La Fiscal¨ªa de M¨¦xico pide 39 a?os de c¨¢rcel contra Emilio Lozoya por el ¡®caso Odebrecht¡¯

El futuro judicial de Emilio Lozoya parece cada vez m¨¢s encarrilado. Tras a?o y medio de dilaciones y pr¨®rrogas interminables, el caso del exdirector de Pemex gir¨® de manera radical a comienzos de noviembre con la decisi¨®n del juez de enviarle a prisi¨®n de modo preventivo por los dos casos que enfrenta: los sobornos millonarios de Odebrecht y la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes a la sider¨²rgica Altos Hornos. Tras la decisi¨®n del juez estaba el cambio de posici¨®n de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) que decidi¨® pasar al ataque. La nueva estrategia de la Fiscal¨ªa se confirma con la acusaci¨®n formal presentada esta semana, de momento, para la causa de Odebrecht, que incluye cargos de lavado de dinero, cohecho y asociaci¨®n delictuosa: 39 a?os en total, la pena m¨¢s alta para este tipo de delitos.

Desde el inicio del proceso, el exdirector de Pemex hab¨ªa salvado la c¨¢rcel al convertirse en una especie de testigo colaborador protegido, en busca de pruebas s¨®lidas para incriminar a lo m¨¢s alto del ¨²ltimo Gobierno priista. El pacto salt¨® por los aires en la primera vista en persona de Lozoya ante el juez del Reclusorio Norte. La Fiscal¨ªa considera desde entonces poco menos que el acusado les ha estado mareando todo este tiempo para dilatar lo m¨¢s posible su entrada a la c¨¢rcel.

Lejos parece ya el llamado criterio de oportunidad, la figura a la que pretend¨ªa agarrarse Lozoya incriminando a sus superiores. La Fiscal¨ªa ha abandonado la senda del pacto y sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar que Lozoya recibi¨® m¨¢s de 9 millones de d¨®lares en sobornos de parte de la constructora brasile?a. Un dinero que ocult¨® gracias a una red empresas y propiedades en colaboraci¨®n con sus familiares. Para su madre, Gilda Margarita Austin de Sol¨ªs, procesada tambi¨¦n por asociaci¨®n delictuosas y cohecho, la Fiscal¨ªa pide 25 a?os de prisi¨®n.

Desde el comienzo del caso, en agosto del a?o pasado tras su medi¨¢tica detenci¨®n en un urbanizaci¨®n de lujo en Espa?a, Lozoya lanz¨® una tormenta de acusaciones, que incluyen a tres expresidentes, dos candidatos presidenciales y 11 legisladores. Las m¨¢s detalladas se concretaron en el expresidente Enrique Pe?a Nieto y su mano derecha, el exsecretario de Estado Luis Videgaray, acusados de orquestar y planificar una red de sobornos de al menos 10 millones de d¨®lares repartidos entre la campa?a electoral del PRI en 2012 y los pagos a legisladores de la oposici¨®n para aprobar la reforma energ¨¦tica del a?o siguiente.

Adem¨¢s de la falta de pruebas solidas para amarrar una acusaci¨®n contra Pe?a y Videgaray, la reparaci¨®n del da?o a Pemex ha sido uno de las argumentos centrales de la Fiscal¨ªa para el giro en su estrategia despu¨¦s de la contemporizaci¨®n. Durante la ¨²ltima audiencia, y ante la ofensiva que acab¨® con su cliente entre rejas, la defensa lleg¨® a ofrecer incluso las escrituras de dos inmuebles a nombre de Lozoya, por valor de m¨¢s siete millones de d¨®lares, como garant¨ªa para la reparaci¨®n del da?o cuantificado solamente en el causa de Odebrecht. Ahora la fiscal¨ªa solicita el decomiso de una mansi¨®n en Ixtapa, Guerrero, por 1,9 millones de d¨®lares y cifra el da?o en 7,3 millones.

Todo apunta a que Lozoya acabar¨¢ perdiendo definitivamente sus beneficios y ser¨¢ tambi¨¦n sentenciado convirti¨¦ndose as¨ª en el personaje de m¨¢s altura al que alcance la causa. El criterio de oportunidad parece alejarse aunque todav¨ªa hay algo de margen. El juez, quien en ¨²ltima instancia tiene la potestad de decidir si concede o no la prerrogativa, tiene de plazo hasta la apertura del juicio oral. De momento, el proceso se encuentra en la etapa intermedia, destinada a fijar las pruebas antes de la apertura del juicio.

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