Un tribunal ordena volver a detener a los militares implicados en el ¡®caso Tlatlaya¡¯ en M¨¦xico

Un tribunal ha ordenado detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, en M¨¦xico, en junio de 2014. La Fiscal¨ªa acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio p¨²blico y a tres de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisi¨®n. Entonces, dejando de lado pruebas cruciales, el mismo tribunal consider¨® que no hab¨ªa elementos para enjuiciarlos. Pero ahora, tenidas en cuenta todas las pruebas, los jueces han decidido la reaprehensi¨®n de los soldados.

Al menos ocho personas fueron asesinadas en aquel evento, hace ya m¨¢s de cinco a?os. Nadie supo en un principio qu¨¦ hab¨ªa pasado exactamente. La Secretar¨ªa de la Defensa, Sedena, divulg¨® una versi¨®n distorsionada de los hechos, que se mantuvo durante meses. El Ej¨¦rcito dijo que un convoy militar se hab¨ªa enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya, en el Estado de M¨¦xico, a unas horas de la capital; que los civiles hab¨ªan atacado a los militares y que estos se hab¨ªan defendido; que en el tiroteo, 22 civiles hab¨ªan muerto y un militar hab¨ªa resultado herido.

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En septiembre de ese mismo a?o una testigo de lo ocurrido, Clara G¨®mez, desminti¨® a los militares y denunci¨® que despu¨¦s del enfrentamiento, una vez rendidos, los militares hab¨ªan ejecutado a los supervivientes. Otras dos testigos dijeron lo mismo. En su investigaci¨®n, la Fiscal¨ªa concluy¨® que los asesinados eran ocho, el resto hab¨ªa ca¨ªdo en combate. La oficina del ombudsman elev¨® ese n¨²mero, sin embargo, a entre 12 y 15. Adem¨¢s, los militares modificaron la escena del crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versi¨®n.

La irrupci¨®n de G¨®mez y las dem¨¢s testigos provoc¨® un esc¨¢ndalo en M¨¦xico que acab¨® en la detenci¨®n de los militares. Pero los errores y omisiones de los investigadores, estatales y federales y las controvertidas interpretaciones de los jueces acabaron con los militares en libertad. Procesados, acusados, pero en libertad.

La nueva orden de detenci¨®n supone un giro en el caso, congelado desde la liberaci¨®n de los militares en 2016. Sus abogados podr¨ªan ampararse ante la decisi¨®n del tribunal, pero su margen de actuaci¨®n es estrecho. De todas formas, los jueces podr¨ªan impulsar la detenci¨®n de los soldados mientras esto ocurre. Su captura depende ahora de la voluntad de la fiscal¨ªa, reticente en el pasado a volcarse en este caso. Y tambi¨¦n del actual Gobierno y su capacidad para fiscalizar la actuaci¨®n de las Fuerzas Armadas.

El cambio de criterio en los juzgados ha tenido que ver con la decisi¨®n previa de otro tribunal, que obligaba a este a contemplar pruebas que antes obvi¨®. Las pruebas son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realiz¨® la Fiscal¨ªa hace a?os, sobre c¨®mo los militares modificaron el lugar de los hechos.

El caso Tlatlaya sacudi¨® al Gobierno de Enrique Pe?a Nieto, poco antes de la desaparici¨®n, a finales de septiembre de 2014, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La actuaci¨®n del Ej¨¦rcito en tareas de seguridad p¨²blica en M¨¦xico es, no obstante, motivo de pol¨¦mica desde hace m¨¢s de una d¨¦cada. Son varias las causas y sin duda la primera es la cantidad de se?alamientos por tortura, homicidio y desaparici¨®n forzada. Desde que las Fuerzas Armadas suplen masivamente a los cuerpos policiales, esto es, desde principios del Gobierno de Felipe Calder¨®n, en diciembre de 2006, los se?alamientos por asesinato, tortura, desaparici¨®n forzada y otras violaciones a derechos humanos se cuentan por decenas. De 2007 a 2017, la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos emiti¨® 125 informes en que probaba la culpabilidad de elementos del Ej¨¦rcito en este tipo de delitos.

Otro de los motivos de la controversia es su opacidad, la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas. Hasta la semana pasada, M¨¦xico desconoc¨ªa el n¨²mero de civiles que han muerto en enfrentamientos con militares en los ¨²ltimos cinco a?os. Cuestionado al respecto, el Ej¨¦rcito respond¨ªa que ellos no llevaban la cuenta. Aunque suene raro, nadie, ni el Gobierno pasado ni este, le hab¨ªan hecho reproche alguno. Y la semana pasada, sin explicaci¨®n alguna, el secretario de la Defensa lleg¨® con todos los datos: de diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2019, 5.396 mexicanos -el Gobierno les llama a todos ¡°agresores¡±- murieron en enfrentamientos con militares.

El uso de la palabra agresor no es balad¨ª. Es uno de tantos conceptos que el Ej¨¦rcito emplea habitualmente en sus comunicados, como repeler o abatir. Entre todos arman una narrativa en la que la instituci¨®n siempre se comporta de acuerdo con la ley, sin cometer errores, mucho menos delitos. As¨ª ocurri¨® en el caso de Tlatlaya y as¨ª ha ocurrido en decenas de casos estos a?os.

M¨¢s all¨¢ del destino de los soldados, la decisi¨®n del tribunal es importante porque reconoce por primera vez la existencia de un segundo evento de disparos. El Ej¨¦rcito y la defensa de los soldados siempre ha negado que los militares ejecutaran a los supervivientes despu¨¦s del enfrentamiento. Han negado que existiera una segunda ronda de disparos, posterior al tiroteo.

Los militares acusados de homicidio y encubrimiento son elementos de tropa. Sus nombres son Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hern¨¢ndez. El teniente que iba al mando esa madrugada, Ezequiel Rodr¨ªguez, ha librado de momento el cargo de encubrimiento y solo enfrenta una acusaci¨®n por ejercicio indebido. El tribunal considera que no hay pruebas de que ¨¦l supiera qu¨¦ ocurr¨ªa dentro de la bodega, aunque estuviera a pocos metros.