El Gobierno de Coahuila ordena liberar a las mujeres encarceladas por abortar

Despu¨¦s de que la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) declarara inconstitucional el delito de aborto en Coahuila, el Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Riquelme, manifest¨® a trav¨¦s de un comunicado que la legislaci¨®n local se adaptar¨¢ al criterio del m¨¢ximo Tribunal de no criminalizar a ninguna mujer por abortar.

El C¨®digo Penal del Estado establece en su art¨ªculo 195 y 196 que comete aborto para efectos penales ¡°quien causa la muerte al producto de la concepci¨®n, en cualquier momento del embarazo¡± y estipula penas de uno a tres a?os de prisi¨®n para quien cometa tal delito. Tras la decisi¨®n de los magistrados de la Corte por unanimidad, los art¨ªculos quedan invalidados y por lo tanto, dejar¨¢n de existir en la ley del Estado. ¡°Se destierra la amenaza de la prisi¨®n sobre las mujeres y el estigma¡±, afirm¨® el ministro ponente, Luis Mar¨ªa Aguilar, en referencia al giro de tim¨®n que acaba de dar la SCJN respecto al tema.

Al existir 10 votos en el mismo sentido, la decisi¨®n de la SCJN crea jurisprudencia y tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo para cualquier mujer que est¨¦ presa por abortar. Este diario se ha puesto en contacto con el Gobierno de Coahuila para conocer cu¨¢ntas mujeres se encuentran encarceladas en la actualidad por este motivo, pero hasta el momento de publicaci¨®n de esta informaci¨®n, no ha recibido respuesta.

Desde 2015 en el Estado se han abierto 25 carpetas de investigaci¨®n por aborto, seg¨²n el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica. ¡°Si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto deber¨¢ ser puesta en libertad inmediatamente¡±, se?ala el comunicado. En total, en el pa¨ªs se han registrado en lo que va de a?o 432 casos tipificados como delito de aborto. ¡°En realidad no tenemos los datos de cu¨¢ntas mujeres est¨¢n presas en el pa¨ªs por abortar porque en muchos casos fueron acusadas de otros delitos, como por ejemplo, homicidio en raz¨®n de parentesco (el asesinato de un familiar)¡± explica la exdiputada y pol¨ªtica feminista Martha Tagle. ¡°Las penas de prisi¨®n son mayores, no queda registrado como aborto y el pleito legal para defenderse ser¨¢ diferente¡±, precisa.

Con el fallo de la Corte tambi¨¦n se impugna la prisi¨®n preventiva por la que las mujeres eran encarceladas antes de llegar a juicio. Aquellas mujeres que fueron encarceladas bajo este criterio quedar¨¢n en libertad de manera inmediata. No as¨ª las que ya cuenten con una sentencia en firme que tendr¨¢n que presentar un amparo para demostrar que de acuerdo la decisi¨®n de la SCJN, deben salir de prisi¨®n, de acuerdo al car¨¢cter retroactivo de la ley en este caso. Tambi¨¦n podr¨¢n ampararse otras mujeres que fueron sentenciadas por abortar en otros Estados. ¡°En M¨¦xico ninguna ley es retroactiva, excepto cuando es en beneficio de los derechos de las personas¡±, agrega Tagle. La exdiputada se?ala que una mujer sentenciada podr¨¢ denunciar al Estado mexicano por da?os y perjuicios ¡°porque sus derechos fueron violentados¡±.

Todas las instancias del Poder Judicial deber¨¢n acatar el criterio emitido este martes por la Suprema Corte, sin embargo, no ser¨¢ obligatorio para otras autoridades. Esta disparidad requerir¨¢ de un arduo trabajo de reformas en los Estados. ¡°Ahora va a existir una especie de vac¨ªo legal porque formalmente para el Ministerio P¨²blico, la criminalizaci¨®n del aborto seguir¨¢ existiendo en los Estados. Sin embargo, cuando el caso llegue ante el juez, no podr¨¢ juzgarlo porque la Corte dijo que no se puede juzgar a una mujer por abortar¡±, precisa Tagle. Mientras tanto, el Gobierno de Coahuila se ha apresurado a mostrar su intenci¨®n de cambiar las leyes. ¡°El Ejecutivo estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, y continuar¨¢ impulsando pol¨ªticas p¨²blicas a favor de los derechos de las mujeres, as¨ª como del respeto a la vida¡±, reza el comunicado. Hasta la fecha, Coahuila era uno de los Estados m¨¢s restrictivos y punitivos respecto al aborto.

Las normas f¨¦rreas respecto al aborto han ido en aumento en los Estados m¨¢s conservadores. Forman parte de la estrategia de los grupos religiosos y antiderechos, despu¨¦s de que la Ciudad de M¨¦xico despenalizara la interrupci¨®n del embarazo. La oleada de reformas a las constituciones locales en los estados para ¡°proteger la vida desde el momento de la concepci¨®n¡± dan fe de ello. Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Quer¨¦taro, Oaxaca, San Luis Potos¨ª, Yucat¨¢n, Jalisco, Nayarit, Puebla, Durango, Guanajuato, Quintana Roo, Sonora, Colima, Baja California y Morelos blindaron la norma para obstaculizar futuros intentos de ampliar las causales o despenalizar el aborto por la v¨ªa legislativa. ¡°Estas reformas han contribuido a promover un clima de confusi¨®n e incertidumbre jur¨ªdica entre el personal de servicios de salud y de procuraci¨®n de justicia, as¨ª como entre las propias mujeres sobre la legalidad del aborto en los supuestos establecidos en la ley¡±, apunta GIRE en un reciente informe sobre la criminalizaci¨®n del aborto en M¨¦xico.

La organizaci¨®n considera que pese al objetivo inicial, las reformas se?aladas no constituyen un obst¨¢culo legal para el acceso al aborto bajo causales, ni para futuras reformas que pudieran despenalizar el aborto en otras entidades federativas.

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