El nuevo Tratado de las Am¨¦ricas promueve los derechos ambientales
Los pa¨ªses latinoamericanos deben firmar el Acuerdo de Escaz¨² para mostrar su compromiso con el desarrollo sostenible
Un nuevo tratado que profundiza el v¨ªnculo entre la protecci¨®n del medio ambiente y los derechos humanos en Am¨¦rica Latina y el Caribe tiene el potencial de reducir los conflictos que provocan los asesinatos de tantos defensores ambientales en la regi¨®n.
La ceremonia de firma del Acuerdo de Escaz¨² tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 27 de septiembre. Jefes de Estado y ministros de 15 pa¨ªses llegaron a la cita: Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Hait¨ª, M¨¦xico, Panam¨¢, Paraguay, Per¨², Rep¨²blica Dominicana, Santa Luc¨ªa y Uruguay.
Fue un momento altamente simb¨®lico y significativo para los millones de personas de la regi¨®n que sufren las consecuencias de la contaminaci¨®n y la presi¨®n sobre los recursos naturales.
Estoy pensando en Isidro Baldenegro L¨®pez, l¨ªder de los ind¨ªgenas tarahumara en la regi¨®n monta?osa de Sierra Madre, en el norte de M¨¦xico. Este activista dedic¨® su vida a defender los bosques de la Sierra Tarahumara y las tierras que su pueblo hab¨ªa habitado durante siglos. Baldenegro fue asesinado a tiros en enero de 2017. O en el caso de Agust¨ªn Wachap¨¢, un l¨ªder ind¨ªgena shuar conocido por oponerse a los proyectos mineros en la Amazon¨ªa ecuatoriana. Este sufri¨® un duro proceso judicial de 17 meses despu¨¦s de haber sido acusado de incitar a la violencia tras un enfrentamiento ocurrido en diciembre de 2016 con la polic¨ªa sobre un proyecto minero, a pesar de que la fiscal¨ªa no present¨® pruebas significativas para respaldar los cargos. O en el clima generalizado de miedo e impunidad que sienten los miembros de comunidades ind¨ªgenas que se est¨¢n organizando para defender sus bosques amaz¨®nicos en el estado de Maranh?o, Brasil, y que enfrentan amenazas e intimidaci¨®n de los madereros ilegales.
Los primeros pasos en el camino a Escaz¨² ¡ªel lugar en Costa Rica donde 24 pa¨ªses de la regi¨®n adoptaron el acuerdo el pasado 4 de marzo¡ª se remontan a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible - R¨ªo +20, en 2012. All¨ª, 10 pa¨ªses de la regi¨®n, liderados por Chile y Costa Rica, iniciaron un proceso hacia un acuerdo regional sobre los derechos de las personas a la informaci¨®n, la participaci¨®n y la justicia en asuntos ambientales.
Ya en 1992, en la Cumbre de la Tierra en R¨ªo de Janeiro, los participantes proclamaron estos derechos ambientales como la piedra angular del desarrollo sostenible. En 1998, Europa incorpor¨® esos derechos en su tratado, el Convenio de Aarhus.
La sociedad civil en estos pa¨ªses alberga grandes esperanzas de que un acuerdo vinculante
El Acuerdo de Escaz¨² sigue el modelo de Aarhus. En esencia, Escaz¨² establece est¨¢ndares para la participaci¨®n informada en las decisiones ambientales y el acceso a la justicia ambiental. El acuerdo garantiza el derecho del p¨²blico a la informaci¨®n sobre cuestiones ambientales, mientras que al mismo tiempo garantiza su derecho a la participaci¨®n informada en el proceso de aprobaci¨®n ambiental de proyectos de inversi¨®n. El acuerdo tambi¨¦n elimina los obst¨¢culos a la justicia ambiental, incluida la exigencia de brindar apoyo a personas o grupos en situaciones vulnerables.
En ciertos aspectos, Escaz¨² va m¨¢s all¨¢ de Aarhus. Por ejemplo, reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente sano y requiere que todos los pa¨ªses participantes garanticen ese derecho en sus medidas para cumplir con el tratado. Como este derecho todav¨ªa no se ha reconocido a nivel global, Escaz¨² puede ayudar a impulsar al resto del mundo a llenar ese vac¨ªo.
Como reacci¨®n al dram¨¢tico aumento de los conflictos ambientales en la regi¨®n, Escaz¨² es tambi¨¦n el primer tratado internacional que incluye protecciones espec¨ªficas para los defensores ambientales. Tal como ha se?alado Michel Forst, un experto en derechos humanos de las Naciones Unidas, las amenazas, agresiones y ataques letales contra los defensores del medio ambiente son a menudo el resultado directo de la explotaci¨®n de los recursos naturales que no tiene en cuenta las demandas y preocupaciones leg¨ªtimas de las comunidades locales.
Las medidas para proteger a los defensores ambientales son un paso en la direcci¨®n correcta, que ofrece esperanza a las personas y grupos que defienden el medio ambiente y sus comunidades, y que est¨¢n bajo amenaza en la regi¨®n.
El camino hacia Escaz¨² estuvo marcado por m¨¢s de cinco a?os de arduo trabajo despu¨¦s de Rio +20, caracterizado por un intenso di¨¢logo entre los pa¨ªses y los grupos no gubernamentales de la regi¨®n. Pocas negociaciones internacionales se abren as¨ª para permitir la participaci¨®n en tiempo real del p¨²blico y de esa manera enriquecer el debate con sus ideas y propuestas.
El di¨¢logo y el esfuerzo dieron frutos. Las nuevas herramientas de Escaz¨² para la cooperaci¨®n internacional fortalecer¨¢n la capacidad de los pa¨ªses para alcanzar objetivos globales, como los objetivos de desarrollo sostenible de R¨ªo +20 y los compromisos sobre el cambio clim¨¢tico del Acuerdo de Par¨ªs.
Escaz¨² es tambi¨¦n el primer tratado internacional que incluye protecciones espec¨ªficas para los defensores ambientales
Sin embargo, a pesar de sus beneficios, un tratado internacional no es una receta m¨¢gica. Los graves problemas ambientales y de derechos humanos de una regi¨®n tan diversa y compleja como Am¨¦rica Latina y el Caribe requieren una intervenci¨®n desde distintos ¨¢ngulos. Sin embargo, la sociedad civil en estos pa¨ªses alberga grandes esperanzas de que un acuerdo vinculante como Escaz¨², en el que el medio ambiente y los derechos humanos van de la mano, pueda constituir un hito en el camino para poner fin a los conflictos ambientales de la regi¨®n.
Los pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe deber¨ªan firmar y ratificar el Acuerdo de Escaz¨², y aprovechar esta oportunidad hist¨®rica para demostrar un compromiso real con el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la democracia.
Marcos Orellana es director de medio ambiente y derechos humanos de Human Rights Watch.
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