La conflictividad entre los Estados y el Gobierno mexicano

De las muy variadas consecuencias de la covid-19, las tensiones entre los gobiernos estatales y el Ejecutivo federal han puesto al federalismo en entredicho. Las diferencias no son nuevas, pero el car¨¢cter y profundidad actuales llaman a la reflexi¨®n. Es cierto, las diferencias en mucho se deben a filiaciones partidarias, pero tambi¨¦n hay problemas por el reparto de recursos que ponen de manifiesto la necesidad de poner al d¨ªa el pacto federal, sobre todo en materia fiscal. Habr¨ªa que a?adir que las diferencias se agudizan por el tono declarativo del presidente y las decisiones del Ejecutivo. Los diferendos m¨¢s recientes giraron en torno al Seguro Popular, al manejo de la crisis sanitaria, a la crisis econ¨®mica que se deriv¨® de esta, al acuerdo del Centro Nacional de Control de Energ¨ªa (Cenace), que pretend¨ªa echar atr¨¢s los proyectos de energ¨ªas renovables y dio lugar a la constituci¨®n de un frente de 15 gobernadores, y a la pol¨¦mica sobre el endeudamiento.

Aunado a esto, el secretario de Hacienda se?al¨® que en 2020 habr¨¢ una disminuci¨®n de cerca del 11% en las participaciones a los Estados respecto a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federaci¨®n (PEF). Y ante la perspectiva de crecimiento en el 2021, las participaciones van a ser menores que las presupuestadas en este a?o. Las entidades podr¨ªan recurrir al endeudamiento, ya alto, sin embargo, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios establece un sistema de alertas en caso de que la disciplina financiera se ponga en riesgo. Adem¨¢s, la contrataci¨®n debe contar con el aval de la federaci¨®n, que seg¨²n parece no se otorgar¨¢ pues el Presidente considera que se usar¨ªa para el proceso electoral 2021 y no para solventar los gastos derivados de las medidas adoptadas por la covid-19.

De ah¨ª que el reclamo sobre la necesidad de una reforma fiscal sea cada vez m¨¢s recurrente, aunque dada la circunstancia econ¨®mica y el proceso electoral del a?o pr¨®ximo, no parece viable, y no solo dicha reforma, sino tampoco una revisi¨®n de la Ley de Coordinaci¨®n Fiscal que tiene ya una vigencia de cerca de 40 a?os.

Del lado del ingreso existe una alta dependencia. Se estima que para 2020 los ingresos totales de las entidades ser¨¢n aproximadamente de m¨¢s de 2 billones de pesos, pero la mayor¨ªa de esos recursos son de car¨¢cter federal, y solo el 12% ser¨ªa generado por las entidades, cuyas facultades tributarias son pocas, desaprovechadas o tienen poca significaci¨®n, como el impuesto sobre hospedaje y el de loter¨ªas, rifas, sorteos y juegos. De 18 impuestos que podr¨ªan recaudar solo aplican seis, en promedio. Y en el caso del predial, la proporci¨®n respecto al PIB en M¨¦xico es de las m¨¢s bajas, 0.2%. En el mundo es de 2%. En Brasil y Argentina est¨¢n por encima de la media y Chile se acerca con el 1.5%. Si todas las entidades pudieran recaudar el mismo porcentaje, podr¨ªan aumentar sus recursos entre 2.7 y 3.3 veces. El ingreso que provee este impuesto es adem¨¢s estable, progresivo y redistributivo.

Existe la propuesta de permitir a las entidades gravar los bienes y servicios de consumo final. Ello supone que el IVA federal disminuya dejando margen a los Estados para que apliquen este impuesto. La federaci¨®n disminuir¨ªa las participaciones, pero le acreditar¨ªa la mitad del impuesto que recaude la entidad. De lado del predial es necesario recuperar la cartera vencida que algunos estiman en m¨¢s del 40% del padr¨®n de contribuyentes. Y del lado del gasto es indispensable depurar la n¨®mina de las burocracias estatales, combatir la corrupci¨®n, aplicar m¨¢s controles formales, y avanzar en transparencia y rendici¨®n de cuentas. Sin mecanismos de control, la autonom¨ªa relativa de las entidades se convirti¨® en ¨¢rea de impunidad.

El agrupamiento de algunos gobernadores tiene antecedentes desde 1999, cuando hicieron causa com¨²n frente a reducciones presupuestales. Los gobernantes estatales vieron la importancia pol¨ªtica de agruparse, y se sumaron a la iniciativa. La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se institucionaliz¨® en 2003 como un mecanismo de negociaci¨®n e interlocuci¨®n con el gobierno federal. Recientemente, ha surgido la GOAN, con gobernadores del PAN, que ha ido radicalizando sus opiniones. Otros gobernadores, de Michoac¨¢n (PRD), Coahuila (PRI), Jalisco (MC) y Nuevo Le¨®n (independiente), tambi¨¦n han marcado distancia con la federaci¨®n.

La problem¨¢tica del federalismo no es simplemente doctrinal, sino que tiene un impacto directo en el reparto de competencias y en el grado de autonom¨ªa que debe y necesita tener cada entidad y municipio, en beneficio del todo. Un federalismo con preeminencia del Ejecutivo, descoordinado y excesivamente centralizado, no har¨¢ sino aumentar las tensiones entre los ¨®rdenes de gobierno. Nos hemos limitado a discutir las reglas de acceso al poder como la inacabada discusi¨®n sobre lo electoral que, en su ¨²ltima reforma, del IFE se pas¨® al INE, ejemplo de centralismo, en vez de ahondar en las reglas de su ejercicio y distribuci¨®n. Es indispensable que se convoque a una nueva Convenci¨®n Nacional Hacendaria y antes, quiz¨¢s, a un Consejo Nacional Fiscal. Tambi¨¦n es necesaria una instancia de coordinaci¨®n intergubernamental, no solo a cargo de los gobernadores sino de todos los poderes para romper el c¨ªrculo vicioso federaci¨®n-estados-municipios que se ha enrarecido cada vez m¨¢s con consecuencias impredecibles.

Rodolfo Becerril Straffon es doctor en Econom¨ªa y exsenador