

El Tribunal Supremo tendr¨¢ que decidir la Comisi¨®n Reguladora Nuclear est¨¢ facultada para conceder licencias a instalaciones de almacenamiento de residuos nucleares tras una sentencia judicial que trastoc¨® d¨¦cadas de pr¨¢ctica al declarar que no lo est¨¢. La administraci¨®n Biden y una empresa a la que la NRC concedi¨® una licencia para construir una instalaci¨®n de almacenamiento de residuos en Texas apelaron la sentencia de un tribunal inferior. La licencia fue impugnada por los estados de Texas y Nuevo M¨¦xico, as¨ª como por intereses de la industria petrolera. Se trata de otro caso que pone a prueba el poder de las agencias reguladoras estadounidenses.