Las ¨²ltimas penas de muerte del presidente saliente

Este jueves, D¨ªa Internacional de los Derechos Humanos, en la prisi¨®n federal de Terre Haute (Indiana), el Gobierno de Estados Unidos aplicar¨¢ una inyecci¨®n letal a Brandon Bernard, afroamericano de 40 a?os, por participar en un robo que termin¨® en doble asesinato, que ¨¦l no ejecut¨®, cuando ten¨ªa 18 a?os. Cont¨® con una defensa deficiente. De los 12 miembros del jurado que le conden¨®, todos menos uno eran blancos. Ahora cinco de ellos dicen que no deber¨ªa ser ejecutado. Una fiscal que contribuy¨® a su condena, Angela Moore, escribi¨® hace dos semanas, en un art¨ªculo de opini¨®n en The Indianapolis Star, que ¡°ejecutar a Brandon ser¨ªa una terrible mancha en el honor de la naci¨®n¡±.

Al d¨ªa siguiente, ser¨¢ el turno de Alfred Bourgeois, de 56 a?os, que tortur¨® y asesin¨® a su propia hija en 2002. Sus abogados alegan que tiene una demencia grave que le impide comprender por qu¨¦ va a ser ejecutado. Un mes despu¨¦s, el 12 de enero, est¨¢ programada la muerte de Lisa Montgomery, la primera mujer que ejecutar¨¢ el Gobierno federal en 70 a?os. Sometida a incesto, torturada durante a?os, prostituida salvajemente por su madre y esterilizada a la fuerza, Montgomery es una enferma mental grave que estrangul¨® a una mujer embarazada de ocho meses y le arrebat¨® el beb¨¦ para cuidarlo como si fuera suyo. El 14 de enero la muerte espera a Cory Johnson, cuyos abogados aseguran que posee un coeficiente intelectual de 69, por debajo del l¨ªmite que el Tribunal Supremo utiliza para determinar si una ejecuci¨®n es un castigo demasiado cruel. Al d¨ªa siguiente, cinco d¨ªas antes de que el presidente Trump abandone la Casa Blanca, su Gobierno se dispone a matar a Dustin Higgs, el cuarto afroamericano de los cinco, condenado por participar en el asesinato de tres mujeres a las que ¨¦l no dispar¨®.

¡°Constituyen casi un cat¨¢logo perfecto del tipo de casos que no deber¨ªan resultar en pena de muerte¡±, defiende Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Informaci¨®n sobre la Pena de Muerte. A pesar de ello, el Gobierno ha programado la muerte de los cuatro, adem¨¢s de la del tambi¨¦n afroamericano Orlando Hall, que ya recibi¨® la inyecci¨®n letal el pasado 19 de noviembre, antes de que el pr¨®ximo 20 de enero Donald Trump ceda la Casa Blanca a un presidente contrario a la pena capital.

Nunca antes en la historia de Estados Unidos se hab¨ªan programado tantas ejecuciones federales en esos poco m¨¢s de dos meses y medio desde que un presidente pierde las elecciones hasta que abandona la Casa Blanca, ese periodo que se conoce como el del pato cojo. Habr¨ªa que remontarse al siglo XIX, hasta la presidencia de Chester Arthur, para encontrar algo parecido: hubo cinco ejecuciones federales durante su periodo de transici¨®n tras las elecciones de 1884, pero hay que tener en cuenta que entonces las transiciones eran m¨¢s largas, ya que el nuevo presidente tomaba posesi¨®n en marzo y no en enero.

Bajo la presidencia de Trump, este a?o se habr¨¢n llevado a cabo m¨¢s ejecuciones federales (ser¨¢n 10 con Bernard y Bourgeois) que en ning¨²n otro a?o de los ¨²ltimos dos siglos. Esto sucede en contra de la tendencia hist¨®rica, y mientras el apoyo de los ciudadanos a la pena de muerte contin¨²a erosion¨¢ndose y se sit¨²a en su m¨ªnimo de los ¨²ltimos 47 a?os. Por primera vez en la historia, seg¨²n una encuesta de Gallup de noviembre, la mayor¨ªa de los estadounidenses (un 60%) prefiere que se imponga la cadena perpetua que la pena capital. Hasta 20 Estados han abolido las ejecuciones, y hoy se realizan en menos de la mitad.

¡°Como en tantas cosas de su mandato, lo que ha hecho el presidente Trump en este terreno ha estado desacompasado con la pr¨¢ctica de los ¨²ltimos presidentes, tanto dem¨®cratas como republicanos, y en este caso tambi¨¦n con lo que los Estados est¨¢n haciendo¡±, explica Dunham. ¡°Este ser¨¢ el a?o en que m¨¢s ejecuciones federales habr¨¢ en los ¨²ltimos dos siglos y, a la vez, ser¨¢ el a?o en que menos ejecuciones de los Estados habr¨¢ en los ¨²ltimos 37 a?os¡±.

Hay m¨¢s de 2.500 personas en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Solo 45 de ellas est¨¢n en el corredor de la muerte federal. Esto es porque en general son los Estados los responsables del enjuiciamiento criminal. El Gobierno federal interviene cuando el delito se produce en suelo federal, como en el caso de Bernard, o cuando los fiscales federales de distrito consideran que deben personarse por la especial gravedad del delito.

En estos casos federales, el Departamento de Justicia establece la fecha de la ejecuci¨®n, y el presidente tiene capacidad de intervenir, aplazando las fechas o concediendo clemencia a los reos. En una campa?a marcada por el debate de la discriminaci¨®n racial y los disturbios en las ciudades, ambos candidatos presidenciales ha defendido sus trayectorias en el asunto de la reforma del sistema de justicia penal. Pero las diferencias entre Donald Trump y Joe Biden en el tema de la pena de muerte son extremas.

Trump ha roto un periodo de 17 a?os en el que no hubo ninguna ejecuci¨®n federal. Mucho antes de entrar en pol¨ªtica, el empresario hab¨ªa dejado clara su querencia por la pena capital: en 1989 contrat¨® anuncios a toda p¨¢gina en los peri¨®dicos pidiendo la ejecuci¨®n de los conocidos como ¡°cinco de Central Park¡±, arrestados por violar y propinar una paliza a una joven. A?os despu¨¦s, se neg¨® a pedir perd¨®n cuando se confirm¨® que hab¨ªan sido condenados por error y fueron exonerados.

Biden, por su parte, ha incluido en su programa electoral la promesa de ¡°promover la legislaci¨®n para eliminar la pena de muerte a nivel federal¡± e ¡°incentivar a los Estados para seguir el ejemplo¡±. El compromiso le convierte en el primer presidente electo o candidato presidencial dem¨®crata en adoptar una postura completamente contraria a la pena de muerte desde Michael Dukakis en 1988, y supone un cambio respecto a su propio apoyo en los a?os noventa a un endurecimiento de la justicia penal que inclu¨ªa potenciar la pena de muerte. ¡°Biden ha aprendido de la historia¡±, opina Dunham. ¡°Ha visto que la pena de muerte no reduce el crimen y que las condenas castigan desproporcionadamente a negros y latinos¡±.

La pena de muerte no es un asunto estrictamente partidista. Hay muchos dem¨®cratas que la apoyan y, de hecho, la postura oficial del partido hace apenas ocho a?os era condenar solo su uso ¡°arbitrario¡±. Al mismo tiempo, son muchos los republicanos que se oponen a la pena capital, a menudo con argumentos de limitar el poder del Estado, defender la vida y ahorrar dinero al contribuyente. Todav¨ªa un 56% de los estadounidenses, seg¨²n la encuesta de Gallup, apoya la pena de muerte para asesinos convictos. Pero en 1994 la apoyaba un 80%. Y los j¨®venes y las personas no blancas son quienes m¨¢s la rechazan, lo que indica que el pa¨ªs se aleja cada vez m¨¢s demogr¨¢ficamente de la pena capital.

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