La consulta para enjuiciar a los expresidentes mexicanos pone los focos sobre la Suprema Corte

Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador echa mano nuevamente de la democracia participativa para avanzar la agenda de la autodenominada Cuarta Transformaci¨®n. La consulta popular para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes [Salinas, Zedillo, Fox, Calder¨®n y Pe?a Nieto], todos los exmandatarios mexicanos vivos a excepci¨®n de Luis Echeverr¨ªa, es el m¨¢s reciente ejemplo. No es la primera vez que el presidente apuesta por este mecanismo, relativamente nuevo, para trasladar al pueblo una convicci¨®n pol¨ªtica tomada con anterioridad. As¨ª fueron cancelados el nuevo aeropuerto de Ciudad de M¨¦xico iniciado por Enrique Pe?a Nieto y una planta estadounidense de cerveza en el Estado de Baja California y siguieron con vida una termoel¨¦ctrica en el Estado de Morelos y el Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura para el actual Gobierno. Esta consulta va m¨¢s all¨¢. Cuestiona la independencia de la justicia pues nada impide que los expresidentes sean juzgados si es que cometieron delitos.

La pregunta formulada por L¨®pez Obrador y su consejero jur¨ªdico, Julio Scherer Ibarra, debe librar un gran escollo antes de convertirse en la estrella del norte rumbo a las elecciones. La ley de Consulta Popular, aprobada en 2014 durante el mandato de Pe?a Nieto, asegura que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) debe avalar la constitucionalidad de la materia de la consulta. Ese proceso ha iniciado y el Constitucional cuenta con 20 d¨ªas para emitir su postura. Los especialistas consideran que la consulta es inviable en el terreno judicial. ¡°Se trata de una propuesta abiertamente inconstitucional¡±, considera Javier Mart¨ªn Reyes, profesor asociado de la divisi¨®n de Estudios Jur¨ªdicos del Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®micas (CIDE). La Constituci¨®n proh¨ªbe expresamente que sean objeto de consulta la restricci¨®n de derechos humanos y sus garant¨ªas. ¡°Dejar en manos de las mayor¨ªas la decisi¨®n de si se investiga y procesa a los expresidentes violar¨ªa los derechos de las v¨ªctimas y el derecho al debido proceso de los se?alados¡±, a?ade el jurista.

El ministro Luis Mar¨ªa Aguilar ser¨¢ el responsable de escribir el proyecto de sentencia. El togado presidi¨® el poder judicial hasta enero de 2019, cuando la judicatura emprendi¨® un viraje en paralelo al Gobierno de L¨®pez Obrador con el juez Arturo Zald¨ªvar como cabeza. Aguilar, un juez de carrera, qued¨® en el nuevo equilibrio del tribunal como uno de los magistrados cr¨ªticos a la actual Administraci¨®n. Su oficina ha sido responsable de diversos proyectos que han servido de dique a las pol¨ªticas promovidas por el Ejecutivo. En junio, Aguilar admiti¨® una controversia promovida por la Comisi¨®n Federal de Competencia Econ¨®mica (Cofece) y dos entidades gobernadas por la oposici¨®n que suspende moment¨¢neamente un decreto que resume la pol¨ªtica energ¨¦tica de L¨®pez Obrador, pues buscaba limitar la emisi¨®n de permisos para las plantas e¨®licas y solares.

En 2019, Aguilar tambi¨¦n se pronunci¨® en contra de la ley de remuneraciones que recortaba los salarios de los funcionarios p¨²blicos. La medida fue una de las primeras adoptadas por L¨®pez Obrador nada m¨¢s llegar al poder y establec¨ªa que ning¨²n servidor p¨²blico podr¨ªa ganar m¨¢s que ¨¦l, fijando su salario en 108.000 pesos mensuales. A la norma sigui¨® una lluvia de miles de amparos que buscaron blindarse de la medida conservando onerosas dietas.

La consulta ciudadana que pretende L¨®pez Obrador tiene un alto componente pol¨ªtico y electoral. La pregunta formulada por el Ejecutivo ser¨ªa sometida a consideraci¨®n de los ciudadanos el domingo 6 de junio de 2021, la misma fecha en la que el pa¨ªs acudir¨¢ a las urnas a las elecciones m¨¢s grandes de su historia. Esa jornada se renovar¨¢n los 500 esca?os de la C¨¢mara de Diputados y 15 de los 32 Estados elegir¨¢n nuevo gobernante. A nueve meses, el partido de L¨®pez Obrador luce como el claro favorito rumbo a esos comicios. El juicio a los exmandatarios puede convertirse en el principal tema de la campa?a para las intermedias y reforzar¨ªa al actual mandatario en el terreno en el que mejor se mueve, el de la contienda pol¨ªtica y el enfrentamiento, m¨¢s a¨²n ante la falta de l¨ªderes de oposici¨®n.

Ximena Medell¨ªn, doctora en Derecho por la UNAM, cree que el proceso de la consulta ha sido desaseado. ¡°El resultado puede ser muy desafortunado porque desgasta una herramienta que tiene un gran valor pero que se est¨¢ aplicando de forma incorrecta y en un mal momento¡±, indica la acad¨¦mica, tambi¨¦n del CIDE. La especialista cree que la pregunta formulada por la presidencia es problem¨¢tica. Esta pretende cuestionar sobre la sanci¨®n a presuntos delitos cometidos ¡°antes, durante y despu¨¦s¡± de las gestiones desde 1988. El fraseo borra el debate jur¨ªdico sobre los l¨ªmites a las responsabilidades p¨²blicas y a los delitos. ¡°La pregunta no tiene ning¨²n sentido¡±, a?ade.

El ministro Aguilar debe ahora operar jur¨ªdicamente con una gran presi¨®n pol¨ªtica sobre sus hombros, m¨¢s a¨²n despu¨¦s de que el presidente, durante el anuncio de la solicitud argumentase que para hacerla hay unas zonas grises en el marco legal, insinuando que la justicia no llevar¨ªa a cabo ning¨²n proceso contra un exmandatario. El asunto debe resolverse con una delicada reforma al poder judicial de fondo. El sentido de la sentencia de Aguilar ser¨¢ p¨²blico en los pr¨®ximos d¨ªas. Sin embargo, el ministro dej¨® en claro en 2014, cuando la SCJN se pronunci¨® sobre las consultas populares, que es muy conservador a la hora de avalar en qu¨¦ asuntos pueden meterse los ciudadanos. En ese entonces, los ministros acotaron el campo de acci¨®n de las consultas. Los temas energ¨¦ticos y econ¨®micos, entre ellos el incremento al salario m¨ªnimo, quedaron fuera de la mesa al declararse inconstitucionales. ¡°Ser¨ªa muy raro que Aguilar frente a las mismas restricciones ahora salga con un proyecto dram¨¢ticamente distinto a lo fallado en 2014¡±, indica Javier Mart¨ªn Reyes. Y esto abre una nueva inc¨®gnita pol¨ªtica para 2021. ?Puede el Gobierno llevar adelante una consulta despu¨¦s de haber sido declarada inconstitucional por la Corte?