El partido de L¨®pez Obrador impone la ampliaci¨®n del mandato de Zald¨ªvar entre cr¨ªticas de inconstitucionalidad

Menos de una semana ha tardado Morena en aprobar una de las medidas m¨¢s pol¨¦micas del sexenio. Haciendo valer su mayor¨ªa en ambas c¨¢maras, el partido en el Gobierno pas¨® primero el rodillo por el Senado, el jueves pasado, para terminar de apuntalar la aprobaci¨®n la madrugada de este viernes en el Congreso. Con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones, se aprob¨® el dictamen despu¨¦s de m¨¢s de 10 horas de debate y tras desechar 553 reservas presentadas por los legisladores de la oposici¨®n. Desde su inesperado inicio, el caso Zald¨ªvar ha provocado toneladas de cr¨ªticas porque la Constituci¨®n proh¨ªbe expresamente la extensi¨®n de su mandato, porque pone en entredicho la independencia del Poder Judicial, uno de los objetivos favoritos de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en su cruzada contra las instituciones que considera parte de una especie de antiguo r¨¦gimen, y porque eleva la estrategia polarizadora del Gobierno en plena campa?a electoral.

La ampliaci¨®n del mandato de Zald¨ªvar, un magistrado progresista alineado con la agenda de Morena, supone una escalada in¨¦dita en la guerra soterrada contra el Poder Judicial. Desde la llegada al poder de L¨®pez Obrador en 2018, se instal¨® el temor, casi la obsesi¨®n, de evitar lo sucedido en Brasil con el presidente Lula da Silva, considerado por la c¨²pula de Morena como un ¡°golpe de Estado judicial¡± que le apart¨® de su cargo. El entorno m¨¢s pr¨®ximo al presidente inici¨® desde entonces una campa?a para llevar a cabo una limpieza a fondo que permita, con el paso del tiempo, contar con un poder judicial m¨¢s favorable, que eventualmente no pueda poner freno a sus reformas. Un proceso lleno de intromisiones que ha bordeado desde el inicio los l¨ªmites legales y que ha incluido ajustes de cuentas personales y pol¨ªticas.

Todo el proceso parlamentario ha sido extremadamente r¨¢pido y atropellado. Gran parte de la velocidad tiene que ver con el inminente cierre de sesiones del Parlamento -el 30 de abril- de cara a los comicios del 6 de junio, que renovar¨¢n ambas c¨¢maras. Aparte del fondo, la extensi¨®n del mandato de Zald¨ªvar, que a la vez es presidente del Consejo de la Judicatura, ha sido duramente criticada por la forma. Sin previo aviso, la medida fue incluida de soslayo en un art¨ªculo transitorio a los reglamentos de la reforma judicial. Fue aprobada de manera expr¨¦s y sin debate en el Senado y con la misma celeridad pas¨® al Congreso, que en el mismo d¨ªa se ventil¨® la iniciativa tanto en la comisi¨®n de Justicia como en el pleno.

Adem¨¢s de la oposici¨®n, dentro de las propias filas de Morena han aparecido voces discordantes en una votaci¨®n que acab¨® cera de las 4.30 de la madrugada, con 260 votos a favor, 167 en contra y dos abstenciones. M¨¢s de una decena de diputados morenistas ha votado en contra o se ha abstenido. Entre ellos, Porfirio Mu?oz Ledo, el expresidente de la c¨¢mara, miembro del sector cr¨ªtico con la actual presidencia del partido. La diputada Lorena Villavicencio, parte del mismo sector cr¨ªtico, se mostr¨® muy dr¨¢stica durante la votaci¨®n previa en la comisi¨®n: ¡°Me parece clar¨ªsimo que un transitorio de una ley secundaria no puede pasar por encima de la Constituci¨®n. El hecho de hacerlo tiene un mensaje que lesiona seriamente al Estado derecho. El mensaje es que no importa la Constituci¨®n y que los fines justifican los principios¡±.

La Constituci¨®n establece que el plazo m¨¢ximo para el presidente de la Corte es de cuatro a?os, sin posibilidad de reelecci¨®n para el mandato inmediatamente posterior. El plazo de Zald¨ªvar vence el a?o que viene, pero la nueva medida lo dejar¨¢ al frente del tribunal hasta 2024, el mismo a?o en que termina el sexenio de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Juristas y organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) hasta la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o Amnist¨ªa Internacional han alertado del atropello jur¨ªdico y de los riesgos para la independencia judicial.

Reformas constitucionales en el horizonte

La pol¨¦mica en torno a Zald¨ªvar se enmarca en un frente m¨¢s amplio: el control del Consejo de la Judicatura y la aprobaci¨®n de una serie de reformas prioritarias para el Gobierno y que implicar¨ªan incluso una reforma de la propia Constituci¨®n. Desde la ley de la industria el¨¦ctrica hoy suspendida, ley de hidrocarburos o la reforma constitucional del Poder Judicial, liderada por el propio presidente del Supremo con el apoyo de la mayor¨ªa morenista en el parlamento y que ha encontrado resistencias dentro de la propia judicatura.

Desde el inicio de la polvareda, L¨®pez Obrador no ha dudado en posicionarse, vinculando de modo di¨¢fano el rumbo de su proyecto pol¨ªtico al futuro del m¨¢ximo tribunal del pa¨ªs y del ¨®rgano de Gobierno de los jueces. ¡°No vamos a tener otra oportunidad as¨ª. Si no se ampl¨ªa el periodo, quien llegue va a ser m¨¢s de lo mismo¡±, defendi¨® durante la semana, sin obviar ataques contra otros magistrados. Como por ejemplo, Juan Pablo G¨®mez Fierro, responsable tanto de la suspensi¨®n de la ley el¨¦ctrica y de la creaci¨®n de un padr¨®n de telefon¨ªa m¨®vil con datos biom¨¦tricos. La batalla del presidente ha llegado incluso a solicitar hace un mes al propio Zald¨ªvar una investigaci¨®n sobre el juez.

Zald¨ªvar, el primer presidente del tribunal desde 1994 que no pertenece a la carrera judicial, sino al mundo de la abogac¨ªa, fue elegido por el resto de magistrados d¨ªas despu¨¦s de que Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador iniciara su mandato prometiendo el fin de los excesos y la corrupci¨®n en la pol¨ªtica. Una bandera de regeneraci¨®n que ha trasladado tambi¨¦n al interior de sus propias filas. En sus dos a?os largos de mandato ha promovido medidas para acabar con el nepotismo, ha inhabilitado o destituido a decenas de jueces por corrupci¨®n y ha puesto en marcha un programa que vigila el patrimonio de los jueces.

Las trayectorias paralelas del magistrado del alto tribunal y el presidente se han cruzado en m¨¢s de una ocasi¨®n. En octubre de 2019, ante la suspensi¨®n decretada por un juez de las obras del aeropuerto de Santa Luc¨ªa, el Consejo de la Judicatura, que concentra todos los amparos ante un solo juzgado, desbloque¨® una de las mayores obras de infraestructura del sexenio. En octubre de 2020, la Corte dio tambi¨¦n v¨ªa libre a la pol¨¦mica consulta popular lanzada por el Gobierno para que los ciudadanos decidan si se debe juzgar a cinco expresidentes.

Unas decisiones que han sido interpretadas por la oposici¨®n como una prueba de sinton¨ªa pol¨ªtica. Durante la pol¨¦mica, tambi¨¦n han sido subrayados los v¨ªnculos de Zald¨ªvar con pesos pesados del Gobierno. Olga S¨¢nchez Cordero, secretaria de Gobernaci¨®n (Interior), fue una aliada en los a?os que coincidieron como ministros en la Corte. En la terna de candidatos a la presidencia del tribunal, Zald¨ªvar fue adem¨¢s el candidato favorito del consejero jur¨ªdico de la presidencia, Julio Scherer. La mano derecha del presidente en asuntos jur¨ªdicos ha sido de los pocos en el Gobierno que han salido a defender la legalidad de la medida confirmada este jueves por el Congreso, recordando que hay dos precedentes en los que el Parlamento extendi¨® el mandato de jueces y magistrados.

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