La Fiscal¨ªa cierra el ¡®caso Tlatlaya¡¯ tras interrogar a un general presente en el lugar de las ejecuciones

Por primera vez en seis a?os, abogados civiles, integrantes del Centro Miguel Agust¨ªn Pro, han interrogado a militares de alto rango vinculados al caso Tlatlaya, el esc¨¢ndalo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados en este municipio del Estado de M¨¦xico en 2014. Hasta ahora, la Fiscal¨ªa hab¨ªa impedido que los letrados les tomaran declaraci¨®n, pero su insistencia ha dado fruto y ha obligado a cuatro generales, un cabo y un soldado a contestar preguntas. Sus respuestas abren nuevos interrogantes sobre el papel de los generales en el caso y actualizan una vieja pregunta: ?bajo qu¨¦ tipo de ¨®rdenes actu¨® el Ej¨¦rcito en esa parte de M¨¦xico durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto?

La mala noticia para los abogados, que defienden a una de las v¨ªctimas indirectas del caso, es que la Fiscal¨ªa dio por cerrado el proceso apenas los generales terminaron de declarar. Los interrogatorios se celebraron el 29 de septiembre en las instalaciones del Ej¨¦rcito en Ciudad de M¨¦xico. Tres d¨ªas despu¨¦s, el fiscal inform¨® de que tras analizar la informaci¨®n no hab¨ªa indicios para ¡°ejercer acci¨®n penal¡± contra nadie. A d¨ªa de hoy, ni uno solo de los militares implicados directa o indirectamente en el caso est¨¢ en prisi¨®n. Los abogados han anunciado que recurrir¨¢n el cierre del caso.

Las declaraciones, a las que ha tenido acceso EL PA?S, revelan que el encargado del Ej¨¦rcito en el sur del Estado de M¨¦xico, el general Jos¨¦ Luis S¨¢nchez Le¨®n, supo de lo ocurrido desde las primeras horas de la ma?ana del 30 de junio de 2014, poco despu¨¦s de las ejecuciones. Hasta ahora, el general hab¨ªa dicho que aquel d¨ªa estaba de vacaciones y que solo supo de lo ocurrido por partes informativos. S¨¢nchez Le¨®n, que ascendi¨® a general de divisi¨®n de la mano del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, hoy preso en Estados Unidos a la espera de un juicio por narcotr¨¢fico, reconoce adem¨¢s que estuvo en el lugar de los hechos el mismo d¨ªa en que ocurrieron. Su presencia all¨ª se desconoc¨ªa hasta ahora.

Todav¨ªa hoy, el papel que jugaron los mandos en el caso Tlatlaya sigue envuelto en una densa bruma. En la madrugada del 30 de junio de 2014, un convoy de ocho militares se enfrent¨® a tiros con un grupo de civiles armados en una comunidad de este municipio. Aunque el Ej¨¦rcito defendi¨® que se hab¨ªa tratado de un enfrentamiento, las investigaciones de la fiscal¨ªa y la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyeron que los militares hab¨ªan ejecutado a parte de los civiles tras la refriega. En total, murieron 22 personas, todos civiles. Seg¨²n la cuenta de la Fiscal¨ªa, los militares asesinaron a ocho despu¨¦s del tiroteo inicial. La CNDH elev¨® esa cifra a entre 12 y 15.

La presencia de S¨¢nchez Le¨®n en el lugar de los hechos supone un giro importante y abre preguntas sobre las decisiones que tom¨® o dej¨® de tomar aquel d¨ªa, a la luz de lo ocurrido durante la madrugada. Y m¨¢s teniendo en cuenta que una de las acusaciones de la Fiscal¨ªa contra parte de los soldados implicados en el tiroteo era que hab¨ªan alterado la escena del crimen.

Caso parecido al de S¨¢nchez Le¨®n es el del comandante del cuartel al que pertenec¨ªan los soldados implicados directamente en las ejecuciones, el 102 Batall¨®n de Infanter¨ªa. Se trata del general Ra¨²l Castro, que entonces era coronel. Castro ascendi¨® tambi¨¦n durante el mandato de Cienfuegos. A preguntas de los abogados, Castro dijo por primera vez que ¨¦l lleg¨® a las 7.30 de la ma?ana al lugar de los hechos, una bodega a medio construir junto a un camino de tierra. Hasta ahora no se sab¨ªa la hora.

El hecho de que Castro y S¨¢nchez Le¨®n supieran lo que ocurr¨ªa desde temprano ¡ªla misma presencia de Castro en la bodega en las primeras horas de la ma?ana¡ª resulta importante, vistas las declaraciones de las testigos. Tres mujeres estaban en la bodega aquella noche, cuando sucedieron los hechos. De hecho, una de ellas, Clara G¨®mez, fue la que denunci¨® las ejecuciones cometidas por los soldados meses despu¨¦s de que ocurrieran, negando la versi¨®n de la Secretar¨ªa de Defensa. Los abogados explican que ¡°de acuerdo con los testimonios de las testigos, asentados en la recomendaci¨®n 21/2014 de la CNDH, se priv¨® arbitrariamente de la vida a personas ¡®cuando ya hab¨ªa luz del d¨ªa¡¯, es decir, cuando el general S¨¢nchez Le¨®n ya ten¨ªa conocimiento de lo ocurrido¡±.

Otro de los puntos importantes de los interrogatorios alude a la orden bajo la que actuaron los militares involucrados directamente en los hechos. El 11 de junio de 2014, el segundo comandante del batall¨®n al que pertenec¨ªan estos soldados firm¨® una ¡°orden de relevo¡±, en que se les ordenaba trasladarse a un cuartel sat¨¦lite y se les daba directrices sobre c¨®mo actuar. Una de las directrices dec¨ªa: ¡°Las tropas deber¨¢n operar de noche en forma masiva y en el d¨ªa reducir la actividad con el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad¡±. Esta orden estaba vigente el d¨ªa de las ejecuciones.

Hasta ahora hab¨ªa dos versiones sobre el origen y el alcance de la orden. En declaraciones previas, rendidas ante fiscales sin presencia de abogados civiles, S¨¢nchez Le¨®n y Castro defend¨ªan que hab¨ªa habido un error en la redacci¨®n de la orden. En realidad, deb¨ªa decir ¡°abatir los ¨ªndices delincuenciales¡±. Por otro lado, el segundo comandante del batall¨®n, Sandro D¨ªaz, que firm¨® en su d¨ªa la orden, y el cabo oficinista Daniel Mar¨ªn, encargado de su elaboraci¨®n, dijeron que la orden en realidad se hab¨ªa copiado de un ¡°machote¡±, un borrador. Nada m¨¢s hab¨ªa que bajar el borrador, dijo D¨ªaz en su declaraci¨®n en 2016 ante los fiscales: ¡°?nicamente le cambian la fecha, destinatario, el ¨¢rea de operaciones que se van a trabajar y el cuerpo del documento queda intacto¡±.

En los interrogatorios del 29 de septiembre, los abogados le preguntaron a Mar¨ªn si se hab¨ªa usado antes el borrador. Y Mar¨ªn contest¨®, ¡°supongo que s¨ª, ya que es el ¨²nico que estaba establecido¡±. Mar¨ªn a?adi¨® que era un formato que estaba en una computadora del cuartel. ¡°Esto¡±, explican los abogados, ¡°coincide con la declaraci¨®n de Sandro D¨ªaz, en la cual mostr¨® al Agente del Ministerio P¨²blico diversas ¨®rdenes que conten¨ªan la misma redacci¨®n, sin que estas se hayan integrado en el expediente¡±.

Pese a las dudas sobre la orden, el Ej¨¦rcito se ha negado a informar cu¨¢ntas veces se ha usado, en qu¨¦ circunstancias, o en qu¨¦ regiones. Y sobre todo, si durante la prevalencia de la orden ocurrieron eventos similares al de Tlatlaya. Ajenas al expediente, las ¨®rdenes que present¨® D¨ªaz podr¨ªan ser iguales a la de Tlatlaya, como ¨¦l mismo dijo o, por el contrario, seguir la tesis que defendieron S¨¢nchez Le¨®n y Castro: el enunciado de la orden de esta localidad era en realidad un error.

Los abogados tuvieron la oportunidad de interrogar tambi¨¦n al general Jaime God¨ªnez, hoy retirado. God¨ªnez era el militar de mayor rango en la cadena de mando el d¨ªa de los hechos, comandante de la Primera Regi¨®n Militar, la misma que a?os antes comand¨® el general Salvador Cienfuegos. Los letrados quisieron entender qu¨¦ actitud deben mostrar los soldados ante ¨®rdenes como la que estaba vigente el 30 de junio de 2014. ¡°Si no se cumplen las ¨®rdenes es un delito, es un delito militar no obedecer¡±, contest¨®.

Muchos interrogantes siguen abiertos en el caso Tlatlaya, en parte por la falta de diligencia de la Fiscal¨ªa, que primero dej¨® escapar las acusaciones contra los soldados vinculados directamente a las ejecuciones y ahora ha cerrado la investigaci¨®n sin acabar de explorar la cadena de mando. El otro actor responsable de la falta de respuestas es la Secretar¨ªa de Defensa, que ha evitado divulgar informaci¨®n clave para reconstruir los d¨ªas anteriores y las horas posteriores a las ejecuciones. Los abogados denuncian que el Ej¨¦rcito a¨²n no ha entregado radiogramas, bit¨¢coras, fatigas, partes informativos y pases de lista de aquellos d¨ªas. El recurso que anuncian los abogados o el eventual amparo que podr¨ªan presentar si el recurso falla podr¨ªa abrir la puerta a la obtenci¨®n de toda esta informaci¨®n.