Alejandro Celorio: ¡°La industria armamentista debe asumir el da?o que ha hecho¡±

Un pa¨ªs contra 11 gigantes de la industria armamentista. Esa es la batalla legal desencadenada por la demanda que present¨® M¨¦xico contra el tr¨¢fico ilegal de armas en agosto pasado. En juego est¨¢ la posibilidad de resarcir a decenas de miles de v¨ªctimas de la violencia armada en territorio mexicano y de recibir una indemnizaci¨®n estimada en miles de millones de d¨®lares. Sin embargo, sentar en el banquillo de los acusados a los principales productores de Estados Unidos ser¨ªa un hito. Nunca se ha hecho. Esa decisi¨®n est¨¢ ahora en las manos de una corte de Massachusetts. Alejandro Celorio, el funcionario al que el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha encomendado esta tarea, es un abogado al que no le asustan las met¨¢foras deportivas y que se dice listo para el combate. ¡°Vamos a ganar¡±, afirma en entrevista el consultor jur¨ªdico de la Secretar¨ªa de Relaciones Exteriores. ¡°Nuestra demanda es contundente: la industria armamentista debe asumir el da?o que ha hecho¡±, agrega.

El reclamo de M¨¦xico es que las empresas demandas se han enriquecido a expensas de armar a grupos criminales y carteles del narcotr¨¢fico, sin preocuparse a qui¨¦n se vend¨ªan y d¨®nde terminaban sus productos. Tras cuatro meses de espera, las fabricantes finalmente respondieron este lunes, el mismo d¨ªa que Marcelo Ebrard, el titular de Exteriores, llev¨® el asunto a la tribuna del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las compa?¨ªas dijeron que los argumentos en su contra eran ¡°vagos¡± y pidieron que se desechara la demanda. Tambi¨¦n cuestionaron que un pa¨ªs extranjero tuviera las facultades legales para demandarlos y que la disputa fuera competencia de un tribunal de Massachusetts. ¡°Cu¨¢nto tienen que ocultar estas empresas que ni siquiera quieren llegar al estadio para el partido, que de entrada dicen ¡®yo no juego¡±, revira Celorio.

La respuesta de las fabricantes se formul¨® en conjunto y hubo adem¨¢s 11 contrargumentos individuales, uno por cada compa?¨ªa demandada. El funcionario acusa una estrategia de ¡°atomizaci¨®n¡±, un divide y vencer¨¢s en el que las productoras de armas buscan llevar juicios separados en tribunales distintos, lo que obligar¨ªa a los litigantes mexicanos pr¨¢cticamente a multiplicarse. ¡°Su contestaci¨®n es de librito [de manual], dicen: ¡®Yo no tengo nada qu¨¦ ver, es tu culpa y yo regreso a hacer mi negocio como lo vengo haciendo¡±, a?ade.

Celorio reconoce que sus oponentes son grandes en tama?o, pero dice con iron¨ªa que se quedan cortos en t¨¦rminos de estatura moral. ¡°Nos estamos enfrentando a una industria muy poderosa, empresas que son expertas en ser demandadas¡±, se?ala. Los litigantes mexicanos ya adelantaban que la estrategia de la industria de las armas era cuestionar su capacidad como Gobierno, decir que eran ¡°corruptos e incompetentes¡±. Con todo, la instrucci¨®n del l¨ªder del equipo mexicano es no engancharse.

¡ª?Y c¨®mo le hacen para no engancharse?

¡ª Apretando mucho los dientes. La ventaja es que ya sab¨ªamos que vendr¨ªan por ah¨ª.

Desde su perspectiva, hay tres aspectos clave para llevar la causa mexicana a buen puerto. Los dos primeros son disciplina para no caer en los excesos del juicio medi¨¢tico y poner en evidencia durante la fase de presentaci¨®n de pruebas la ruta de las armas desde que salen de la f¨¢brica hasta que caen en manos criminales, la llamada trazabilidad. El tercero es el punto m¨¢s desafiante: lograr desmontar el argumento de que las leyes vigentes de EE UU dan inmunidad a los fabricantes de armas en juicios iniciados por terceros. El fundamento est¨¢ en la Ley de Protecci¨®n al Comercio Legal de Armas (PLCAA), un estatuto cabildeado e impulsado por ellos mismos durante el Gobierno de George W. Bush y el blindaje que ha evitado que hayan sido llevados a juicio antes.

Para sortear ese obst¨¢culo, el argumento de M¨¦xico es que PLCAA no se puede aplicar de forma extraterritorial porque los da?os que se reclaman se produjeron al sur de la frontera. Ese ser¨¢ uno de los temas que el Gobierno mexicano presentar¨¢ como respuesta a los alegatos de los fabricantes, a m¨¢s tardar el 31 de enero pr¨®ximo. Celorio adelanta que la posici¨®n ser¨¢ insistir en el impacto negativo del tr¨¢fico de armas y apuntalar esos reclamos con testimonios de v¨ªctimas, expertos y aliados del movimiento contra las armas.

¡°Seguir¨¦ con el litigio hasta donde sea necesario¡±, asegura Celorio y apunta que hablar de un acuerdo fuera de los tribunales es prematuro y dice que est¨¢ completamente descartado, al menos de momento. ¡°Si la conversaci¨®n fuera cu¨¢nto nos van a pagar¡­¡±, dice antes de hacer una pausa. ¡°Pero esto no es por el dinero, nosotros queremos que cumplan, que cesen sus pr¨¢cticas comerciales negligentes, que modifiquen sus protocolos, la forma como conducen sus negocios¡±, insiste.

Las fabricantes promocionan sus pistolas y rifles con leyendas como ¡°el jefe¡± o im¨¢genes de Emiliano Zapata, un icono de la Revoluci¨®n mexicana, en especial de la lucha agraria. Eso tambi¨¦n cae en lo que el Gobierno mexicano quiere terminar. ¡°Me gustar¨ªa ver quiz¨¢s un letrero que dijera estas armas matan o, como en las cajetillas de cigarros, que pusieran im¨¢genes expl¨ªcitas del da?o que provoca una bala de esas armas¡±, expone sobre las medidas de reparaci¨®n que se pedir¨ªan. El proceso, sin embargo, va para largo. A finales de febrero habr¨¢ una nueva ronda de contrargumentos de las empresas demandadas y despu¨¦s el juez deber¨¢ decidir si admite la demanda a juicio o no. Es decir, faltan por lo menos varios meses.

Mientras se decide el destino del caso, M¨¦xico cifra el tr¨¢fico en al menos 10 millones de armas ilegales que circulan en el pa¨ªs, a un ritmo de medio mill¨®n de armas que han entrado desde EE UU cada a?o en las ¨²ltimas dos d¨¦cadas. En contraste, un corte de caja de la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional se?alaba hace dos a?os que hab¨ªa solo 30.724 armas con licencia legal en M¨¦xico. Celorio conf¨ªa en que la demanda y la estrategia del Gobierno para combatir el problema desde otros frentes, como el diplom¨¢tico o el pol¨ªtico, impulsen la creaci¨®n de un registro nacional de armas que est¨¦ actualizado y que acerque al Estado para recuperar el monopolio de la fuerza. Aun as¨ª, la violencia armada est¨¢ detr¨¢s de siete de cada 10 asesinatos en lo que va de a?o, seg¨²n cifras oficiales.

La demanda civil atiende un problema que viene de d¨¦cadas, pero responde a un detonante espec¨ªfico, curiosamente fuera del pa¨ªs: la masacre a manos de un supremacista blanco en un supermercado de El Paso (Texas), en agosto de 2019. El atacante mat¨® a 23 personas y dej¨® a otras 23 heridas, la mayor¨ªa de origen mexicano. Dos a?os despu¨¦s, M¨¦xico busca ¡°su d¨ªa en la corte¡± y se juega, por ahora, precisamente eso: la posibilidad de llevar su caso a los tribunales. ¡°Llegar a los tribunales no significa que ya hayamos ganado¡±, asegura Celorio en la recta final de la entrevista, ¡°ser¨¢ el pitazo para iniciar el partido¡±.

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