M¨¦xico busca proteger a los candidatos de las elecciones ante el clima de violencia

El Gobierno de M¨¦xico ha presentado una estrategia de protecci¨®n para los candidatos que concurren a las elecciones del 6 de junio, las m¨¢s grandes celebradas en tiempos contempor¨¢neos, en donde se elegir¨¢n unos 20.000 cargos entre gobernadores estatales, diputados y alcaldes. Desde que se inici¨® la precampa?a en septiembre y se fueron definiendo los candidatos, el pa¨ªs ha registrado 53 pol¨ªticos asesinados y 66 funcionarios, sobre todo jefes de seguridad p¨²bica, seg¨²n los ¨²ltimos datos de la consultora Etellekt, con el corte al 3 de marzo. Desde 2018, considerada la campa?a m¨¢s violenta en M¨¦xico, con 154 v¨ªctimas mortales, se ha producido un descenso del 32% aunque a¨²n no ha concluido el proceso. Una campa?a gris, con menos presencia en la calle debido a la pandemia, es uno de los factores que han influido en la ca¨ªda. Este viernes comienza el proceso en cinco Estados. Y esta misma tarde del jueves ha sido asesinado Melqu¨ªades V¨¢zquez, candidato a la alcald¨ªa en La Perla, Veracruz, uno de los estados que est¨¢ registrando mayor violencia pol¨ªtica.

El ¨¢mbito municipal y las zonas pobres son las m¨¢s castigadas en estos procesos que se dirimen a balazos (un 87% de los asesinatos se dan en estos lugares). Algunas alcald¨ªas m¨¢s parecen cacicazgos, donde los dirigentes se desempe?an con un poder econ¨®mico que emana de los presupuestos p¨²blicos o de actividades il¨ªcitas, o de ambos, lo que cada vez complica m¨¢s establecer los m¨®viles de estos cr¨ªmenes. Rub¨¦n Salazar, director de Etellekt, explica que en situaciones de m¨¢xima pobreza y ausencia de tejido productivo, los presupuestos p¨²blicos son la v¨ªa de algunas familias para perpetuarse en el poder y su motor para impedir que otros se lo arrebaten. Por eso, dice, es significativo el n¨²mero de aspirantes electorales que pasan por las armas, 11 de los 53 en lo que va de campa?a.

La forma de proceder, generalmente, es encargar a sicarios la eliminaci¨®n de una persona, lo que suele confundir la autor¨ªa material con la intelectual y la ciudadan¨ªa de inmediato atribuye estas matanzas a los carteles. Eso tambi¨¦n existe, pero ¨¦l cree que en su mayor parte se trata de violencia pol¨ªtica. El 70% de estos asesinatos los cometen comandos armados, a sueldo de cualquiera que pueda pagarlo. ¡°No hay una correlaci¨®n estad¨ªstica entre los Estados con m¨¢s homicidios por cada 100.000 habitantes, normalmente relacionados con el narco, y los cr¨ªmenes de pol¨ªticos. Adem¨¢s, las pocas sentencias que existen suelen relacionar estos asesinatos con temas personales, familiares, rencillas sentimentales, asaltos a la propiedad, etc¨¦tera¡±. M¨¢s propio, a su parecer, de cr¨ªmenes puramente pol¨ªticos. Salazar acusa al Gobierno, que presenta cifras m¨¢s abultadas (hasta 64 v¨ªctimas de homicidio) de sumar los asesinatos de periodistas, activistas y otras personas a esa estad¨ªstica. ¡°Adem¨¢s, lo relaciona con el narcotr¨¢fico, y no es solo eso¡±, critica.

El Gobierno, sin embargo, habla tambi¨¦n de cr¨ªmenes de cuello blanco, donde se enmarcar¨ªa, por ejemplo, el asesinato a balazos, el pasado lunes, del l¨ªder empresarial de la Coparmex en San Luis Potos¨ª, Julio C¨¦sar Galindo P¨¦rez, quien apoy¨® la alianza entre el PRI, PAN y PRD para hacer frente a Morena, el partido del Gobierno. Pero la d¨¦bil democracia que evidencian los procesos electorales mexicanos no se mide solo en asesinatos, son comunes tambi¨¦n las extorsiones, secuestros, torturas y ataques a propiedades. Una panoplia de violencia contra la que el Gobierno ha presentado este jueves una bienintencionada gu¨ªa que busca minimizar estos efectos a base de mesas de trabajo entre los distintos niveles de Gobierno del pa¨ªs, las fiscal¨ªas y los partidos pol¨ªticos, a quienes se les hace un ¡°llamado respetuoso¡± en pro de unos comicios limpios de sangre. Se busca tambi¨¦n elevar la protecci¨®n policial para los candidatos m¨¢s amenazados y dise?ar estrategias de seguridad en zonas conflictivas. En algunos municipios no hay siquiera polic¨ªa. Se habla tambi¨¦n de protocolos para combatir el riesgo y reuniones semanales de seguimiento.

Las largas d¨¦cadas de ¡°dictadura perfecta¡± en las que M¨¦xico estuvo en manos del PRI, la situaci¨®n estaba m¨¢s o menos bajo control. Es la descomposici¨®n de ese sistema, dice Salazar, lo que ha tra¨ªdo la violencia en cascada, y sobre todo en tiempos recientes, cuando los gobernadores del PRI fueron perdiendo tambi¨¦n la gubernatura de algunos de los 32 Estados mexicanos. A¨²n la conservan en una docena de Entidades. ¡°Una alternancia de poder que el sistema pol¨ªtico mexicano no acaba de digerir¡±. Desde 2018 hay una tendencia clara: la violencia, en su mayor¨ªa, se ejerce contra aquellos pol¨ªticos o aspirantes cuyas siglas no coinciden con las de quien gobierna el Estado. El 76% de las v¨ªctimas de homicidios dolosos son opositores al poder estatal.

Cuando se rompe la correosa estructura vertical del PRI, desde la presidencia federal hasta los municipios, ¡°algunos alcaldes comenzaron a establecer sus propios pactos con la delincuencia, y hoy es dif¨ªcil distinguir de d¨®nde procede la violencia para quedarse en el cargo o arrebat¨¢rselo al adversario¡±, sostiene Salazar, quien pone de ejemplo el de algunos alcaldes que ¡°encabezan bandas delictivas y manejan negocios formales e informales¡±. Desde 2005 la tendencia ha sido el incremento de los asesinatos, hasta el pico de 2018, con 152 v¨ªctimas mortales entre 774 agresiones. Previo a esos comicios se hab¨ªan registrado 19 cambios de partido pol¨ªtico a nivel estatal. En la actualidad se registra un fuerte descenso en la criminalidad, debido a la pandemia, aunque, parad¨®jicamente, prosigue Salazar, la crisis v¨ªrica y su menoscabado de las econom¨ªas m¨¢s d¨¦biles puede inicitar a algunos mun¨ªcipes a seguir manteniendo el goce de los presupuestos p¨²blicos con su consiguiente violencia para conseguirlo.

¡°Venimos de un Estado de estructura mafiosa durante d¨¦cadas, y el actual mantiene algunas de esas pr¨¢cticas, aunque el presidente hable de transparencia, su partido no siempre la ejerce¡±, dice Jos¨¦ Antonio ?lvarez L¨¦on, investigador de la UNAM y responsable de un posgrado en Derecho y Pol¨ªtica Criminal. ¡°El hecho de que las estructuras de gobierno tengan que proteger los procesos electorales y a sus candidatos nos habla de una democracia muy d¨¦bil donde los poderes f¨¢cticos y grupos de inter¨¦s han ido eligiendo a los representantes populares. Todo ello genera presi¨®n al Estado y a la ciudadan¨ªa¡±, explica. ¡°Son redes que impiden a otros ciudadanos contender¡±, a?ade.

A este ¡°severo desgaste de la democracia, que determina el poder a balazos¡±, suma Salazar la ineficacia de la justicia en M¨¦xico, con altas cotas de impunidad: el permiso para matar. ¡°El que tiene el poder acusa a la oposici¨®n de lo que se le antoja, o al narco, por ejemplo, pero detr¨¢s del narco tambi¨¦n hay jefaturas pol¨ªticas. Y las fiscal¨ªas no pueden determinar m¨®viles ni autoridad intelectual¡±. ¡°Si el narco quisiera deshacerse de un candidato no se fijar¨ªa solo en los opositores, y hemos comprobado que la violencia es mayor cuando se trata de aspirantes contrarios al poder establecido en la gubernatura¡±, explica. La Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) ha tomado en cuenta los datos de la consultora Etellekt para sus informes.

El profesor ?lvarez Le¨®n cree que debe haber ¡°m¨¢s transparencia en las precandidaturas, que el elector sepa el perfil y los antecedentes de los candidatos que pugnar¨¢n¡±. Y que haya un acceso igualitario para todo aquel que quiera participar en la contienda. La seguridad debe ser para todos, afirma. ¡°Y el Estado, aunque es muy dif¨ªcil, debe responsabilizarse de que no se filtren intereses creados en estos procesos. Los partidos tienen mucho que ver en ello¡±.

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