Los militares mexicanos acusados de la masacre de Tlatlaya podr¨ªan volver a prisi¨®n

A la sombra del caso Ayotzinapa, las ejecuciones de Tlatlaya, el primer gran esc¨¢ndalo del sexenio del presidente Enrique Pe?a Nieto,?camina a paso de tortuga en los tribunales entre acusaciones de impunidad. Ahora, la decisi¨®n del tribunal de que se tomen en cuenta pruebas previamente descartadas podr¨ªa dar un giro al caso y abre la puerta a que varios militares acusados de asesinar a civiles regresen a prisi¨®n.

El 30 de junio de 2014, un convoy militar asesin¨® presuntamente a entre 8 y 15 civiles, al parecer parte de un grupo de delincuentes que les hab¨ªa atacado previamente. Ocurri¨® en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de M¨¦xico, a unas tres o cuatro horas de la capital. Las autoridades detuvieron a los militares y la Fiscal¨ªa les acus¨® de homicidio y alteraci¨®n de la escena del crimen, entre otros delitos. Sin embargo, un magistrado los dej¨® libres por falta de pruebas. Ahora un tribunal superior ha ordenado al magistrado que tenga en cuenta las declaraciones de tres testigos que certificar¨ªan los asesinatos. El magistrado ya hab¨ªa apreciado sus testimonios, pero solo los que rindieron en primera instancia, obtenidos entre acusaciones de amenazas, malos tratos y tortura.

Las tres testigos son Clara G¨®mez, Patricia Campos y Cinthia Nava. Fue la primera, Clara G¨®mez, quien destap¨® el asunto. A meses de lo ocurrido en Tlatlaya, su testimonio revent¨® la versi¨®n oficial, que mantiene que 22 civiles hab¨ªan muerto aquel d¨ªa producto de un enfrentamiento con elementos del Ej¨¦rcito. G¨®mez dijo que el enfrentamiento hab¨ªa ocurrido, pero que los militares hab¨ªan asesinado a los rendidos. A partir de su testimonio la oficina del defensor del pueblo y la fiscal¨ªa empezaron a investigar. La Comisi¨®n Nacional de los Derechos Humanos concluy¨® que entre 12 y 15 de los 22 fallecidos hab¨ªan muerto asesinados arbitrariamente. La Fiscal¨ªa rebaj¨® ese n¨²mero a ocho.

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El testimonio de G¨®mez desvel¨® adem¨¢s que otras dos mujeres hab¨ªan visto lo ocurrido. Eran Patricia Campos y Cinthia Nava. Desde el principio, medios afines al Gobierno, cercanos a la Secretar¨ªa de la Defensa, cuestionaron la presencia de las tres mujeres en el lugar del enfrentamiento, una bodega sin puertas a la vera de un camino rural. Las mujeres no fueron v¨ªctimas del fuego cruzado, estaban con el grupo que al parecer hab¨ªa agredido a los militares.

Desde el principio, G¨®mez dijo que hab¨ªa ido a buscar a su hija Erika, de 15 a?os, desaparecida desde hac¨ªa un par de meses. Un d¨ªa antes de lo ocurrido, G¨®mez hab¨ªa sabido que Erika andaba con este supuesto grupo de delincuentes. Sin pensarlo demasiado se fue a buscarla. La encontr¨® y los supuestos delincuentes la retuvieron. Con ellos estaban Campos y Nava. En la madrugada siguiente, las sorprendieron los disparos. Ellas, desde la bodega, vieron todo.

Aunque todo esto ocurri¨® en junio de 2014, no se supo hasta septiembre, semana y media antes de los sucesos de Iguala, en los que 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecieron a manos de polic¨ªas y delincuentes. El esc¨¢ndalo del ataque contra los 43 y el reguero continuo de detalles que fluyeron a los medios durante meses, hizo que el caso Tlatlaya no recibiera tanta atenci¨®n.

A la menor repercusi¨®n del caso tambi¨¦n contribuy¨® la percepci¨®n que se ten¨ªa de las v¨ªctimas. Si en un caso eran 43 estudiantes inocentes, en otro 22 delincuentes que hab¨ªan atacado al Ej¨¦rcito. Ni siquiera las tres testigos, G¨®mez, Nava y Campos, gozaban de mejor estatus. De cualquier manera, nunca ha quedado claro qui¨¦nes eran los 22, ni si todos habr¨ªan formado parte del supuesto grupo delictivo. Varias familias de personas fallecidas en la matanza han defendido que sus hijos fueron secuestrados y obligados a trabajar para los delincuentes. Es el caso de dos hermanos, Marcos y Juan Jos¨¦ Salgado Burgos, que murieron en la bodega. Ambos son parte del grupo de ocho v¨ªctimas de asesinato que considera la fiscal¨ªa.

Aunque el magistrado tiene hasta el 19 de julio para decidir el futuro de los militares, podr¨ªa pedir pr¨®rrogas. En todo caso, la claridad de los testimonios de las tres mujeres ante la Fiscal¨ªa federal en octubre de 2014, en contraste con sus declaraciones iniciales, obtenidas en algunos casos bajo tortura el mismo 30 de junio ante la Fiscal¨ªa del Estado de M¨¦xico, indican que su decisi¨®n deber¨ªa ser distinta. Por ejemplo, Clara G¨®mez, en su declaraci¨®n del 7 de octubre de 2014, afirma: "Me doy cuenta que otro militar sale del interior de la caseta junto con una persona de las que se hab¨ªan rendido, y lo lleva hacia donde estaba el militar de la l¨¢mpara, y le preguntaba de d¨®nde era, su edad, su apodo y despu¨¦s los militares le disparan y yo escuchaba c¨®mo se quejaban. As¨ª sacaron a varias personas y les preguntaban lo mismo y al final les disparaban". A partir de estos testimonios, la fiscal¨ªa acusa de homicidio a tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento. Al resto de encubrimiento.

Queda por ver adem¨¢s el papel de los mandos militares de la zona cuando ocurri¨® el enfrentamiento y los presuntos asesinatos. En 2015 los abogados de G¨®mez, que han batallado con la fiscal¨ªa estos a?os para obtener acceso parcial al expediente, encontraron un oficio militar del batall¨®n al que pertenec¨ªan los soldados, un documento que pon¨ªa en duda, de nuevo, el relato oficial de lo ocurrido. Si la Secretar¨ªa de la Defensa narraba que hab¨ªa sido un enfrentamiento y los testimonios de las tres mujeres lo negaban, el oficio pon¨ªa en cuesti¨®n la estrategia del Ej¨¦rcito en el ¨¢rea. En el oficio aparec¨ªa una serie de directrices sobre c¨®mo actuar en la zona, un corredor entre el Estado de M¨¦xico y Guerrero. Una afirmaba: "Las tropas deber¨¢n operar en la noche de forma masiva y en el d¨ªa reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad".