El Ej¨¦rcito mexicano detiene de nuevo a los militares implicados en el ¡®caso Tlatlaya¡¯

Los militares mexicanos vinculados con la matanza de Tlatlaya vuelven a estar en prisi¨®n. Su captura responde a la orden de un tribunal unitario, que en octubre de 2019 resolvi¨® detenerlos de nuevo, volteando decisiones judiciales previas que los hab¨ªan dejado en libertad. Seg¨²n versiones period¨ªsticas, el propio Ej¨¦rcito se encarg¨® de la detenci¨®n e ingreso de los acusados a la prisi¨®n militar a mediados de marzo. Cuatro de los siete, acusados de ejercicio indebido, dejaron la c¨¢rcel poco despu¨¦s. Los otros tres, un sargento y dos soldados acusados de homicidio y encubrimiento, permanecen en prisi¨®n.

En junio de 2014, un convoy militar se enfrent¨® a balazos con un grupo de civiles armados en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de M¨¦xico. 22 civiles murieron y un militar result¨® herido. La Secretar¨ªa de la Defensa inform¨® en un primer momento de que los civiles hab¨ªan muerto en el tiroteo. Pese a los testimonios recabados en el lugar de los hechos, la Fiscal¨ªa del Estado de M¨¦xico evit¨® elevar sospechas sobre la versi¨®n castrense. Ya en septiembre, una testigo, Clara G¨®mez, madre de Erika G¨®mez, una de las personas fallecidas, denunci¨® en los medios que despu¨¦s de la balacera inicial, militares hab¨ªan ejecutado a los supervivientes.

Las cr¨ªticas al Ej¨¦rcito arreciaron y provocaron la reacci¨®n del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que incluso dio entrevistas para hablar del caso, algo extra?o en un jefe del Ej¨¦rcito. El caso empa?¨® adem¨¢s el brillo del Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), que hasta entonces paseaba con orgullo las reformas energ¨¦tica o de telecomunicaciones. Primero Tlatlaya, pero luego el caso Ayotzinapa y m¨¢s tarde el esc¨¢ndalo de la Casa Blanca acabaron con el pretendido lustre del ¨²ltimo Gobierno del PRI.

A finales de 2014, la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR) asumi¨® el caso y concluy¨® que los militares hab¨ªan ejecutado al menos a ocho de las 22 v¨ªctimas. En su propia investigaci¨®n, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elev¨® la cifra a entre 12 y 15. En octubre de ese a?o, los militares fueron capturados. La PGR acusaba a dos soldados y un sargento del homicidio de los ocho y de alterar la escena de los hechos. Al teniente que lideraba el convoy y los otros tres les acus¨® de ejercicio indebido.

El caso parec¨ªa avanzar con diligencia, pero entre 2015 y 2016, los jueces estimaron que la PGR no hab¨ªa aportado elementos para sustentar sus acusaciones y liber¨® a los siete. El esc¨¢ndalo se aviv¨® cuando los abogados de Clara G¨®mez encontraron en el expediente del caso un documento castrense que recog¨ªa las ¨®rdenes bajo las que deb¨ªan actuar los militares en esa zona del Estado de M¨¦xico. En el documento se le¨ªa que ¡°las tropas deber¨¢n operar de noche en forma masiva y en el d¨ªa reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad¡±. Esta orden estaba vigente el d¨ªa de las ejecuciones.

A lo largo de los a?os, los abogados de G¨®mez, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agust¨ªn Pro, han criticado la falta de diligencia de la Fiscal¨ªa para investigar la cadena de mando en el caso Tlatlaya. Apenas en 2020, los letrados pudieron interrogar por primera vez a los mandos militares que integraban la jerarqu¨ªa castrense la noche de los hechos, el 30 de junio de 2014. En el caso del general Jos¨¦ Luis S¨¢nchez Le¨®n, encargado del Ej¨¦rcito en el sur del Estado de M¨¦xico, sus declaraciones revelaban, por ejemplo, que hab¨ªa sabido de lo ocurrido desde las primeras horas de la ma?ana del 30 de junio, poco despu¨¦s de las ejecuciones. Hasta entonces, el general hab¨ªa dicho que aquel d¨ªa estaba de vacaciones y que solo supo de lo ocurrido por partes informativos. Pese a los datos novedosos que hallaron los abogados, la Fiscal¨ªa dio carpetazo al asunto d¨ªas despu¨¦s, como inform¨® entonces EL PA?S, estimando que no hab¨ªa indicios para ¡°ejercer acci¨®n penal¡± contra nadie.

La investigaci¨®n principal, que parec¨ªa estancada desde la resoluci¨®n del tribunal unitario de 2019 de volver a detener a los militares, se mueve ahora de nuevo. A partir de las pruebas, el tribunal considera probable que los soldados Fernando Quintero y Leobardo Hern¨¢ndez y el sargento Roberto Acevedo ingresaron en la bodega desde donde hab¨ªan disparado los civiles despu¨¦s del tiroteo. Que una vez all¨ª, dispararon a los supervivientes y los mataron. Y que luego movieron cad¨¢veres y armas.

En un comunicado divulgado este jueves, el Centro Pro ha se?alado que ¡°la reaprehensi¨®n de los responsables es relevante. No habr¨ªa ocurrido sin la perseverancia de las v¨ªctimas y sin el control del poder judicial sobre la investigaci¨®n. Al mismo tiempo, no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el n¨²mero de v¨ªctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir¡±.

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