La justicia mexicana ordena reducir las penas de los 22 funcionarios condenados por el incendio en la guarder¨ªa ABC

Una nueva sentencia emitida este mi¨¦rcoles por la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) ha ratificado de manera definitiva la culpabilidad de 22 funcionarios estatales y federales por el incendio ocurrido en 2009 en la guarder¨ªa ABC, de Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 49 ni?os. La Corte, sin embargo, ordena que se fijen nuevas penas contra los condenados, al considerar que las responsabilidades en el incendio fueron involuntarias, por lo que se deben reducir las establecidas hace cuatro a?os, que iban de 14 a 29 a?os de prisi¨®n.

El pr¨®ximo 7 de junio se cumplen 12 a?os de la tragedia que conmocion¨® a M¨¦xico y cuyo camino para obtener justicia no ha estado exento de pol¨¦micas. En mayo de 2016, un un juez de Sonora conden¨® a 19 personas por homicidio culposo y lesiones por el incendio, con sentencias que iban de 20 a 29 a?os de prisi¨®n, pero un a?o m¨¢s tarde otro tribunal redujo a 14 a?os las penas para diez de los acusados. Este mi¨¦rcoles la SCJN ha ordenado nuevamente que se ajusten estas condenas, al considerar que en el proceso se violentaron los derechos de los imputados, aunque se mantienen las responsabilidades por negligencia, ya que los implicados desatendieron los reglamentos de construcci¨®n y de protecci¨®n civil.

La Suprema decidi¨® analizar tres proyectos presentados por el ministro Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena, que inclu¨ªan amparos solicitados por Mart¨ªn Lugo Portillo, exdirector de Bomberos de Hermosillo, y Antonio Salido Su¨¢rez, secretario del Consejo de Administraci¨®n de la guarder¨ªa. Ambos hab¨ªan sido condenados a m¨¢s de 28 a?os de prisi¨®n y ped¨ªan que se revocaran las sentencias en su contra. Los ministros han ordenado en su resoluci¨®n de este mi¨¦rcoles a un tribunal de Sonora imponer nuevas sentencias, que deber¨¢n ser menores a las impuestas en 2017. La misma decisi¨®n afecta al resto de imputados.

La tarde del viernes 5 de junio de 2009, los mexicanos asistieron horrorizados a las primeras noticias que informaban de un incendio en una guarder¨ªa de Hermosillo, la capital del Estado de Sonora. El fuego se inici¨® a unos metros del galer¨®n donde a esa hora hac¨ªan la siesta decenas de ni?os, atrapados en una trampa mortal. Se trataba de una nave industrial, rehabilitada como centro infantil, pero sin las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades locales: no hab¨ªa salidas de emergencia ni extintores de incendios. Los techos, adem¨¢s, estaban construidos con material flamable. La trampa de humo y fuego hizo imposible el acceso de bomberos y personal de la guarder¨ªa, que ardi¨® con decenas de ni?os dentro, de edades que iban entre seis meses y cinco a?os de edad. El caso, como inform¨® EL PA?S en su momento, desvel¨® una trama de corrupci¨®n pol¨ªtica y empresarial, ya que uno de los due?os del inmueble hab¨ªa sido funcionario de Gobierno, mientras que otra de las implicadas, Marcia Matilde G¨®mez del Campo, era prima de la entonces primera dama Margarita Zavala de Calder¨®n y tambi¨¦n pariente del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

En su lucha para evitar que la muerte de sus hijos quede en la impunidad, los padres de las v¨ªctimas llevaron el caso a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el a?o pasado emiti¨® una resoluci¨®n en la que afirma que ¡°el Estado mexicano no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla t¨¦cnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios p¨²blicos de diferentes entidades estatales¡±. El fallo de este mi¨¦rcoles es un avance en el largo camino de los familiares por obtener justicia por la mayor tragedia infantil sufrida en M¨¦xico.

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