25 palabras para juzgar a los expresidentes de M¨¦xico

El Senado mexicano lleva varias semanas d¨¢ndole vueltas a 25 palabras. Dos frases que forman la pregunta con la que el presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, quiere que ¡°el pueblo¡± decida si se debe o no juzgar a los exmandatarios en caso de que hayan incumplido la ley. Una iniciativa sin precedentes y un mazazo a la l¨ªnea de flotaci¨®n del Estado de derecho. El borrador que ultiman las dos C¨¢maras, Senado y Congreso, tiene una ¨²nica pregunta: ¡°?Est¨¢ de acuerdo en que se revisen e investiguen las administraciones de los expresidentes de la Rep¨²blica, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?¡±.

Esa es la consulta que las dos C¨¢maras tienen m¨¢s avanzada y que terminar¨¢ de debatirse esta semana cuando acaba el plazo para su presentaci¨®n. L¨®pez Obrador quiere que la pregunta llegue a la calle dentro de nueve meses, el mismo d¨ªa de junio que el pa¨ªs acudir¨¢ a las urnas para elegir a 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2.000 alcaldes.

Esas 25 palabras son las que acaparan los focos y el esfuerzo legislativo de una nueva comisi¨®n en la que han participado m¨¢s de una decena de personas.

La ley se?ala que hay tres v¨ªas para conseguir una consulta popular. Una es a trav¨¦s de la v¨ªa legislativa, mediante el voto de 42 senadores o 165 diputados, el 33% de la C¨¢mara. La segunda, que tambi¨¦n est¨¢ en marcha, es la recogida de 1.800.000 firmas, el 2% del padr¨®n electoral y, la tercera, por iniciativa presidencial. Las dos primeras est¨¢n avanzadas y el presidente ha insinuado que, de no lograrse, ¨¦l dar¨ªa el paso. La Corte Suprema ser¨¢, no obstante, quien tenga la ¨²ltima palabra sobre la realizaci¨®n de la controvertida consulta.

Entre los legisladores consultados existe la creencia de que es dif¨ªcil que el alto tribunal d¨¦ el visto bueno a una pregunta que parece dise?ada para lograr el s¨ª en la calle y el no en la Corte. La pregunta llega rodeada de pol¨¦mica, puesto que muchos expertos creen que no tiene sustento jur¨ªdico y es considerada una maniobra distractora de las que saborea el mandatario, ya que el Estado tiene la capacidad de juzgar a un expresidente en caso de que incumpla la ley. L¨®pez Obrador, no obstante, lleva coqueteando con esta iniciativa desde el inicio de su mandato, al tiempo que repite que ¨¦l no es partidario de que se juzgue a sus antecesores, con el argumento de que con ¨¦l en el poder las cosas han cambiado.

El mandatario ha delegado esta misi¨®n en sus senadores, pero el pasado lunes le presentaron en su despacho los 10 esbozos de la pregunta, seg¨²n pudo saber este peri¨®dico de fuentes del Senado. L¨®pez Obrador dio el visto bueno al enfoque de las mismas y pidi¨® una versi¨®n final que no estuviera ¡°cargada¡± hacia ning¨²n lado.

En el borrador de 25 hojas al que tuvo acceso EL PA?S y que llegar¨¢ a la Corte, no se nombra a ninguno de los expresidentes que est¨¢n en el punto de mira: Carlos Salinas, Felipe Calder¨®n y Enrique Pe?a Nieto. Adem¨¢s, se dedica la mayor parte del espacio a argumentar que la lucha contra la corrupci¨®n es la prioridad del actual Gobierno de Morena. Entre otras fuentes, los senadores incorporan datos del Banco Mundial y Naciones Unidas para recordar que el coste de la corrupci¨®n en M¨¦xico ronda los 2,6 billones de d¨®lares, lo que equivale al 5% del PIB del pa¨ªs.

Los senadores incluyen tambi¨¦n un fragmento de un discurso del secretario general de Naciones Unidas, Ant¨®nio Guterres, en el que dice que ¡°la corrupci¨®n es la ra¨ªz de la disfuncionalidad pol¨ªtica y social¡± y una encuesta del peri¨®dico El Universal, publicada el 27 de agosto, seg¨²n la cual nueve de cada 10 mexicanos quieren que se juzgue a los expresidentes. En la misma, Pe?a Nieto era el exmandatario al que la poblaci¨®n m¨¢s deseaba ver en el banquillo de los acusados, con el 89,4%, seguido de Salinas con el 88,5% y Calder¨®n con el 82,1%.

La pregunta elegida ha sido la resultante de meter en una coctelera todas las propuestas recibidas de los senadores. Las 25 palabras que se ultiman son consecuencia de un debate pol¨ªtico, jur¨ªdico y ling¨¹¨ªstico que ha reflejado la pugna entre corrientes que estos d¨ªas se disputan el rumbo de Morena. Minerva Citlalli Hern¨¢ndez, del grupo que lidera Porfirio Mu?oz Ledo, fue quien m¨¢s ha empujado para que el Senado se sumara a impulsar la consulta frente a un sector del partido que apuesta por distanciar el trabajo legislativo de lo que pasa en el Palacio Nacional y que opina que la recogida de firmas es suficiente para mantener vivos los deseos de L¨®pez Obrador.

Entre la ensalada de propuestas, Salom¨®n Jara, por ejemplo, cambi¨® ¡°autoridades competentes¡± por ¡°Estado¡± en el apartado sobre qui¨¦n debe juzgar a los exmandatarios. Alejandro Pe?a incluy¨® el t¨¦rmino ¡°debido proceso¡± y Luc¨ªa Trasvi?a quer¨ªa que los votantes supieran que se trata de una consulta para ¡°la correcta impartici¨®n de justicia sin excepci¨®n alguna y trato igualitario ante la Ley¡±. La senadora Minerva Citlalli fue m¨¢s ambiciosa y pidi¨® que los expresidentes sean juzgados ¡°en tribunales nacionales o extranjeros¡±.

En paralelo, miles de personas se han sumado a una recogida callejera de firmas en la que la poblaci¨®n pide el juicio para los expresidentes ¡°que han causado afectaciones o da?os graves al pa¨ªs¡±.

En cualquier caso, seg¨²n los juristas consultados, la pregunta se enfrenta al m¨¢s que posible rechazo de la Corte Suprema, en un intento por evitar un circo romano de la justicia donde se decida el futuro de los mandatarios a mano alzada, como se?al¨® el polit¨®logo Jos¨¦ Woldenberg en una entrevista reciente con este peri¨®dico. Los tres expresidentes no tienen procesos judiciales abiertos, no tienen investigaci¨®n en marcha de la Fiscal¨ªa y los presuntos delitos que les imputa L¨®pez Obrador, no tienen relaci¨®n entre s¨ª. Desde la oposici¨®n se interpreta la consulta como una maniobra electoral y una estrategia de tensi¨®n permanente para mantener hasta las elecciones de junio su alto nivel de aprobaci¨®n, que ronda el 65%, y desv¨ªe la mirada sobre otros casos de corrupci¨®n que afectan a su entorno familiar.

La pregunta correcta

La pregunta, sin embargo, ha llevado el debate a la calle sobre los temas susceptibles de una consulta. Esta semana decenas de asociaciones de derechos humanos, acad¨¦micos, colectivos de desaparecidos o asociaciones que impulsan proyectos de justicia transicional difundieron conjuntamente una carta para pedir una consulta popular ¡°pero con la pregunta correcta¡±. Y propusieron la siguiente: ¡°?Est¨¢ usted de acuerdo en que el presidente de la Rep¨²blica active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que, con ayuda de la ONU, se investigue y juzgue a los responsables de los cr¨ªmenes atroces perpetrados contra el pueblo de M¨¦xico a la par de la creaci¨®n de una gran comisi¨®n de la verdad?¡±.

El problema de convertir en un show las consultas p¨²blicas en casos graves de corrupci¨®n es que ¡°someter a la justicia a un mandato popular ¡ªadem¨¢s de inconstitucional¡ª puede producir resultados imprevisibles¡±, sostienen los grupos de derechos humanos. ¡°Un no ir¨ªa en contra del derecho de las miles de v¨ªctimas a obtener justicia, verdad, memoria, reparaci¨®n, garant¨ªas de no repetici¨®n. Un s¨ª vulnerar¨ªa el debido proceso, alejando de la justicia a los perpetradores¡±, alertan ante una posible ¡°violaci¨®n al debido proceso¡± de los se?alados.

Frente los grupos de la sociedad civil que han protestado los senadores consultados admiten en voz baja que hay ¡°controversia¡± y es mejor ¡°actuar con prudencia para no generar falsas expectativas¡±. En el documento, sin embargo, dejaron por escrito que la consulta es un ¡°reclamo popular y una exigencia social¡±.