Topes al precio de gas LP en M¨¦xico: una ¡°opci¨®n nuclear¡± pero efectiva ante el encarecimiento
El sector gasero y los expertos advierten de una reducci¨®n de la competencia econ¨®mica y de futuros episodios de escasez de combustible
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Los primeros d¨ªas con precios m¨¢ximos a la venta de gas LP en M¨¦xico han tapado algunos hoyos y abierto otros. La decisi¨®n del Gobierno mexicano de apretar este bot¨®n de ¨²ltimo recurso ante el auge de las tarifas ha provocado una reducci¨®n significativa, bienvenida para el bolsillo de las tres cuartas partes de los hogares del pa¨ªs que utilizan esta fuente de energ¨ªa. Sin embargo, ya se atisban las primeras tensiones. Un paro de cientos de repartidores dej¨® sin combustible a varias zonas del Valle de M¨¦xico y los analistas ven probable que se presenten recursos legales contra la medida. Aunque el Ejecutivo ha insistido en su car¨¢cter temporal, la industria advierte de una posible disminuci¨®n de rutas de reparto y de episodios de escasez si se alarga.
La medida, tomada a toda prisa por la Comisi¨®n Reguladora de Energ¨ªa (CRE), responde a la frustraci¨®n del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, que prometi¨® mantener el incremento del costo de los energ¨¦ticos por debajo de la inflaci¨®n. Un 79% de hogares utiliza el gas LP para cocinar o calentar la vivienda, frente al 11% que recurre a la le?a o al carb¨®n, y su precio no para de aumentar. En la primera quincena de julio fue un 34% mayor que en el mismo periodo del a?o pasado. Gran parte del auge se explica por el efecto de la reactivaci¨®n pospand¨¦mica, especialmente la asi¨¢tica, sobre los precios internacionales, que escapan al control del Ejecutivo.
Sin embargo, el Gobierno se ha centrado en lo que percibe como principal culpable dom¨¦stico: la concentraci¨®n del mercado. Tras la liberalizaci¨®n de los precios en 2017, cinco empresas dominaban el 53% de la distribuci¨®n, porcentaje que se agravaba en ciertas regiones como la Pen¨ªnsula de Yucat¨¢n. Y, donde hubo un aumento de la competencia, este tampoco se tradujo en una reducci¨®n de las tarifas, se?al¨® la Comisi¨®n Federal de Competencia Econ¨®mica (Cofece) en 2018. Como ejemplo, el costo en diciembre de 2020 era un 46% mayor al del mismo mes de 2016, pese a que el precio de referencia internacional disminuy¨® un 5% en ese periodo, ha documentado la CRE. ¡°[Las empresas] se est¨¢n quedando con m¨¢rgenes de utilidad muy amplios¡±, interpret¨® L¨®pez Obrador a principios de julio.
Los topes con los que el Gobierno quiere desenredar la situaci¨®n han tenido, por el momento, el efecto esperado: una ca¨ªda significativa de las tarifas. En Ciudad de M¨¦xico el promedio por kilo disminuy¨® un 22,5%, de 27,5 pesos en la ¨²ltima semana de julio a 21,3 a inicios de agosto, seg¨²n datos de la CRE recopilados por el especialista en competencia Paco Castillo, doctor en pol¨ªticas p¨²blicas por el Centro de Investigaci¨®n y Docencia Econ¨®micas (CIDE). En Tijuana y Canc¨²n hay descensos del 28% y 21%, respectivamente.
Por otro lado, algunos distribuidores que vend¨ªan por debajo de lo establecido por la CRE han subido sus tarifas y en municipios alejados como Pueblo Nuevo en la sierra de Durango el precio promedio incluso ha aumentado un 12% respecto a la ¨²ltima semana de julio. ¡°Es un riesgo que existe, aunque en la mayor¨ªa de localidades se aprecia una disminuci¨®n¡±, explica Castillo.
Pese al congelamiento mayoritario de los precios promedio de venta, los expertos advierten de que la ca¨ªda en los beneficios de las empresas puede reducir la competencia y resultar contraproducente: a mayor concentraci¨®n, mayores tarifas. ¡°La CRE va a tener que ser muy cuidadosa¡±, afirma ?scar Ocampo, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). ¡°Se va a distorsionar m¨¢s un mercado que de por s¨ª ya est¨¢ concentrado. Los precios m¨¢ximos pueden provocar que no entren m¨¢s jugadores. Si eran cinco, el sexto no va a entrar¡±.
El descontento en el sector provoc¨® el martes un paro de los repartidores que los distribuidores contratan para llevar el combustible hasta el consumidor final. Para la analista Rosanety Barrios, exfuncionaria de la CRE y de la Secretar¨ªa de Energ¨ªa, la reacci¨®n era esperable. ¡°Los distribuidores se quedaron sin posibilidad de seguir compartiendo su margen de beneficio y eso es condenar a los repartidores¡±, dice. L¨®pez Obrador ha anunciado este mi¨¦rcoles que la Guardia Nacional dar¨¢ apoyo a los distribuidores para mantener sus operaciones y que baraja presentar denuncias contra los que bloqueen la distribuci¨®n. ¡°Quieren seguir cobrando m¨¢s y esto afecta a la gente¡±, ha acusado el presidente.
Los distribuidores se han querido deslindar del paro de los repartidores, pero han agitado igualmente el fantasma del desabasto. La asociaci¨®n Amexgas asegur¨® el martes que los precios m¨¢ximos ¡°no cubren los costos indispensables de la distribuci¨®n¡±, lo que puede provocar una disminuci¨®n de rutas de reparto. Se trata de un ¡°escenario extremo¡±, seg¨²n ?scar Ocampo, que se puede dar si la medida se prolonga en el tiempo y los precios que marca la CRE son bajos comparados con el mercado mundial. ¡°A medida que esa brecha se vaya abriendo va a ser menos atractivo para los gaseros importar el gas del extranjero¡±. M¨¢s de dos terceras partes del gas LP consumido en M¨¦xico es importado y solo una peque?a parte es producida por Pemex.
Los precios m¨¢ximos, como otras medidas recientes de pol¨ªtica energ¨¦tica, amenazan con abrir la en¨¦sima disputa legal entre el Gobierno y el sector privado. La Ley de Hidrocarburos establece que para imponer topes se requiere de una ¡°declaratoria de ausencia de condiciones de competencia¡± de la Cofece. El organismo aut¨®nomo, encargado de velar por el buen funcionamiento del mercado, inici¨® un procedimiento en mayo sobre este asunto que todav¨ªa no ha finalizado.
Sin esperar la decisi¨®n, la CRE public¨® una metodolog¨ªa de precios la semana pasada, apenas un d¨ªa despu¨¦s de recibir un exhorto del Gobierno federal. ¡°Da la impresi¨®n que el esquema se dise?¨® con prisas m¨¢s que con fundamentos t¨¦cnicos¡±, dice Ocampo, del IMCO. ¡°Los gaseros pueden ampararse y tienen todas las de ganar porque la ley es muy clara¡±. La Cofece, por su parte, est¨¢ facultada para presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por invasi¨®n de competencias.
Hay alternativas menos farragosas que los topes para contener las tarifas, seg¨²n los analistas. De entrada, la Cofece tiene una segunda investigaci¨®n en curso sobre la posible manipulaci¨®n de precios en el sector, que puede desembocar en sanciones de hasta el 10% sobre los ingresos de las empresas. Adem¨¢s, el organismo ha planteado vender gas LP en las tiendas de la empresa paraestatal Diconsa a la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable o facilitar la sustituci¨®n del combustible por gas natural. La falta de infraestructura de transporte ha impedido explotar este ¨²ltimo recurso, que solo utilizan las cocinas de un 7% de los hogares. ¡°Esto lleva m¨¢s tiempo. El control de precios es muy lucidor, pero est¨¢ provocando una distorsi¨®n brutal en el mercado. No hay una medida que sola pueda resolver el problema del gas LP¡±, apunta Barrios
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