L¨®pez Obrador defiende su pol¨ªtica para el sector energ¨¦tico en la Suprema Corte
El presidente impugna el freno judicial a las normas que limitan la inversi¨®n privada de las industrias renovables
Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha elevado la defensa de su pol¨ªtica energ¨¦tica a la Suprema Corte de Justicia. El abogado de la presidencia, Julio Scherer, ha impugnado este jueves ante el tribunal constitucional el freno que un juez otorg¨® a finales de junio a un decreto que cambia las reglas del juego para las empresas privadas del sector. La medida aumenta la f¨¦rrea presi¨®n que ejerce la Administraci¨®n de Morena para recuperar el peso del Estado en el mercado el¨¦ctrico. La ofensiva presidencial tambi¨¦n tiene un trasfondo pol¨ªtico, pues fue un Estado gobernado por la oposici¨®n, Tamaulipas, quien impuls¨® la controversia constitucional que fue aceptada por uno de los once jueces de la Corte, Luis Mar¨ªa Aguilar.
El origen de esta disputa se origin¨® el 15 de mayo, cuando la secretaria de Energ¨ªa, Roc¨ªo Nahle, public¨® un decreto que impon¨ªa una serie de limitantes a las nuevas centrales de generaci¨®n de energ¨ªa renovable. Los lineamientos limitaban la emisi¨®n de permisos para plantas e¨®licas o solares y prohib¨ªa la construcci¨®n de plantas en sitios congestionados o con poca capacidad de transmisi¨®n a la red. Energ¨ªa considera que esto impedir¨¢ sobrecargas en el sistema de transmisi¨®n y con ello se evitar¨¢n apagones.
El decreto contaba con algunos problemas de forma. El Diario oficial de la Federaci¨®n hab¨ªa puesto trabas a la Secretar¨ªa de Energ¨ªa para su publicaci¨®n pues consideraba que invad¨ªa competencias de otras instituciones y hab¨ªa evitado el tr¨¢nsito necesario por los organismos t¨¦cnicos y reguladores. El texto fue mal recibido por las empresas privadas del sector, quienes han encontrado muchos obst¨¢culos a la inversi¨®n en el sector en 19 meses de la Administraci¨®n de Morena. All¨ª comenz¨® una lluvia de amparos de diversas compa?¨ªas para evitar ser afectados por la Pol¨ªtica de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema el¨¦ctrico nacional.
El Gobierno de Tamaulipas, gestionado por el PAN, tambi¨¦n se sum¨® a la batalla legal contra el llamado decreto Nahle. El gobernador de la entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca, dijo en mayo que la ¡°desafortunada¡± medida frenar¨ªa el desarrollo en la entidad. El Estado es uno de los principales productores de energ¨ªa renovable con once parques e¨®licos, que representan una inversi¨®n por m¨¢s de 2.300 millones de d¨®lares. El texto gubernamental tambi¨¦n pon¨ªa en jaque otros cuatro proyectos que orillar¨ªan a la p¨¦rdida de otros 1.200 millones.
A finales de junio, la Comisi¨®n de Competencia Econ¨®mica (Cofece), un ¨®rgano antimonopolios, se ali¨® con Tamaulipas e interpuso la controversia constitucional que hoy es disputada por el Ejecutivo. La comisi¨®n consider¨® que el decreto ¡°violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia¡±. La iniciativa de Nahle, de acuerdo a este organismo, compromete el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisi¨®n y distribuci¨®n. ¡°Sacrifica la eficiencia y establece barreras de entrada en la generaci¨®n de energ¨ªa¡±, se?al¨®.
Luis Mar¨ªa Aguilar, juez de la Suprema Corte, dio la raz¨®n, moment¨¢nea, a los quejosos. El togado suspendi¨® los efectos del decreto con medidas cautelares mientras se desahoga el juicio. El fallo de la Corte ser¨¢ importante pues hay varias empresas extranjeras y nacionales con juicios de amparo que buscan evitar el decreto.
Esta batalla legal es un cap¨ªtulo nuevo en la ofensiva que el Gobierno de L¨®pez Obrador mantiene contra la reforma energ¨¦tica de Enrique Pe?a Nieto. En 2013, los legisladores aprobaron un paquete de normas que abr¨ªa al sector privado, extranjero y nacional, la inversi¨®n a las industrias petroleras y el¨¦ctrica despu¨¦s de varias d¨¦cadas de soberan¨ªa energ¨¦tica. Recientemente, el presidente mexicano ha anunciado p¨²blicamente que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revelar¨¢ en el juicio que se lleva en su contra que aquella normativa fue aprobada gracias a sobornos. Entre los legisladores que supuestamente recibieron mordidas se encuentra el hoy gobernador Cabeza de Vaca, seg¨²n filtraciones del testimonio que Lozoya ha hecho a la Fiscal¨ªa.
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